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AMÉRICA LATINA

A partir de hoy los celulares robados no funcionarán en ninguna red del país

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La Nación – Vanesa Listek

partir de hoy, todos los celulares que sean denunciados como perdidos, robados o falsificados serán bloqueados y no podrán funcionar con ninguna red móvil del país. La medida forma parte de un plan integral que incluye inspecciones en galerías comerciales, la recuperación de equipos sustraídos e incluso controles a aparatos personales en la vía pública, en “zonas calientes” de la ciudad, a cargo de brigadas especializadas.

Se calcula que más de dos millones de teléfonos adulterados se darán de baja gradualmente; cuando se pretenda cambiar la tarjeta SIM de uno de estos dispositivos de la “lista negra”, el sistema se bloqueará y no se podrá conectar más a una red móvil. Según los expertos, se darán de baja a un promedio de 4000 celulares por día. En los últimos cuatro meses la División de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, que encabezó los primeros operativos, detuvo a 90 personas en las inspecciones: el 95% son extranjeros; entre ellos, casi el 67% son peruanos.

Más de 2500 millones de personas en todo el mundo usan smartphones. En la Argentina son 23,34 millones de personas, más de la mitad de la población. Con tantos dispositivos que valen cientos de dólares, el robo de teléfonos que alimenta el mercado negro ha crecido considerablemente en los últimos años. Para abordar este problema -económico, pero, especialmente, de seguridad pública- se darán de baja todos los celulares con un IMEI (el número de serie único de cada aparato) que sea “inválido”.

Se trata de una iniciativa en conjunto con el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) porteñas y la Dirección Nacional de Migraciones. Con un promedio de seis clausuras por semana de comercios dedicados a la venta de teléfonos usados se busca impedir el uso, la comercialización, importación y exportación de este tipo de dispositivos obtenidos en maniobras delictivas o fraudulentas.

“A partir de un decreto del Enacom, tras gestiones con las prestadoras, si un smartphone es robado y su IMEI fue adulterado se lo dará de baja y no se podrá usar ni vender. Es una medida importante porque, para nosotros, todos los teléfonos robados están manchados de sangre, porque las circunstancias de la sustracción son, en general, violentas”, contó a LA NACIÓN el jefe de la División de Cibercrimen, Carlos Gabriel Rojas.

En 2017 fueron robados casi 4000 dispositivos por día, según informó la Asociación GSM (o GSMA, una organización de operadores móviles y compañías relacionadas) a principios de año. Todo aquel que haya adquirido un teléfono celular usado puede ingresar el número de IMEI en www.enacom.gob.ar/imei para verificar que no esté bloqueado.

“Hoy estamos desincentivando el robo y la adulteración de celulares, porque de esta manera los delincuentes no van a tener el mercado para colocarlos y dejará de ser una ganancia venderlos”, precisó el oficial Rojas.

De los 460 smartphones recuperados durante los recientes operativos realizados en galerías y paseos de compra de Liniers, Once, Constitución, Pompeya, Retiro y el microcentro, se encontró que varios provenían de Brasil, Chile y los Estados Unidos. El personal del Enacom chequea en el lugar el número de IMEI de los equipos contra una base de datos mundial y así detecta los que figuran como robados.

En mayo pasado comenzaron los controles a celulares personales en la vía pública. La iniciativa está a cargo de brigadas especializadas y entrenadas de la Policía porteña que no harán controles al azar, sino que trabajan con un mapa del delito en lugares que son problemáticos.

Ya hubo dos detenidos, ambos de origen peruano. De los 90 detenidos en los últimos cuatro meses por incumplimiento de la ley de comunicaciones y encubrimiento, 75 son peruanos -la mayoría, con 66-, venezolanos y colombianos.

La lista negra

La GSMA cuenta con la base de datos más grande a nivel mundial sobre todos aquellos teléfonos cuyo número de IMEI fue denunciado como robado o extraviado. Esta Asociación es la que le informa los datos al Enacom para evitar que los aparatos vuelvan a ser activados en alguna de las redes de las empresas de telefonía. A nivel mundial, 122 operadores de 44 países aportan información de los teléfonos robados y extraviados a la “lista negra”. En América latina participan 52 operadores de 18 países.

