Viernes, 24 de noviembre del 2017
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El Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de las TIC, radicó en el Congreso de la República el “Proyecto de Ley 174 en Cámara de Representantes”, por medio del cual ordena la liquidación de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) y crea el nuevo órgano convergente denominado: Comisión de Comunicaciones, transformando para tal fin la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) creada por la Ley 1341 de 2.009.

Es necesario hacer un análisis previo al inicio de los debates legislativos sobre la pertinencia, coherencia, proporcionalidad y funcionabilidad, de lo propuesto en este primer texto inmerso en el Proyecto de Ley en comento.

En primer lugar es indispensable revisar la redacción y la terminología empleada para dar sentido al objeto del nuevo órgano convergente:

ARTICULO 10.- Objeto: La Comisión de Comunicaciones será el órgano encargado de promover la competencia, el acceso a los servicios, garantizar la imparcialidad y el pluralismo informativo e imparcialidad informativa, regular e intervenir para evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de redes y servicios de comunicaciones, incluidos los servicios de radiodifusión sonora y de televisión, de aplicaciones y de contenidos sobre redes que soportan estos servicios, así como de las tecnologías de la información y la protección de los derechos de los usuarios, con el fin de que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, refleje altos niveles de calidad, propenda por la consolidación de la economía digital, y evite las prácticas monopolísticas en la operación y explotación de los servicios, en los términos de la Constitución Política y la Ley.

Hablar de televisión hoy en un entorno cambiante, donde el término “televisión” pasó de ser un servicio único a ser un servicio de consumo de contenidos audiovisuales por diferentes plataformas, no encajaría en el ideal futurista que debe tener la aprobación de esta Ley. Ese término excluyente debería desaparecer de la norma e introducirse el de “servicios de productos audiovisuales multiplataforma”.

Por otra parte, el Proyecto de Ley fusiona las funciones regulatorias que tenía la ANTV con la CRC, lo cual es previsible, lógico y coherente, pero también mezcla las funciones regulatorias del nuevo órgano regulador convergente con las de promoción para el desarrollo de los contenidos o productos audiovisuales públicos que tenía la ANTV y que están bastante alejadas de la labor regulatoria, esencia del nuevo órgano propuesto.

Esto despierta una alarma que, para el fortalecimiento de las comunicaciones en el país, es subsanable sólo si en el marco del nuevo órgano se introduce la creación de una gerencia especial para el manejo, administración y ejecución del Fondo para el Desarrollo de los contenidos y productos audiovisuales multiplataforma públicos, con independencia del manejo general de la nueva Comisión de Comunicaciones, acompañamiento de una Junta Directiva compuesta por los Comisionados de Comunicaciones, pero que sólo actuara para los efectos de control en la ejecución del gasto aprobado.

Las políticas para la ejecución del recurso y el presupuesto del Fondo serían aprobadas por un comité conformado por los canales públicos, que son los verdaderos dolientes y beneficiarios, además de los auténticos conocedores de la realidad del mercado de los contenidos audiovisuales, garantizando un destino con planeación adecuada a las transformaciones del negocio y el cumplimiento de objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Por último, el artículo 14 del Proyecto de Ley determina que los comisionados denominados representantes de la sociedad civil se escogerán mediante el mecanismo de proceso de selección realizado con universidades públicas o privadas. Está demostrado, por los resultados obtenidos, que esos procesos son un fracaso rotundo.

Las universidades están fuera del contexto real de los mercados variables, las necesidades regulatorias, los cambios en el negocio de la producción y emisión de contenidos audiovisuales han vivido, viven y vivirán en el mundo de lo ideal, mas no entienden el lenguaje de la transformación terrenal, o la entienden luego de realizar años de investigación que para el sector tecnológico son años de retraso. Que sean los interesados, afectados o beneficiados con la agilidad y eficiencia regulatoria quienes escojan los Comisionados representantes de la sociedad civil, que en realidad es la sociedad quien constituye el mercado como actor consumidor, productor, emisor y comercializador.

