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Telmex vs Apple y Netflix

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El Universal – Javier Tejado Dondé

La semana pasada, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (el “Sindicato de Telmex”), quien en sus propuestas tiende a coincidir con la directiva de la empresa, presentó su “Agenda Digital por México”. En ésta expresó su rechazo a la orden de separación funcional dada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o que la empresa tenga convergencia plena, aunque sin cumplir lo que ordena la ley en la materia.

En general, esta había sido la retórica del Sindicato todos los años, hasta que la semana pasada se fue con todo contra las grandes empresas tecnológicas mundiales, a efecto de que paguen impuestos en México. Más puntualmente, el Sindicato demandó que se cobren impuestos a las tecnológicas transnacionales como Apple, Amazon, Google, Netflix y Facebook que utilizan de manera gratuita la infraestructura de los operadores de telecomunicaciones nacionales para operar en México, sin invertir nada a cambio. Y, ¿sabe qué? ¡Las huestes del Sindicato de Telmex tienen razón! No pagan ni ISR ni IVA, lo cual es escandaloso.

Gravar a las multimillonarias empresas estadounidenses no es una mera ocurrencia de Telmex o de su Sindicato. En marzo de este año, la Comisión Europea elaboró una propuesta de normas para la creación de un nuevo impuesto del orden de 3% de los ingresos de las compañías con ganancias digitales en ese continente. Se estima que la medida supondría ingresos por la cantidad de 5 mil millones de euros anuales para los países de la Unión Europea y, de acuerdo con el ministro de Economía de Francia, se estaría aprobando al cierre de este año.

Y es que estos gigantes tecnológicos no requieren realizar inversión alguna en infraestructura de telecomunicaciones en los países en los que prestan sus servicios, toda vez que se “montan” en la de los operadores de telecomunicaciones ―tanto del segmento fijo como del móvil― establecidos en cada uno de esos países, lo que les permite obtener impresionantes márgenes de utilidades.

En contraparte, la exponencial demanda de los servicios digitales ofrecidos por esas compañías tecnológicas obliga a los operadores de telecomunicaciones a desembolsar año tras año importantes cantidades de dinero en inversiones para incrementar las capacidades de sus redes. Además de ello, también tienen que enfrentar importantes cargas legales, regulatorias y fiscales, entre otras. El tema es de gran relevancia, pues según algunas estimaciones, para 2021, 82% del tráfico de los consumidores en internet será de video IP.

Un ejemplo claro en México es el caso de Netflix, el famoso proveedor de servicios de video por internet. La empresa, que tiene un valor de más de 160 mil millones de dólares, no invierte un solo peso en infraestructura de telecomunicaciones en nuestro país, a pesar de que aquí cuenta con alrededor de 6 millones de suscriptores, gracias a que su servicio puede llegar a los hogares a través de las redes de Telmex, izzi, Megacable, Totalplay u otros operadores nacionales.

Algo similar sucede con Facebook, empresa con valor de más de 512 mil millones de dólares, que tampoco requiere invertir en infraestructura en nuestro país, dado que los 85 millones de usuarios mexicanos que interactúan en esa red social desde su teléfono celular, lo hacen gracias a las redes desplegadas en el territorio nacional por operadores móviles sujetos a la legislación mexicana, como Telcel, AT&T y Telefónica.

En concreto, de acuerdo con cifras del propio IFT, tan sólo en 2016, la inversión de los operadores de telecomunicaciones ascendió a 85 mil millones de pesos. A ello habría que sumarle los recursos que el Estado mexicano recibió por parte de los operadores por concepto de cargas fiscales, como el pago de derechos por el uso del espectro radioeléctrico, el IVA, el ISR y el IEPS. En contraparte, las gigantes tecnológicas no invierten en creación de infraestructura de telecomunicaciones, ni pagan impuestos, lo que no parece justo ni para operadores nacionales, ni para el gobierno.

Tan sólo los servicios de video por internet que prestan empresas extranjeras como Netflix, YouTube, Amazon o HBO Go acumularon el año pasado en nuestro país ingresos cercanos a 10 mil millones de pesos. No pagar impuestos (a diferencia de su competencia nacional) distorsiona el entorno competitivo del mercado de consumo de contenidos audiovisuales en México.

Ahora bien, en Estados Unidos se sabe que Netflix, además de pagar impuestos, también tiene acuerdos, desde 2014, con operadores como Comcast y Verizon para pagarles una especie de interconexión para tener acceso a sus redes de banda ancha. Estimaciones conservadoras indican que, de tener que pagar impuestos en México, Netflix aportaría al fisco entre mil 200 y mil 400 millones de pesos al año.