“La realidad es que los fabricantes no tienen ningún incentivo ni obligación para mejorar sus dispositivos y hacer que sea difícil adulterar el IMEI porque la presión regulatoria está sobre los operadores”, sugirió Lucas Gallitto, director de Políticas Públicas para América latina de la GSMA.

Para Gallitto, algunas compañías tienen teléfonos que son fácilmente adulterables por medio de un software genérico que puede costar 20 dólares y requiere solo de una PC. Otras, como Apple, tienen dispositivos que requieren de un programa que puede costar hasta US$ 10.000 y necesitar de un mainframe (una computadora grande, potente y costosa) para poder cambiar el IMEI.

“No es negocio robar un iPhone X para adulterarlo, pero el incentivo de los delincuentes está en el valor de las partes, en especial la pantalla y la batería de estos aparatos de alta gama, además de en los datos personales, que son un ‘activo’ que se ofrece y se vende en el ‘mercado negro'”, continuó Gallitto.

Un proyecto de ley en la Legislatura porteña, presentado por el diputado Ariel Álvarez Palma (Vamos Juntos-PRO), busca combatir el comercio ilegal de celulares regulando aspectos relativos a la compra, venta y reparación de los teléfonos, sus repuestos y sus partes a través de un registro online. La AGC tendrá a su cargo verificar que los locales que comercializan y reparan equipos celulares cumplan con ese registro. En caso contrario, recibirán multas que irán desde $7800 hasta $650.000, además de sufrir el secuestro de todo el material ilegal.

Consejos para una compra segura

Comprobación

Si se busca adquirir un equipo a través de un revendedor no oficial, tanto online como en un local, se debe chequear que el número de serie electrónico único (IMEI) del teléfono no esté en la lista de bloqueados

Procedimiento

Marcando *#06* se puede acceder al IMEI; en la web www.enacom.gob.ar/imei se puede verificar que no esté bloqueado

Constancias

Se debe probar la tarjeta SIM propia en el equipo que se está por adquirir para verificar que funcione. Finalmente se debe exigir al vendedor una factura en la que conste el número de IMEI del equipo que se adquiere y conservarla para presentarla, en caso de ser necesario

 

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AMÉRICA LATINA

2018 cerrará con 313 millones de dispositivos IoT en América Latina

Dinorah Navarro

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El mercado de Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) en América Latina terminará 2018 con 313 millones de dispositivos IoT conectados y aumentará a 995 millones de dispositivos para 2023, de acuerdo con cifras de la consultoría Frost & Sullivan durante un webinar de 5G Americas.

Crecerá a una tasa anual de 26.7 por ciento entre 2017 y 2023, indicó Ignacio Perrone, Gerente de Investigación ICT para América Latina de Frost & Sullivan.

El consultor mencionó que las empresas deben generar nuevas fuentes de ingresos con modelos de negocio innovadores para justificar la inversión en proyectos tecnológicos.

Recalcó las mayores amenazas para las empresas tecnológicas que no vienen de jugadores establecidos, sino de startups disruptivas del statu quo.

En América Latina existe una penetración móvil por encima de 100 por ciento, por lo que el crecimiento de líneas móviles se define por el crecimiento demográfico.

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AMÉRICA LATINA

Panamá tiene condiciones superiores en la región para funcionar como Hub Digital

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El Capital Financiero-Violeta Villar Liste

“Imagina la sociedad en la que quieres convertirte”. Es una frase que dicha por Dan Breznitz equivale a convertir la tecnología en aliado del desarrollo de los países.

Profesor y catedrático de Estudios de Innovación en la Universidad de Toronto(Canadá), es también experto en industrias basadas en la innovación rápida.

Ahora se encuentra en Panamá como consultor del proyecto Panamá Hub Digital, estrategia que aspira a definir el desarrollo del sector de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para los próximos diez años como parte de un esfuerzo público y privado.

