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AMÉRICA LATINA

Telefonía móvil: ¿Qué implica recanalizar y reordenar el espectro?

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EL Comercio-Marcela Mendoza Riofrío

A fines de la semana pasada, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió una resolución en la que se disponía reordenar el espectro que usan los operadores móviles en una variedad de bandas.

¿A qué se referían exactamente y cómo impacta esto en los consumidores? ¿Debe preocupar al usuario final que existan nuevas disposiciones? ¿Afectaría el bolsillo o los volúmenes de tráfico disponibles?

Para poder responder es necesario primero tener bien claro qué es el espectro y para qué se usa. Si comparamos el tráfico de llamadas entre usuarios con la circulación de vehículos en una carretera, el espectro radioeléctrico viene a ser la carretera que tiene a cargo cada operador y por donde circulan los usuarios móviles, es decir los vehículos, a través de bandas de frecuencias.

Cuando un operador ingresa al mercado, como por ejemplo Bitel y Entel en octubre del 2014, pidieron un permiso o concesión para hacerlo. Pero no le basta registrarse en el MTC, necesitan manejar una carretera, es decir espectro. Y para eso o compran a otro operador o concursan por una banda en una licitación.

Para un operador de telefonía móvil el espectro es como el petróleo y vale tanto como el oro, porque sin carretera no tiene como ofrecer sus servicios. Mientras más espacio tenga disponible – más carriles o más autopistas – mejor le irá, porque podrá transportar más usuarios.

Según especificó el MTC antes de dictarse la citada norma, el Estado es titular del espectro. Como se trata de un recurso escaso, le corresponde administrarlo y entregarlo en concesión, pero sin perder la titularidad. Es como si se tratara de un alquiler: te da permiso para usarlo, pero no te lo vende. Y si no lo usas, aseguraron que este puede revertir al Estado y volver a licitarse.

Este es el plan de acción que maneja el MTC en términos de espectro.

UN FACTOR DE COMPETENCIA
Las bandas de frecuencia son como los terrenos, adquieren mayor o menor valor según el paso del tiempo, la evolución tecnológica y el uso que se les de, han señalado desde Osiptel. Cada cierto periodo de tiempo, recalcaron, conviene revisar las bandas disponibles para atender el crecimiento de la demanda de nuevos servicios.

El espectro, según Osiptel, es esencial para garantizar una competencia pareja. Quien tiene más no necesita hacer tantas inversiones en antenas para dar una cobertura de calidad. Y si uno tiene menos que el resto está en una situación desventajosa porque le será más difícil brindar servicios idóneos y deberá gastar más en mayor número de antenas.

Osiptel ha mantenido una postura crítica sobre la forma en que se ha venido administrando el espectro en los últimos años y considera vital este reordenamiento, porque no todos los operadores están en igualdad de condiciones para competir: unos tienen más y otros menos.

La forma de adquirir el recurso no ha sido pareja para todos los operadores móviles. Mientras algunas bandas han sido concursadas por un alto valor – en la última licitación se recaudaron unos US$900 millones – hay otras que se han obtenido solo tramitando un permiso o comprando empresas cableras por menos de US$10 millones. Y es por eso que consideran vital que se haga el reordenamiento.

Estas son las bandas que acaban de entrar en proceso de reordenamiento.

RECANALIZO Y REORDENO
Carlos Huamán, director de DN Consultores, explica que el proceso iniciado por el MTC pasa por diferentes etapas. Recanalizar y reordenar no son lo mismo.

En el caso de la banda 2,5 GHz, explicó, en marzo se dispuso una recanalización de la banda. Los servicios antiguos que se brindaban en dicha banda, como la TV paga, requerían un tipo de canalización. Para usar la banda para Internet móvil (4G LTE) se requería darle una nueva canalización.

Reordenar la banda es algo que viene después. Establecidos los nuevos canales, se reorganizan a los operadores que ya tenían espectro en la banda y se les asigna un nuevo lugar (canal). Y lo que queda libre, aclaró, entra luego a un concurso público o licitación.

