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AMÉRICA LATINA

ENACOM impulsa colocar antenas en espacios públicos

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El Diario de la Pampa

En la misma línea de la ordenaza exprés de Altolaguirre que el Concejo tuvo que derogar, los funcionarios del gobierno nacional pretenden que se remueva la prohibición actual de usar las plazas y espacios verdes de Santa Rosa para el negocio de las empresas de comunicaciones.

Los funcionarios del Ente Nacional de Comunicaciones propusieron este miércoles durante un plenario de comisiones de concejales santarroseños que se habilite la colocación de antenas en espacios públicos como una forma de mejorar el  servicio. El delegado local, Lipe Helt, y el funcionario nacional Mariano Suriani, defendieron esa postura y confiaron que el gobierno nacional invita a municipios y provincias a sumarse a esa propuesta. Les reclamaron a los concejales que “tienen que brindar las condiciones para que las tres empresas, Claro, Movistar y Personal, puedan invertir, para que haya una competencia verdadera e igualdad de oportunidades”.

En Santa Rosa una ordenanza aprobada en tiempo récord el pasado 13 de setiembre, y que abría los espacios verdes y públicos de la ciudad para la colocación de antenas de telefonía, fue derogada un mes después ante la reacción de la Cooperativa Popular de Electricidad, de otras instituciones del medio y la movilización de los vecinos. La modificación era a pedido del Grupo Clarín, que el mismo día de la aprobación de la ordenanza había solicitado suministro de energía eléctrica para colocar torres en once puntos estratégicos de la ciudad. También perjudicaba a la CPE, que preptende acceder a una licencia y, así, quedaba en inferioridad de condiciones para prestar el servicio.

Los funcionarios del ENACOM inauguraron este miércoles la ronda de consultas iniciada por el Concejo Deliberante para, después de la polémica, actualizar la ordenanza que regula las antenas. El intendente Leandro Altolaguirre ya reveló que insistirá con la idea de levantar la prohibición de utilizar espacios públicos como localización de esas torres.  La semana que viene las autoridades de la CPE participarán de las consultas en el Concejo.

“Antenas amigables”

En principio, este miércoles el representante del gobierno nacional planteó que a través del Decreto 798/16 se invitó a que los Gobiernos Provinciales y Municipales pongan a disposición los espacios públicos como una  forma de “mejorar el servicio”. Suriani  citó como ejemplo Rosario, que tenía dificultades para la prestación del servicio en toda la costa del río Paraná porque no se instalaban antenas “a pesar de tratarse de un lugar muy concurrido por los jóvenes, las familias, que quedaban sin servicio”.

Suriani lleva adelante la campaña “Antenas Amigables” en todo el país y es integrante de la Dirección de Usuarios y Delegaciones de ENACOM.  Explicó que asesoran a 600 municipios y enfatizó que “si hay más antenas, hay más comunicación y más seguridad”.

“Santa Rosa necesita más antenas y toda Argentina necesita más antenas”, insistió. Y apuntó que, como “el espectro radioeléctrico es un recurso finito, debe ser regulado por el Estado” bajo el concepto de que “la telefonía móvil es una política de inclusión”.

El funcionario macrista  en el plenario advirtió que “como concejales tienen que brindar las condiciones para que las tres empresas, Claro, Movistar y Personal, puedan invertir, para que haya una competencia verdadera e igualdad de oportunidades”. “Esto no es una opción de las empresas, invertir es una obligación, hay un contrato que tienen que cumplir. Ese contrato indica que hoy Santa Rosa tiene que tener servicio 4G en toda la ciudad”, apuntó.

Falta de inversión

Respecto a las inversiones, el representante de ENACOM precisó que el 40% de las inversiones de las empresas está en Buenos Aires, el 10% en Córdoba, el 7 % en Santa Fe y La Pampa tiene solamente el 0,4%.

En ese sentido, los concejales Marcos Cuelle, Félix Villatoro y Claudia Giorgis, del FrePam, y Araldo Eleno, del PJ, plantearon que la condiciones para invertir en la capital pampeana están dadas y sino llegan es por responsabildiad de los prestadores.

“¿Quién controla a las empresas que no invierten?”, le preguntaron. Entonces Suriani admitió que esa responsabilidad es del gobierno nacional, aunque admitió que hay retrasos. Propuso como solución “el diálogo entre los municipios, las empresas y el ENACOM”.