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y la Cámara Panameña de Tecnologías de Información, Innovación y Telecomunicaciones (Capatec), lideran este proyecto, con el apoyo, entre otros, de Fundación Ciudad del Saber (CDS) y la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).

Eli Faskha, presidente de Capatec, explicó que Breznitz es experto en determinar cómo el apoyo gubernamental afecta las industrias de tecnología en diferentes países.

De hecho, ha escrito varios libros comparando las experiencias de Singapur, Taiwan e Israel, entre otros países, cada uno con políticas y resultados distintos. Al respecto, en Panamá, a partir del diagnóstico, le corresponderá ofrecer recomendaciones.

El experto, quien también está evaluando los avances del país y se ha reunido con diferentes actores en esta materia, fue el expositor principal del último desayuno del año de  Capatec.

Explicó que diseñar una política de innovación debe considerar la realidad global cambiante, las características del mercado, habilidades y capacidades.De igual modo, es necesario comprender las fortalezas particulares.

Advirtió que los cambios no suceden de la noche a la mañana: el tiempo es un factor a considerar.

Al conversar con Capital Financiero, señaló que Panamá tiene varias condiciones para funcionar como Hub Digital: cuenta con una infraestructura apropiada y, aclaró, no es solo el Canal.

Dijo que ha estado en Argentina, Chile, Uruguay y Colombia y la infraestructura digital de Panamá es superior a la de estos países.

Otras fortalezas que destaca el especialista son los sistemas financiero y legal. “El capital humano es bastante bueno; como prioridad sería mejorarlo todavía más.

“Esa mejora no es solo en las capacidades técnicas o de ingeniería, sino en cómo vincular un negocio a la tecnología”.

Dan Breznitz

El catedrático considera que en este proceso el soporte del Gobierno resulta fundamental porque se requiere un tiempo para crecer.

Observa que las personas con capacidad de hacer un cambio en la industria de la tecnología pueden conseguir un trabajo bien pagado y cómodo y olvidarse del riesgo que esto supone.

Pero si se les ofrece estabilidad y soporte podrían acompañar estas grandes transformaciones que a futuro harán la diferencia.

Y la diferencia se llama innovación.

Breznitz explicó que estas empresas de tecnología derivan en empleos mejores pagados y mas competitivos que dan soporte a la economía y generan una comunidad que ayudará a crecer a quienes también apuesten por esta visión de futuro.

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AMÉRICA LATINA

Los principales reparos al proyecto de modernización TIC

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El Tiempo

El dato no lo discute nadie: Colombia tiene una penetración de internet del 61 por ciento, lo que según el MinTIC representa alrededor de 20 millones de nacionales sin acceso a la red. La ministra de esa cartera, Sylvia Constaín, señaló, en entrevista con EL TIEMPO, que sin un cambio de reglas tomará veinticinco años cerrar la brecha digital.

Pero el proyecto de ley 152 (PL152), que llegó al Congreso con mensaje de urgencia, ha despertado recelo entre quienes ven en él una concentración de poderes en el Gobierno, un marco exageradamente complaciente con los operadores privados, un riesgo para el futuro de la radio y la televisión pública y, sobre todo, un inexplicable afán por obtener su aprobación sin lo que consideran es el grado suficiente de deliberación.

“La conectividad es una prioridad para el Gobierno, para el país para todos los colombianos que no están conectados. Seguimos comprometidos con tener unas condiciones mejores, cada día que pasa es un día que no damos a los colombianos la posibilidad de tener mejores oportunidades de emprendimiento y equidad”, dijo la ministra a la salida del primer debate. En ese, como en cada escenario, ha repetido y repetido un lema que ya suena a mantra: “Este Gobierno quiere conectar al país y conectarlo bien”. 

El alto consejero para la Transformación Digital, Víctor Manuel Muñoz, ha descrito al proyecto de ley como nada menos que “fundamental” porque, dice, “permitirá reactivar la inversión en el sector y alcanzar cobertura en zonas en las que hoy no la hay”.

