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El péndulo viene de regreso

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El Universal – Javier Tejado Dondé

De un “Pacto por México” en donde, en el 2013-14, una coalición de partidos (PRI, PVEM, PAN y PRD) reformaron varias leyes y crearon nuevos organismos especializados —muchos de ellos con autonomía del propio Ejecutivo federal— ahora, otra coalición de partidos (Morena, PT y PES) viene a la inversa, a cambiar leyes y desarticular organismos. Un vaivén que puede ser muy costoso para el país.

Dentro del pacto que lideró el presidente Enrique Peña Nieto se reformaron leyes y surgieron nuevas o reformadas instituciones: el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, entre otros.

Varios de estos organismos fueron literalmente un invento del Pacto por México y en el resto del mundo, varias de las facultades que les cedieron a éstos son inherentes al gobierno en turno, pero en México nos fuimos al extremo en su creación. Aplica que para todo creamos órganos autónomos: una “organititis”. Esta, incluso fue avalada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, institución internacional que se prestó a avalar su creación.

Para el gobierno priísta, la creación de estos órganos no fue en realidad un problema, dado que, con su amplia mayoría legislativa, en la primera mitad del sexenio pudo imponer mayorías en los plenos de estos órganos.

Y ahora que han entendido su misión y empiezan a dar resultados, inicia una corriente contraria para desaparecerlos y/o incorporarlos de nueva cuenta al Ejecutivo federal.

Los primeros en la lista son los organismos especializados en materia energética: las Comisiones Reguladora de Energía y la de Hidrocarburos. Y es que el pasado 18 de octubre varios legisladores de Morena presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para incorporar (sectorizar) ambos organismos a la Secretaría de Energía (Sener) que va a dirigir Rocío Nahle.

Con lo anterior, la autonomía con la que en México se fijaban las políticas energéticas parece tener los días contados.

Le sigue el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pues en la misma iniciativa que presentó Morena hace un par de semanas se plantea que se transfiera a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que va a dirigir Javier Jiménez Espriú, la “política nacional en materia de acceso y uso de tecnología de la información y comunicaciones”.

De acuerdo con la exposición de motivos que presentó el diputado Mario Delgado, las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) son “el conjunto de medios (radio, televisión y telefonía convencional) de comunicación y las aplicaciones de información que permiten la captura, producción,almacenamiento, tratamiento y presentación de informaciones en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética”.

La elaboración por parte de la SCT de una política nacional para el acceso y uso de servicios de radio, televisión, telefonía u otros, implicaría una clara invasión de las facultades conferidas, en 2013, al IFT. Al mismo tiempo, de la transición surgen versiones que apuntan a volver a sectorizar la Comisión Federal de Competencia Económica en la Secretaría de Economía, como era hasta antes de 2013.

Total, que de un Ejecutivo federal que fue cediendo poder y creando organismos especializados para fines regulatorios, tendencia que se acrecentó hace un par de años con el Pacto por México, ahora vamos aceleradamente en sentido inverso.

La pregunta es: ¿cuál es el justo medio? Parece que en México los gobiernos en turno no están preocupados por la eficiencia de estos organismos, sino por el rédito político que les deja: Peña los usó para cimentar su legitimidad y López Obrador, para cimentar su poder. Lo que menos importa son los resultados.

Pero ahora vamos al punto de inicio, hace 30 años, cuando estos organismos empezaron a surgir. Este cambio puede afectar la evaluación que calificadoras internacionales hacen de México, más que la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco.

Así que si se les va a modificar, vale que la nueva coalición gobernante no sólo tenga los votos para ello,que de sobra los tiene. Debe dar una explicación lógica y garantías para que la inversión que está viniendo a México no busque otros destinos.

Una triste conclusión es que tanto el régimen del priato, como ahora el morenismo, privilegian crear instituciones que sirvan a sus fines, y no tanto instituciones que sirvan a un mejor desarrollo del país. El reto que tenemos es consolidar instituciones que perduren más allá del cambio de regímenes y que generen certidumbre. Creo que aún estamos lejos de ello.

Cambiando de tema… *Democracia para niños: el pasado jueves en la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada María del Carmen Carreón presentó un cuento de su autoría titulado: Explorando la Democracia, que por lo que se ve es un esfuerzo importante para trasmitir a los niños y niñas desde temprana edad valores como la democracia, pues ésta es una forma de vida y no una moda.Es de reconocerse esta iniciativa al tratar de acercar temas tan complejos como éste a niños y jóvenes.

