Jueves, 23 de noviembre del 2017
Idioma Es Pt En
Jueves, 23 Noviembre 2017 08:16

Hablemos sobre la regulación de internet

 

Hay temas sobre los cuales es un riesgo abrir la conversación. Por eso algunas reglas de etiqueta o protocolo señalan que se debe evitar hablar de política y religión en una reunión social. Romper este precepto puede traer discusiones acaloradas, con mucho de pasión, poco de razón y, generalmente, ninguna apertura a escuchar otros puntos de vista; monólogos confrontados donde las diferencias se consideran afrentas personales que conllevan todo tipo de juicios morales poco generosos sobre el otro.

 

En el campo de las telecomunicaciones, un tema que está cayendo en esta categoría es el de la regulación de internet. Se trata de un tópico casi tabú que hay que abordar bajo el riesgo de ser etiquetados ipso facto como censores, interventores del libre mercado, enemigos de la innovación y otras linduras.

 

Esta situación genera dificultades para llevar a cabo un debate público muy necesario sobre la gobernanza de internet y la conveniencia de regular algunos de sus aspectos. Dicho debate nos interesa en nuestro carácter de ciudadanos, audiencias y consumidores.

 

Por una parte, en el internet hay o pueden haber los mismos fenómenos que han llevado a la acción regulatoria en las comunicaciones tradicionales para proteger el interés público: defensa de la libertad de expresión y derecho a la información, protección de la vida privada, así como el combate a los monopolios y las prácticas monopólicas.

 

Por otro lado, con las nuevas aplicaciones sobre internet, al mismo tiempo que se ha ganado en capacidades para generar y distribuir información, así como para ofrecer servicios más satisfactorios, también se han abierto cauces innovadores para la comisión de delitos como en el caso de la trata de personas, la pornografía infantil o el acoso.

 

Adicionalmente, en internet han surgido fenómenos que atentan contra el derecho a la información y a la libre expresión como son las noticias falsas, los trolls –usuarios que agreden sistemática y coordinadamente–; los bots –cuentas robotizadas que se activan para repetir un mensaje– y el doxeo –la recopilación a través de la red, de datos personales para exponer o extorsionar.

 

La utilización de nuestros propios datos para ofrecernos servicios e información acordes con los gustos, intereses y opiniones que exhibimos, si bien puede ahorrarnos costos de búsqueda, también puede mermar el derecho que tenemos para acceder a información plural para formar individualmente nuestro criterio y, eventualmente, reforzar o modificar nuestras opiniones y preferencias. Esta utilización de los datos, en un extremo, puede llegar a manipular indebidamente nuestras decisiones de consumo o nuestras posiciones políticas y también puede convertirse en una invasión a la vida privada.

 

Es cierto que el internet ofrece un rol activo a cada ciudadano, que no era posible en los medios de comunicación tradicionales, lo que confiere la posibilidad de que exista un contrapeso o balance frente a los grandes intereses económicos y políticos. Aun así, este nuevo protagonismo del ciudadano no genera automáticamente y en toda circunstancia los contrapesos deseables ni suficientes.

 

La exposición directa de los ciudadanos en el entorno de internet también los vuelve vulnerables a la impostura, al robo de identidad y al acoso individual o colectivo que a veces llega al ciberlinchamiento, en ocasiones espontáneo y, en otras, fruto de una manipulación que los usuarios de las redes no quieren o no alcanzan a ver. 

 

Ahora bien, el internet también es una gran plataforma de negocios que, además de dar continuidad a los servicios de comunicaciones tradicionales con nuevas tecnologías y modelos de financiamiento, ha generado mercados innovadores para los datos y la información.

 

En estas actividades mercantiles como en cualesquiera otras pueden generarse fenómenos de poder de mercado, concentración excesiva, prácticas monopólicas, barreras a la entrada y abusos frente a los consumidores.

 

Algunos posicionamientos que manifiestan oposición por principio a cualquier tipo de regulación gubernamental del internet, con el fin de preservar la libertad, pasan por alto que esta puede verse amenazada por la falta de un ambiente de sana competencia y libre concurrencia y por la imposición de intereses privados sobre los colectivos.

 

Lo que pretendo resaltar es que el cambio tecnológico, particularmente en el entorno de internet, no desaparece automáticamente todas las necesidades de regulación ni asegura que se obtengan los objetivos de política pública que persigue la regulación de los servicios de comunicaciones provistos con tecnologías tradicionales, e incluso ha generado espacios adicionales donde puede requerirse la tutela de derechos por parte del Estado.

