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Telefónica, en busca de la equidad

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Excélsior – José Yuste

El amparo que ingresó Telefónica a tribunales, e hizo tanto ruido porque llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es más que un aviso de que los cobros por derechos o contraprestaciones del sector están caros: no permiten reinvertir ni desplegar redes o antenas.

En otras palabras, la competencia en telefonía móvil está semiestancada, pues el modelo de negocios llegó a un límite donde no le está permitiendo crecer al sector. Es una lástima, pues la competencia tuvo un empujón con la Reforma de Telecomunicaciones.

Pero ahora las compañías competidoras se quejan. Y no se trata de buscar ganancias para una empresa, sino del crecimiento de toda la competencia para dedicarlo a mejorar la calidad al usuario.

El usuario final es quien más se ha visto beneficiado por la competencia y la existencia de más compañías móviles (Telcel, AT&T y la misma Telefónica). Han bajado precios de telefonía móvil, se ha incrementado el uso del internet y la pelea es por ofrecer mejor calidad en los servicios de datos.

IFT HA PEDIDO REVISAR DERECHOS Y CONTRAPRESTACIONES

El amparo de Telefónica es un buen llamado de atención. Tampoco sorprende del todo. Ya el mismo presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras, había dicho públicamente que en lugar de cobrar tan caras las contraprestaciones es mejor que las compañías dediquen (incluso si se quiere como gasto etiquetado) esos recursos a instalar más antes, y a desplegar su red LTE para competir de mejor manera en la nueva generación tecnológica de 4.5.

Por otra parte, Carlos Morales, presidente de Telefónica, también lo había externado, que en México no pierden, pero tampoco ganan, y ello no es bueno para ningún esquema de negocio: se trata de reinvertir, de tener ganancias, pero también de expectativas para mejorar frente a la competencia y que, al fin y al cabo, el usuario final sea el más beneficiado.

AMPARO, ¿POR QUÉ SÓLO A LA RED COMPARTIDA DAN BENEFICIOS?

El amparo de Telefónica fue ingresado en abril de 2016. Lleva prácticamente tres años en juzgados. Mientras tanto, Telefónica buscó otras soluciones, platicó con autoridades, externó su preocupación. Y nada. De hecho, el amparo no afectaría a nadie. Más bien, busca equidad.

Sí, la compañía telefónica ha dicho que quiere pagar lo mismo por el espectro que pagan otras compañías (como la Red Compartida). Suena lógico. El proyecto que manejó el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, no contempla ninguna cifra por resarcir.

La compañía nos dice que el amparo buscado no solicita ninguna cifra, pero sí busca un trato igual para todos, y no que unas compañías tengan ventajas con menores pagos por derechos y contraprestaciones.

Al final, el amparo no prosperó en la Corte. Fue regresado al tribunal especializado en competencia y telecomunicaciones (el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones).

Será dicho tribunal el que determine el curso del amparo, si procede o no procede. Pero si llega a proceder, entonces el Tribunal verá el monto de resarcimiento a favor de Telefónica.

DESPUÉS DE 13 MMDD DE INVERSIÓN Y COMPRAR BANDA

La compañía Telefónica nos insiste que ellos no buscan la devolución de ningún monto, sino más bien condiciones de equidad hacia delante. Que los pagos por derechos y contraprestaciones son elevados, que no les permiten la reinversión ni el crecimiento de la red, ni tener condiciones para competir.

Telefónica sigue invirtiendo en México. Ha invertido 13 mil millones de dólares desde que llegó al país, en el año 2000. Y hace poco adquirió espectro por 40 MHz en la Banda de 2.5 Gigahertz. Quiere desplegar los servicios de Banda Ancha, con tecnología LTE y desde luego entrar de lleno a la nueva tecnología de 4.5, donde hay velocidad en datos.

El nombre del juego, lo sabe Telefónica, es tener capacidad de datos y llegar a todo el país. Sin embargo, se ha topado con el costo de las contraprestaciones y, abiertamente ha pedido a las autoridades que igualen la cancha, para que en lugar de estar utilizando fuertes costos en pagar contraprestaciones, mejor lo haga para desplegar antena y servicios de ancho de banda. No suena descabellado.