En marzo se dispuso una nueva canalización de la banda 2,5 GHz. En agosto se ha decretado que habrá una reorganización de los operadores que estaban ahí ubicados.

La norma que ha emitido la semana pasada el MTCestablece el reordenamiento, es decir volver a acomodar a los jugadores que están ahí, en variedad de bandas, entre ellas 2,5 GHz. No figura un plazo en la norma, pero en teoría los expertos calculan que se debería concursar lo que queda libre de la banda en el segundo semestre del 2019.

IMPACTO AL USUARIO   
En teoría, asumiendo que todos los operadores manejaran el mismo volumen de espectro, los usuarios no tendrían razón para verse perjudicados con la reorganización de la banda. Al contrario, serían beneficiados porque habrá disponible recurso para soportar el incremento de usuarios.

No obstante ello, sí existe la posibilidad de que se vean afectados a futuro si es que el MTC no realiza esta reorganización con la diligencia debida, pues la norma establece que hasta que no se culmine el reordenamiento de la banda no se podrá usar el espectro para algo diferente a lo que fue otorgado.

CISCO ESTIMA QUE EL TRÁFICO DE INTERNET SE TRIPLICARÁ HASTA EL 2021, PERO EN EL CASO ESPECÍFICO DEL MÓVIL ESTE SE PODRÍA MULTIPLICAR POR SIETE. 

Los clientes de los operadores con más espectro para 4G ofrecen mejor velocidad de navegación y mayor calidad en sus comunicaciones. Pero como se está triplicándose la cantidad de usuarios móviles, podría presentarse una saturación que vuelva lento el servicio. Si no se ganan o abren nuevas autopistas, los vehículos se atoran, así de simple.

En el caso de la banda 2,5GHz existen situaciones diferentes: no todos los operadores adquirieron la señal de la misma manera ni tienen permiso para usarla para telefonía móvil. Mientras Bitel ha anunciado que en 120 días arrancará a usar el espectro en dicha banda y planea montar mil antenas junto con ZTE hasta el 2020, Entel dice que no puede usarla para telefonía móvil, porque la licencia que tiene es para otro tipo de servicio.

“El MTC debe establecer un mecanismo para que todos los operadores tengamos la oportunidad de usarla al mismo tiempo [para telefonía móvil]. De lo contrario no se habría resuelto el problema”, sostuvo Nino Boggio, gerente legal de Entel.

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AMÉRICA LATINA

2018 cerrará con 313 millones de dispositivos IoT en América Latina

Dinorah Navarro

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El mercado de Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) en América Latina terminará 2018 con 313 millones de dispositivos IoT conectados y aumentará a 995 millones de dispositivos para 2023, de acuerdo con cifras de la consultoría Frost & Sullivan durante un webinar de 5G Americas.

Crecerá a una tasa anual de 26.7 por ciento entre 2017 y 2023, indicó Ignacio Perrone, Gerente de Investigación ICT para América Latina de Frost & Sullivan.

El consultor mencionó que las empresas deben generar nuevas fuentes de ingresos con modelos de negocio innovadores para justificar la inversión en proyectos tecnológicos.

Recalcó las mayores amenazas para las empresas tecnológicas que no vienen de jugadores establecidos, sino de startups disruptivas del statu quo.

En América Latina existe una penetración móvil por encima de 100 por ciento, por lo que el crecimiento de líneas móviles se define por el crecimiento demográfico.

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AMÉRICA LATINA

Panamá tiene condiciones superiores en la región para funcionar como Hub Digital

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El Capital Financiero-Violeta Villar Liste

“Imagina la sociedad en la que quieres convertirte”. Es una frase que dicha por Dan Breznitz equivale a convertir la tecnología en aliado del desarrollo de los países.

Profesor y catedrático de Estudios de Innovación en la Universidad de Toronto(Canadá), es también experto en industrias basadas en la innovación rápida.

Ahora se encuentra en Panamá como consultor del proyecto Panamá Hub Digital, estrategia que aspira a definir el desarrollo del sector de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para los próximos diez años como parte de un esfuerzo público y privado.