 

Los derechos de los ciudadanos y los objetivos de política pública siguen ahí. Para asegurarnos que el entorno de internet sea congruente con el interés público es necesario tener espacios de discusión para preguntarse y analizar objetivamente, sin pasiones, dogmas ni tabúes, si el nuevo entorno conlleva mecanismos que aseguren de forma espontánea los múltiples objetivos de política pública que pretendemos –libertad de expresión, derecho a la información, privacidad, seguridad, protección al consumidor, combate a la delincuencia– o si es necesario y deseable establecer reglas que establezcan un marco que permita conciliarlos.

Publicado en Regulación
Jueves, 23 Noviembre 2017 08:08

AMLO 2018-2024: medios y telecomunicaciones

 

Andrés Manuel López Obrador presentó el lunes pasado su Proyecto de Nación 2018-2024. En la parte relativa a medios de comunicación y telecomunicaciones, AMLO realiza tres propuestas básicas: reducir el gasto en comunicación social del gobierno, ampliar la cobertura de banda ancha en “zonas marginadas”, incrementar la cobertura de las emisoras de radio y tv del Estado y ubicarlas dentro de un proyecto cultural.

Publicidad oficial

Morena asegura que en el periodo 2006-2016 el gobierno federal gastó 71 mil 139 millones de pesos (mdp) en “comunicación social” (la fuente citada es la Cuenta Pública correspondiente a esos años), cifra que, afirma, “habría servido para construir 284 mil 554 viviendas (considerando un costo promedio de $250 mil por vivienda) u 89 hospitales (considerando un costo promedio de 800 mdp por hospital de 144 camas)”.

Por lo tanto, AMLO se compromete, “por un principio de justicia social”, a reducir en 2019 el gasto en comunicación del gobierno, rubro que incluye “servicios de publicidad, impresión, grabado, publicación, difusión e información”. En 2019 López Obrador destinaría mil 822 mdp a comunicación social, en contraste con Peña Nieto quien, según Morena, gastó 9 mil 361 mdp en ese rubro solamente en 2016.

Banda ancha

En su diagnóstico, Morena retoma cifras de la OCDE acerca de la cobertura de banda ancha en el país: “Al primer trimestre de 2017, México tiene una cobertura de internet de banda ancha fija de apenas 48 líneas por cada 100 hogares y de 13.3 líneas por cada 100 habitantes. El promedio de cobertura de banda ancha fija dentro de los países de la OCDE es de 30.1 líneas por cada 100 habitantes”.

Sin embargo, la distribución del acceso es desigual en las diferentes regiones del país: por un lado, “la Ciudad de México (…) tiene una teledensidad semejante al promedio de países de la OECD (28 líneas por cada 100 habitantes)” y por otro, Chiapas y Oaxaca tienen “una teledensidad de 3.9 y 4.6 líneas por cada 100 habitantes, similar a la de países como Bangladés y Bután”.

‘PCS social’

La proposición de Morena consiste en estimular los servicios de comunicación personal (PCS) en las regiones denominadas “8 PCS” (Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala) y “5 PCS” (Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Campeche) por medio de tres acciones: a) establecimiento, con recursos públicos, de un Fondo de Cobertura Social de Banda Ancha; b) “incentivar a los operadores actuales para ampliar la cobertura de telecomunicaciones a estas regiones”; c) otorgar concesiones sociales “a comunidades y ONG’s” interesadas en proporcionar servicios móviles de voz y datos, mediante el subarriendo de frecuencias a empresas concesionarias a las cuales esas regiones no les interesan como negocio.

De esta forma, según Morena, puede hacerse un uso más eficiente y “social” de las bandas de frecuencia 700, 1900, 2500 y 1700 MHz, y llevar servicios 3G y 4G a esos lugares.

Medios del Estado

Otra proposición de Morena con respecto a los medios está relacionada con la cultura. En su discurso del pasado lunes, la escritora Laura Esquivel dijo que “el Estado mexicano dejará de ser un realizador y coordinador de actividades culturales para convertirse en un propiciador, de manera que su papel sea el de impulsar el desarrollo cultural de las comunidades, de los pueblos indígenas, de los barrios urbanos, de las zonas rurales, de las entidades periféricas, y en general, de toda la población mexicana”.

En ese proyecto participarían las emisoras de radio y televisión concesionadas al Estado, las cuales, aseguró Esquivel, “abrirán sus espacios para la expresión de los artistas locales”; además, “se ampliará la cobertura de estos medios (y) se establecerán convenios para que algunos de ellos se puedan ver y escuchar más allá de las fronteras”.

