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COLUMNISTAS

Desregular no es la solución

Dinorah Navarro

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La Silla Rota – Aleida Calleja

Reveladora fue la réplica de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), el pasado 29 de agosto, ante el artículo publicado en el periódico El Universal por Irene Levy quien criticó los Lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de la Secretaria de Gobernación (Segob) que violentan el interés superior de la niñez al permitir que esté expuesta a contenidos violentos y de publicidad de comida chatarra. Los lineamientos favorecen a todas luces a los concesionarios de la radio y la televisión comerciales.

La crítica era a la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Segob, encabezada por Andrés Chao, pero quien salió en su defensa fue la CIRT. En su réplica el organismo que congrega a una buena parte de los industrales de la radiodifusión justifican tales lineamientos porque “se ha venido actualizando para un sano equilibrio y poder competir de mejor manera contra contenidos, vía plataforma sin regulación alguna”, refiriéndose sin mencionarlos, a los servicios Over The Top (OTT´s) como Netflix, Claro Video, HBO, entre otros, lo cuales ciertamente no tienen ningún tipo de regulación, lo que sirve como pretexto para impulsar una desregulación en materia de contenidos audiovisuales, aún a costa de lastimar los derechos de la población más vunerable como la niñez.

De hecho, la Segob ha justificado sus inmorales lineamientos aduciendo que ahora tanto el público infantil como adolescente tiene acceso a ver contenidos diversos en internet sin que se tenga control alguno por parte de los padres, un argumento engañoso, pues los nuevos desafíos que implican las plataformas tecnológicas no pueden ser el pretexto para que el Estado siga cumpliendo con su obligación de la protección de derechos, el más claro ejemplo lo tenemos con la Directiva Europea sobre Servicios de Comunicación Audiovisual que fue actualizada en el 2010 por el ingreso de nuevas tecnologías incorporadas a la transmisión de servicios de comunicación audiovisual, así la nueva regulación fue hecha para “garantizar unas condiciones óptimas de competitividad y seguridad jurídica para las tecnologías de la información y los servicios e industrias de medios de comunicación en Europa, así como para el respeto de la diversidad cultural y lingüística”[1].

Los desafíos regulatorios

Para la Comisión europea independientemente de la plataforma que se utilice los servicios audiovisuales son tanto culturales como económicos, por ello deben tener normas específicas para garantizar la libertad de la información, la diversidad de opinión, el pluralismo de los medios de comunicación, la protección a los menores, entre otros.

De esta manera el viejo continente dio una respuesta concreta al debate de las asimetrías regulatorias y en lugar de quitarle responsabilidades a los operadores tradicionales de la radiodifusión emparejó el piso poniéndoles reglas a los servicios de video por internet a fin de garantizar derechos.

Tratar de resolver los problemas de competencia entre servicios audiovisuales comparables quitando obligaciones y responsabilidades para respetar derechos, en este caso los de la niñez, equivaldría a dejarle al mercado la facultad de garantizarlos, pero hasta ahora las evidencias muestran que por sí sólo el mercado es incapaz de hacerlo.

La Segob al apropiarse de esta lógica defendida por los concesionarios en la regulación de contenidos nos lleva a un retroceso en la conquista de derechos humanos fundamentales y a una renuncia a la obligación del Estado mexicano para protegerlos, con lo cual las autoridades de esa institución están violando flagrantemente el artículo 1º constitucional que mandaba a la efectiva protección y progresividad de los derechos humanos.

Este caso nos muestra la necesidad de empezar a debatir de manera integral los desafíos regulatorios en nuestro país respecto de la competencia económica y la garantía de derechos informativos con las plataformas digitales, que debe ir más allá de la propuesta limitada de sólo aplicarles una carga tributaria para que paguen impuestos como el resto de los operadores, se trata de que también esas empresas tecnológicas cumplan con las leyes nacionales, incluidas las de la protección a la niñez.

Las OTT´s audiovisuales deben de incluir con toda claridad los controles parentales necesarios para que los padres puedan restringir los contenidos nocivos para los menores de edad y cumplir con la obligación de incorporar la clasificación indicativa de los programas que permita a los padres controlar en forma efectiva el acceso a contenidos que podrían dañar su desarrollo armónico.