Es algo que celebran voces como la de Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), para quien este “es un proyecto que va a generar un ánimo óptimo para que las inversiones lleguen a las áreas más remotas de Colombia”.

Es un proyecto que va a generar un ánimo óptimo para que las inversiones lleguen a las áreas más remotas de Colombia

Los reparos al proyecto se centraron, al principio, en la idea de que de él emane un regulador convergente para el sector TIC que se encargaría de lo relacionado con la televisión, las telecomunicaciones, el internet y la radio. El rechazo no es tanto al concepto, que no es nuevo, ni exclusivo de Colombia, sino al hecho de que según lo planteado el máximo órgano rector de ese renglón, responsable entre otras cosas de sanciones y reglamentaciones, sería excesivamente cercano a la esfera de influencia del Ministerio y del Gobierno.

La propuesta inicial contemplaba cinco comisionados con periodos fijos de cuatro años: dos elegidos directamente por el Presidente de la República; otros dos, mediante convocatoria pública; y uno en representación de los canales públicos de televisión. 

Pero la semana pasada se acordó un cambio que dejaría su composición así: un representante de los canales regionales, un representante del Presidente, dos personas escogidas por convocatoria pública y el Ministro TIC. 

La ministra Constaín ha elogiado el carácter técnico de la Comisión, en tanto que algunos sectores han criticado la falta de perfiles asociados a la producción de contenido o con experiencia en temas de derechos humanos.

Santiago Rivas, presentador de Los Puros Criollos, uno de los espacios más premiados de Señal Colombia y, de hecho, de la televisión colombiana, dijo: “Queremos un regulador convergente, pero uno que no esté anclado en el gobierno, que no esté compuesto solo por abogados, ingenieros, administradores y economistas, sino que sea un comité de regulación de gente que sepa sobre contenidos. Eso evidencia en qué se van a gastar la plata, están quitando dinero a contenidos para reforzar infraestructura”.

El proyecto también ha recibido cuestionamientos respecto a la posibilidad de que se disminuyan los recursos para la financiación de la televisión pública en el país. 
Rivas ha sido particularmente vocal en sus críticas por este aspecto. En charla con EL TIEMPO, dijo: “Lastimosamente, nos hemos acostumbrado a que en Colombia se legisla para los privados. Enarbolando una causa justa, que en este caso es la conectividad y el refuerzo de una infraestructura, se termina dando pie para que otras causas injustas se posicionen dentro de la legislación, que queden en papel y amparadas por los votos de los congresistas”.

“La cosa es que una internet sin independencia, sin neutralidad no es internet. Si el lobby viene desde Facebook, desde Google, desde Apple, desde las grandes empresas que están manejando capitales en internet, lo que estamos haciendo es arriesgar el futuro de la televisión comunitaria, de la radio digital, de los youtubers, de los creadores independientes de contenido, que no dependen de intermediarios”, agregó.

Yohai, por el contrario, cree que el proyecto “va a beneficiar la televisión pública fortaleciéndola y garantizándole recursos que hasta el momento jamás se le han garantizado para proteger ese patrimonio nacional que son los contenidos regionales”.

Un proyecto que no se discute rigurosamente y que no tiene la voz ciudadana, es un proyecto que probablemente sea inconveniente, carezca de legitimidad y debilite la democracia deliberativa

El senador Antanas Mockus le pidió a la Ministra, en una carta pública, que se dedique más tiempo para el debate de la iniciativa. “Un proyecto que no se discute rigurosamente y que no tiene la voz ciudadana, es un proyecto que probablemente sea inconveniente, carezca de legitimidad y debilite la democracia deliberativa”, adujo Mockus.

Es una inquietud que comparte el periodista Daniel Coronell, para quien preocupa que “el Gobierno se ha propuesto sacar esto a toda marcha, ‘ferrocarrilearlo’, tratando de armar unas mayorías sin considerar la visión de todos los sectores implicados en una decisión tan importante como esta”.