Adicionalmente se propone como requisito para ser Comisionado 2 especializaciones y 10 años de experiencia en el sector y especifica algunas profesiones obligatorias. No puede la Ley cerrar las oportunidades de manera radical y absurda, una especialización más los diez años de experiencia es completamente racional, coherente y proporcionado, y las profesiones con título propio son un exabrupto teniendo claro que la Comisión de Comunicaciones es eso, una Comisión, las labores especializadas dentro de la entidad a crearse las deben realizar las personas que ocupen los cargos a proveer con funciones específicas, una Comisión es general para los temas de comunicaciones y no específica para ejecutar funciones profesionales especializadas.

Así pues, hay variedad de ajustes que merecen el análisis del texto propuesto para que por fin en Colombia podamos tener una norma convergente que se adecue a los cambios de cara al futuro, pero no puede convertirse la nueva Ley en una excusa para ubicar sabios de Harvard sin empleo, arriesgando nuevamente el futuro de las comunicaciones tal y como hasta hoy ha sucedido en la Autoridad Nacional de Televisión con algunos de sus miembros, que por su largo tiempo de vida académica y poca práctica en el conocimiento del mercado, o por su amiguismo político, agudizaron el caos que hoy se vive en el sector y por el cual se hace necesaria la creación del nuevo órgano convergente.

Esperemos que tanto el gobierno como el Congreso tengan en cuenta éstas y todas las sugerencias con el fin de lograr estructurar una Ley que dé respuestas adecuadas a las necesidades que tiene el país en la materia.

Publicado en Colaboradores

Colombia inició el camino para crear a un regulador convergente respecto las TIC, la televisión y la radiodifusión sonora. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), presentó al Congreso el proyecto de ley que creará a la Comisión de Comunicaciones.

La nueva agencia nacional contempla la transformación de la actual Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), además de la liquidación de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV). Motivo por el cual, la entidad tendrá competencias para otorgar concesiones en televisión y radiodifusión sonora, así como administrar el Fondo para el Desarrollo de la TV.

Para la administración de la Comisión de Comunicaciones, se designará a cinco comisionados por periodos de seis años, sin posibilidad de reelección. La presidencia del país designará a dos de los comisionados, y los otros tres serán elegidos por las universidades en representación de la sociedad civil.

El MinTIC explicó que para la transición a la nueva agencia, los actuales miembros de la Junta Nacional de Televisión y los comisionados de la CRC se integrarán a la Junta de la Comisión de Comunicaciones hasta el vencimiento de sus periodos de 4 años, posteriormente serán reemplazados por cinco miembros designados y seleccionados en los términos indicados.

“El proyecto contempla que el organismo regulador convergente tenga personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial, presupuestal y técnica, y que el mismo haga parte del sector TIC sin estar adscrito ni vinculado a dicha cartera”, dijo el MinTIC en un comunicado.

El ministerio señaló que el propósito será promover la convergencia entre redes y servicios de telecomunicaciones.

“La mayoría de compañías de telecomunicaciones ofrecen, a través de las mismas redes, paquetes con servicios de voz, datos y televisión, entre otros servicios, en lo que se conoce como ofertas triple o cuádruple play, que se ajustan también a dispositivos móviles como smartphones con conexión a internet. Frente a este fenómeno, la institucionalidad debe también ser convergente”, manifestó el MinTIC.  

El proyecto de ley establece que: el “MinTIC seguirá siendo rector de la política y encargado de la vigilancia y control de las TIC, la TV y la radiodifusión sonora; la Comisión de Comunicaciones se encargará de la regulación y el otorgamiento de concesiones; la Agencia Nacional del Espectro (ANE) será el órgano asesor en la gestión del espectro electromagnético en TIC, radio y TV”.

Asimismo se  aclara que el ministerio tendrá las funciones de vigilancia y control del sector; sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio, conservará la labor de protección de los derechos de los usuarios y del régimen de competencia.

 

Antes de las sanción presidencial, el proyecto de ley debe seguir cuatro debates ante el Senado y la Cámara de Representantes.

La iniciativa puede consultarse aquí.