Pero incluso, más allá del debate necesario sobre las OTT´s audiovisuales en nuestro país, lo cierto es que durante décadas la Segob ha mostrado con creces su incapacidad para regular contenidos y hacer valer los derechos de las audiencias, por eso debe plantearse muy seriamente que esta dependencia deje de tener injerencia en la regulación de los medios de comunicación y acabar de una vez por todas con esta añeja herencia de los más viejos tiempos autoritarios, tal como ya lo ha propuesto la Asociación Mexicana de Derecho a la Información en un documento muy bueno que marca los desafíos para la agenda de la libertad de expresión en México y que se puede consulta aquí: Desafíos en la agenda para la libertad de expresión 2018-2014

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0013&from=ES

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COLUMNISTAS

¿Y qué pasaría si le dicen adiós a AMLO?

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Excélsior – Alicia Salgado

¿Quiénes osarían pensar en esa posibilidad?, se preguntará usted. La respuesta es: las empresas de telefonía móvil con excepción de América Móvil, que dirige Daniel Hajj, pues con la carga impositiva directa e indirecta que tienen y, sobre todo, las obligaciones de pago de espectro que tienen para el año que entra, les aseguran otro año de resultados con pérdidas.

La única manera de ganar dinero es tener 65 millones de clientes en México o te resignas a perder 27 mil millones de pesos como AT&T México, que dirige Kelly King, o especulas entre quedarte o irte porque apenas ganas dinero después de 20 años de mantener la inversión en México como en el caso de Telefónica.

Telefónica de Carlos Morales, por ejemplo, ha tenido un lapso de 5 años donde el trabajo de administración y eficiencia, le han permitido mantener un rango de inversión de 4,500 millones de pesos, como el 12% de sus ingresos, pero el año que entra, entre el pago para renovar la banda de 1900 MHz que compró con Pegaso hace 20 años, el pago de la banda de 2,500 de la licitación de este año y los derechos anuales, simplemente, regresarán a acompañar a AT&T en acumulación de pérdidas.

Y mire, me atrevo a asegurarle que los tres operadores (incluyendo América Móvil), consideran que el precio del espectro es muy alto, sino también los operadores punto a punto como Maxcom, Axtel y Megacable, porque el gran problema que enfrenta la industria con la política de recaudación, no se incentiva la expansión de redes a zonas de menor penetración, dado que al estar indexado el pago del espectro a la inflación y tomar en cuenta referentes de precios de países con mayor ingreso per cápita y mejor distribución del ingreso, provocan una permanente concentración en mercado y para clientes de mayor poder adquisitivo.

Creo que, en especial, Gerardo Esquivel, quien será subsecretario de Egresos, será muy sensible a la ecuación, pues el presidente electo, López Obrador, ha mencionado su compromiso por lograr una cobertura de la red de internet de última generación en todas las zonas del país, especialmente las urbano marginales, y aunque la Red Compartida abre la posibilidad de alcanzarlo, para esta última será un problema si no logra comercializar sus servicios de mayoreo con operadores como los arriba mencionados.

¿Qué se plantea? Que se revise el método de indexar el derecho que se paga por el espectro a la inflación, considerando la realidad del sector. Sólo ayer, el IFT, que preside Gabriel Contreras, dio a conocer que para el 2013 (año de la reforma constitucional de telecomunicaciones), se cursaban en la red 35 mil millones de minutos, para el segundo trimestre de 2018, alcanzó casi los 75 mil millones de minutos, es decir, un crecimiento promedio anual de 51.6 por ciento.

“Es relevante mencionar que de 2015 a 2016, el tráfico se incrementó 1.6 veces, posiblemente como resultado de la caída de los precios de telefonía móvil, así como de la mayor competencia entre los operadores observada después de la entrada de AT&T y los operadores móviles virtuales (OMV), lo que incrementó la oferta de servicios para los usuarios”, dice el IFT.

Piense el detalle. Según el INPC reportado por el Inegi y consignado en julio pasado por el IFT, los precios de los servicios de comunicaciones —entre los que se encuentran la telefonía fija y móvil y el internet fijo—, mantienen por 25 quincenas consecutivas su tendencia a la baja.

Si los precios bajan en el sector, ¿por qué se mantiene como referente para el cobro del derecho la indexación al índice general? La carga fiscal derivada del uso del espectro se estima en 25% del total de los ingresos anuales de los operadores, y si suma el IEPS, el IVA y todo lo demás, es cercana al 46 por ciento.

