Martes, 25 de julio del 2017
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Brasil registró 27.46 millones de líneas de banda ancha al cierre de mayo de 2017, luego de sumar 163 mil 398 suscriptores, según datos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). Telefónica fue el principal ganador por adiciones netas en mayo, mientras que Oi fue el principal perdedor.

Durante mayo de 2017, Telefónica fue el grupo económico con mayor cantidad de adiciones al sumar 28 mil 73 nuevas suscripciones de banda ancha fija, seguido de TIM con 10 mil 219, AT&T/Sky con 6 mil 69 y Claro con 5 mil 309 nuevas líneas. Los operadores alternativos o más pequeños sumaron en conjunto 115 mil 998 nuevas líneas de banda ancha fija durante mayo.

Por el contrario, Oi registró la mayor cantidad de pérdidas netas de líneas de banda ancha fija al desconectar 9 mil 481.

Durante los últimos doce meses, los operadores alternativos han ganado en su conjunto una participación de mercado de 2.61 puntos porcentuales, con lo que atienden a 12.35 por ciento del mercado de banda ancha fija brasileño. Claro se mantiene como el líder con 31.26 por ciento, aunque perdió 0.43 puntos durante el último año.

 

 

El número de líneas de banda ancha fija en Brasil registró una tasa de crecimiento de 5.45 por ciento en los últimos doce meses hasta mayo de 2017, lo que demuestra un nivel estable de crecimiento en el último año, de acuerdo con datos publicados por la Anatel.

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El Tribunal Superior de Justicia (STJ) de Brasil, determinó que Facebook no puede ser obligado a monitorear los contenidos publicados por los usuarios en su plataforma.

El caso se inició con una acción propuesta por un usuario que recibió amenazas y ofensas a través de Facebook. La sentencia obligó a los ofensores y a Facebook a retirar de la red social todos los contenidos que fueran ofensivos al autor, en un plazo de 24 horas, so una pena de multa diaria de 10 mil reales por cada mensaje, fotografía, elemento mantenido o insertado. La decisión fue confirmada por el Tribunal de Justicia de São Paulo.

En el STJ, Facebook alegó, entre otras cuestiones, que no está sujeto a la responsabilidad objetiva y que sería imposible monitorear o regular el contenido publicado en su plataforma, debido a la gran cantidad de nuevos datos insertados cada segundo por los usuarios. También sostuvo que debe ser advertido previamente de que hubo alguna ofensa, injuria o difamación para eliminar el contenido.

Por ello la la Tercera Cámara del STJ, tomó la desición unánime de que Facebook no responde objetivamente por la inserción de informaciones ilegales hecha por terceros en su sitio.

Sin embargo, se especificó que cuando los responsables de la red social tengan conocimiento de la existencia de datos ilegales, deben “eliminarlos inmediatamente, bajo pena de responder por los daños respectivos”, además debe “mantener un sistema mínimamente eficaz de identificación de sus usuarios”.

La ministra Nancy Andrighi afirmó que no hay en el ordenamiento jurídico un instrumento que obligue a Facebook a realizar un seguimiento previo de los contenidos que se harán públicos.

Andrighi, indicó que el control editorial previo del contenido de las publicaciones infringe el del secreto de la correspondencia y de las comunicaciones.

Para ella, exigir a los proveedores de contenido el monitoreo de las informaciones que transmiten “traería un enorme retroceso al mundo virtual, a punto de inviabilizar servicios que hoy están ampliamente difundidos en el cotidiano de miles de personas”, lo cual tendría un impacto social extremadamente negativo.

 

“La evaluación previa del contenido de toda la información introducida en la web eliminaría uno de los mayores atractivos de Internet, que es la transmisión de datos en tiempo real” concluyó la ministra.

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El operador brasileño Oi deberá presentar su plan de recuperación el 1 de agosto de 2017, de acuerdo con la orden de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). El documento se expondrá durante la reunión del consejo directivo de la agencia.

Para ello, la Anatel solicitó la presencia del presidente de Oi, Marco Schroeder, y el presidente del consejo José Mauro da Cunha. Además, exigió que estén presentes representantes de los mayores accionistas de la compañía, Pharol, Société Mondiale y del el Banco Nacional de Desarrollo Económico Social (BNDES).

La entidad informó de la orden a través de una carta, donde resalta que la Anatel  cuestionó la sostenibilidad de los negocios de la empresa desde 2014, dos años antes de la protección por bancarrota solicitada en junio de 2016.

La agencia explica que aumentó el grado de vigilancia sobre “aspectos técnicos, económicos y financieros de la empresa”. Y que desde 2015 acompaña las negociaciones con acreedores.

“Está en juego no sólo la obligación de continuidad a que está sujeto el servicio prestado en régimen público, sino también la importancia sistémica de su infraestructura y la relevancia social y económica de los demás servicios”, dice la agencia.

