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Desregular no es la solución

Dinorah Navarro

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La Silla Rota – Aleida Calleja

Reveladora fue la réplica de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), el pasado 29 de agosto, ante el artículo publicado en el periódico El Universal por Irene Levy quien criticó los Lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de la Secretaria de Gobernación (Segob) que violentan el interés superior de la niñez al permitir que esté expuesta a contenidos violentos y de publicidad de comida chatarra. Los lineamientos favorecen a todas luces a los concesionarios de la radio y la televisión comerciales.

La crítica era a la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Segob, encabezada por Andrés Chao, pero quien salió en su defensa fue la CIRT. En su réplica el organismo que congrega a una buena parte de los industrales de la radiodifusión justifican tales lineamientos porque “se ha venido actualizando para un sano equilibrio y poder competir de mejor manera contra contenidos, vía plataforma sin regulación alguna”, refiriéndose sin mencionarlos, a los servicios Over The Top (OTT´s) como Netflix, Claro Video, HBO, entre otros, lo cuales ciertamente no tienen ningún tipo de regulación, lo que sirve como pretexto para impulsar una desregulación en materia de contenidos audiovisuales, aún a costa de lastimar los derechos de la población más vunerable como la niñez.

De hecho, la Segob ha justificado sus inmorales lineamientos aduciendo que ahora tanto el público infantil como adolescente tiene acceso a ver contenidos diversos en internet sin que se tenga control alguno por parte de los padres, un argumento engañoso, pues los nuevos desafíos que implican las plataformas tecnológicas no pueden ser el pretexto para que el Estado siga cumpliendo con su obligación de la protección de derechos, el más claro ejemplo lo tenemos con la Directiva Europea sobre Servicios de Comunicación Audiovisual que fue actualizada en el 2010 por el ingreso de nuevas tecnologías incorporadas a la transmisión de servicios de comunicación audiovisual, así la nueva regulación fue hecha para “garantizar unas condiciones óptimas de competitividad y seguridad jurídica para las tecnologías de la información y los servicios e industrias de medios de comunicación en Europa, así como para el respeto de la diversidad cultural y lingüística”[1].

Los desafíos regulatorios

Para la Comisión europea independientemente de la plataforma que se utilice los servicios audiovisuales son tanto culturales como económicos, por ello deben tener normas específicas para garantizar la libertad de la información, la diversidad de opinión, el pluralismo de los medios de comunicación, la protección a los menores, entre otros.

De esta manera el viejo continente dio una respuesta concreta al debate de las asimetrías regulatorias y en lugar de quitarle responsabilidades a los operadores tradicionales de la radiodifusión emparejó el piso poniéndoles reglas a los servicios de video por internet a fin de garantizar derechos.

Tratar de resolver los problemas de competencia entre servicios audiovisuales comparables quitando obligaciones y responsabilidades para respetar derechos, en este caso los de la niñez, equivaldría a dejarle al mercado la facultad de garantizarlos, pero hasta ahora las evidencias muestran que por sí sólo el mercado es incapaz de hacerlo.

La Segob al apropiarse de esta lógica defendida por los concesionarios en la regulación de contenidos nos lleva a un retroceso en la conquista de derechos humanos fundamentales y a una renuncia a la obligación del Estado mexicano para protegerlos, con lo cual las autoridades de esa institución están violando flagrantemente el artículo 1º constitucional que mandaba a la efectiva protección y progresividad de los derechos humanos.

Este caso nos muestra la necesidad de empezar a debatir de manera integral los desafíos regulatorios en nuestro país respecto de la competencia económica y la garantía de derechos informativos con las plataformas digitales, que debe ir más allá de la propuesta limitada de sólo aplicarles una carga tributaria para que paguen impuestos como el resto de los operadores, se trata de que también esas empresas tecnológicas cumplan con las leyes nacionales, incluidas las de la protección a la niñez.

Las OTT´s audiovisuales deben de incluir con toda claridad los controles parentales necesarios para que los padres puedan restringir los contenidos nocivos para los menores de edad y cumplir con la obligación de incorporar la clasificación indicativa de los programas que permita a los padres controlar en forma efectiva el acceso a contenidos que podrían dañar su desarrollo armónico.

