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Telmex vs Apple y Netflix

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El Universal – Javier Tejado Dondé

La semana pasada, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (el “Sindicato de Telmex”), quien en sus propuestas tiende a coincidir con la directiva de la empresa, presentó su “Agenda Digital por México”. En ésta expresó su rechazo a la orden de separación funcional dada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o que la empresa tenga convergencia plena, aunque sin cumplir lo que ordena la ley en la materia.

En general, esta había sido la retórica del Sindicato todos los años, hasta que la semana pasada se fue con todo contra las grandes empresas tecnológicas mundiales, a efecto de que paguen impuestos en México. Más puntualmente, el Sindicato demandó que se cobren impuestos a las tecnológicas transnacionales como Apple, Amazon, Google, Netflix y Facebook que utilizan de manera gratuita la infraestructura de los operadores de telecomunicaciones nacionales para operar en México, sin invertir nada a cambio. Y, ¿sabe qué? ¡Las huestes del Sindicato de Telmex tienen razón! No pagan ni ISR ni IVA, lo cual es escandaloso.

Gravar a las multimillonarias empresas estadounidenses no es una mera ocurrencia de Telmex o de su Sindicato. En marzo de este año, la Comisión Europea elaboró una propuesta de normas para la creación de un nuevo impuesto del orden de 3% de los ingresos de las compañías con ganancias digitales en ese continente. Se estima que la medida supondría ingresos por la cantidad de 5 mil millones de euros anuales para los países de la Unión Europea y, de acuerdo con el ministro de Economía de Francia, se estaría aprobando al cierre de este año.

Y es que estos gigantes tecnológicos no requieren realizar inversión alguna en infraestructura de telecomunicaciones en los países en los que prestan sus servicios, toda vez que se “montan” en la de los operadores de telecomunicaciones ―tanto del segmento fijo como del móvil― establecidos en cada uno de esos países, lo que les permite obtener impresionantes márgenes de utilidades.

En contraparte, la exponencial demanda de los servicios digitales ofrecidos por esas compañías tecnológicas obliga a los operadores de telecomunicaciones a desembolsar año tras año importantes cantidades de dinero en inversiones para incrementar las capacidades de sus redes. Además de ello, también tienen que enfrentar importantes cargas legales, regulatorias y fiscales, entre otras. El tema es de gran relevancia, pues según algunas estimaciones, para 2021, 82% del tráfico de los consumidores en internet será de video IP.

Un ejemplo claro en México es el caso de Netflix, el famoso proveedor de servicios de video por internet. La empresa, que tiene un valor de más de 160 mil millones de dólares, no invierte un solo peso en infraestructura de telecomunicaciones en nuestro país, a pesar de que aquí cuenta con alrededor de 6 millones de suscriptores, gracias a que su servicio puede llegar a los hogares a través de las redes de Telmex, izzi, Megacable, Totalplay u otros operadores nacionales.

Algo similar sucede con Facebook, empresa con valor de más de 512 mil millones de dólares, que tampoco requiere invertir en infraestructura en nuestro país, dado que los 85 millones de usuarios mexicanos que interactúan en esa red social desde su teléfono celular, lo hacen gracias a las redes desplegadas en el territorio nacional por operadores móviles sujetos a la legislación mexicana, como Telcel, AT&T y Telefónica.

En concreto, de acuerdo con cifras del propio IFT, tan sólo en 2016, la inversión de los operadores de telecomunicaciones ascendió a 85 mil millones de pesos. A ello habría que sumarle los recursos que el Estado mexicano recibió por parte de los operadores por concepto de cargas fiscales, como el pago de derechos por el uso del espectro radioeléctrico, el IVA, el ISR y el IEPS. En contraparte, las gigantes tecnológicas no invierten en creación de infraestructura de telecomunicaciones, ni pagan impuestos, lo que no parece justo ni para operadores nacionales, ni para el gobierno.

Tan sólo los servicios de video por internet que prestan empresas extranjeras como Netflix, YouTube, Amazon o HBO Go acumularon el año pasado en nuestro país ingresos cercanos a 10 mil millones de pesos. No pagar impuestos (a diferencia de su competencia nacional) distorsiona el entorno competitivo del mercado de consumo de contenidos audiovisuales en México.

Ahora bien, en Estados Unidos se sabe que Netflix, además de pagar impuestos, también tiene acuerdos, desde 2014, con operadores como Comcast y Verizon para pagarles una especie de interconexión para tener acceso a sus redes de banda ancha. Estimaciones conservadoras indican que, de tener que pagar impuestos en México, Netflix aportaría al fisco entre mil 200 y mil 400 millones de pesos al año.

¿Qué pasa en otros países de América Latina? Para aliviar este desbalance ya se están implementado algunas medidas que permiten, al menos, que estas empresas dejen algunos recursos en los países en los que prestan sus servicios, avances importantes en los que México se ha quedado rezagado.

