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AMÉRICA LATINA

Costa Rica: más de 60 mdd adjudicados a 3 operadores para Espacios Públicos Conectados

Los operadores cuentan con dos meses para entregar las primeras 10 zonas digitales

Itzel Carreño

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El programa cuatro del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) de Costa Rica “Espacios Públicos Conectados” fue adjudicado a tres operadores de telecomunicaciones por un monto total de 60 millones 147 mil 570 dólares.

A través del programa se espera beneficiar a más de 3 millones de habitantes brindando Internet inalámbrico gratuito a 515 zonas en todo el país.

Las tres regiones operativas establecidas en el cartel quedaron adjudicadas de la siguiente manera:

  • Región 1: Consorcio ICE-RACSA-PC Central por un monto de 24 millones 600 mil 776 dólares.
  • Región 2: Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste (Coopeguanacaste) por una suma de 19 millones 990 mil 800 de dólares.
  • Región 3: Telecable por un monto de 15 millones 555 mil 994 dólares.

 

A partir del proceso de adjudicación se prevé realizar la firma de los respectivos contratos en agosto de 2018. Una vez iniciada la ejecución del proyecto, los operadores cuentan con dos meses para entregar las primeras 10 zonas digitales de cada región operativa.

El Consorcio formado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Racsa y PC Central, Coopeguanacaste y Telecable presentaron sus ofertas en mayo. La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), como administradora del Fonatel, debía revisar las ofertas y adjudicar los proyectos, en conjunto con el fideicomiso del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).

La zona 1 del proyecto comprende las provincias de Guanacaste, incluida toda la península de Nicoya; Alajuela, parte de Heredia y San José; la zona 2 abarca otra parte de las provincias de Heredia, San José y la totalidad de Puntarenas y la zona 3 cubre Cartago y la Provincia de Limón.

Sutel espera que las primeras zonas digitales empiecen a funcionar durante el tercer trimestre de 2018.

Espacios Públicos Conectados busca llevar Internet Wi-Fi gratuito a parques, plazas, bibliotecas, estaciones de tren, centros cívicos y los campus de las universidades públicas.

Fonatel desarrolla cinco programas: Comunidades Conectadas, Hogares Conectados, Centros Públicos Conectados, Espacios Públicos Conectados y Red de Banda Ancha Solidaria.

“Con la ejecución de proyectos como el programa cuatro del Fonatel se contribuye de forma directa al servicio universal y al cierre de la brecha digital en el país, se fomenta el concepto de ciudades digitales, se permite el acceso a contenidos valiosos como la educación y el gobierno digital y, además, se incentivan oportunidades para la población en igualdad de condiciones”, expresó Manuel Emilio Ruiz Gutiérrez, miembro del consejo de la Sutel.

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Destruyen y saquean oficinas de Entel en Santa Cruz

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Los Tiempos

Las protestas contra la repostulación del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera continúan generando hechos de violencia en la ciudad de Santa Cruz. Esta vez los manifestantes destrozaron las oficinas de un multicentro de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) con el uso de piedras, palos y otros elementos.

El canal estatal Bolivia TV reportó que los movilizados lograron ingresar a las instalaciones de esta empresa y procedieron a saquear celulares, computadoras y otros artículos que encontraron a su paso.Boletín de noticiasRecibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo.Suscríbase ahora

Asimismo, en las calles adyacentes los manifestantes golpearon a algunos comerciantes y según las imágenes difundidas por el mismo medio de comunicación, incluso hicieron arrodillar a una persona.

La violencia en Santa Cruz se desató a partir de una marcha de estudiantes universitarios, que recorrió por distintas calles y luego se dirigió al Tribunal Electoral Departamental (TED), que también fue destruido y hasta incendiado.Ver imagen en Twitter

#Bolivia

Las instalaciones del Servicio de Impuestos Nacionales de Santa Cruz también fue atacada por un grupo personas esta jornada. “Más bien, no tenemos que lamentar daños personales. Pero quemaron muebles, computadoras”, dijo el presidente del SIN, Mario Cazón.

Antecedentes

El 21 de febrero de 2016 se realizó un referendo en Bolivia y la mayoría se opuso a una nueva postulación del presidente Evo Morales; sin embargo, pese a ese resultado, el oficialismo continuó buscando otras estrategias y mediante un recurso judicial, presentado en el Tribunal Constitucional, logró que se posibilite la repostulación indefinida del Jefe de Estado.

El pasado 4 de diciembre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó la postulación del binomio oficialista, Evo Morales y Álvaro García Linera, para las elecciones de 2019.

