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Las Telecom en el Proyecto Nación

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La Razón – Roberto García Requena

En el Proyecto de Nación 2018 – 2024 del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se propone una nueva visión de país que presenta proyectos en diferentes materias primordiales para la generación de políticas públicas en mejora de las condiciones sociales y económicas del país y “emprender un cambio de rumbo”.

Dicho proyecto se divide en cuatro ejes principales: 1) Desarrollo Social; 2) Política y Gobierno; 3) Educación, Ciencia, Valores y Cultura; y 4) Economía y Desarrollo. Dentro de este último se encuentra el sector de telecomunicaciones para el cual proponen ampliar la cobertura de banda ancha en zonas marginadas a precios razonables, incorporándolas así a las tecnologías de la información y elevando su calidad de vida.

Según la información proporcionada en el Proyecto de Nación, México tiene una cobertura de internet de banda ancha fija de 48 líneas por cada 100 hogares y de 13.3 líneas por cada 100 habitantes. Mientras en los extremos del país se presenta la Ciudad de México con una teledensidad semejante al promedio de países de la OECD (28 líneas por cada 100 habitantes), y en el otro extremo casos como Chiapas con una teledensidad de 3.9 líneas por cada 100 habitantes, similar a países como Bangladesh y Bután.

La propuesta del mandatario es disminuir la brecha de acceso de banda ancha que hay en los estados más marginados, introduciendo la tecnología 3G y 4G por medio de concesiones sociales, para las cuales se pretende hacer un “Fondo de Cobertura Social de Banda Ancha”. Esto al tiempo de incentivar a los operadores actuales para que amplíen su cobertura de telecomunicaciones a estas regiones, y hagan un uso más eficiente del espectro radioeléctrico en las diferentes bandas de frecuencia.

Si bien son buenas intenciones, me parece que hay dos factores fundamentales que la nueva administración tiene que respetar a efecto de lograr objetivos de mayor cobertura y penetración como los que se propone: 1) el estado de derecho; y 2) la autonomía del órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El estado de derecho para generar seguridad jurídica a las inversiones de los concesionarios de servicios de telecomunicaciones. Reglas claras, firmes, y de largo plazo es lo que se necesita para que los operadores expanden y crezcan sus redes de servicio.

Y la autonomía del regulador como el órgano técnico especializado que funcione como árbitro en un mercado que todavía se encuentra altamente concentrado. Restarle capacidad al regulador, para que el gobierno central tomé decisiones influenciadas por la coyuntura política, significaría un enorme retroceso.

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Dos favores a Telmex

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La Razón – Roberto Garcia Requena

De acuerdo con un comunicado del sindicato de Teléfonos de México (Telmex), el pasado 11 de enero se instaló una mesa intersecretarial a fin de detener la separación funcional de Telmex, mandatada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) hace un par de años.

En dicha mesa están sentados la empresa y los titulares de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú. Tuvieron la gentileza de convidar al IFT, órgano regulador del sector.

Sin meterme al detalle de qué es lo que implica la separación funcional de una empresa, en este caso la resolución fue ordenada por el órgano regulador en la materia, como medida para disminuir el poder de mercado del agente económico preponderante; a la postre Telmex, como proveedor de servicios de telefonía fija.

Lo que es de llamar la atención es que el sindicato anuncie una mesa intersecretarial con estas tres dependencias, cuando ninguna de ellas tiene absolutamente ninguna facultad en el tema. El IFT, como órgano constitucional autónomo, es la única entidad que tiene las atribuciones en materia de telecomunicaciones y competencia en este sector para dictar medidas regulatorias. ¿El IFT no tiene nada que decir al respecto?

Por lo que cualquier decisión que se tome en esa mesa carecerá de toda validez legal. Ya me había referido en esta misma columna respecto al desdén que muestra el gobierno entrante con los órganos autónomos, Pero de ahí a que centralmente quieran empezar a regular es otra historia. Tendrán primero que legislar, desaparecer a los reguladores, y volver a centralizar la toma de decisiones.

