El Gobierno se quedará con algunas de las competencias en energía y telecomunicaciones que hasta ahora mantenía la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Así lo ha aprobado el Consejo de Ministros, que ha dado el visto bueno a la par al trasvase competencial y a una reorganización de las subdirecciones del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para adaptarlas a las nuevas labores.

La CNMC lleva tiempo quejándose abiertamente de que el Ejecutivo le quita competencias e incluso que incumple la legislación europea al no traspasarle algunas otras que mantiene. En pleno enfrentamiento, el Ministerio de Energía asumirá nuevas labores.

La Secretaría de Estado de Energía asume a partir de ahora las inspecciones y liquidaciones de los ingresos y gastos del sector eléctrico (entre los que se incluye el reparto de las ayudas a las renovables); la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos; el sistema de certificaciones de biocombustibles y el control de operaciones.

Y la Secretaría de Sociedad de la Información y Agenda Digital se queda la gestión del reparto de los derechos de uso del espectro radioeléctrico; la gestión del registro de operadores; del registro público de numeración; de la liquidación de la tasa general de los operadores y de la tasa de numeración, entre otras.

La división y la “cortina de humo”

El Gobierno se dispone a segregar la CNMC en dos organismos, uno que se encargará de la competencia y la unidad de mercado, y otro que estará destinada a la supervisión de sectores y mercados (energía, transporte aéreo y ferroviario, telecomunicaciones y los servicios postales). El presidente de la CNMC, José María Marín Quemda, ha denunciado que el debate sobre el modelo del organismo es sólo “cortina de humo” para “enmascarar la cuestión nuclear que son las competencias que tiene y debe tener el supervisor”.

“El debate sobre el modelo de la CNMC apenas araña la superficie de la verdadera cuestión. Lo importante es el contenido de las instituciones, sus competencias, sus responsabilidades, su capacidad”, sentenció  en una intervención pública. Marín Quemada se refería a las competencias que el Gobierno decidió arrebatar al organismo para gestionarlas directamente (singularmente el control de los peajes de acceso del recibo de la luz y el reparto del espectro radioeléctrico de las telecomunicaciones, que son funciones reservadas en el resto de países de la Unión Europea a los organismos supervisores).

Expediente de Bruselas

Una de estas disputas competencias ha provocado que la Comisión Europea –tras tres años de investigación- haya abierto un procedimiento de infracción contra España, y que amenace con denunciar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que deje de ejercer el control directo que mantiene sobre parte de la factura eléctrica.

Bruselas exige al Ministerio de Energía que ceda la fijación de los peajes de acceso del sistema eléctrico a la CNMC como exige la normativa europea. Los peajes de acceso que determina el Ministerio de Energía sirven para cubrir los costes regulados del sistema (transporte, distribución, primas a renovables, ayudas al carbón…) y representan cerca de un 45% de la factura eléctrica total que acaban pagando los clientes.

El Gobierno español se resiste a plegarse a los requerimientos de Bruselas y a las invectivas de la CNMC. Así que sigue sin tomar medidas para ceder la gestión de los peajes y defiende que el manejo de esa parte de la factura siga en manos del Ministerio. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, defiende abiertamente que el establecimiento de esos peajes es una parte fundamental de la política energética gubernamental.

Hace unos meses, el Gobierno parecía que estaba dispuesto a hacer concesiones para conseguir cerrar el expediente abierto por la Comisión Europea por incumplir la normativa. Nadal ofreció conceder más independencia a la CNMC en este campo con un sistema de doble lectura, pero que a la postre dejaba la última palabra en manos del Ministerio. El expediente sigue paralizado en Bruselas a la espera de que el comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, tome una decisión.