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Yo regulador, yo accionista, yo competidor: conflicto de interés en Colombia

- 04.05.2017, 10:21
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En telecomunicaciones no conviene ser juez y parte. La participación accionaria histórica que ha conservado Colombia en diferentes operadores de telecomunicaciones está desatando una nueva polémica en el sector, porque el gobierno actúa al mismo tiempo como regulador, empresario y competidor.

Este conflicto de interés ocurre en medio de la consulta pública para subastar espectro en la banda de 700 MHz, la difícil situación económica por la que atraviesa Colombia y una nueva petición de capitalización de Telefónica a la empresa conjunta entre el operador español y el gobierno colombiano: Colombia Telecomunicaciones (Coltel).

“La interferencia política en el ámbito local y la titularidad pública de los operadores locales y regionales generan conflictos de intereses y motivaciones políticas en la gestión de los operadores”, advirtió desde 2014 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en un amplio estudio sobre las políticas y la regulación de telecomunicaciones en Colombia.

Aunque históricamente las empresas de telecomunicaciones se fundaron bajo la tutela del Estado para impulsar un sector estratégico para la seguridad nacional, los cambios en las políticas económicas, la necesidad de sostener las inversiones y el avance tecnológico obligaron a los gobiernos a deshacerse de esas participaciones y permitir el crecimiento del sector bajo la participación y propiedad de la iniciativa privada, precisamente para que fuera el capital privado el que asumiera el riesgo del cambio tecnológico, la inversión intensiva en capital, las deudas acumuladas y los pasivos laborales.

Sin embargo, Colombia ha mantenido participaciones accionarias (locales y federales) en algunos operadores de telecomunicaciones, con la idea de conservar utilidades generadas por las empresas para financiar proyectos públicos.

Esta situación, como ha señalado la OCDE en su estudio sobre el sector en Colombia, apareja múltiples inconvenientes que evitan una competencia eficiente de los mercados. Desde la injerencia del gobierno en los planes de inversión de los operadores, hasta distorsiones en el mercado por decisiones regulatorias que pudieran favorecer a los operadores con participación gubernamental en detrimento de los otros competidores.

“Hay que señalar que la mayoría de los operadores locales con cobertura local o regional son propiedad de los municipios. Los sumamente bajos indicadores de rendimiento y penetración de los servicios fijos, tales como la banda ancha o la telefonía, arrojan serias dudas sobre la posibilidad de que las autoridades locales y regionales estén protegiendo a estos operadores de la competencia; por ejemplo, no concediendo permisos de despliegue de red a otros operadores o manteniendo en el mercado de forma artificial a operadores no rentables”, sentencia la OCDE.

En América Latina existen otros casos de operadores estatales con apoyos desde el gobierno. En Bolivia el órgano regulador adjudicó directamente 20 MHz de espectro en la banda de 700 MHz al operador estatal Entel. En Ecuador existe una situación similar donde la empresa estatal (CNT) posee importantes bloques de espectro en la banda de 700 MHz sin que el uso del recurso sea eficiente en términos de número de suscriptores.

No obstante, la diferencia radica en los objetivos sociales de los operadores de participación estatal, en tanto que en Colombia el gobierno comparte el objetivo de rentabilizar la operación de su socio y, por lo tanto, en su posición de regulador, beneficiarlo desde la regulación.

Los beneficios económicos esperados por Colombia de su participación en operadores de telecomunicaciones no ha cumplido con las expectativas. El municipio de Bogotá consideró la venta del operador ETB al considerar que los recursos obtenidos de la venta, entre 650 y 700 millones de dólares, podrían ser mejor utilizados en programas sociales.

Asimismo, la participación que posee Colombia en la filial local de Telefónica de España no sólo no genera algún beneficio tangible y económico para el Estado, sino que ahora podría convertirse en un nuevo riesgo que coloca al gobierno en la disyuntiva de utilizar recursos públicos para capitalizar una empresa privada que no se ha caracterizado por la mayor eficiencia operativa, o bien asumir la deuda que implica el pasivo laboral de la antigua compañía Telecom.

Mientras que otros operadores buscan nuevas alternativas de capitalización e inversión, Telefónica pide la ayuda de su socio accionario gubernamental para hacer frente a la pesada deuda de la compañía. En contraste, recientemente los accionistas de TV Azteca comprometieron 60 millones de dólares adicionales (177 mil millones de pesos colombianos) para la capitalización de Azteca Comunicaciones Colombia, encargada de desplegar y operar una red nacional de fibra óptica.

Si se considera la participación de 32.5 por ciento que el gobierno colombiano posee en Telefónica Colombia, el Estado se verá obligado a aportar de forma proporcional alrededor de 1.2 billones de pesos (aproximadamente, 500 millones de dólares), que se sumarán a los 3.2 billones que podrían ser aportados por la matriz de Telefónica en España.