Por otro lado, los concejales pidieron al ENACOM que brinde la información de las antenas instaladas al Municipio y que ejerzan el control porque detectaron “varias antenas ya instaladas en Santa Rosa sin ningún permiso otorgado”.

Salud

Además, Suriani descartó que las antenas tengan alguna consecuencia negativa en la salud, según estudios de la Organización Mundial de la Salud. Describió la función de los actuales celulares que utilizan internet de manera permanente, irradiando, pero con equipos homologados, y detalló los equipos y formas de control que llevan adelante.

“Desde ENACOM controlamos los niveles de emisión de las antenas para que no superen los límites permitidos por la OMS y también verificamos que los equipos sean homologados, modernos y seguros”, aseguró. “En 3G hablamos por celular y en 4G utilizamos la banda ancha, para la cual cada año se duplica su demanda. Si no nos adaptamos, el sistema colapsa”, advirtió.

CPE

Finalmente, el funcionario del ENACOM no se refirió al reclamo de la CPE de acceder a una licencia para operar con telefonía celular. En cambio, refirió que actualmente está autorizada a participar del sistema de operador móvil virtual,  a través de un convenio con las multinacionlaes que operan el servicio.“Es un negocio de nicho, en la Argentina todavía no se desarrolló como en otros países del mundo. Colo Colo tienen su propio teléfono móvil por ejemplo”, citó.

“En el caso de la CPE, en el futuro, cuando cierren su acuerdo con CATel, ya podrán hacerlo de esa manera o bien por el sistema de fibra óptica”, indicó. “Con el despliegue de fibra óptica que ya tiene la cooperativa, puede prestar el servicio de telefonía celular de esa manera”, aseguró.

Finalmente, sobre el uso compartido de las antenas dijo que “en todos los casos las empresas priorizarán compartir las estructuras para reducir costos. Desde la legislación hay que brindarles la posibilidad de que lo hagan sin caer en la obligación de que las compartan, sí o sí, ya que eso podría ser perjudicial en tanto que cada una deberá evaluar la conveniencia, sobre todo porque ya tienen instalaciones realizadas”.

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AMÉRICA LATINA

Panamá tiene condiciones superiores en la región para funcionar como Hub Digital

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El Capital Financiero-Violeta Villar Liste

“Imagina la sociedad en la que quieres convertirte”. Es una frase que dicha por Dan Breznitz equivale a convertir la tecnología en aliado del desarrollo de los países.

Profesor y catedrático de Estudios de Innovación en la Universidad de Toronto(Canadá), es también experto en industrias basadas en la innovación rápida.

Ahora se encuentra en Panamá como consultor del proyecto Panamá Hub Digital, estrategia que aspira a definir el desarrollo del sector de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para los próximos diez años como parte de un esfuerzo público y privado.

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y la Cámara Panameña de Tecnologías de Información, Innovación y Telecomunicaciones (Capatec), lideran este proyecto, con el apoyo, entre otros, de Fundación Ciudad del Saber (CDS) y la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).

Eli Faskha, presidente de Capatec, explicó que Breznitz es experto en determinar cómo el apoyo gubernamental afecta las industrias de tecnología en diferentes países.

De hecho, ha escrito varios libros comparando las experiencias de Singapur, Taiwan e Israel, entre otros países, cada uno con políticas y resultados distintos. Al respecto, en Panamá, a partir del diagnóstico, le corresponderá ofrecer recomendaciones.

El experto, quien también está evaluando los avances del país y se ha reunido con diferentes actores en esta materia, fue el expositor principal del último desayuno del año de  Capatec.

Explicó que diseñar una política de innovación debe considerar la realidad global cambiante, las características del mercado, habilidades y capacidades.De igual modo, es necesario comprender las fortalezas particulares.

Advirtió que los cambios no suceden de la noche a la mañana: el tiempo es un factor a considerar.

Al conversar con Capital Financiero, señaló que Panamá tiene varias condiciones para funcionar como Hub Digital: cuenta con una infraestructura apropiada y, aclaró, no es solo el Canal.

Dijo que ha estado en Argentina, Chile, Uruguay y Colombia y la infraestructura digital de Panamá es superior a la de estos países.