Ni la matriz de AT&T ni la de Telefónica, quieren invertir más de lo que lo han hecho este sexenio, más aún, en el caso de Telefónica, la matriz podría tomar alternativas para ampliar su capital asociándose en una porción accionaria con un tercero, pero tendría que ver un incentivo claro para hacerlo y, mientras el 90% del valor del espectro lo fije el Congreso año con año en el presupuesto anual, resultará muy difícil seguir operando en un entorno de muy reducido margen y muy alta demanda de inversión. Sólo el año que viene tendrá que pagar ocho mil millones de pesos por el espectro.

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COLUMNISTAS

Capital humano en Telecomunicaciones

Mediatelecom

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El Economista – Ernesto Piedras

El capital humano ha sido identificado como la principal fuente de crecimiento económico de las naciones, por su impacto en la productividad. De hecho, en la Ciencia Económica se ha demostrado que es causa y consecuencia del desarrollo integral.

En el campo de las telecomunicaciones, el perfil del capital humano oscila entre:

a) la ingeniería por los requerimientos técnicos que esta industria demanda;

b) el jurídico y regulatorio por la naturaleza de los recursos empleados (aproximados a la noción de bienes públicos) y por el carácter fundamental del acceso a servicios;

c) así como el económico, por la compleja configuración de este mercado que originalmente han surgido en lo general con una configuración monopolística (como en todos los sectores de infraestructura), así como por su aproximación a escenarios de competencia o concentración.

¿Qué tan abundante es este recurso del capital humano en este sector convergente? En ocasiones el sector ha padecido la falta de respeto de responsables carentes de experiencia y robusta formación académica.

En el lado privado de las empresas de infraestructura y operación, ha abundado y se ha acumulado de manera más continua este recurso, el humano, fundamental en su función de producción.

¿Existe una crisis de talento para la continua operación de este sector, fundamental para el cumplimiento del mandato constitucional de la conectividad?

No, definitivamente no, pero se podría avecinar.

Una primera buena noticia ha sido el anuncio anticipado de la participación de gente con formación académica y experiencia profesional como Abel Hibert. Más recientemente el prenombramiento de Salma Jalife, quien encabezará desde el 1 de diciembre la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la SCT, y de otras figuras al frente de instancias de gobierno. Ellos, sabemos, cuentan con la capacidad, experiencia y el nivel profesional que se requiere para abonar al desarrollo de este sector.

Pero todos los eslabones son importantes en una cadena. Nada ha sido mencionado aún acerca del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), pieza fundamental en el orgullo gubernamental. A la fecha ha sido incubado y nutrido por un experimentado profesional de la gestión pública, Fernando Borjón, para llevar adelante la entidad de acompañamiento, apoyo y supervisión del desarrollo de la Red Pública Compartida (RPC), proyecto de expansión que aspira a contribuir al acceso, conectividad y su consecuente, universalización entre los mexicanos. Designación o ratificación ahí, debe tener demostrados los recursos y solvencia tanto para la continuidad de operaciones comerciales de la RPC y el cumplimiento de hitos de cobertura conforme al calendario de despliegue establecido.

En general, es digno de agradecimiento el anuncio anticipado de los nombres de aquellos que serán responsables de la política pública sectorial que, en términos convergentes, pesa más de 6% del PIB y cuyos servicios permean hoy ya, a casi la totalidad de nuestra operación social y económica.

La función de producción del sector requiere de la inyección de nueva tecnología, que avanza a ritmo de vértigo, así como de inversiones para compensar el déficit de capital que padecemos. También, por supuesto, de un marco legal y regulatorio, así como de su aplicación oportuna y efectiva. Pero sin el componente del óptimo capital humano, la impericia en la operación pública y privada pondría en riesgo la provisión eficiente de estos servicios para la totalidad de la población y del aparato productivo nacional.

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COLUMNISTAS

Roku evitará alentar piratería

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La Crónica de Hoy – Julio Brito

REGRESAN. Luego de que un Tribunal Federal Colegiado en Materia Civil aceptara las propuestas de Roku para distribuir sus equipos en México, Cablevisión indicó que finalmente la empresa pionera en el streaming, que dirige Stephen Kay se comprometió a tomar medidas antipiratería.

Por su parte Roku consideró como una victoria la anulación de la prohibición de la venta de sus equipos en México, la cual espera se reanude las siguientes semanas.

 

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