¿Qué pasa en otros países de América Latina? Para aliviar este desbalance ya se están implementado algunas medidas que permiten, al menos, que estas empresas dejen algunos recursos en los países en los que prestan sus servicios, avances importantes en los que México se ha quedado rezagado.

Un caso emblemático fue el de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, que en 2014 aprobó un impuesto local de 3% de los ingresos relacionados con la contratación de servicios de suscripción online para acceder a películas y otros contenidos por internet, sobre el cual no se pagaban gravámenes fiscales por los proveedores del servicio al radicar fuera del país. Posteriormente, el Congreso aprobó una reforma para introducir a nivel federal el cobro del IVA a los operadores que proveen servicios a través de internet desde el extranjero, que entró en vigor a finales de junio pasado.

Otro referente es Colombia, dado que en 2016 promulgó una reforma que también incorpora el pago del IVA de los servicios digitales prestados por personas o entidades sin residencia o domicilio en el país. La reforma englobó también como servicios electrónicos las plataformas de distribución digital de aplicaciones móviles y el suministro de servicios de publicidad online.

Países de la región como Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay se encuentran avanzando de manera decidida y acelerada en una dirección similar. Se estima que todos estos gobiernos ajusten su marco legal en este mismo año, a efecto de que las grandes empresas transnacionales empiecen a pagar impuestos en relación con los ingresos que obtienen por la prestación de sus servicios digitales.

Queda claro que alrededor del mundo se están adoptando las medidas legales y regulatorias pertinentes para lograr que las gigantes tecnológicas finalmente inyecten recursos en los países que les han permitido obtener, sin restricción o carga alguna, ganancias multimillonarias desde hace ya varios años.

Bajo ese contexto, valdría la pena que el próximo gobierno federal analice la posibilidad de que las gigantes tecnológicas extranjeras empiecen a aportar recursos también en nuestro país, tanto para el despliegue de infraestructura como en pago de impuestos. Sin duda, ello podría contribuir de manera importante a que Andrés Manuel López Obrador lleve a buen puerto algo que apuntó como uno de sus programas prioritarios: la ampliación de la cobertura de internet a todo el país.

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Cerremos la brecha digital

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El Heraldo de México – Ramiro Pineda

El presidente Andrés Manuel López Obrador y su antecesor, Enrique Peña Nieto, coinciden en algo: es necesario conectar al país. Superar la brecha digital es uno de los grandes retos que México enfrenta.

Datos del INEGI indican que al menos 44 millones de mexicanos carecen de conectividad a internet.

La administración de Enrique Peña Nieto impulsó la Reforma de Telecomunicaciones, donde estableció entre sus objetivos brindar una mayor cobertura y penetración a precios asequibles, especialmente para los sectores menos favorecidos de la población, ya sea de zonas urbanas o rurales.

Hubo algunos avances, pero también algunos desafíos, incluidos recortes presupuestales y limitaciones de infraestructura.

Siguiendo el mismo camino, la expansión de la cobertura de internet en todo el país es uno de los proyectos prioritarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El reto en este sexenio es garantizar el acceso a la banda ancha de alta velocidad, calidad, confiabilidad y conectividad para todos.

Ese será el gran tema: expandir la conectividad.

Esto requiere preservar la parte existente del espectro de comunicaciones dedicado a la tecnología satelital (la banda de 28 GHz).

La conectividad satelital ofrece beneficios económicos y sociales únicos.

Es la alternativa de conectividad más viable para cada comunidad en todo el país, donde las grandes compañías de telecomunicaciones, ya sea por el costo de instalación de su infraestructura o porque están maximizando las ganancias, no quieren o no pueden proporcionar servicios de banda ancha.

En cambio, la tecnología satelital requiere una infraestructura terrestre mínima para proveer internet confiable, asequible, de alta velocidad y de gran cobertura en áreas urbanas y rurales.

El bajo costo de los servicios satelitales, capaces de proveer cobertura en zonas de difícil acceso es fundamental para el esfuerzo nacional de conectar cada rincón del país, ya sea una gran ciudad o una pequeña población, con la misma calidad de servicio.

Los beneficios de la tecnología satelital son consistentes con los objetivos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para conectar a todo el país.

La conectividad satelital ayudará a las grandes ciudades, las comunidades rurales y los municipios desconectados, a optimizar la experiencia para sus ciudadanos.

Es decir, en materia de servicios médicos, recursos educativos, crecimiento económico y conexión de las familias con sus seres queridos.

El gobierno de López Obrador tiene el reto de consolidar la Reforma de Telecomunicaciones para garantizar la conectividad en todo el país. Preservar la conectividad satelital es una pieza fundamental para alcanzar esa meta.