Otras fortalezas que destaca el especialista son los sistemas financiero y legal. “El capital humano es bastante bueno; como prioridad sería mejorarlo todavía más.

“Esa mejora no es solo en las capacidades técnicas o de ingeniería, sino en cómo vincular un negocio a la tecnología”.

Dan Breznitz

El catedrático considera que en este proceso el soporte del Gobierno resulta fundamental porque se requiere un tiempo para crecer.

Observa que las personas con capacidad de hacer un cambio en la industria de la tecnología pueden conseguir un trabajo bien pagado y cómodo y olvidarse del riesgo que esto supone.

Pero si se les ofrece estabilidad y soporte podrían acompañar estas grandes transformaciones que a futuro harán la diferencia.

Y la diferencia se llama innovación.

Breznitz explicó que estas empresas de tecnología derivan en empleos mejores pagados y mas competitivos que dan soporte a la economía y generan una comunidad que ayudará a crecer a quienes también apuesten por esta visión de futuro.

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AMÉRICA LATINA

Los principales reparos al proyecto de modernización TIC

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El Tiempo

El dato no lo discute nadie: Colombia tiene una penetración de internet del 61 por ciento, lo que según el MinTIC representa alrededor de 20 millones de nacionales sin acceso a la red. La ministra de esa cartera, Sylvia Constaín, señaló, en entrevista con EL TIEMPO, que sin un cambio de reglas tomará veinticinco años cerrar la brecha digital.

Pero el proyecto de ley 152 (PL152), que llegó al Congreso con mensaje de urgencia, ha despertado recelo entre quienes ven en él una concentración de poderes en el Gobierno, un marco exageradamente complaciente con los operadores privados, un riesgo para el futuro de la radio y la televisión pública y, sobre todo, un inexplicable afán por obtener su aprobación sin lo que consideran es el grado suficiente de deliberación.

“La conectividad es una prioridad para el Gobierno, para el país para todos los colombianos que no están conectados. Seguimos comprometidos con tener unas condiciones mejores, cada día que pasa es un día que no damos a los colombianos la posibilidad de tener mejores oportunidades de emprendimiento y equidad”, dijo la ministra a la salida del primer debate. En ese, como en cada escenario, ha repetido y repetido un lema que ya suena a mantra: “Este Gobierno quiere conectar al país y conectarlo bien”. 

El alto consejero para la Transformación Digital, Víctor Manuel Muñoz, ha descrito al proyecto de ley como nada menos que “fundamental” porque, dice, “permitirá reactivar la inversión en el sector y alcanzar cobertura en zonas en las que hoy no la hay”.

Es algo que celebran voces como la de Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), para quien este “es un proyecto que va a generar un ánimo óptimo para que las inversiones lleguen a las áreas más remotas de Colombia”.

Es un proyecto que va a generar un ánimo óptimo para que las inversiones lleguen a las áreas más remotas de Colombia

Los reparos al proyecto se centraron, al principio, en la idea de que de él emane un regulador convergente para el sector TIC que se encargaría de lo relacionado con la televisión, las telecomunicaciones, el internet y la radio. El rechazo no es tanto al concepto, que no es nuevo, ni exclusivo de Colombia, sino al hecho de que según lo planteado el máximo órgano rector de ese renglón, responsable entre otras cosas de sanciones y reglamentaciones, sería excesivamente cercano a la esfera de influencia del Ministerio y del Gobierno.

La propuesta inicial contemplaba cinco comisionados con periodos fijos de cuatro años: dos elegidos directamente por el Presidente de la República; otros dos, mediante convocatoria pública; y uno en representación de los canales públicos de televisión. 

Pero la semana pasada se acordó un cambio que dejaría su composición así: un representante de los canales regionales, un representante del Presidente, dos personas escogidas por convocatoria pública y el Ministro TIC. 

La ministra Constaín ha elogiado el carácter técnico de la Comisión, en tanto que algunos sectores han criticado la falta de perfiles asociados a la producción de contenido o con experiencia en temas de derechos humanos.

Santiago Rivas, presentador de Los Puros Criollos, uno de los espacios más premiados de Señal Colombia y, de hecho, de la televisión colombiana, dijo: “Queremos un regulador convergente, pero uno que no esté anclado en el gobierno, que no esté compuesto solo por abogados, ingenieros, administradores y economistas, sino que sea un comité de regulación de gente que sepa sobre contenidos. Eso evidencia en qué se van a gastar la plata, están quitando dinero a contenidos para reforzar infraestructura”.