El 6 de diciembre, un paro cívico nacional contra la repostulación del binomio oficialista, también terminó en hechos de violencia, pero en la ciudad de La Paz, donde los manifestantes intentaron tomar por la fuerza el edificio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) atacando a los policías. 

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AMÉRICA LATINA

¿Por qué critican el proyecto de ley TIC?

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El Espectador-María Alejandra Medina C.

El proyecto de ley de “modernización de las TIC” se radicó en septiembre pasado en medio de un ambiente de renovación de Gobierno. Se hizo con la esperanza de que prospere, a diferencia de lo que ocurrió con la iniciativa legislativa impulsada por el anterior Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), que fue retirada días antes de que el Congreso de la República dejara de sesionar.

Sin embargo, el camino se ha venido complicando cada vez más para el nuevo articulado. Al igual que en el intento pasado, el tema delicado es la televisión pública. El riesgo para su financiación fue el factor que, en últimas, llevó al Gobierno anterior a retirar la propuesta. Pero en esta ocasión, el Mintic se muestra confiado no solo en que el nuevo proyecto debe pasar, sino que, por sus beneficios, debe hacerlo con urgencia.

El regulador único

A grandes rasgos, la propuesta es crear un “regulador único” para el sector de las comunicaciones, incluida la televisión, un punto en el que hay relativo consenso: puede no tener mucho sentido seguir regulando por aparte para televisión, telefonía e internet en tiempos en que las empresas prestan servicios en conjunto y en que, por poner un ejemplo, el consumo audiovisual de los usuarios puede ocurrir en línea.

Hoy existe la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que se encarga de regular temas como la telefonía móvil y fija, y, por otro lado, está la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV). El proyecto de ley en discusión propone precisamente suprimir la ANTV.

Como ha explicado la ministra TIC, Sylvia Constaín, toda la regulación quedaría en la CRC y la política, en el Ministerio TIC. De hecho, eso es lo que para el Gobierno justifica que los comisionados tengan perfiles técnicos: ingenieros o economistas. La gran pregunta que desde diferentes sectores se ha hecho es dónde quedarían los expertos en contenidos: comunicadores y realizadores, entre otros.

La autonomía del nuevo regulador

El otro gran interrogante tiene que ver con la autonomía en la generación de la política relacionada con los contenidos si esta queda en manos del Gobierno de turno. La ministra Constaín expresó que “absolutamente nada” en el proyecto de ley afecta garantías constitucionales como la libertad de expresión. “La independencia de contenidos se mantiene”, afirmó.

Pero la conformación misma de la CRC también genera dudas sobre la independencia del regulador que han recomendado entidades como la OCDE. Si bien los cinco comisionados ya no son elegidos de una u otra forma por el presidente de la República, como en la versión inicial, el ministro o ministra TIC vuelve a tener uno de esos asientos. Otro es para un designado por el presidente, otro es para los canales regionales y dos se eligirían por convocatoria pública a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública.

El fondo único

La otra gran propuesta es la creación de un fondo único, a diferencia de los dos que existen hoy, que son: uno para el desarrollo tecnológico del país y el otro para la televisión pública. Dicha unidad estaría adscrita al Mintic y las contraprestaciones que las empresas depositarían allí para financiar, entre otras, la TV pública se reglamentarían en los próximos seis meses después de expedida la ley.

Para Omar Rincón, crítico de televisión y profesor del Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes, en principio es correcto que todos los que están obligados “paguen” lo mismo a ese fondo, incluso plataformas como Netflix y Amazon. Sin embargo, el proyecto de ley no involucra esos servicios, conocidos como OTT, y por eso, según Rincón, este proyecto de ley, realmente no es de “convergencia”.

La ministra explicó que la propuesta no involucra las OTT, pues la intención es impulsar la conectividad. Para ella, el tema de los servicios que funcionan sobre esa conectividad sería un asunto para la regulación, no para la legislación.

La comunicación comunitaria

Desde la sociedad civil, por otro lado, señalan que en el proyecto de articulado no se tienen en cuenta elementos como las redes comunitarias de comunicación, que son más que televisión. Para Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, organización que vela por los derechos humanos en entornos digitales, el papel de estas redes en zonas apartadas es muy importante para cerrar brechas digitales.