Pero incluso, más allá del debate necesario sobre las OTT´s audiovisuales en nuestro país, lo cierto es que durante décadas la Segob ha mostrado con creces su incapacidad para regular contenidos y hacer valer los derechos de las audiencias, por eso debe plantearse muy seriamente que esta dependencia deje de tener injerencia en la regulación de los medios de comunicación y acabar de una vez por todas con esta añeja herencia de los más viejos tiempos autoritarios, tal como ya lo ha propuesto la Asociación Mexicana de Derecho a la Información en un documento muy bueno que marca los desafíos para la agenda de la libertad de expresión en México y que se puede consulta aquí: Desafíos en la agenda para la libertad de expresión 2018-2014

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0013&from=ES

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Grave atraso tecnológico en servicios móviles

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La Crónica de Hoy – Julio Brito

No sólo se trata de dar internet por darlo, sino de ofrecer la tecnología que hará circular a los autos de manera inteligente o que el refrigerador pueda llevar la lista de alimentos y enviarla al supermercado para que nunca falte lo que se necesita.

Sin embargo, en México hay atrasos muy importantes. Cierto, somos 130 millones y existen 119.5 millones de líneas móviles en uso, pero la distribución denota el atraso en telecomunicaciones, que hará que la tecnología 5G llegue ya muy entrado el próximo decenio.

The Competitive Intelligence Unit, que dirige Ernesto
Piedras nos ofrece datos contundentes, “EL 12.7% operan aún sobre Feature Phones (15.2 millones), los cuales trabajan en su mayoría bajo el estándar 2G. La proporción restante (87.3%) operan en Smartphones (104.3 millones), de los cuales 44.4% son de gama baja, con un costo menor a los 3 mil  pesos, no cuentan con las capacidades tecnológicas para conectarse a las redes 4G. Algunos equipos dentro de la gama media (entre tres y seis mil pesos) son capaces de recibir señales 4G, si bien ello sólo aplica a los modelos más recientes. Por su parte, la gama alta (con costo superior a los 6 mil pesos) tan sólo representan 4.4% de los teléfonos móviles en uso y son los que tienen plenas capacidades para conectarse a las redes 4G o 4.5G.

Ante esta distribución de terminales móviles, comenta Ernesto Piedras que enfrentaremos dificultades para una acelerada transición a la tecnología 5G, toda vez que 1 de cada 8 celulares ni siquiera puede acceder a 3G y más de la mitad no tienen conexión a 4G.
A pesar de ello, el tráfico de datos que se cursa sobre las redes de última generación ya duplica a aquel realizados por 3G y son 184 veces los realizados por las 2G. Esta es la importancia de las redes más modernas, la transmisión de mayores volúmenes información, así como el aprovechamiento de más servicios y aplicaciones en condiciones óptimas de velocidad y latencia.

De la misma manera que el tráfico de datos 3G fue superado por el de 4G al inicio de 2017, se espera que en los primeros años de la implementación de 5G, ésta supere a la previa generación tecnológica. Esto a partir de la masificación de los dispositivos conectados, el pleno aprovechamiento de Internet de las Cosas, la inteligencia artificial y la masificación de consumo de juegos, audio y video en redes móviles.

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Ley Fintech. Una industria y una promesa

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El Heraldo de México – Bernardo González

A pesar del importante avance en materia de inclusión financiera en los últimos años, una tercera parte de los mexicanos no cuentan con algún producto financiero. El bajo uso de estos servicios implica que éstos no cuentan con la posibilidad de mejorar su calidad de vida y ser más productivos.

Por otro lado, la mayor parte de los activos del sistema financiero mexicano y de su infraestructura están concentrados en pocas instituciones de crédito. Esto, aunque no necesariamente es un indicador de poca competencia, sí apunta a que la oferta de servicios financieros está predominantemente determinada por lo que ocurre con dichas instituciones.

Al mismo tiempo que vemos esta fotografía, se desarrolló una industria en el mundo, y notablemente en México, que ofrece servicios financieros baratos y de fácil contratación. Esta industria representa una promesa para las personas de obtener financiamiento menos costoso, rendimientos más altos, medios para hacer pagos y transferencias a bajo costo, asesoría financiera automatizada, entre otros. A esa promesa se le conoce como Fintech. La combinación de tecnología y finanzas que permite ofrecer servicios financieros de forma innovadora.