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No hay seguridad digital con pensamiento analógico

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La Silla Rota – Ma. Elenea Estavillo

¿Han visto alguna película donde el protagonistavuelve a vivir la misma situación una y otra vez sin poder escapar de un cicloque recomienza sin fin?

Yo experimenté una situación parecida hace poco, que pudo haber continuado ad infinitum, pero terminó relativamente pronto por cansancio, desánimo y por sucumbir a mi costo de oportunidad pues tengo muchas actividades qué priorizar antes de consumirme en el laberinto de la burocracia privada (que no le pide nada a la pública).

Les cuento

Durante el Buen Fin encontré una oferta muy atractiva por un artículo que había estado buscando y que sólo estaba disponible en las ventas por internet de un establecimiento comercial bastante conocido.

Realicé la compra usando la tarjeta de crédito que tengo desde hace muchos años con el establecimiento, verificando que se había hecho correctamente, para lo cual recibí un número de folio. Al día siguiente, busqué en el portal el status del pedido para saber cuántos días debía esperar para la entrega, y me encontré con la extraña noticia de que la compra había sido cancelada.

Sin entender qué había pasado, me resigné a hacer de nuevo la compra, pero me llevé la sorpresa de que mi tarjeta había sido bloqueada, como suele ser en estos casos, “por su seguridad”. Allí mismo se indicaba un teléfono de servicio donde me debían ayudar a resolver este problema y entender qué estaba pasando.

Pero en ese número de teléfono no atendía nadie, así que después de muchos intentos tuve que desplazarme en persona al establecimiento. Allí me explicaron que la compra había sido cancelada porque su mecanismo de control de riesgos indica que deben hacer una llamada telefónica -aunque no en el momento de la compra sino en un plazo indeterminado (horas o días después)- y, como nadie contestó el teléfono cuando tuvieron a bien hacer la llamada, cancelaron la compra y, además, por si fuera poco, bloquearon la tarjeta.

Intenté adquirir el artículo directamente en el establecimiento, pero no fue posible porque la oferta estaba disponible exclusivamente para ventas por internet, así que me pidieron hacerlo de nuevo.

De regreso a casa, recomencé el proceso

Esta vez, al hacer la compra, tuve el cuidado de señalar mi número celular para asegurar que pudiera atender la llamada de confirmación. Pasó todo el resto de día sin llamada. Transcurrió el siguiente día también sin llamada. Al tercer día, que era de trabajo, sonó el teléfono fijo de casa mientras yo no estaba y contestó mi esposo. Confirmó que la compra la había hecho yo, pero le señalaron que no podían validarla de esta forma y que yo en persona tenía que contestar. Insistió en que entonces me llamaran al celular, pero no aceptaron hacerlo. Al final, logró el compromiso de que volvieran a hablar al teléfono de casa entre 5 y 6 de la tarde de ese día.

Ajusté mi agenda del día para poder estar en casa esperando la llamada y allí estuve, esperando inútilmente porque nunca llegó. Alrededor de las 6:30 revisé el status de mi compra y vi que seguía vigente. Para evitar que volviera a cancelarse, llamé al teléfono de atención a clientes y, bueno, después de varios minutos de grabaciones y transferencias a distintas áreas, me comunicaron con la oficina de control de riesgos. Allí finalmente estuvieron dispuestos a intentar ayudarme. Pero antes, procedieron a hacerme un cuestionamiento sobre aspectos de mis finanzas personales que no podía resolver de memoria, así que pasaron largos minutos mientras yo iba buscando documentos bancarios, de créditos contratados, contestando sobre fechas, montos y otros detalles.

Cuando por fin estuvieron satisfechos de que, efectivamente, se trataba de mí, pudieron proceder a revisar el status de mi compra y… ¡oh sorpresa! en el transcurso del interrogatorio nuevamente había sido cancelada. Para no dejar las cosas así, también habían bloqueado mi tarjeta.

Como, después de todo, estaba hablando con el área de control de riesgos, me ofrecieron hacer otras preguntas para desbloquear mi tarjeta. Pero de allí a recuperar la compra hecha, era otra historia. Por otro lado, no era posible intentar una vez más hacer la compra, porque el Buen Fin había expirado y ya no estaba vigente la promoción.

La persona que me atendió terminó por recomendarme que mejor no volviera a hacer compras por internet y que usara el servicio telefónico.

Toda la experiencia me hizo recordar que hacía muchos meses intenté pagar mi cuenta por internet con el resultado de que me bloquearon mi tarjeta y tuve que acudir en persona a la tienda a pagar y a desbloquear. En esa ocasión me había prometido no volver a usar esa plataforma de comercio electrónico.