 

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Regalo a las televisoras y regateo a las comunidades in

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La Silla Rota – Aleida Calleja

Les comentaba en mi última colaboración sobre los cuestionamientos que se suscitaron por la expedita renovación de concesiones por veinte años que hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para Televisa y TV Azteca, las condiciones bajo las cuales se dio el proceso hacían sospechar el otorgamiento de privilegios por parte del regulador, algo que se confirmó cuando unos días después el comisionado Adolfo Cuevas Teja dio a conocer su voto particular sobre el tema.

Si bien el IFT actuó con apego a la ley, lo cuestionable fue la utilización de su capacidad discrecional para hacer el análisis para el pago de las contraprestaciones por dicha renovación, así como la evaluación de las obligaciones de los operadores en cumplimiento de su título de concesión y el marco normativo actual.

Sobre el pago de la contraprestación, el regulador hizo un discutible (por decir lo menos) cálculo al tomar como referencia el costo de las 32 frecuencias locales que licitó el año pasado, en lugar de hacerlo sobre la base del monto que pagó Cadena Tres por adjudicarse la llamada tercera cadena nacional de televisión en 2015 que fue de 1,808 millones de pesos, por lógica, si Televisa y TV Azteca renovaron sus títulos de concesiones para sus respectivas cadenas nacionales, la referencia debería ser el pago último que se hizo por una cadena nacional y no el de las frecuencias regionales.

Bajo este cálculo Televisa pagará 3,340 millones de pesos para su cadenas nacionales de los canales 2 y 5, ahorrándose 568 millones de pesos. En el caso de TV Azteca la renovación por sus cadenas nacionales de los canales Uno y 7 pagará 3,442 millones de pesos, ahorrándose 580 millones de pesos, esto como consecuencia de no haber tomado como referencia el monto pagado en la última licitación de la cadena nacional en 2015, de acuerdo a la información proporcionada por el comisionado Cuevas y a la estupenda explicación de Raúl Trejo Delarbre en su artículo en La Crónica.

Así, con esta metodología las televisoras evadieron el pago mil 148 millones de pesos por el uso del espectro al erario público por cortesía del IFT.

Otro de los argumentos para este regalo a las televisoras por parte de la mayoría de los comisionados del Pleno fue que la televisión abierta está perdiendo audiencias por los nuevos servicios de televisión por internet o video bajo demanda, por lo que eso también justificaba menos cobro por cada frecuencia. Ojalá y así como estos comisionados cuidan los negocios y los intereses de las televisoras también lo hicieran para los derechos de las audiencias, porque las renovaciones se hicieron sin evaluar el desempeño de esas empresas para el cumplimiento del servicio público que es la radiodifusión, el cual evaden de manera constante a través de su programación, trastocando los derechos de las audiencias como por ejemplo la infantil, que de manera permanente está expuesta a contenidos violentos a pesar de que la ley lo prohíbe. Tampoco hubo una revisión detallada del cumplimiento de las obligaciones de Televisa por ser Agente Económico Preponderante en radiodifusión.

Por si fuera poco, los comisionados defensores de los negocios de las televisoras también se negaron a la propuesta de la comisionada María Elena Estavillo y del comisionado Cuevas de obligarlas a transmitir las señales de otras empresas en aquellas localidades donde sólo es posible recibir la señal de Televisa o TV Azteca, como una medida para mitigar la carencia de pluralidad de contenidos, su negativa es una clara contravención al mandato constitucional que hizo posible la creación del regulador. Esos comisionados le negaron a esas localidades el derecho de acceso a información plural que otorga el artículo 6º de la Carta Magna.

A la Defensa de los poderosos, al ataque de los débiles

Les decía en mi anterior colaboración que fue muy llamativa la rapidez con la que se tramitaron las renovaciones de las televisoras por parte del regulador, en contraste con otros trámites, como por ejemplo para el otorgamiento de concesiones para medios comunitarios e indígenas.

Hasta ahora las evidencias empíricas nos indican que el IFT tiene una doble vara a la hora de regular, que apunta a favorecer a los actores más poderosos y a castigar a los más débiles. En tanto le ahorro más de mil millones de pesos a Televisa y TV Azteca, pelea en tribunales hasta el último intento para que la Asociación Civil Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias le pague un millón de pesos por pago de derechos por el uso de espectro para dar el servicio de telefonía móvil e internet a comunidades indígenas de Chiapas, Guerrero, Puebla y Veracruz que se encuentran entre las más pobres del país.