Según Botero, es un error pensar que la conectividad en esos lugares se logrará solo con la acción de las grandes empresas. La razón es que existe la posibilidad de que haya población que, a pesar de todo, quede por fuera del mercado porque es muy poca o porque no tiene la capacidad de pago de un servicio. “La comunidad se puede organizar para hacer sus propias redes de comunicación, como una intranet, que luego se puede volver un nodo para internet”, dijo. “El modelo debería ser la cooperación (entre grandes y pequeños)”.

El espectro

Una diferencia entre la versión inicial de este proyecto y la actual es el tiempo de licencia del espectro radioeléctrico, esa especie de autopista invisible por donde viajan las telecomunicaciones. Antes se hablaba de 30 años; ahora, de 20. Actualmente el límite está en 10, algo que para los privados es un tiempo corto que no genera “seguridad jurídica” para sus inversiones.

Gremios como Asomóvil (Claro, Tigo y Movistar), entre otros, han manifestado estar de acuerdo con el proyecto de ley. Sin embargo, las mayores críticas han venido de organizaciones de la sociedad civil y trabajadores de la televisión pública, como Santiago Rivas, presentador de “Los Puros Criollos”, quien participó en un episodio de La Pulla —canal de opinión de este diario— que criticaba el proyecto de ley TIC. Rivas manifestó que consideraba que esa posición en contra fue la razón para que RTVC sacara su programa de la parrilla de televisión, lo que negó el gerente del sistema de medios públicos, Juan Pablo Bieri, explicando que era un decisión de gerencia para no seguir repitiendo temporadas anteriores.

El ritmo del debate

Desde el Congreso hay quienes han solicitado un debate más amplio y pausado de esta iniciativa. El senador Antanas Mockus pidió dejar la discusión para 2019, en vista de lo delicado del tema. El senador liberal Luis Fernando Velasco, por su parte, afirmó que pediría a su bancada no estudiar el proyecto mientras no se aclare el asunto de “Los Puros Criollos” y la aparente censura.

La propuesta pasó el debate en comisiones y, con mensaje de urgencia, irá a la discusión en plenarias. La ministra TIC ha explicado que considera urgente aprobar el proyecto teniendo en cuenta que la convergencia regulatoria se viene discutiendo desde 2014; que el Gobierno anterior adelantó diversas mesas de trabajo sobre el tema, cuyos resultados se han tenido en cuenta, y que cerrar la brecha digital en el país no da espera. Rincón, sin embargo, cuestionó: “¿Por qué tanta urgencia? ¿Van a cerrar la brecha digital de aquí a marzo?”.

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Hughes lanza su oferta de Internet satelital en Junín

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El Comercio-Marcela Mendoza Riofrío

Hughes (Hughes Network Systems, LLC), proveedor de Internetvía satélite para el hogar presentó hoy su oferta en Junín. En los próximos días continuarán con Pichanaqui, Oxapampa, Cerro de Pasco, Tarapoto y Huánuco. 

La compañía, de capital estadounidense, inició operaciones el 2 de noviembre y desde entonces ha ido firmando contratos en varias provincias del país, pues su cobertura es en el 97% de los hogares a nivel nacional. No obstante ello, irán organizando lanzamientos para presentar la oferta de servicios ciudad por ciudad.

Hugo Paredes, country head & commercial director en HughesNet Perú, detalló que la compañía tiene planeado invertir US$100 millones en los próximos cinco años en el país. Eso les permitirá ofrecer sus productos con velocidades de conexión de entre 20 Mbps y 50 Mbps para el hogar y las pymes. Además participarán en las convocatorias públicas que realicen el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Por ahora tienen cinco distribuidores a nivel nacional que los ayudarán a llevar su oferta, la cual asegura que es 60% más económica que la ofrecida por otros servicios satelitales. Su plan es ampliar su red de distribución comercial en las zonas subatendidas o sin señal y además trabajar con el Estado en los proyectos que buscan dar conexión a nivel rural.

EN ZONAS RURALES DEL INTERIOR LA PENETRACIÓN DE INTERNET BORDEA EL 10%. A NIVEL NACIONAL EL PROMEDIO ES DE 67%

Actualmente HughesNet cuenta con alrededor de un millón de clientes del segmento hogar en los Estados Unidos y tiene operaciones en Brasil y Colombia. Esta semana ha anunciado el inicio de sus operaciones en Ecuador, en donde también planea cubrir las zonas rurales que siguen desconectadas. 

“El Internet es un habilitador de posibilidades y por eso el foco de nuestro servicio son las zonas rurales, que hoy están desatendidas o tienen un mal servicio. Una oferta como la de HughesNet está pensada tanto para las familias como para las pymes”, recalcó Paredes.

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