Poder contar toda esta anécdota ha sido una catarsis deliciosa, pero mi intención no es quedarme allí.

Mercado digital

En México hacemos todavía un uso limitado del comercio y los pagos electrónicos, por lo que dejamos de aprovechar muchas de sus ventajas. En el índice de comercio electrónico B2C que mide la UNCTAD, nuestro país ocupó el lugar 90 de 144 países en 2017.

Hay diversas explicaciones detrás de ello relacionadas, entre otras, con: la baja bancarización de la población; la penetración de los servicios de internet; la seguridad y privacidad de las redes; la alfabetización digital de la población; y la aplicación de garantías legales en las transacciones electrónicas.

Cuando hablamos de alfabetización digital, generalmente pensamos en la necesidad de que sean los consumidores o quizá las empresas pequeñas quienes se capaciten en el uso de las nuevas tecnologías y en cómo aprovecharlas en su beneficio. Pero la realidad es que se requiere alfabetización digital en las empresas de todos los tamaños, en los distintos niveles de gobierno, las instituciones académicas y sociales. Por cierto, el establecimiento del que he estado hablando es una empresa grande, con décadas de existencia que cotiza en bolsa. No son unos improvisados.

La transformación digital no pasa sólo por adquirir equipamiento informático o crear un área específica dentro de la empresa para manejar las TIC, sino que se precisa una revolución del pensamiento, los procesos y los enfoques de forma transversal en toda la organización para lograr una verdadera digitalización.

Procesos

La seguridad y la privacidad son factores esenciales para incentivar un uso más intensivo del comercio electrónico, pero para que sean eficaces y ayuden al resto de la organización a lograr sus propósitos, deben diseñarse como parte integrante del proceso entendido en un sentido amplio y no como un módulo separado con su propia lógica y objetivos.

Dicho de otra forma, no se puede tener una organización digital asentada en bases analógicas. Por eso resulta incongruente e ineficaz tener dentro de una misma institución, un área que adapta todos sus procesos sobre plataforma de internet, mientras otras que dan servicio a la primera, siguen usando herramientas tradicionales como el teléfono fijo y los formatos de papel.

La digitalización exige una reingeniería de todos los procesos de la organización, donde cada eslabón aproveche las ventajas de la tecnología bajo una misma visión. Para ello hay que dar un salto decidido y coordinado hacia el futuro, dejando atrás sin titubeos la nostalgia analógica.

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COLUMNISTAS

La cuarta transformación de la radio

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Sin Embargo – Gabriel Sosa Plata

A la par de la importante transición política que vivimos en México, se llevan a cabo cambios de programas, conductores y de líneas editoriales en medios de comunicación. En el caso de la radio, las decisiones han sido notables e inesperadas, luego de un sexenio de censura y autocensura, en el que, salvo excepciones, Peña Nieto y su Gobierno tuvieron un trato periodístico acrítico, complaciente, zalamero.

Primero fue la reincorporación, en octubre, de la periodista Carmen Aristegui, a quien Grupo Radio Centro (GRC), de la familia Aguirre, le abrió las puertas para la transmisión de su noticiario matutino Aristegui Noticias. Un mes después, el reconocido periodista de la revista Proceso, Jenaro Villamil, autor de diversos libros críticos sobre Peña Nieto, fue invitado a conducir un noticiario vespertino, Villamil Informa, en el grupo Radiodifusoras Asociadas (RASA), propiedad de la familia Laris. El primero de diciembre, Víctor Trujillo y su personaje Brozo se integró a la estación Aire Libre, del empresario Eduardo Henkel.

Hace algunos días, trascendió que otro destacado periodista del periódico La Jornada, Julio Hernández López, también tendrá, en enero, un programa de noticias y análisis en Radio Centro 97.7, de GRC, donde ya se transmite el noticiario de Carmen Aristegui.

La llegada de “Julio Astillero”, como también se le conoce, se anunció días después de que el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer a través de Twitter que su programa “Sin anestesia” salía del aire de otra de las emisoras de GRC, Universal Stereo. Ayer, en la misma red social, Julio precisó que la invitación para integrarse al grupo radiofónico es anterior a lo ocurrido con el periodista de Televisa.

Loret de Mola, a su vez, vuelve a W Radio, en el espacio vespertino que dejó vacante su compañera de Televisa, Ana Francisca Vega, por lo que no dejará de tener una presencia en la radio, además de la que ya tiene en el canal de televisión de mayor cobertura y audiencia en el país.