El servicio que da esta organización es sin fines de lucro y cobra una cuota muy baja, por lo que sólo recupera los gastos de operación para la operación de su red, aun así el IFT le impuso un cobro que pone en riesgo el proyecto para las comunidades.

En razón de esta inequidad se ampararon en contra de la medida bajo el argumento de que el artículo 239 de la Ley Federal de Derechos viola sus derechos para el acceso a las telecomunicaciones y no guarda proporcionalidad ni equidad tributaria para la organización de origen indígena.

En septiembre de este año la jueza Silvia Cerón Fernández, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, determinó que el IFT debe exentar del pago de derechos a la organización, en virtud de que el servicio que otorga a las comunidades indígenas fomenta su desarrollo y el ejercicio de sus derechos, y por su condición de vulnerabilidad deben contar con una protección en condiciones de igualdad y no discriminación. Peeero ¿qué cree? Tanto el IFT como la Cámara de Diputados se inconformaron y ahora corre un proceso de impugnación contra la sentencia de la Jueza Cerón.

Así el IFT por la vía de los hechos le ahorra millones de pesos a las televisoras con daño al erario público, pero por otro lado utiliza todos sus recursos institucionales para arrancarle a una organización indígena un millón de pesos, poniendo en riesgo el servicio básico de conectividad a las comunidades más pobres del país, que se traduce en una flagrante violación de derechos constitucionales.

La diferente vara con la regula el IFT muestra una tendencia a ser fuerte con los débiles, pero débil con los fuertes, privilegios para los poderosos y ley a secas para los débiles. El peor de los mundos.

  1. Andrés Manuel López Obrador anunció que tendrá un Consejo Asesor de empresarios, entre los que están los Bernardo Gómez, hombre fuerte de Televisa y Ricardo Salinas Pliego dueño de TV Azteca, el llamado Duopolio televisivo como siempre se acomoda no importa quien gane la presidencia, ¿De veras esa es cuarta transformación? Además los integrantes de ese Consejo son todos hombres, al más viejo estilo las mujeres brillan por su ausencia.

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Morena y el arrebato de los medios públicos

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Sin Embargo – Gabriel Sosa Plata

En el Senado ya se encuentra la reforma que coloca en la esfera de la Secretaría de Gobernación (Segob) la provisión del “servicio de radiodifusión pública a nivel nacional”, lo que es totalmente inaceptable en un Estado democrático, y es contrario a los derechos de expresión e información y los estándares internacionales de derechos humanos. El Gobierno no debe controlar a los medios públicos.

Hasta ayer por la tarde, la bancada de Morena parecía estar dispuesta a aprobar dicho cambio que se incluye en la minuta de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, luego de su aprobación en la Cámara de Diputados. Para ello, este martes fueron convocadas las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos. Hay prisa para aprobar el dictamen. El próximo Gobierno tiene el propósito de iniciar sus funciones con la nueva estructura.

Desde la semana pasada, las voces de descontento por ese arrebato regulatorio se han incrementado.

Ayer, una importante cantidad de organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas vinculadas a la comunicación y los derechos humanos, académicos, periodistas, especialistas, cineastas y artistas expresaron a través de un posicionamiento público, que “la participación de Segob en la regulación de los medios es una de las herencias más lamentables de un pasado antidemocrático y autoritario que debe de cambiar de inmediato”.

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¿Medios de “Estado” o de medios públicos?

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Excélsior – Alicia Salgado

La semana pasada, como parte del Dictamen de Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal aprobada en la Cámara de Diputados, bajo la coordinación del morenista Mario Delgado, se decidió incluir en la fracción VIII del artículo 27 en la minuta, que la Secretaría de Gobernación, que estará a cargo de Olga Sánchez Cordero, será facultada para “proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional, así como autorizar y evaluar los programas de comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”.

Esto implica un cambio sustancial en la política de comunicación pública, porque el control de los medios públicos (léase Notimex, Canal 11, Canal 22, Televisión Educativa, Imer y Radio Educación) no implica el remedo de la BBC de Londres, como se ha dicho, sino la decisión de “tener un multicanal de medios formales para la comunicación del gobierno” para enfrentar a lo que el Presidente estadunidense Donald Trump ha denominado #FakeNews, o lo que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como prensa fifí. En ambos casos, el argumento y la crítica se consideran ataques.