El proyecto también ha recibido cuestionamientos respecto a la posibilidad de que se disminuyan los recursos para la financiación de la televisión pública en el país. 
Rivas ha sido particularmente vocal en sus críticas por este aspecto. En charla con EL TIEMPO, dijo: “Lastimosamente, nos hemos acostumbrado a que en Colombia se legisla para los privados. Enarbolando una causa justa, que en este caso es la conectividad y el refuerzo de una infraestructura, se termina dando pie para que otras causas injustas se posicionen dentro de la legislación, que queden en papel y amparadas por los votos de los congresistas”.

“La cosa es que una internet sin independencia, sin neutralidad no es internet. Si el lobby viene desde Facebook, desde Google, desde Apple, desde las grandes empresas que están manejando capitales en internet, lo que estamos haciendo es arriesgar el futuro de la televisión comunitaria, de la radio digital, de los youtubers, de los creadores independientes de contenido, que no dependen de intermediarios”, agregó.

Yohai, por el contrario, cree que el proyecto “va a beneficiar la televisión pública fortaleciéndola y garantizándole recursos que hasta el momento jamás se le han garantizado para proteger ese patrimonio nacional que son los contenidos regionales”.

Un proyecto que no se discute rigurosamente y que no tiene la voz ciudadana, es un proyecto que probablemente sea inconveniente, carezca de legitimidad y debilite la democracia deliberativa

El senador Antanas Mockus le pidió a la Ministra, en una carta pública, que se dedique más tiempo para el debate de la iniciativa. “Un proyecto que no se discute rigurosamente y que no tiene la voz ciudadana, es un proyecto que probablemente sea inconveniente, carezca de legitimidad y debilite la democracia deliberativa”, adujo Mockus.

Es una inquietud que comparte el periodista Daniel Coronell, para quien preocupa que “el Gobierno se ha propuesto sacar esto a toda marcha, ‘ferrocarrilearlo’, tratando de armar unas mayorías sin considerar la visión de todos los sectores implicados en una decisión tan importante como esta”.

“Pienso que es un tema importante, pero que hay cosas que sí son prioritarias: la hambruna que padecen los niños en La Guajira, las condiciones de la inmigración venezolana… son cosas más importantes y urgentes y no reciben mensaje de urgencia. Estos trámites afanados, en donde quieren aprobarnos una ley a los trancazos mientras suenan los villancicos, buscan aprovechar la temporada de diciembre para que esto pase volando y calladito y no se vea qué es lo que está pasando”, indicó.

El Gobierno se ha propuesto sacar esto a toda marcha, ‘ferrocarrilearlo’, tratando de armar unas mayorías sin considerar la visión de todos los sectores implicados

¿Beneficio a privados?

Pero los cuestionamientos más fuertes vienen de parte de quienes creen que el proyecto de ley favorece de manera descarada los intereses de actores privados como canales de televisión y cableoperadores. La ministra Constaín no ha ocultado que las nuevas reglas de juego buscan hacer atractiva la inversión de capitales privados, pero eso no ha evitado señalamientos por propuestas incluidas en el documento como la de renovar el plazo de los permisos para el uso del espectro radioeléctrico hasta por 30 años. En un cambio acordado durante el debate, se rebajó esa cifra a 20 años. Constaín ha dicho que 20 o incluso 30 años no es un plazo largo “si se considera todo lo que falta por conectar”.

No lo cree así Coronell, para quien “se están buscando grandes rebajas en los costos de los grandes operadores, por ejemplo, de la televisión por cable, y esta es una norma con dedicatoria propia, para favorecer a Carlos Slim y sus intereses en Colombia”. 

Aclarando que habló a título personal y no en representación de ese canal, agregó: “Se están cambiando las condiciones de competencia en la televisión abierta, dándole a Caracol y RCN unas ventajas competitivas que en la práctica sacarían del ‘ring’ al Canal Uno”.