Un caso emblemático fue el de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, que en 2014 aprobó un impuesto local de 3% de los ingresos relacionados con la contratación de servicios de suscripción online para acceder a películas y otros contenidos por internet, sobre el cual no se pagaban gravámenes fiscales por los proveedores del servicio al radicar fuera del país. Posteriormente, el Congreso aprobó una reforma para introducir a nivel federal el cobro del IVA a los operadores que proveen servicios a través de internet desde el extranjero, que entró en vigor a finales de junio pasado.

Otro referente es Colombia, dado que en 2016 promulgó una reforma que también incorpora el pago del IVA de los servicios digitales prestados por personas o entidades sin residencia o domicilio en el país. La reforma englobó también como servicios electrónicos las plataformas de distribución digital de aplicaciones móviles y el suministro de servicios de publicidad online.

Países de la región como Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay se encuentran avanzando de manera decidida y acelerada en una dirección similar. Se estima que todos estos gobiernos ajusten su marco legal en este mismo año, a efecto de que las grandes empresas transnacionales empiecen a pagar impuestos en relación con los ingresos que obtienen por la prestación de sus servicios digitales.

Queda claro que alrededor del mundo se están adoptando las medidas legales y regulatorias pertinentes para lograr que las gigantes tecnológicas finalmente inyecten recursos en los países que les han permitido obtener, sin restricción o carga alguna, ganancias multimillonarias desde hace ya varios años.

Bajo ese contexto, valdría la pena que el próximo gobierno federal analice la posibilidad de que las gigantes tecnológicas extranjeras empiecen a aportar recursos también en nuestro país, tanto para el despliegue de infraestructura como en pago de impuestos. Sin duda, ello podría contribuir de manera importante a que Andrés Manuel López Obrador lleve a buen puerto algo que apuntó como uno de sus programas prioritarios: la ampliación de la cobertura de internet a todo el país.

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¿Y qué pasaría si le dicen adiós a AMLO?

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Excélsior – Alicia Salgado

¿Quiénes osarían pensar en esa posibilidad?, se preguntará usted. La respuesta es: las empresas de telefonía móvil con excepción de América Móvil, que dirige Daniel Hajj, pues con la carga impositiva directa e indirecta que tienen y, sobre todo, las obligaciones de pago de espectro que tienen para el año que entra, les aseguran otro año de resultados con pérdidas.

La única manera de ganar dinero es tener 65 millones de clientes en México o te resignas a perder 27 mil millones de pesos como AT&T México, que dirige Kelly King, o especulas entre quedarte o irte porque apenas ganas dinero después de 20 años de mantener la inversión en México como en el caso de Telefónica.

Telefónica de Carlos Morales, por ejemplo, ha tenido un lapso de 5 años donde el trabajo de administración y eficiencia, le han permitido mantener un rango de inversión de 4,500 millones de pesos, como el 12% de sus ingresos, pero el año que entra, entre el pago para renovar la banda de 1900 MHz que compró con Pegaso hace 20 años, el pago de la banda de 2,500 de la licitación de este año y los derechos anuales, simplemente, regresarán a acompañar a AT&T en acumulación de pérdidas.

Y mire, me atrevo a asegurarle que los tres operadores (incluyendo América Móvil), consideran que el precio del espectro es muy alto, sino también los operadores punto a punto como Maxcom, Axtel y Megacable, porque el gran problema que enfrenta la industria con la política de recaudación, no se incentiva la expansión de redes a zonas de menor penetración, dado que al estar indexado el pago del espectro a la inflación y tomar en cuenta referentes de precios de países con mayor ingreso per cápita y mejor distribución del ingreso, provocan una permanente concentración en mercado y para clientes de mayor poder adquisitivo.

Creo que, en especial, Gerardo Esquivel, quien será subsecretario de Egresos, será muy sensible a la ecuación, pues el presidente electo, López Obrador, ha mencionado su compromiso por lograr una cobertura de la red de internet de última generación en todas las zonas del país, especialmente las urbano marginales, y aunque la Red Compartida abre la posibilidad de alcanzarlo, para esta última será un problema si no logra comercializar sus servicios de mayoreo con operadores como los arriba mencionados.

¿Qué se plantea? Que se revise el método de indexar el derecho que se paga por el espectro a la inflación, considerando la realidad del sector. Sólo ayer, el IFT, que preside Gabriel Contreras, dio a conocer que para el 2013 (año de la reforma constitucional de telecomunicaciones), se cursaban en la red 35 mil millones de minutos, para el segundo trimestre de 2018, alcanzó casi los 75 mil millones de minutos, es decir, un crecimiento promedio anual de 51.6 por ciento.

“Es relevante mencionar que de 2015 a 2016, el tráfico se incrementó 1.6 veces, posiblemente como resultado de la caída de los precios de telefonía móvil, así como de la mayor competencia entre los operadores observada después de la entrada de AT&T y los operadores móviles virtuales (OMV), lo que incrementó la oferta de servicios para los usuarios”, dice el IFT.