Una promesa adicional de AMLO y Morena es la siguiente: “Se garantizará la democracia; dejará de usarse el dinero del erario para comprar votos y lealtades; habrá absoluta libertad de expresión —como ordena la Constitución— y no se tolerará ni promoverá la censura abierta o encubierta de los medios y de los comunicadores; la propaganda gubernamental en medios de información no será tendenciosa ni demagógica”. Amén.

A ver qué plantean los adversarios de AMLO en relación con estos temas.

Publicado en Usos sociales
Miércoles, 22 Noviembre 2017 08:21

Spacey y Maciel, dos mundos

Denuncias por abusos sexuales contra personalidades como Kevin Spacey de House of Cards o del productor de cine Harvey Weinstein, han traído nuevamente a la agenda pública la violencia sexual. Esta incluye desde acoso sexual y el exhibicionismo hasta la violación y otros ultrajes, pudiendo haberse empleado amenazas, violencia psicológica o una situación de desigualdad (p. ej. patrón-trabajador, maestro-estudiante). La característica es que no hay consentimiento de la víctima, ya sea porque no autoriza el acto, porque está bajo el efecto de alcohol o drogas, o bien, porque es menor de edad y se están aprovechando de su inmadurez. Las denuncias por abuso sexual polarizan a la sociedad ya sea porque se piensa que las víctimas no lo son y sólo buscan dinero o porque existen casos donde las supuestas víctimas mienten.

EUA. En EUA existe un registro público disponible a través del sitio web y una aplicación para que la ciudadanía revise si en su calle o en su colonia existen personas que hayan sido condenadas por delitos sexuales contra menores de edad y delitos sexuales violentos contra adultos y niñas, niños y adolescentes (NNA) (National Sex Offender Public Registry www.nsopw.gov). Adicionalmente el FBI cuenta con otra base de datos para las fuerzas del orden. El registro público no está exento de polémica por varias razones, pero ahí está.

México. ¿Qué pasaría en México si existiera algo así? Con un incipiente Estado de Derecho, con una aplicación selectiva de la ley, con Fiscalías de las entidades federativas que tienen listas blancas de personas a quienes ni con el pétalo de una rosa deben afectar, con un aparato judicial que sirve infinidad de veces al poder en lugar de a la justicia, sería grave un registro como el de EUA. Ciertamente estarían ahí algunos culpables, pero también muchos inocentes, además de que no estarían los Marcial Maciel y tantos otros poderosos que han escapado a la justicia. Mientras por el escándalo de Spacey se le retiró la entrega del special Emmy, en México Maciel murió en su casa, sin haber sido procesado. ¡Qué diferencia de enfrentar casos de abuso sexual!

¿Derecho al olvido? ¿Existe tal derecho cuando se trata de delincuentes por violencia sexual? En EUA han privilegiado la publicidad de esos datos con la finalidad de que los ciudadanos puedan "identificar información sobre la ubicación de dónde viven, trabajan y estudian los delincuentes sexuales, no sólo en sus vecindarios sino también en otras comunidades y estados cercanos". El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) probablemente se opondría a tanta publicidad. Además de que el sistema penal mexicano se basa en que los delincuentes pueden readaptarse socialmente y se busca su reinserción en la sociedad. Así que pudiera ser que procediera el derecho al olvido si una persona ha cumplido su condena, ¿o cuál sería la decisión del INAI?

Grooming. Tanto a través de internet como en el mundo físico el grooming es una manera de granjearse a un NNA -e incluso a sus familias- para con el tiempo poder violentarlo. A través de internet las prácticas son más sutiles y más difíciles de detectar, de ahí la importancia de que la sociedad conozca y prevenga, y que la Policía Cibernética persiga a los delincuentes.

Omisión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el amparo a Artículo 19 para obligar al Congreso de la Unión a expedir la ley reglamentaria sobre publicidad oficial que deriva del artículo 134 de la Constitución. La sentencia no refiere a los criterios específicos que debiera contener dicha ley, así que no se sorprenda que una vez expedida la ley nos encontremos con que carece de mecanismos suficientes para que la distribución de la publicidad oficial se realice con equidad conforme a los principios señalados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y dicho sea de paso, los entes públicos federales -¿también la SCJN?- incumplen con destinar uno por ciento de su publicidad a radiodifusores de uso social comunitarios e indígenas, ¿también se necesitará amparo para que se cumpla la ley?

 

Publicado en Apps
Miércoles, 22 Noviembre 2017 08:00

AT&T vs. Trump y su panorama en México

Las cosas se le han complicado a AT&T. Este lunes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a la telefónica con el objetivo de bloquear la compra de Time Warner. El trasfondo de la acción legal tiene que ver con la animadversión del presidente Donald Trump hacia medios como CNN, propiedad de Time Warner.