 

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Las licitaciones públicas y su impacto en la competencia

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La Silla Rota – Ma. Elena Estavillo

Las adquisiciones de bienes y servicios por parte del gobierno siempre reciben gran atención, principalmente porque involucran un gasto cuantioso de recursos públicos. Por la misma razón deben ser transparentes, objetivas y eficientes.

Precisamente en razón de los objetivos de transparencia, objetividad y eficiencia, es que en los procesos de contratación pública se ha buscado utilizar la licitación como regla general, ya que este mecanismo permite reproducir las condiciones que existirían en un mercado competitivo para que los oferentes se esfuercen para proveer los bienes y servicios con menores precios y mayor calidad.

Licitación

Sin embargo, este resultado sólo es posible cuando existe una competencia genuina donde los competidores actúan de forma independiente y reciben el mismo trato por parte de la autoridad contratante. Para ello, es necesario proteger la competencia durante la licitación mediante reglas que no impidan indebidamente la entrada de competidores, como puede ocurrir cuando se define un plazo muy corto para acreditar los requisitos y presentar propuestas; revisar estrictamente los posibles vínculos entre los interesados en participar; además de vigilar el comportamiento de los licitantes y los resultados obtenidos para detectar cualquier indicio de una colusión.

Generalmente, el objetivo más visible que se persigue en estos procesos es la eficiencia, es decir, lograr el menor costo para el gobierno o, de forma equivalente, obtener los mayores beneficios directos de la contratación, con un presupuesto dado. Para valuar ese fin, la atención se centra en los montos asignados y las cantidades obtenidas, lo que en ocasiones conduce a que se pase por alto que las compras públicas tienen otros impactos que van más allá de los bienes o servicios contratados y del fin concreto que se busca satisfacer en ese momento. Por su magnitud, las adquisiciones gubernamentales pueden incidir en la dinámica de los mercados y en las condiciones generales de competencia.

En algunos casos, la venta de productos y servicios al gobierno requiere cierta especialización y diferenciación que incluso llega a perfilar segmentos separados que pueden configurar mercados por sí mismos. Debido a su especialización, estos mercados se integran con pocos participantes por lo que las condiciones de competencia suelen ser precarias.

Beneficios

Además de buscar un resultado que genere beneficios directos y de corto plazo al Estado es importante asegurar que la contratación no impacte negativamente la eficiencia en los mercados, lo que puede ocurrir cuando se generan barreras para que ciertas empresas puedan competir por las compras gubernamentales, ya sea por introducir requisitos innecesarios a la licitación o por asignar directamente sin acudir a un proceso competitivo. Esto resulta cuanto más delicado, cuando la empresa beneficiada resulta ser el agente económico dominante en el mercado.

Por todas estas consideraciones, preocupa que se siga encontrando razones diversas para evitar la realización de licitaciones en la asignación de contratos de bienes y servicios, o que se hagan procesos apresurados, con restricciones y requisitos que terminan por excluir competidores viables.

En el campo de los servicios de telecomunicaciones se han dado casos recientes que merecen atención, como la licitación del Consejo de la Judicatura Federal en los últimos días del año, sujeta a plazos muy cortos en cada una de las etapas. Otro ejemplo es el contrato otorgado por la Agencia Digital de Innovación Pública de la CDMX de forma directa, sin licitación.

En estos casos, como en otros, existen fundamentos y justificaciones particulares que pudieran explicar en abstracto las restricciones que disminuyen la concurrencia o la excepción al principio de licitación pública, pero lamentablemente el razonamiento no considera los posibles efectos de largo plazo en las condiciones de competencia de los mercados que, al final del día, terminarán por empeorar las condiciones ofrecidas al Estado en procesos de adquisición presentes y futuros.

Si se trata de encontrar ahorros y mejores condiciones, es fundamental entender que estos no pueden venir más que del funcionamiento competitivo del mercado, que es el mecanismo que asegura la mejora continua, disminución de costos e innovación de forma dinámica, es decir, a lo largo del tiempo.

Ahorros

Siempre es posible obtener mejoras estáticas en un proceso de negociación particular, digamos, al negociar un contrato que se asignará de forma directa con un solo proveedor, pero cualquier negociador sabe que, si el punto de partida es desfavorable o no se cuenta con otras alternativas, las ganancias posibles estarán acotadas.

Así, cuando el gobierno de la CDMX habla de los ahorros obtenidos al asignar directamente un contrato, podemos entenderlos quizá respecto del contrato anterior o del punto de partida de la negociación, pero sería difícil sustentar un ahorro respecto de lo que hubiera podido ofrecer otro proveedor bajo el principio de competencia y máxima concurrencia en una licitación. En ese campo sólo estaríamos especulando.

