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Red Troncal: política de Estado, no de gobierno

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El Economista – Ernesto Piedras

Hace poco más de un lustro se estableció a nivel constitucional el proyecto de la Red Troncal Nacional de Telecomunicaciones, estrategia del Estado para alcanzar acceso universal de las telecomunicaciones entre mexicanos, especialmente, en aquellas regiones remotas con escasa o nula oferta, así como para aumentar la cobertura, capacidad y calidad de la infraestructura de redes fijas. El proyecto forma parte de la estrategia y esfuerzos gubernamentales derivados de la reforma constitucional enfocados en alcanzar acceso y cobertura universales, en línea con el mandato del Artículo 6º constitucional.

Así, es claro que hoy la política de conectividad no se limita a un sexenio o una administración presidencial, sino que debe constituir una política de Estado.

La importancia de esta red reside no sólo en la búsqueda de materializar un escenario de conectividad en la que una gran mayoría de hogares y mipymes, al menos 70% y 85% respectivamente, cuenten con acceso efectivo a Internet. También constituye una adición significativa de capital de infraestructura que contribuirá fuertemente a la reducción del déficit de redes y a la dotación de capacidad de transmisión/descarga suficiente, ante la creciente demanda de datos por parte de las personas, los hogares y las unidades económicas en el país.

Asimismo, al proveer de servicios mayoristas en condiciones no discriminatorias, venta desagregada, neutralidad tecnológica y a precios competitivos, se reducirán las barreras de entrada y desarrollo de operadores competidores (fijos y móviles) que podrán ofrecer de manera más efectiva y competitiva servicios de voz, datos y video a los usuarios finales.

Desafortunadamente este proyecto fue demorado en su planeación y ejecución. Sin embargo, finalmente el pasado 29 de junio se dieron a conocer las bases para definir al desarrollador del proyecto, a través de un formato de Asociación Público-Privada (APP). Se prevé contar con el fallo del concurso el 24 de octubre para celebrar el contrato de la APP un mes después, el 23 de noviembre y, a partir de entonces, el desarrollador tendrá 180 días naturales para iniciar el despliegue de la red.

El desarrollador se debe comprometer a ofrecer una cobertura de al menos 80% de la población, máximo 42 meses después de la ejecución del acuerdo, con 12 meses adicionales para cumplir los compromisos de cobertura adicionales prometidos. Adicionalmente, deberá iniciar operaciones comerciales dentro de los primeros 270 días naturales posteriores a la firma del contrato de la APP. También debe cubrir todos los costos derivados de la ejecución del proyecto, en el entendido de que ninguna entidad Estado hará aportaciones adicionales a los dos pares de hilos de fibra óptica oscura de CFE y el derecho de acceso a puntos de demarcación y conexión.

Como única contraprestación, el desarrollador percibirá los ingresos generados por la operación de la red por un periodo máximo de 40 años. Adicionalmente, deberá transferir a Telecomm 1% de sus ingresos anuales o, en su defecto, 28 millones de pesos, la cantidad que resulte mayor.

Amerita destacar que, de no concretarse la definición del desarrollador en los plazos previstos en las bases, tocará a la próxima administración presidencial imprimir un sentido de urgencia, ante el mandato constitucional que obliga a la constitución de la Red Troncal.

Estamos frente a un caso de política pública sectorial de Estado que no está sujeta al calendario de administración de gobierno.

Ante la eventual coincidencia de la implementación de proyectos como éste y la transición de titularidad del Poder Ejecutivo, es imperante la definición de líneas de acción transexenales, con motivo de dotar de certeza y materialización cierta de éstos, sea cual sea la administración en turno.

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AMLO, con Consejo Asesor Empresarial

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Excélsior – José Yuste

La luna de miel con los empresarios empezaba a mermar. Por eso, la creación de un Consejo Asesor Empresarial que junto con el presidente electo, López Obrador, y su jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo, analice cómo crecer más, llega en buen momento. No se trata de sustituir al Consejo Coordinador Empresarial, o algún otro organismo gremial, ni mucho menos. Más bien se trata de que empresarios representativos de la sociedad mexicana, con ideas novedosas, puedan aportar ideas y medidas frescas al análisis gubernamental.