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y la Cámara Panameña de Tecnologías de Información, Innovación y Telecomunicaciones (Capatec), lideran este proyecto, con el apoyo, entre otros, de Fundación Ciudad del Saber (CDS) y la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).

Eli Faskha, presidente de Capatec, explicó que Breznitz es experto en determinar cómo el apoyo gubernamental afecta las industrias de tecnología en diferentes países.

De hecho, ha escrito varios libros comparando las experiencias de Singapur, Taiwan e Israel, entre otros países, cada uno con políticas y resultados distintos. Al respecto, en Panamá, a partir del diagnóstico, le corresponderá ofrecer recomendaciones.

El experto, quien también está evaluando los avances del país y se ha reunido con diferentes actores en esta materia, fue el expositor principal del último desayuno del año de  Capatec.

Explicó que diseñar una política de innovación debe considerar la realidad global cambiante, las características del mercado, habilidades y capacidades.De igual modo, es necesario comprender las fortalezas particulares.

Advirtió que los cambios no suceden de la noche a la mañana: el tiempo es un factor a considerar.

Al conversar con Capital Financiero, señaló que Panamá tiene varias condiciones para funcionar como Hub Digital: cuenta con una infraestructura apropiada y, aclaró, no es solo el Canal.

Dijo que ha estado en Argentina, Chile, Uruguay y Colombia y la infraestructura digital de Panamá es superior a la de estos países.

Otras fortalezas que destaca el especialista son los sistemas financiero y legal. “El capital humano es bastante bueno; como prioridad sería mejorarlo todavía más.

“Esa mejora no es solo en las capacidades técnicas o de ingeniería, sino en cómo vincular un negocio a la tecnología”.

Dan Breznitz

El catedrático considera que en este proceso el soporte del Gobierno resulta fundamental porque se requiere un tiempo para crecer.

Observa que las personas con capacidad de hacer un cambio en la industria de la tecnología pueden conseguir un trabajo bien pagado y cómodo y olvidarse del riesgo que esto supone.

Pero si se les ofrece estabilidad y soporte podrían acompañar estas grandes transformaciones que a futuro harán la diferencia.

Y la diferencia se llama innovación.

Breznitz explicó que estas empresas de tecnología derivan en empleos mejores pagados y mas competitivos que dan soporte a la economía y generan una comunidad que ayudará a crecer a quienes también apuesten por esta visión de futuro.

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AMÉRICA LATINA

Los principales reparos al proyecto de modernización TIC

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El Tiempo

El dato no lo discute nadie: Colombia tiene una penetración de internet del 61 por ciento, lo que según el MinTIC representa alrededor de 20 millones de nacionales sin acceso a la red. La ministra de esa cartera, Sylvia Constaín, señaló, en entrevista con EL TIEMPO, que sin un cambio de reglas tomará veinticinco años cerrar la brecha digital.

Pero el proyecto de ley 152 (PL152), que llegó al Congreso con mensaje de urgencia, ha despertado recelo entre quienes ven en él una concentración de poderes en el Gobierno, un marco exageradamente complaciente con los operadores privados, un riesgo para el futuro de la radio y la televisión pública y, sobre todo, un inexplicable afán por obtener su aprobación sin lo que consideran es el grado suficiente de deliberación.

“La conectividad es una prioridad para el Gobierno, para el país para todos los colombianos que no están conectados. Seguimos comprometidos con tener unas condiciones mejores, cada día que pasa es un día que no damos a los colombianos la posibilidad de tener mejores oportunidades de emprendimiento y equidad”, dijo la ministra a la salida del primer debate. En ese, como en cada escenario, ha repetido y repetido un lema que ya suena a mantra: “Este Gobierno quiere conectar al país y conectarlo bien”. 

El alto consejero para la Transformación Digital, Víctor Manuel Muñoz, ha descrito al proyecto de ley como nada menos que “fundamental” porque, dice, “permitirá reactivar la inversión en el sector y alcanzar cobertura en zonas en las que hoy no la hay”.