En la decisión tampoco se estaría contemplado el ahorro que es posible propiciar de forma dinámica para futuras adquisiciones, impulsando un mercado de compras públicas más competitivo donde concurran libremente otros proveedores que tengan la oportunidad de desarrollar soluciones innovadoras, con menores precios y mayor calidad, destinadas específicamente para las necesidades gubernamentales.

No se trata de colocarnos en una disyuntiva entre los objetivos sustantivos de las entidades públicas y el de proteger la competencia. Este último no es un fin por sí mismo, sino un poderoso instrumento para asegurar que los recursos de la sociedad -públicos y privados-se usen de la mejor forma, generar los productos y servicios que necesitamos a los menores precios y procurar que los beneficios de los mercados se distribuyan de manera justa.

En el mediano y largo plazos, sólo la preservación de la competencia asegura la innovación, eficiencia y mejores precios para el sector público y los ciudadanos.

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Altán Redes da la bienvenida a nueva red troncal

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Excélsior – Maricarmen Cortés

ALTÁN Redes, que preside Bernardo Sepúlveda, y opera la Red Compartida, aseguró que le da la bienvenida a la Red Troncal que será licitada para incrementar la conectividad en el país, y a cualquier esfuerzo público o privado en el sector de telecomunicaciones que tenga como objetivo cerrar la brecha digital en México.

Añade que la naturaleza y objetivos de la Red Troncal y la Red Compartida son diferentes y no habrá competencia porque la Compartida está enfocada a desplegar un servicio inalámbrico y móvil de telecomunicaciones mientras que la Red Troncal estará enfocada a proporcionar servicio cableado fijo.

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Telefonistas al grito de ¡No Separación Funcional!

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El Heraldo de México – Gonzalo Rojon

Hasta hace unos años, los consumidores mexicanos tenían acceso a servicios de telecomunicaciones a precios, entre los más elevados del mundo.

Resultado de este escenario, en el año 2013 arrancó un proceso de transformación institucional y regulatoria que estableció mecanismos de promoción de competencia. Entre ellas, la aplicación de medidas asimétricas a jugadores que, como lo hizo América Móvil (Telmex/Telcel) en México, han demostrado su capacidad para imponer condiciones de mercado, como altos precios y baja calidad del servicio, en detrimento del bienestar de los consumidores.

Su aplicación ha logrado balancear, escasamente, el terreno competitivo entre los operadores de telecomunicaciones, pero con identificadas ganancias en términos de precios e inversiones.

Sin embargo, la ganancia de unos es pérdida para otros. Esto es especialmente cierto para América Móvil, grupo que vio disminuidos sus ingresos ante su dificultad para cobrar tarifas excesivas y ejecutar estrategias comerciales destinadas a estrangular a sus competidores.

Bajo este contexto, el sexto aplazamiento de la huelga nacional por parte del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) del pasado 16 de enero constituye una etapa más de una estrategia de amedrentamiento regulatorio por parte del preponderante.

Ello, con el objetivo de retornar a las condiciones de mercado que le permitían disfrutar de niveles de rentabilidad mayores incluso a las de sus propias filiales en el extranjero.

No es la primera vez en que un mecanismo de este tipo se ponen en marcha para ejercer presión sobre las instituciones y la regulación que no le resulta favorable. Además de las ocasiones anteriores en las que la amenaza de paro ha sido convocada, basta recordar también las opiniones iterativas vertidas por telefonistas sobre la consulta pública de separación funcional en 2016 donde, a modo de bots, más de 91 por ciento de las opiniones correspondían a comentarios masivos firmados por trabajadores de este operador.

En su más reciente edición, el emplazamiento a huelga en contra de la separación funcional de la división mayorista de Telmex y Telnor funge como una extensión del plazo para una negociación que se perfila peligrosamente en contra de los intereses de los consumidores mexicanos y de lo dictaminado por el órgano regulador autónomo.

Si bien la comisión de trabajo entre diferentes órganos de gobierno y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana está imposibilitada legalmente a decidir algo contrario a lo estipulado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), este ejercicio coercitivo frente al gobierno no puede ser ignorado. Más aún, cualquier ejercicio de diálogo de esta naturaleza debe ser siempre acompañado por la industria en su conjunto, pues su desarrollo futuro es el que está en juego.

Recordemos que, como ya se ha demostrado, la competencia es la clave para incrementar la disponibilidad de servicios y la conectividad, especialmente en la base de la pirámide social.

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