Sería un grave retroceso, y significaría regresar al esquema en que las decisiones regulatorias, de carácter técnico, las tome el gobierno con tintes políticos e influenciadas por el poder económico

En otra de Telmex. Como si lo anterior no fuera suficiente para beneficiar a esta empresa, hace unos días el gobierno de la CDMX suscribió un convenio con Telmex que “logrará para 2019 un ahorro total de 307 millones de pesos”, según el comunicado, en dos programas: Ciudad Segura y Ciudad Digital.

Ciudad Segura arrancó en 2010 y en la actualidad cuenta con 15,310 cámaras de video vigilancia. Ciudad Digital, es toda la provisión de conectividad y telefonía para dependencias y espacios públicos de la CDMX.

El asunto es que este convenio se adjudicó directamente. Sin mediar licitación que les diera oportunidad a otros operadores de presentar propuestas posiblemente más competitivas.

Roberto García Requena

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Desmiente IFT cifras de López Obrador

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Excélsior – Maricarmen Cortés

En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador confirmó la suspensión de la red troncal de fibra óptica y aseguró que las bases de la nueva licitación podrían estar listas en febrero, y que incluirán la obligación de ofrecer internet gratuito. Aseguró que, a pesar de la Reforma de Telecomunicaciones, hay un gran retraso porque —dijo— sólo el 25% del territorio nacional tiene conectividad.

El IFT, que preside Gabriel Contreras, aclaró que a nivel internacional, la medida utilizada para medir la conectividad es con base en la población y no al territorio nacional. Al cierre de junio de 2018, la cobertura nacional de telefonía e internet móvil corresponde al 88.4% del total de la población en 3G y a 84.1% en 4G.

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Conectividad, más allá de la fibra óptica de CFE

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La Crónica de Hoy – Claudia Villegas

Para cerrar la brecha digital, será necesario no sólo contar en tiempo y forma con la licitación de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sino registrar todas las inversiones prometidas en este sector. Telmex, el agente preponderante en el sector de las telecomunicaciones, tiene —por cierto— un tema pendiente en materia de la comunicación de muchas zonas rurales del país. Ése era uno de los compromisos del título de concesión. Fue, además, en 2016 cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) le refrendó a Telmex sus concesiones sociales pues en ese momento más de 3 mil 835 comunidades sólo contaban con la comunicación que les proporcionaba la empresa telefónica de América Móvil.

El presidente López Obrador ha dicho que la conectividad en México es todavía un objetivo a alcanzar y que le preocupa que sólo se encuentren comunicadas las cabeceras municipales en el país. El tema cobra relevancia porque el gobierno federal necesita entregar las transferencias de recursos que forman parte de su programa de subsidios para grupos vulnerables de la población, como adultos mayores, jóvenes y personas con capacidades diferentes. La entrega de efectivo no es una opción y varios bancos ya están en la lista de intermediarios interesados en participar en la distribución de fondos a través de tarjetas y cajeros automáticos. El llamado Banco del Bienestar también contará con una nueva cadena de sucursales con el propósito de apoyar la ejecución de esta política pública. Para ello, evidentemente se necesita conectividad.

En el IFT consideran que si bien los recursos de la red de CFE son importantes (más de 25 mil kilómetros) tampoco resuelven por sí solos el problema de comunicación del país, a pesar de que el 95% de la población ya está comunicado gracias al auge de los dispositivos móviles. La brecha digital también debe ocuparse de retos como el de la conectividad para grupos como las mujeres indígenas o adultos mayores, que recién viven la era de las telecomunicaciones. Sin embargo, la propuesta de López Obrador al referirse a la red de la CFE y a su licitación  es que las compañías beneficiadas por estas concesiones y que estén dispuestas  a invertir en este sector, otorguen internet gratuito en lugares públicos y carreteras. Sería una especie de aportación social para lograr la conectividad hasta el último rincón del país. Ahora, la nueva fecha para acelerar el proceso de licitación de esta red de CFE se ha fijado para febrero próximo.

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