Oficialmente, el argumento del gobierno estadounidense es que la fusión entre estos dos gigantes generaría una concentración de mercado que afectará el precio de los servicios de telecomunicaciones y de contenidos.

Lo cierto es que Trump libra, desde que era aspirante a la presidencia, una guerra en contra de CNN, cadena a la que ha acusado de hacer “periodismo basura”, de ser “enemiga del pueblo americano” y de publicar “noticias falsas”. El presidente estadounidense quiere controlar los medios y la información a través de descalificaciones infundadas.

AT&T había rechazado el condicionamiento del Departamento de Justicia de vender su unidad DirecTV, la cual adquirió en el 2015, o bien el negocio Turner Broadcasting de Time Warner para obtener la aprobación regulatoria. Esto habría desatado la furia de Donald Trump, quien utilizará todos los medios legales a su alcance para frenar la operación.

La fusión o no fusión de AT&T y Time Warner tiene repercusiones en México, donde la telefónica estadounidense se convirtió en la segunda operadora más importante del país. De igual forma, a través de la participación que tiene DirecTV en SKY México se hizo socia de Grupo Televisa.

En agosto pasado el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dio luz verde a dicha fusión con la condición de nombrar directores independientes en SKY México, así como separar HBO Latin America Group de las operaciones de Time Warner en la televisión de paga.

Si Trump impide la fusión entre AT&T y Time Warner se espera que la telefónica estadounidense busque nuevos objetivos de compra, aunque su estrategia de integración de contenidos se retrasaría. Actualmente, compañías como Verizon, Walt Disney, Comcast y Sony se han interesado por otra gran productora de contenidos: 21st Century Fox, la cual estaría buscando vender algunos de sus activos.

En México, la revancha de Trump contra Time Warner podría beneficiar al principal competidor de AT&T en el país, América Móvil, que recientemente ha obtenido resoluciones favorables como la cancelación de la tarifa cero de interconexión y la posibilidad de adquirir más espectro radioeléctrico. Asimismo, el grupo de Carlos Slim sigue cabildeando para que se le otorgue el permiso para ofrecer televisión.

En lo que respecta a su relación con Televisa, que posee 51% de SKY México y el 49% restante es propiedad de DirecTV, la cancelación de la fusión dejaría su asociación como está actualmente, aunque no se descarta un intento de compra por parte de uno de los dos o una integración mayor.

Los directivos de Televisa y AT&T han dicho que su asociación en SKY México generará oportunidades de crecimiento para ambas empresas, pero hasta ahora no han delineado una estrategia, quizá esperando el desenlace de la fusión con Time Warner.

Televisa, empero, sigue su propio camino en Estados Unidos de la mano de su socio Univision. El grupo que lidera Emilio Azcárraga Jean busca aumentar hasta 49% su participación accionaria en la cadena del magnate de origen israelí, Haim Saban, lo cual podría concretarse en la primera mitad del próximo año.

Seis grandes grupos de medios y entretenimiento controlan el 90% de este negocio en Estados Unidos, valuado en 630 mil millones de dólares. Se trata de los gigantes Comcast NBC, Disney, News Corp, Viacom, CBS y Time Warner.

Hace tres décadas ese porcentaje estaba dividido en 50 empresas.

La consolidación de la industria es una tendencia mundial, sobre todo ante al crecimiento abrumador de plataformas como Netflix, Amazon, Facebook y Apple.

Veremos si los arranques de Trump terminan por descarrilar la fusión AT&T-Time Warner. Debido a que el trasfondo de la decisión es más bien político y tiene que ver con las fobias del presidente estadounidense en contra de los medios que no le son afines, esto sería un pésimo precedente.

Posdata. Hablando de decisiones polémicas, a Kelly King, presidente de AT&T México, le ha tocado enfrentar el cambio de rumbo que ha dado el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el IFT en torno a la reforma de telecomunicaciones. Primero, la relajación de las regulaciones al preponderante, luego la oportunidad de que se hiciera de 60 MHz de espectro en la banda de 2.5 GHz y finalmente la cancelación de la tarifa cero de interconexión. Hay quienes ven en esto, también, motivaciones políticas.

 

Publicado en Empresas
Miércoles, 22 Noviembre 2017 06:35

Interconexión y condiciones de competencia

“La conectividad es un importante motor del profundo cambio hacia un sistema global más complejo.
Cuanta más conectividad hay, más opciones tenemos”


Parag Khanna, Connectography.

Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió su determinación en materia de interconexión de telefonía, por lo que aprovecho este espacio para expresar algunas reflexiones sobre la inquietud que ha generado este fallo.