Es algo que celebran voces como la de Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), para quien este “es un proyecto que va a generar un ánimo óptimo para que las inversiones lleguen a las áreas más remotas de Colombia”.

Es un proyecto que va a generar un ánimo óptimo para que las inversiones lleguen a las áreas más remotas de Colombia

Los reparos al proyecto se centraron, al principio, en la idea de que de él emane un regulador convergente para el sector TIC que se encargaría de lo relacionado con la televisión, las telecomunicaciones, el internet y la radio. El rechazo no es tanto al concepto, que no es nuevo, ni exclusivo de Colombia, sino al hecho de que según lo planteado el máximo órgano rector de ese renglón, responsable entre otras cosas de sanciones y reglamentaciones, sería excesivamente cercano a la esfera de influencia del Ministerio y del Gobierno.

La propuesta inicial contemplaba cinco comisionados con periodos fijos de cuatro años: dos elegidos directamente por el Presidente de la República; otros dos, mediante convocatoria pública; y uno en representación de los canales públicos de televisión. 

Pero la semana pasada se acordó un cambio que dejaría su composición así: un representante de los canales regionales, un representante del Presidente, dos personas escogidas por convocatoria pública y el Ministro TIC. 

La ministra Constaín ha elogiado el carácter técnico de la Comisión, en tanto que algunos sectores han criticado la falta de perfiles asociados a la producción de contenido o con experiencia en temas de derechos humanos.

Santiago Rivas, presentador de Los Puros Criollos, uno de los espacios más premiados de Señal Colombia y, de hecho, de la televisión colombiana, dijo: “Queremos un regulador convergente, pero uno que no esté anclado en el gobierno, que no esté compuesto solo por abogados, ingenieros, administradores y economistas, sino que sea un comité de regulación de gente que sepa sobre contenidos. Eso evidencia en qué se van a gastar la plata, están quitando dinero a contenidos para reforzar infraestructura”.

El proyecto también ha recibido cuestionamientos respecto a la posibilidad de que se disminuyan los recursos para la financiación de la televisión pública en el país. 
Rivas ha sido particularmente vocal en sus críticas por este aspecto. En charla con EL TIEMPO, dijo: “Lastimosamente, nos hemos acostumbrado a que en Colombia se legisla para los privados. Enarbolando una causa justa, que en este caso es la conectividad y el refuerzo de una infraestructura, se termina dando pie para que otras causas injustas se posicionen dentro de la legislación, que queden en papel y amparadas por los votos de los congresistas”.

“La cosa es que una internet sin independencia, sin neutralidad no es internet. Si el lobby viene desde Facebook, desde Google, desde Apple, desde las grandes empresas que están manejando capitales en internet, lo que estamos haciendo es arriesgar el futuro de la televisión comunitaria, de la radio digital, de los youtubers, de los creadores independientes de contenido, que no dependen de intermediarios”, agregó.

Yohai, por el contrario, cree que el proyecto “va a beneficiar la televisión pública fortaleciéndola y garantizándole recursos que hasta el momento jamás se le han garantizado para proteger ese patrimonio nacional que son los contenidos regionales”.

Un proyecto que no se discute rigurosamente y que no tiene la voz ciudadana, es un proyecto que probablemente sea inconveniente, carezca de legitimidad y debilite la democracia deliberativa

El senador Antanas Mockus le pidió a la Ministra, en una carta pública, que se dedique más tiempo para el debate de la iniciativa. “Un proyecto que no se discute rigurosamente y que no tiene la voz ciudadana, es un proyecto que probablemente sea inconveniente, carezca de legitimidad y debilite la democracia deliberativa”, adujo Mockus.

Es una inquietud que comparte el periodista Daniel Coronell, para quien preocupa que “el Gobierno se ha propuesto sacar esto a toda marcha, ‘ferrocarrilearlo’, tratando de armar unas mayorías sin considerar la visión de todos los sectores implicados en una decisión tan importante como esta”.