El documento apunta la falta de elementos en los planes para demostrar la sostenibilidad de la empresa tras el cierre del acuerdo con los acreedores. La Anatel dice que es esencial un aporte de capital, y recordó que ya ha aconsejado a la empresa esta alternativa en varias ocasiones.

“A pesar de la urgencia y la gravedad de los hechos, el grupo Oi no adoptó medidas concretas y eficaces para resolver la crisis en el que se encuentra”, dice la carta.

Por último, subrayó: “Anatel se ve forzada, en el contexto actual, a considerar todas las alternativas previstas en la legislación y no pretende que un eventual fracaso del proceso de recuperación judicial se convierta en algo más grave para, sólo entonces, adoptar las medidas necesarias para la preservación del proceso servicio ofrecido”.

En diversas ocasiones, el ministro de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones (MCTIC), Gilberto Kassab, ha declarado que el gobierno ha trabajado en una medida provisional que permitirá la intervención de Anatel en todos los servicios de Oi. Además de ser el regulador del proceso de recuperación judicial, la Anatel es uno de los mayores acreedores de Oi.

Por su parte, Oi reiteró que realizará la Asamblea General de Acreedores (AGC) en septiembre. Y recientemente el consejo de administración de Oi aprobó los cambios presentados en el plan de recuperación de la empresa, incluida la capitalización de 8 millones de reales.

 

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Bank of America aumentó su participación en la empresa de telecomunicaciones Oi de 4.72 por ciento de acciones a 5.24 por ciento.

El banco compró 8.260 millones de acciones, de las cuales 7.12 millones son preferenciales y lo demás se dará por medio de distintas subsidiarias.

A través de un comunicado el banco aseguró que la compra es únicamente con fines de inversión. Y agregó “Bank of America no busca un cambio de control o un cambio en la estructura administrativa de la compañía”.

 

La participación accionaria en la compañía es propiedad de las subsidiarias del Bank of America en Brasil, representadas por Citibank DTVM S.A.

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El ayuntamiento de São Paulo abrió una consulta pública hasta el 17 agosto, sobre el proyecto de expansión del programa “WiFi Libre SP”, el cual considera la entrada de empresas privadas y la expansión de 120 puntos de acceso a 531.

El proyecto inauguró su primera plaza digital en enero de 2014, actualmente con 120 plazas digitales en funcionamiento se contabilizan un promedio de 6 millones de accesos al mes. Desde el comienzo se estableció que el costo de la instalación y mantenimiento del servicio quedaba a cargo del propio ayuntamiento.

Sin embargo, para la expansión el programa será renombrado como “Proyecto WiFi SP”, en el cual se realizará una licitación en la que las empresas ganadoras serán responsables de todo el servicio y dejará de existir la inversión pública.

“El contratante privado será remunerado por los servicios prestados por medio de ingresos alternativos, con la explotación de marca de los eventuales socios en la placa de identificación del programa y la explotación de publicidad digital”, explica el documento que se encuentra en consulta.

Las empresas deberán continuar con los estándares establecidos, y ofrecer acceso inalámbrico con una velocidad mínima de 512 Kbps a los usuarios. También deberán cubrir 50 por ciento del área útil de parques y 70 por ciento del área útil de plazas y edificaciones públicas.

El ayuntamiento elaboró una relación de los espacios que van a recibir WiFi SP, con una estimación de público conectado. Pero si el público es mayor de lo previsto por el ayuntamiento, la empresa no tendrá que cumplir con el requisito de velocidad mínima e incluso, puede limitar el acceso a Internet a 30 minutos por usuario.

La empresa ganadora podría pedir un registro, pero los únicos datos que puede exigir son: email (que no necesita ser validado) y nombre de usuario. En caso de que el usuario acceda regularmente la compañía podría solicitar más datos.  

Al conectarse, el usuario será dirigido a una página del proyecto, en la que habrá publicidad digital. Para navegar, el usuario deberá acordar términos de uso del servicio. Sin embargo, el texto prohíbe usar cualquier mecanismo que viole la “neutralidad de la red, la privacidad de los usuarios o la libertad de uso de internet”.

Los datos de los usuarios deben ser mantenidos en secreto y no podrán ser compartidos para ningún fin comercial, publicitario o estadístico. Además, sólo podrán ser entregados al ayuntamiento o autoridades públicas, bajo orden judicial. Se estipula también que las empresas están obligadas a guardar los registros de acceso durante todo el período del contrato.

El ayuntamiento dividió la subasta en cuatro lotes, agrupando las localidades más y menos atractivas desde el punto de vista comercial. Afirmó que la intención fue equilibrar económicamente cada lote, cuidando los intereses de todos. Cada lote tendrá puntos de acceso obligatorios y otros opcionales, que podrán o no ser activados.

 

La licitación está prevista para realizarse en septiembre, un mes después de concluir la consulta pública.

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