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IFT y Cofecea la congeladora

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El Universal – Irene Levy

Hoy es el último día para que los aspirantes a comisionadas y comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, envíen sus documentos al Comité de Evaluación para ocupar la plaza que quedará vacante en febrero de 2019 y existen muchas preguntas en el aire sobre qué pasará con estos nombramientos, y en general con estos organismos, aquí le cuento. Como usted sabe, ambos órganos fueron creados en 2013 mediante una reforma constitucional, por naturaleza son autónomos, es decir, no dependen de ninguno de los tres poderes, al igual el Banco de México o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Son órganos colegiados que toman las decisiones a través de un pleno compuesto por siete comisionados. Aunque los nombramientos son por nueve años, se han hecho desde el inicio de forma escalonada a fin de que cada año cambie uno de ellos.

¿Cómo se nombran los comisionados? El procedimiento está establecido en la propia Constitución: el Comité de Evaluación, integrado por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publica la convocatoria y las personas que hayan acreditado los requisitos pueden presentar un examen de conocimientos. Posteriormente, el Comité envía una lista de entre tres y cinco aspirantes con las calificaciones aprobatorias más altas al Presidente de la República, este elige un nombre y lo propone al Senado quien debe ratificarlo o rechazarlo por el voto de las dos terceras partes dentro del plazo improrrogable de 30 días naturales a partir de recibida la lista. Este procedimiento se repetirá las veces que sea necesario si se producen nuevos rechazos hasta que sólo quede un aspirante aprobado por el Comité de Evaluación, quien será designado comisionado directamente por el Ejecutivo.
Según el calendario publicado por el Comité, a más tardar el 20 de diciembre de este año, se enviará la lista de nombres al Presidente de la República, que ya será López Obrador. Pero existen diversos “fantasmas” que nos dejan pensar que esto no será tan terso, veamos algunos posibles escenarios:

1. La congeladora. No existe plazo que obligue al Presidente a elegir un nombre de la lista que le entrega el Comité, con lo que bien podría López Obrador mandarla a la congeladora o rechazar toda la lista y mantener los organismos con seis integrantes, que en el caso del IFT serían seis hombres, hasta en tanto defina qué hacer con ellos. No hay que olvidar que al presidente electo no le encantan organismos autónomos.

2. Modificación constitucional. La “cancelación” de la reforma educativa, uno de los cambios que ha asegurado ya López Obrador que vendrá, traerá como consecuencia que desaparezca el INEE, miembro del Comité de Evaluación, y con ello se desarticule el futuro proceso de nombramiento de comisionados pues el comité no podría instalarse, a menos que esto lo ajusten al cambiar la Constitución. Ahora bien, como la reforma educativa requiere modificación constitucional, podrían aprovechar para “meterle mano” al diseño del IFT y de la Cofece, e incluso desaparecerlos.

 

3. Comisionado afín. Si se inscribieron al proceso algunas personas que gusten al nuevo gobierno (recordar que los poderes Ejecutivo y Legislativo ahora no son contrapeso), podría entonces quedar una de ellas. Este es el escenario que veo menos probable por dos razones; primero, porque no creo que estén ya tan articulados en el nuevo régimen y, segundo, porque dudo que López Obrador elija legitimar este proceso en órganos peñistas (creados por durante el gobierno de Peña Nieto, no piense usted mal).
Lo que le aseguro es que este tema no se encuentra dentro de las prioridades del nuevo gobierno, con lo que, de las tres opciones que le planteo, me parece que la más probable será la primera en el corto plazo: la congeladora. Y aunque los organismos pueden seguir funcionando con menos comisionados, lo interesante será el mensaje que se estará mandando en materia de organismos autónomos en general, y en particular a los sectores de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica.

EN LA SOBREMESA. Derechos por espectro. Hablando de cambios, uno que debería estar en la agenda de la nueva legislatura en materia de telecomunicaciones, es el replanteamiento del pago de derechos anuales por el uso del espectro radioeléctrico, que es muy alto en nuestro país. Ha sido una demanda de la industria por muchos años, pues se trata de recursos adicionales a los que se determinan como contraprestación en las licitaciones de espectro, es decir, a los que fija el mercado, y que las empresas podrían destinar, por ejemplo, a un mayor despliegue de infraestructura o mejorar la calidad en la prestación de los servicios. Es necesario que se analice este tema pronto, pues el paquete presupuestario está a días de ser presentado; por fortuna Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda, conoce muy bien el sector y en concreto este asunto.

¿Regalo a Televisa y a Azteca? Se filtró la información de que el IFT acaba de prorrogar por 20 años más las concesiones de estas empresas para que operen sus canales abiertos de televisión hasta 2041. No se han dado a conocer los pormenores de este asunto, y aunque esto es práctica común del instituto quien no publica nada antes de notificar a las partes, este tema ha levantado mucho polvo, ese polvo que nos recuerda, no sin justificación, los comunes regalos de final de sexenio sobre todo tomando en cuenta que aún faltaban tres años para que vencieran los plazos de las concesiones y que se resolvió a un mes de que concluir el sexenio de Peña. En todo caso, habrá que esperar para conocer el contexto y las condiciones de las prórrogas antes de pronunciarnos.