Piense el detalle. Según el INPC reportado por el Inegi y consignado en julio pasado por el IFT, los precios de los servicios de comunicaciones —entre los que se encuentran la telefonía fija y móvil y el internet fijo—, mantienen por 25 quincenas consecutivas su tendencia a la baja.

Si los precios bajan en el sector, ¿por qué se mantiene como referente para el cobro del derecho la indexación al índice general? La carga fiscal derivada del uso del espectro se estima en 25% del total de los ingresos anuales de los operadores, y si suma el IEPS, el IVA y todo lo demás, es cercana al 46 por ciento.

Ni la matriz de AT&T ni la de Telefónica, quieren invertir más de lo que lo han hecho este sexenio, más aún, en el caso de Telefónica, la matriz podría tomar alternativas para ampliar su capital asociándose en una porción accionaria con un tercero, pero tendría que ver un incentivo claro para hacerlo y, mientras el 90% del valor del espectro lo fije el Congreso año con año en el presupuesto anual, resultará muy difícil seguir operando en un entorno de muy reducido margen y muy alta demanda de inversión. Sólo el año que viene tendrá que pagar ocho mil millones de pesos por el espectro.

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Capital humano en Telecomunicaciones

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El Economista – Ernesto Piedras

El capital humano ha sido identificado como la principal fuente de crecimiento económico de las naciones, por su impacto en la productividad. De hecho, en la Ciencia Económica se ha demostrado que es causa y consecuencia del desarrollo integral.

En el campo de las telecomunicaciones, el perfil del capital humano oscila entre:

a) la ingeniería por los requerimientos técnicos que esta industria demanda;

b) el jurídico y regulatorio por la naturaleza de los recursos empleados (aproximados a la noción de bienes públicos) y por el carácter fundamental del acceso a servicios;

c) así como el económico, por la compleja configuración de este mercado que originalmente han surgido en lo general con una configuración monopolística (como en todos los sectores de infraestructura), así como por su aproximación a escenarios de competencia o concentración.

¿Qué tan abundante es este recurso del capital humano en este sector convergente? En ocasiones el sector ha padecido la falta de respeto de responsables carentes de experiencia y robusta formación académica.

En el lado privado de las empresas de infraestructura y operación, ha abundado y se ha acumulado de manera más continua este recurso, el humano, fundamental en su función de producción.

¿Existe una crisis de talento para la continua operación de este sector, fundamental para el cumplimiento del mandato constitucional de la conectividad?

No, definitivamente no, pero se podría avecinar.

Una primera buena noticia ha sido el anuncio anticipado de la participación de gente con formación académica y experiencia profesional como Abel Hibert. Más recientemente el prenombramiento de Salma Jalife, quien encabezará desde el 1 de diciembre la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la SCT, y de otras figuras al frente de instancias de gobierno. Ellos, sabemos, cuentan con la capacidad, experiencia y el nivel profesional que se requiere para abonar al desarrollo de este sector.

Pero todos los eslabones son importantes en una cadena. Nada ha sido mencionado aún acerca del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), pieza fundamental en el orgullo gubernamental. A la fecha ha sido incubado y nutrido por un experimentado profesional de la gestión pública, Fernando Borjón, para llevar adelante la entidad de acompañamiento, apoyo y supervisión del desarrollo de la Red Pública Compartida (RPC), proyecto de expansión que aspira a contribuir al acceso, conectividad y su consecuente, universalización entre los mexicanos. Designación o ratificación ahí, debe tener demostrados los recursos y solvencia tanto para la continuidad de operaciones comerciales de la RPC y el cumplimiento de hitos de cobertura conforme al calendario de despliegue establecido.

En general, es digno de agradecimiento el anuncio anticipado de los nombres de aquellos que serán responsables de la política pública sectorial que, en términos convergentes, pesa más de 6% del PIB y cuyos servicios permean hoy ya, a casi la totalidad de nuestra operación social y económica.

La función de producción del sector requiere de la inyección de nueva tecnología, que avanza a ritmo de vértigo, así como de inversiones para compensar el déficit de capital que padecemos. También, por supuesto, de un marco legal y regulatorio, así como de su aplicación oportuna y efectiva. Pero sin el componente del óptimo capital humano, la impericia en la operación pública y privada pondría en riesgo la provisión eficiente de estos servicios para la totalidad de la población y del aparato productivo nacional.

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Roku evitará alentar piratería

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La Crónica de Hoy – Julio Brito

REGRESAN. Luego de que un Tribunal Federal Colegiado en Materia Civil aceptara las propuestas de Roku para distribuir sus equipos en México, Cablevisión indicó que finalmente la empresa pionera en el streaming, que dirige Stephen Kay se comprometió a tomar medidas antipiratería.

Por su parte Roku consideró como una victoria la anulación de la prohibición de la venta de sus equipos en México, la cual espera se reanude las siguientes semanas.

 

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