“Bajo las reglas actuales, Caracol y RCN están pagando un precio fijo por la concesión. Es el caso también del Canal Uno, que está pagando por una concesión de espacios y no de frecuencias”. Con la aprobación de la ley, añadió, “Caracol y RCN recibirían el doble del espacio de la concesión (20 años) y ya no se calcularía como un precio fijo, sino como un porcentaje de la publicidad. Entonces, si uno de los actores, que casualmente es el más débil, tiene que pagar un precio fijo y en menos tiempo, pues es mucho más difícil que pueda armar un esquema de negocio que le permita sobrevivir, cuando tiene a los más fuertes con ventajas por parte del Gobierno”, dijo. 

Al respecto, Rivas apuntó: “¿Qué papel cumple la televisión privada? Ellos quieren pagar menos plata. Si ganan menos, pagan menos, porque no hay una cuota fija sino un porcentaje. Un porcentaje que a nosotros nos parece justo y que es una pequeña parte del capital que ellos tienen y que sirven para que la televisión pública pueda seguir siendo una alternativa, complementaria a las otras que existen”.

La ministra Constaín no acepta que se trate de “ahorrarles” plata a empresas privadas. Para ella el PL152 se trata de un proyecto marco para todo un sector que apunta a modernizar el sector de la televisión como a otros sectores y es enfática en que “nadie está regalando absolutamente nada”.

El realizador concluyó: “No somos enemigos de la televisión privada. Nos conviene que le vaya bien para que podamos seguir haciendo lo que hacemos. (…) La conectividad es importante, eso está claro. Ya que están llevando cables a La Guajira, aprovechen y lleven comida, pues hay niños muriéndose de hambre. Hay cosas más urgentes y este, que es un tema importante, y que precisamente por lo importante no debería ser tratado con urgencia sino al contrario con una concertación más amplia. Obviamente la conectividad es buena, pero si no hay contenidos eso solo son cables y antenas. Y se van a gastar la plata en cables, antenas y satélites que no tienen nada que mostrar y nada que decir salvo lo que un organismo de regulación enclavado en el Gobierno quiera que se diga”.

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Telefónica propone revisar el marco regulatorio vigente

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El Comercio-Marcela Mendoza Riofrío

Christoph Steck, director global de políticas públicas de Telefónica, recomendó a las autoridades peruanas dejar de estar aletargados y empezar pronto a debatir y diseñar el nuevo marco regulatorio que exige la era actual.  

No estamos en una “era cambiante” sino que “vivimos una nueva era” y eso demanda replantaer las normas vigentes, que fueron diseñadas 25 años atrás, pensando en otro tipo de tecnologías y negocios, remarcó.

En la presentación del Pacto Digital de Telefónica se estableció cuál es la definición de datos sensibles que ameritan una protección especial.

No pueden seguir existiendo en el mundo competidores  (OTT) que no tienen ningún control mientras las telcos estan sobrereguladas, acotó. ” Un nuevo mundo y una nueva industria requieren nuevos lineamientos sin asimetrías, como vemos aun persisten en la mayoría de países”, dijo.

La nueva ley de telecomunicaciones que se está diseñando hoy en el Perú, agregó, debe tomar en cuenta que los datos (Internet) constituyen el mayor volumen en las redes y requieren una regulación distinta a la que rige para la voz.

Steck remarcó que las nuevas leyes deben proteger los datos personales sin afectar la flexibilidad e innovación y permitiendo que se fomente la inversión privada, pues ese es un gran desafío por cubrir en la región. “Hay que resguardar a la persona de la digitalización y los cerebros artificiales”, dijo.

GRACIAS A LA CUARTA REVOLUCION INDUSTRIAL, EL 65% DE LOS NIÑOS TENDRÁN DE ADULTOS TRABAJOS QUE HOY NO EXISTEN. DE HECHO, HOY EL 50% DE LOS EMPLEOS YA PUEDEN SER REALIZADOS EN FORMA AUTOMATICA.

“No solo en Perú, en el mundo entero están dormidos, sin reaccionar y eso nos preocupa. Queremos que se empiece a debatir cómo proteger a las personas de los efectos de la cuarta revolución industrial. Es un gran reto”, señaló.

Agregó que ya no se puede estar pensando en normativas sectoriales, porque el uso de la tecnología y el Internet es transversal a todas las industrias y las normas deben atender esa nueva realidad.  

“Hay que regular actividades, no sectores. Hoy tenemos un caos. Los bancos funcionan en línea y las telco tienen servicios financieros. Y Google también. No podemos tener a unos con muchos controles y a otros con ninguno”, señaló. 

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