La realidad no ha sido distinta. Los gobiernos anteriores han tenido el control de esos medios públicos y no han sido tampoco fuente de contenidos para mejorar la calidad de vida de la población, de hecho, sus contenidos son pobres, sus presupuestos raquíticos y los administran amigos o cercanos pero, a la luz de su adscripción en la Segob, pareciera que los intentan ratificar como medios gubernamentales, no públicos. De hecho, en la Reforma de Telecomunicaciones de 2013, fue uno de los elementos de mayor discusión, y fue desde el Senado que el PT y el PRD, cuya gran mayoría se sumó a Morena, que cuestionó y se sumó a la sociedad para que el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) fuera un organismo descentralizado y no sectorizado, con autonomía operativa, de decisión y gestión, para proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro.

Pero la nueva intención es relevante porque fue la clara intención del grupo de hacerse de su “grupo de medios” gubernamental. La intervención que tuvo la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, en el Encuentro Nacional con Líderes del Movimiento Nueva Esperanza, el pasado 18 de noviembre, en los últimos párrafos de su discurso establece: “Nuestra obligación… es desplegar una estrategia de comunicación directa con la población, de boca a boca, por todos los medios a nuestro alcance, para que la guerra mediática contra nuestro proyecto democrático no impida el consenso social.

“La estrategia de las élites, que instrumentan a través de los medios de comunicación, a raíz de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, es para debilitar a López Obrador y a la coalición Juntos Haremos Historia…

“Nosotros como líderes debemos impulsar una batalla por la verdadera información… un plan para comunicar adecuadamente y hacer un análisis que descubra los subterfugios discursivos que buscan desvalorizar nuestro proyecto… nuestras culturas, nuestros métodos democráticos de consultar…”.

“…debemos crear medios públicos de la población y para la población, a la par que se fortalece la labor de las redes sociales, la prensa escrita, los documentales, las revistas y herramientas mediáticas al servicio de los ciudadanos, de la democracia y la lucha por la justicia social”.

Estos párrafos, acortados por mí, muestran que el objetivo de integrar al grupo de medios del gobierno, con varios canales de salida, es de propaganda gubernamental, no de formación de opinión pública con información veraz y oportuna para todos y de todos los temas. Justo el 1 de noviembre, leí un artículo de la BBC, Beyond Fake News: why the World Service is putting a spotlight on distortion and manipulation, de Mary Helly, subdirectora editorial de Noticias.

En éste se intenta identificar con claridad qué son las noticias falsas o #FakeNews, en un medio no gubernamental que tiene radio, televisión, área de documentales, agencia de noticias, como parte de un esfuerzo de mayor alcance que permite utilizar la amplia plataforma de que disponen, incluyendo a sus investigadores, para “ir más allá” de las falsas noticias y revelar lo que encierran, ocultan o buscan.
Beyond Fake News Season es la plataforma, y considera que el término falsas noticias se ha convertido en un “arma”, se ha vuelto contencioso e inclusive tóxico. En la BBC lo definimos como: “falsa información publicada (hecha pública) deliberada e intencionalmente y compartida para obtener ventajas privadas o ganancias políticas”.

Dicen que se revisará en el Senado la minuta relacionada con el control de la radiodifusión pública por la Segob, como ahora se pretende revisar en Diputados la de la Fiscalía. Me parece que será un ejercicio de ficción, porque la realidad está a la vista y no será la construcción de un conglomerado exitoso y prestigiado por su calidad e independencia del gobierno. Como le comenté arriba, el artículo 6º Constitucional, apartado E, fracción V, establece que el SPR fuera un organismo autónomo y no sectorizado, por lo que ante la afirmación de #AMLO de no dar entrada a violaciones a la constitución, ahora ¿dará su aval para crear el grupo de medios del Estado mexicano, subordinado a la Segob? Veamos qué sucede en la discusión legislativa y mediática esta semana.

DE FONDOS A FONDO

#El IFT modificó y aprobó las condiciones de los Convenios Marco de Interconexión (CMI) presentados por Telmex, Telnor y Telcel, el Grupo de América Móvil, dirigido por Daniel Hajj, en su calidad de integrantes del Agente Económico Preponderante (AEP) en telecomunicaciones, los cuales serán aplicables del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

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