Para aprovechar esas oportunidades y mitigar los riesgos asociados con la industria, en México se aprobó la Ley que Regula a las Instituciones de Tecnología Financiera. La ley es la primera en su tipo en el mundo.

En primer lugar, está basada en principios y no en fórmulas fijas escritas en la ley. Deja en regulación secundaria definiciones que pueden irse adaptando en el tiempo conforme evoluciona la industria, pero las cuales deben procurar el equilibrio de seis principios fundamentales: la inclusión financiera, la competencia, la innovación, la protección de los usuarios, la estabilidad e integridad financieras (que no se lave dinero, ni se cometan fraudes p.e. ciberseguridad) y finalmente la neutralidad tecnológica.

En segundo lugar, porque bajo un solo paraguas regula varias actividades como el fondeo colectivo (préstamos e inversiones persona a persona), los monederos electrónicos (pagos, remesas, activos virtuales), los datos abiertos (regulación para que todas las entidades financieras entreguen la información de sus clientes a terceros que los primeros aprueben, para darles, por ejemplo, asesoría financiera en el celular) y finalmente, la posibilidad de contar con modelos novedosos (pilotos, con un tiempo y número de clientes acotados, que permiten probar nuevos modelos de negocios con base en la tecnología).

La ley Fintech es una realidad que ha puesto a nuestro país como un ejemplo mundial de cómo se puede hacer regulación innovadora para promover la inclusión financiera, la competencia y el crecimiento de una industria dando, certidumbre a inversionistas y usuarios, al mismo tiempo que se pueden mitigar los riesgos asociados. Una ley que busca hacer realidad las promesas de la industria.

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IFT y COFECE ¿A la altura de sus pares internacionales?

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El Heraldo de México – Gonzalo Rojon

A mediados de septiembre, les comentaba que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) habían recibido la notificación sobre la intención de compra entre dos gigantes de la industria de contenidos audiovisuales, la cual ha encendido las alertas de autoridades en materia de competencia económica alrededor del mundo. Me refiero, por supuesto, a la adquisición de 21st Century Fox por parte de The Walt Disney Company.

En Estados Unidos, el Departamento de Justicia condicionó la compra de Fox a que, antes de concretarse, esta se deshiciera de una multitud de canales deportivos y de noticias.

La Comisión Europea hizo lo propio pero se limitó a ordenar a Disney deshacerse de su participación en varios canales culturales.

Ambas decisiones buscaron salvaguardar el interés de los consumidores, pues no hacerlo hubiera significado generar problemas de competencia como resultado de su fusión.

En América Latina la operación ha suscitado malos entendidos, pues la separación de la cadena Fox Sports (FS) en Estados Unidos hizo a muchos pensar que sus homónimas latinas tampoco estarían incluidas en la operación.

Sin embargo, FS en América Latina forma parte de una unidad de negocios diferente a la estadounidense, hecho por el cual no fueron afectados por la decisión del Departamento de Justicia. De esta forma, las autoridades de competencia en la región tendrán que enfrentarse a la misma disyuntiva que su contraparte americana, pues aquí también ambas empresas tienen un importante peso en la transmisión de contenido en televisión de paga.

Hace pocos días, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil falló en el mismo sentido.

Ello pues consideró que, tras la unión de ambas compañías, Disney ostentaría una posición privilegiada en el segmento deportivo de los canales de TV de Paga y dejaría a operadores y suscriptores con un problema de concentración de mercado preocupante.

El análisis del CADE es destacable en dos sentidos: toma en cuenta la pluralidad y diversidad en contenidos; y remarca la importancia de analizar los canales por géneros y no sólo en conjunto.

En México, las autoridades competentes (IFT y Cofece) se enfrentan a un problema similar, aunque de magnitud incluso mayor, al brasileño.

Esto ya que en Brasil, aún después de la fusión, existiría un gran programador (Globo) con mayor nivel de audiencia que podría competirle en el mismo mercado. En nuestro país este no es el caso pues el gusto del público y los acuerdos de exclusividad de ESPN y FS les dan preferencia sobre el resto. Incluso, son los únicos canales deportivos ofrecidos por todos lo operadores en todos sus paquetes.

Resta esperar, entonces, que las autoridades mexicanas estén a la altura de sus pares internacionales y establezcan límites a la operación en defensa de los consumidores

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