“El accionista mayoritario [Telefónica] ha propuesto un plan de capitalización para pagar una serie de pasivos, particularmente los de carácter pensional y nosotros estamos evaluando esa propuesta que podría mejorar los indicadores financieros de la compañía. Pero nuestro principal interés allí es proteger, a capa y espada, la situación de los pensionados del antiguo Telecom y asegurar que los recursos para pagarles sus mesadas pensionales sean amplios y suficientes, y sobre todo que estén asegurados”, declaró al diario local Dinero el ministro de Hacienda colombiano, Mauricio Cárdenas.

El problema es que el gobierno de Colombia, vía los ministerios de Hacienda y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, no tienen ese dinero y tendría que obtenerlo de los impuestos de los colombianos, vía una reforma tributaria que incrementó el IVA para 2017. El costo fiscal y social sería muy alto: al incremento del IVA se suma la depreciación del peso colombiano; sólo en 2015 fue de 31.6 por ciento, con una leve recuperación de 4.7 por ciento en 2016.

Aún más: la aspiración del gobierno de “mejorar los indicadores financieros de la compañía” podrían llevarlo a imponer regulaciones que permitan el uso de redes competidoras y la transferencia de subsidios para sanear las finanzas de Colombia Telecomunicaciones (Telefónica), imponiendo una clara ventaja frente al resto de los competidores que operan bajo las reglas del mercado. Al respecto, la propia OCDE ha recomendado “adoptar las medidas necesarias encaminadas a lograr que el regulador y sus cinco comisionados sean completamente independientes”.

Un reporte reciente de Merrill-Lynch señaló que mientras en promedio las empresas del sector tienen un indicador de deuda sobre Ebitda de 2.5 veces en Europa, o ligeramente superior a 2 en América Latina, Movistar Colombia exhibe un nivel de apalancamiento de 5.8 veces.

Fitch Colombia también afirmaba desde agosto de 2016 que se requería “alguna capitalización porque de lo contrario podría sufrir una nueva reducción en su calificación crediticia”, enfatizó Natalia O’Byrne, directora senior de finanzas corporativas de Fitch Colombia. En su momento, se redujo a BB- la calificación de Telefónica Colombia.

Uno de los mayores cargos sobre el estado financiero de Colombia Telecomunicaciones es el pago al patrimonio autónomo Parapat (Patrimonio Autónomo de Activos y Pasivos de Telecom), el cual supera los 500 mil millones de pesos anuales y cerca de 77 por ciento del flujo de efectivo de la compañía para saldar las pensiones de más de 15 jubilados de la extinta Telecom. Este patrimonio se formó a partir de la fusión de la antigua Telecom y Telefónica para hacerse cargo de las deudas de la empresa estatal y aportar recursos al fondo para el pago de pensiones.

Al momento de la formación de este fondo en 2012, Telefónica y Colombia Telecomunicaciones se fusionaron en una misma compañía bajo la marca de Movistar. En aquel momento se acordó que Telefónica tendría 67.5 por ciento de la participación accionaria y el gobierno el 32.5 por ciento restante. Como parte de esta transacción, se registró la primera capitalización en la cual el gobierno asumió el pago del pasivo pensional y la compañía española aportó su red móvil.

Según medios locales, el valor presente neto del Parapat se acerca a los 4.4 billones de pesos. La propuesta de Telefónica es que los socios capitalicen la compañía por ese valor, permitirle pagar esta partida y reducir el nivel de deuda de la compañía.

Aunque el propósito del gobierno sería el de proteger a los pensionados de Telecom, posteriormente tendrá que hacer una evaluación sobre el nivel de beneficios que podría esperar de mantener una participación accionaria en la compañía y los posibles conflictos de interés a partir de ella.

La principal razón del gobierno colombiano por mantener una participación accionaria en empresas privadas ha sido la de obtener utilidades y utilizar estos recursos en programas públicos. Sin embargo, se ha tenido que enfrentar a resultados contrarios, hacer frente a la ineficiencia operativa de la empresa mediante dos aportaciones de capital que poco harán para garantizar la rentabilidad en el largo plazo.

Hasta el momento, los beneficios económicos a través de la obtención de utilidades han sido pocos o prácticamente nulos. Durante 2016, la compañía reportó una pérdida neta por 341.26 mil millones de pesos colombianos sobre ingresos por 4.87 billones.

Incluso el ex presidente del operador UNE, Marc Eichmann, relató la mala experiencia del gobierno colombiano por su participación en empresas públicas, además del riesgo que corre como accionista de Telefónica al asumir el costo laboral como deuda.

“Los colombianos tenemos que exigir que, como pre condición para la nueva capitalización, la empresa se maneje ahora sí eficientemente. Hoy en día, el salario de los ejecutivos de Telefónica es casi el doble de los de sus pares en compañías similares y la cultura es abierta al gasto excesivo en rubros no operativos. Y a pesar del equipo de primer nivel que pagan los extraordinarios salarios, está siendo molida a palo en el mercado por competidores como Claro”, señaló el ex directivo de UNE en una columna para el diario La República.

Efrén Páez

Analista económico de Mediatelecom Policy & Law

Síguelo en Twitter: @elpaez

 
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