 

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A principios de 2017, Colombia anunció que llevaría a cabo la subasta de la banda de 700 MHz, sin embargo el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), indicó que antes seguir con el proceso es importante la aprobación del proyecto que modifica los topes de espectro para servicios de telecomunicaciones móviles. Para ello, el MinTIC solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) un concepto previo de abogacía de la competencia.

La entidad informó a través de un comunicado, que la medida planteada prevé ampliar los topes de espectro actualmente vigentes, pasando de 30 MHz a 45 MHz para bandas bajas, inferiores a 1 GHz, e incrementando de 85 MHz a 90 MHz el tope de espectro para bandas altas, superiores a 1 GHz.

El MinTIC asegura que la medida “busca que todos los agentes interesados tengan la posibilidad de acceder al espectro a subastar”. “La licitación es un hecho y seguramente saldrá en los primeros meses del año entrante” declaró Luna al diario local Portafolio.

 

Para la banda de 700 MHz, se prevé subastar 70 MHz, para lo cual se ha planteado asignar un bloque de 30 MHz, otro de 20 MHz y dos de 10 MHz. Bajo el esquema actual, los principales operadores del país, Claro y Movistar, no podrían participar en la licitación, debido a que están cerca de los topes permitidos.

Publicado en Noticias

El gobierno colombiano está considerando la venta de su participación de 32.5 por ciento en la unidad local de Telefónica, según informa TeleGeography.

La participación del gobierno en la compañía ha causado polémica debido a su doble papel como regulador y como operador, al tiempo que ha debido participar con capital en la compañía.

 

De acuerdo con la agencia, la venta se considera luego del laudo impuesto a Telefónica y Claro por incumplir los términos de sus licencias originales de 1994, que establecía la devolución de toda la infraestructura de la red inalámbrica al Estado al término del periodo de concesión. Los operadores fueron obligados a pagar 4.7 billones de pesos colombianos al gobierno.

Como copropietario de Telefónica Colombia, el gobierno estuvo también obligado a participar con un aumento de capital de aproximadamente 1.37 mil millones de euros (mil 640 millones de dólares) para pagar por adelantado todos los compromisos en relación con PARAPAT, el consorcio que posee los activos de telecomunicaciones y administra los fondos de pensiones de las antiguas empresas que dieron como resultado la creación del actual operador.

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El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría dio luz verde a 1,3 billones de pesos de regalías que estaban destinados para Ciencia, Tecnología e innovación (CTeI), de la vigencia del año pasado, para vías.

Antioquia tendrá para invertir 66.248 millones de pesos que surtirán su proceso decisorio a través de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad) regionales y el nuevo Ocad Paz, que tendrán porciones iguales, en este caso de 33.124 millones de pesos. Este monto representa 4,80 % del total.

El departamento que más porcentaje tiene de estos recursos es Bolívar con 11,62 %; le sigue Nariño con 6,40 %; Sucre, 6,57 %, Córdoba, 6,47 % y Boyacá, con 6,40 %.

Estos eran recursos que se iban a perder, pues no fueron asignados a ningún proyecto. El dinero “se destinará para la aprobación de proyectos de inversión en vías terciarias y otras infraestructuras necesarias para acercar el campo y los servicios del Estado a quienes históricamente el conflicto armado los había aislado”, afirmó Cárdenas ante las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso de la República.

Para Alejandro Franco, director de Ruta N, esta es una mala noticia para la CTeI del país y lo hace retroceder, pues no se puede olvidar que esto sienta “las bases para una economía sólida, si no seguiremos teniendo problemas en educación, medio ambiente desarrollo empresarial y calidad de vida”.

Hoy se estima que Colombia invierte 0,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) en CTeI, el promedio de América Latina está en 0,5 % mientras Israel invierte el 4 % de su PIB.

En Medellín se ha logrado que las universidades, las empresas y el estado creen una triada que en actividades de CTeI implica 0,7 % del PIB de la ciudad.

¿Y el presupuesto?

Cárdenas anunció ayer que está finiquitando los detalles del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación y que solicitó un incremento de 120 mil millones de pesos para la CTeI y 330 mil millones de pesos para deporte. Y destacó que el sector minero-energético se beneficiará con subsidios para estratos 1 y 2.

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