Lo primero que hay que destacar es que la SCJN no determinó inconstitucional el no cobro de la interconexión por parte de los agentes económicos preponderantes. La Corte se limitó a establecer quién era la autoridad competente para definir la medida asimétrica al agente preponderante y determinó que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) quien tiene la facultad y no el Congreso de la Unión.

El IFT, en cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte, determinó mantener el régimen asimétrico ordenado por la Reforma de Telecomunicaciones para los agentes económicos preponderantes, a fin de mantener condiciones de competencia en este mercado. Es de subrayar que con esta determinación del IFT no se afectan por ningún motivo los avances alcanzados gracias a la Reforma que específicamente impulsa una mayor competencia, cobertura, así como más calidad y mejores precios para los usuarios. La Reforma es una transformación integral de múltiples componentes que se encuentran vigentes y en aplicación y cuyos resultados han sido percibidos socialmente desde su promulgación.

Es preciso también aclarar que la medida asimétrica adoptada por el IFT en materia de interconexión no debe tener un efecto en los precios de los servicios a los usuarios. La interconexión constituye sólo una pequeña parte de la tarifa que pagamos los usuarios y, debido a que se mantuvo la asimetría en la interconexión, no deben observarse precios al alza. Si los operadores de telecomunicaciones consideraran trasladar dicho costo al usuario elevando sus precios, correrán el riesgo de perder clientes, mermando sus ingresos.

También debemos recordar que la interconexión sólo aplica al servicio de telefonía (llamadas de voz y mensajes cortos) y no al Internet o a los datos, siendo estos últimos los que se encuentran en crecimiento exponencial en tanto los servicios de voz cada vez requieren más su utilización. Por lo tanto, si no existen razones para que se incrementen los precios en los servicios de voz, mucho menos para el Internet o los datos, ya que no les aplica la tarifa de interconexión. Confiamos en que los operadores, con todo el profesionalismo que les caracteriza, seguirán compitiendo en el mercado, en busca de captar las preferencias y satisfacer a un mayor número de clientes, con servicios de calidad y a precios cada vez más competitivos y reducidos.

Sabemos que las nuevas condiciones de competencia generan presión en los márgenes de los operadores, lo que los impulsará a ser más eficientes para compensar la reducción de sus márgenes. En virtud de estas circunstancias, el Gobierno Federal continuará con la implementación de acciones concretas que derivan de la Reforma de Telecomunicaciones para estimular y promover, a bajo costo, la inversión y compartición de infraestructura a fin de incrementar la cobertura y la calidad de los servicios.

Así lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Por ejemplo, además de la Red Compartida, el Gobierno de la República ya puso a disposición de los operadores más de 12 mil inmuebles públicos en los que los operadores podrán instalar infraestructura de telecomunicaciones, a precios muy por debajo de los que se observan en el mercado.

En esta línea de acción y en estrecha colaboración con la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, próximamente se pondrá a disposición de los operadores de telecomunicaciones el acceso a los 11 millones de postes de media y baja tensión del Servicio Eléctrico Nacional, que llegan a casi el 98% de la población, también a precios competitivos, a fin de ampliar el acceso a éstos a un mayor número de operadores que despliegan redes de fibra óptica sobre tal infraestructura.

Hay que tomar en cuenta que la Red Compartida será un relevante factor que incentive la competencia, la calidad de los servicios de telecomunicaciones y la disminución de los precios.

Todas estas acciones, además, tienen como objeto fomentar un mayor despliegue, a bajo costo, de la infraestructura de telecomunicaciones que requiere nuestro país y que durante muchos años se había quedado rezagada.

La Reforma de Telecomunicaciones va. Gracias a ella se han concretado cambios que no se habían logrado en décadas y que hoy se traducen en una profunda transformación con beneficios inmediatos para la sociedad. Los resultados están a la vista. 

*Secretario de Comunicaciones y Transportes.

Publicado en Regulación
«InicioAnterior12345678910SiguienteFinal»
Página 1 de 1375
 
« Mayo 2017 »
Lun Mar Mier Jue Vie Sáb Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

 

  



Es una publicación de Cultura, Comunicación y Desarrollo, S.C. Todos los derechos reservados © 2017

Los nombres de los espacios Mediatelecom Minuto a Minuto, Mediatelecom Américas, Sociedad de la Información e Internet y Telecomunicaciones,
Sociedad y Desarrollo son segmentos de Cultura, Comunicación y Desarrollo, S.C que ofrecen un servicio sin fines de
lucro y proporcionan el enlace directo a la fuente original, respetando los derechos de autor del editor y del autor sin alterar o
modificar parcial o totalmente la obra autoral originaria.