Estos reacomodos y otros que muy probablemente se concretarán en los próximos meses son consecuencia de los resultados electorales. He sostenido que si el PRI hubiese continuado en el poder, difícilmente se habrían abierto las puertas de la radio comercial e incluso de la radio pública a quienes no dejaron de denunciar la corrupción en el Gobierno de Peña Nieto y los gobernadores de su partido político. Aristegui, Villamil, “Julio Astillero” y otros colegas formaban parte de ese grupo de “periodistas indeseables” para los responsables de manejar las riendas del país en la administración anterior.

Ahora estamos en un escenario distinto. Críticos del peñismo, que apoyaban directa o indirectamente a López Obrador, son bienvenidos en los medios tradicionales. Esta apertura se ha interpretado como un acto que busca complacer a los nuevos gobernantes. Los papeles, en su opinión, se han invertido y esto explica la salida de periodistas que no simpatizaban con López Obrador, pero apoyaban por conveniencia, por convicción o por presiones comerciales (publicidad gubernamental) a los gobiernos de Peña Nieto, de Calderón y de Fox.

Suena lógico, pero la situación es más compleja. La mayoría de los periodistas y comentaristas de la radio que han sido muy críticos de López Obrador, como candidato y ahora como Presidente de México, siguen al aire. La diferencia es que ahora tendrán que compartir micrófonos con periodistas y comentaristas que no tuvieron las mismas oportunidades de hablar en la radio, justo por denunciar la corrupción de los gobiernos del PRI, del PAN o bien porque coincidían con las posiciones de López Obrador. De igual manera, los que antaño marcaron distancia con Peña Nieto, podrían seguir siendo distantes con el nuevo presidente, como lo han demostrado varios de los periodistas mencionados.

POLÍTICA Y TECNOLOGÍA

El contexto político favorece una cuarta transformación de la radio, en la que se está en posibilidades de ejercer una mayor libertad de expresión, con periodistas cercanos o alejados y críticos de López Obrador o del presidencialismo, con usuarios de redes sociales que participan e interactúan con quienes producen contenidos en la radio y en general en los medios de comunicación tradicionales, con el uso de aplicaciones y diversos recursos audiovisuales, como las transmisiones en tiempo real en Youtube o Facebook, para ampliar las posibilidades de la comunicación e información, así como por el nacimiento y expansión de la radio digital (HD Radio).

La primera transformación de la radio fue con el nacimiento de la XEW y la expansión del medio como industria en la llamada época de oro; la segunda transformación vino con el desarrollo de la FM, el uso masivo del disco y la creación de las “rocolas” de 100 mil watts en los años sesenta y setenta, con reducidas posibilidades para el periodismo crítico e independiente; la tercera transformación se forjó en los años ochenta con el “boom” de los noticiarios de larga duración, con José Gutiérrez Vivó como uno de sus principales exponentes, la paulatina apertura del medio a los partidos de oposición y el inicio de proyectos juveniles como Rock 101.

La cuarta transformación se ha postergado. Si bien la radio ha sido impactada por la revolución tecnológica y por la transición democrática de los años noventa y del nuevo siglo, no se habían generado las condiciones óptimas para un cambio de mayor magnitud que representara una nueva época porque continuaban los viejos mecanismos de censura y de reglas no escritas. A mi parecer ahora sí es posible, pese a quienes consideran que México regresa a los años setenta.

El recorte del gasto en la publicidad gubernamental, la decisión política del nuevo Gobierno de no intervenir en las líneas editoriales de los medios de comunicación, las diferencias ideológicas y políticas de empresarios de la radio -creados bajo el cobijo del PRI- con el Gobierno de AMLO y su partido Morena, la obligación de producir contenidos atractivos y noticiarios con mayor credibilidad para atraer nuevas fuentes de financiamiento (ya no sólo del Gobierno) y conservar a las audiencias, así como la necesidad de ser competitivos y mantenerse como una opción en el complejo ecosistema mediático, multiplataforma, son factores clave para la nueva época de la radio.

Los enroques, contrataciones, salidas y llegadas de conductores y periodistas en la radio, junto con el inicio de transmisiones de estaciones de nuevos jugadores, como Aire Libre, son un elemento de la transformación que podría concretarse. Está ocurriendo en algunas emisoras comerciales y así deberá suceder en la radio pública. De ahí la importancia de tener una buena política pública que dignifique a los medios públicos y los coloque como actores fundamentales en el Estado democrático que todos debemos construir. Por ello, es inaceptable, como se pretendió, dotar a la Secretaría de Gobernación de la facultad para proveer el servicio de radiodifusión pública. La radio pública también debe ocupar un papel protagónico en la cuarta transformación.

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