“Pienso que es un tema importante, pero que hay cosas que sí son prioritarias: la hambruna que padecen los niños en La Guajira, las condiciones de la inmigración venezolana… son cosas más importantes y urgentes y no reciben mensaje de urgencia. Estos trámites afanados, en donde quieren aprobarnos una ley a los trancazos mientras suenan los villancicos, buscan aprovechar la temporada de diciembre para que esto pase volando y calladito y no se vea qué es lo que está pasando”, indicó.

El Gobierno se ha propuesto sacar esto a toda marcha, ‘ferrocarrilearlo’, tratando de armar unas mayorías sin considerar la visión de todos los sectores implicados

¿Beneficio a privados?

Pero los cuestionamientos más fuertes vienen de parte de quienes creen que el proyecto de ley favorece de manera descarada los intereses de actores privados como canales de televisión y cableoperadores. La ministra Constaín no ha ocultado que las nuevas reglas de juego buscan hacer atractiva la inversión de capitales privados, pero eso no ha evitado señalamientos por propuestas incluidas en el documento como la de renovar el plazo de los permisos para el uso del espectro radioeléctrico hasta por 30 años. En un cambio acordado durante el debate, se rebajó esa cifra a 20 años. Constaín ha dicho que 20 o incluso 30 años no es un plazo largo “si se considera todo lo que falta por conectar”.

No lo cree así Coronell, para quien “se están buscando grandes rebajas en los costos de los grandes operadores, por ejemplo, de la televisión por cable, y esta es una norma con dedicatoria propia, para favorecer a Carlos Slim y sus intereses en Colombia”. 

Aclarando que habló a título personal y no en representación de ese canal, agregó: “Se están cambiando las condiciones de competencia en la televisión abierta, dándole a Caracol y RCN unas ventajas competitivas que en la práctica sacarían del ‘ring’ al Canal Uno”.

“Bajo las reglas actuales, Caracol y RCN están pagando un precio fijo por la concesión. Es el caso también del Canal Uno, que está pagando por una concesión de espacios y no de frecuencias”. Con la aprobación de la ley, añadió, “Caracol y RCN recibirían el doble del espacio de la concesión (20 años) y ya no se calcularía como un precio fijo, sino como un porcentaje de la publicidad. Entonces, si uno de los actores, que casualmente es el más débil, tiene que pagar un precio fijo y en menos tiempo, pues es mucho más difícil que pueda armar un esquema de negocio que le permita sobrevivir, cuando tiene a los más fuertes con ventajas por parte del Gobierno”, dijo. 

Al respecto, Rivas apuntó: “¿Qué papel cumple la televisión privada? Ellos quieren pagar menos plata. Si ganan menos, pagan menos, porque no hay una cuota fija sino un porcentaje. Un porcentaje que a nosotros nos parece justo y que es una pequeña parte del capital que ellos tienen y que sirven para que la televisión pública pueda seguir siendo una alternativa, complementaria a las otras que existen”.

La ministra Constaín no acepta que se trate de “ahorrarles” plata a empresas privadas. Para ella el PL152 se trata de un proyecto marco para todo un sector que apunta a modernizar el sector de la televisión como a otros sectores y es enfática en que “nadie está regalando absolutamente nada”.

El realizador concluyó: “No somos enemigos de la televisión privada. Nos conviene que le vaya bien para que podamos seguir haciendo lo que hacemos. (…) La conectividad es importante, eso está claro. Ya que están llevando cables a La Guajira, aprovechen y lleven comida, pues hay niños muriéndose de hambre. Hay cosas más urgentes y este, que es un tema importante, y que precisamente por lo importante no debería ser tratado con urgencia sino al contrario con una concertación más amplia. Obviamente la conectividad es buena, pero si no hay contenidos eso solo son cables y antenas. Y se van a gastar la plata en cables, antenas y satélites que no tienen nada que mostrar y nada que decir salvo lo que un organismo de regulación enclavado en el Gobierno quiera que se diga”.

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