“Pienso que es un tema importante, pero que hay cosas que sí son prioritarias: la hambruna que padecen los niños en La Guajira, las condiciones de la inmigración venezolana… son cosas más importantes y urgentes y no reciben mensaje de urgencia. Estos trámites afanados, en donde quieren aprobarnos una ley a los trancazos mientras suenan los villancicos, buscan aprovechar la temporada de diciembre para que esto pase volando y calladito y no se vea qué es lo que está pasando”, indicó.

El Gobierno se ha propuesto sacar esto a toda marcha, ‘ferrocarrilearlo’, tratando de armar unas mayorías sin considerar la visión de todos los sectores implicados

¿Beneficio a privados?

Pero los cuestionamientos más fuertes vienen de parte de quienes creen que el proyecto de ley favorece de manera descarada los intereses de actores privados como canales de televisión y cableoperadores. La ministra Constaín no ha ocultado que las nuevas reglas de juego buscan hacer atractiva la inversión de capitales privados, pero eso no ha evitado señalamientos por propuestas incluidas en el documento como la de renovar el plazo de los permisos para el uso del espectro radioeléctrico hasta por 30 años. En un cambio acordado durante el debate, se rebajó esa cifra a 20 años. Constaín ha dicho que 20 o incluso 30 años no es un plazo largo “si se considera todo lo que falta por conectar”.

No lo cree así Coronell, para quien “se están buscando grandes rebajas en los costos de los grandes operadores, por ejemplo, de la televisión por cable, y esta es una norma con dedicatoria propia, para favorecer a Carlos Slim y sus intereses en Colombia”. 

Aclarando que habló a título personal y no en representación de ese canal, agregó: “Se están cambiando las condiciones de competencia en la televisión abierta, dándole a Caracol y RCN unas ventajas competitivas que en la práctica sacarían del ‘ring’ al Canal Uno”.

“Bajo las reglas actuales, Caracol y RCN están pagando un precio fijo por la concesión. Es el caso también del Canal Uno, que está pagando por una concesión de espacios y no de frecuencias”. Con la aprobación de la ley, añadió, “Caracol y RCN recibirían el doble del espacio de la concesión (20 años) y ya no se calcularía como un precio fijo, sino como un porcentaje de la publicidad. Entonces, si uno de los actores, que casualmente es el más débil, tiene que pagar un precio fijo y en menos tiempo, pues es mucho más difícil que pueda armar un esquema de negocio que le permita sobrevivir, cuando tiene a los más fuertes con ventajas por parte del Gobierno”, dijo. 

Al respecto, Rivas apuntó: “¿Qué papel cumple la televisión privada? Ellos quieren pagar menos plata. Si ganan menos, pagan menos, porque no hay una cuota fija sino un porcentaje. Un porcentaje que a nosotros nos parece justo y que es una pequeña parte del capital que ellos tienen y que sirven para que la televisión pública pueda seguir siendo una alternativa, complementaria a las otras que existen”.

La ministra Constaín no acepta que se trate de “ahorrarles” plata a empresas privadas. Para ella el PL152 se trata de un proyecto marco para todo un sector que apunta a modernizar el sector de la televisión como a otros sectores y es enfática en que “nadie está regalando absolutamente nada”.

El realizador concluyó: “No somos enemigos de la televisión privada. Nos conviene que le vaya bien para que podamos seguir haciendo lo que hacemos. (…) La conectividad es importante, eso está claro. Ya que están llevando cables a La Guajira, aprovechen y lleven comida, pues hay niños muriéndose de hambre. Hay cosas más urgentes y este, que es un tema importante, y que precisamente por lo importante no debería ser tratado con urgencia sino al contrario con una concertación más amplia. Obviamente la conectividad es buena, pero si no hay contenidos eso solo son cables y antenas. Y se van a gastar la plata en cables, antenas y satélites que no tienen nada que mostrar y nada que decir salvo lo que un organismo de regulación enclavado en el Gobierno quiera que se diga”.

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