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Dos favores a Telmex

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La Razón – Roberto Garcia Requena

De acuerdo con un comunicado del sindicato de Teléfonos de México (Telmex), el pasado 11 de enero se instaló una mesa intersecretarial a fin de detener la separación funcional de Telmex, mandatada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) hace un par de años.

En dicha mesa están sentados la empresa y los titulares de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú. Tuvieron la gentileza de convidar al IFT, órgano regulador del sector.

Sin meterme al detalle de qué es lo que implica la separación funcional de una empresa, en este caso la resolución fue ordenada por el órgano regulador en la materia, como medida para disminuir el poder de mercado del agente económico preponderante; a la postre Telmex, como proveedor de servicios de telefonía fija.

Lo que es de llamar la atención es que el sindicato anuncie una mesa intersecretarial con estas tres dependencias, cuando ninguna de ellas tiene absolutamente ninguna facultad en el tema. El IFT, como órgano constitucional autónomo, es la única entidad que tiene las atribuciones en materia de telecomunicaciones y competencia en este sector para dictar medidas regulatorias. ¿El IFT no tiene nada que decir al respecto?

Por lo que cualquier decisión que se tome en esa mesa carecerá de toda validez legal. Ya me había referido en esta misma columna respecto al desdén que muestra el gobierno entrante con los órganos autónomos, Pero de ahí a que centralmente quieran empezar a regular es otra historia. Tendrán primero que legislar, desaparecer a los reguladores, y volver a centralizar la toma de decisiones.

Sería un grave retroceso, y significaría regresar al esquema en que las decisiones regulatorias, de carácter técnico, las tome el gobierno con tintes políticos e influenciadas por el poder económico

En otra de Telmex. Como si lo anterior no fuera suficiente para beneficiar a esta empresa, hace unos días el gobierno de la CDMX suscribió un convenio con Telmex que “logrará para 2019 un ahorro total de 307 millones de pesos”, según el comunicado, en dos programas: Ciudad Segura y Ciudad Digital.

Ciudad Segura arrancó en 2010 y en la actualidad cuenta con 15,310 cámaras de video vigilancia. Ciudad Digital, es toda la provisión de conectividad y telefonía para dependencias y espacios públicos de la CDMX.

El asunto es que este convenio se adjudicó directamente. Sin mediar licitación que les diera oportunidad a otros operadores de presentar propuestas posiblemente más competitivas.

Roberto García Requena

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Desmiente IFT cifras de López Obrador

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Excélsior – Maricarmen Cortés

En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador confirmó la suspensión de la red troncal de fibra óptica y aseguró que las bases de la nueva licitación podrían estar listas en febrero, y que incluirán la obligación de ofrecer internet gratuito. Aseguró que, a pesar de la Reforma de Telecomunicaciones, hay un gran retraso porque —dijo— sólo el 25% del territorio nacional tiene conectividad.

El IFT, que preside Gabriel Contreras, aclaró que a nivel internacional, la medida utilizada para medir la conectividad es con base en la población y no al territorio nacional. Al cierre de junio de 2018, la cobertura nacional de telefonía e internet móvil corresponde al 88.4% del total de la población en 3G y a 84.1% en 4G.

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Conectividad, más allá de la fibra óptica de CFE

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La Crónica de Hoy – Claudia Villegas

Para cerrar la brecha digital, será necesario no sólo contar en tiempo y forma con la licitación de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sino registrar todas las inversiones prometidas en este sector. Telmex, el agente preponderante en el sector de las telecomunicaciones, tiene —por cierto— un tema pendiente en materia de la comunicación de muchas zonas rurales del país. Ése era uno de los compromisos del título de concesión. Fue, además, en 2016 cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) le refrendó a Telmex sus concesiones sociales pues en ese momento más de 3 mil 835 comunidades sólo contaban con la comunicación que les proporcionaba la empresa telefónica de América Móvil.

El presidente López Obrador ha dicho que la conectividad en México es todavía un objetivo a alcanzar y que le preocupa que sólo se encuentren comunicadas las cabeceras municipales en el país. El tema cobra relevancia porque el gobierno federal necesita entregar las transferencias de recursos que forman parte de su programa de subsidios para grupos vulnerables de la población, como adultos mayores, jóvenes y personas con capacidades diferentes. La entrega de efectivo no es una opción y varios bancos ya están en la lista de intermediarios interesados en participar en la distribución de fondos a través de tarjetas y cajeros automáticos. El llamado Banco del Bienestar también contará con una nueva cadena de sucursales con el propósito de apoyar la ejecución de esta política pública. Para ello, evidentemente se necesita conectividad.

En el IFT consideran que si bien los recursos de la red de CFE son importantes (más de 25 mil kilómetros) tampoco resuelven por sí solos el problema de comunicación del país, a pesar de que el 95% de la población ya está comunicado gracias al auge de los dispositivos móviles. La brecha digital también debe ocuparse de retos como el de la conectividad para grupos como las mujeres indígenas o adultos mayores, que recién viven la era de las telecomunicaciones. Sin embargo, la propuesta de López Obrador al referirse a la red de la CFE y a su licitación  es que las compañías beneficiadas por estas concesiones y que estén dispuestas  a invertir en este sector, otorguen internet gratuito en lugares públicos y carreteras. Sería una especie de aportación social para lograr la conectividad hasta el último rincón del país. Ahora, la nueva fecha para acelerar el proceso de licitación de esta red de CFE se ha fijado para febrero próximo.

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