OBJETIVO, CRECER 4% O MÁS

Son siete los empresarios que inician este Consejo Asesor Empresarial. López Obrador busca que el Consejo lo ayude a crear políticas y medidas para obtener un mayor crecimiento de la economía mexicana del 4% o más. Sería una iniciativa que surgió de los mismos empresarios, y llega en un momento donde la luna de miel Cuarta Transformación-IP empezaba a tener sus malestares. Sin duda, acercar a estos empresarios representativos con el análisis del gobierno, es una estrategia inteligente de Romo que López Obrador la está sabiendo aprovechar.

PARA REBASAR TEMAS POLÉMICOS

Máxime cuando el entorno empresarial empieza a tener incógnitas sobre el futuro, por decisiones polémicas, como la de cancelar el aeropuerto en Texcoco, donde AMLO hizo una operación cicatriz con los empresarios bajo la bandera de la indemnización. El  otro tema polémico, el de las comisiones bancarias y no porque éstas puedan bajarse, sino la forma de una iniciativa que fue sorpresiva para todos y, sobre todo, busca fijar tarifas, controles, más que competencia. Y por si fuera poco, también vino el tema de la renuncia de uno de los presidentes de órganos autónomos, Juan Carlos Zepeda, quien renunció a la CNH, y causó controversia en el sector energético por las posibles exigencias de Rocío Nahle, próxima secretaria de Energía. En medio de este contexto, revuelto para el sector privado, el Consejo Asesor Empresarial, para apoyar a AMLO, sí puede funcionar para analizar políticas con reglas más claras hacia el futuro.

EMPRESARIOS REPRESENTATIVOS

El Consejo Asesor Empresarial que se reunirá con López Obrador cada dos o tres meses, está conformado por empresarios representativos de la actividad económica del país.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL GRUPO EMPRESARIAL?

1.- Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, no le hace falta gran presentación. Es reconocido por su televisora a escala nacional. Pero también porque sabe de otros mercados, como es el detallista al segmento popular con Elektra, o el financiero con Banco Azteca. Salinas Pliego tiene intereses intelectuales y sociales diversos, e incluso escribe en diarios y otros medios.

2.- Bernardo Gómez también es un empresario reconocido, copresidente de Televisa, pero quien ha sido activo en traer la creación de nuevos contenidos y tendencias. Es copresidente y desde hace años es una de las cabezas del grupo televisivo, pero también del grupo de generación de contenidos más grande de América Latina. Últimamente, ha estado inmerso en la redefinición de Televisa, para hacerla una empresa más ágil, pero manteniendo el negocio principal: generación de contenidos (con nuevas alianzas con distintas plataformas y con producciones de nuevas temáticas), y ahora con una fuerte presencia en telecomunicaciones. Sin duda es de esos empresarios claves para entender el México actual.

3.- Olegario Vázquez Aldir, director de Grupo Ángeles, ha tenido dinamismo y crecimiento en las diversas esferas económicas, desde la mediática donde logró conformar la tercera cadena de televisión abierta (Imagen), hasta el crecimiento del grupo hospitalario privado más grande del país (Ángeles), así como el enfoque dirigido a distintos mercados con su grupo hotelero (Camino Real), y desde luego es presidente del periódico Excélsior. Olegario también ha apostado por la innovación, y mantiene como política administrativa, la reinversión de utilidades. Posee experiencia y conocimiento de varios mercados, lo cual es clave en estos momentos.

4.- Carlos Hank González va más allá de ser un heredero en el sector financiero (su padre Carlos Hank Rohn y su abuelo, Roberto González Barrera, tenían sus bancos). Hank González, en un contexto difícil, logró sumar Banorte a Interacciones, así como al absorber otras instituciones como IXE. Hoy, Banorte es el segundo banco más grande en activos del sector financiero mexicano.

5.- Daniel Chávez es uno de los hoteleros más echados para adelante. Su Grupo Vidanta lleva una alianza para hacer un parque temático con Cirque du Soleil en Nuevo Vallarta, y sus hoteles Mayan Palace, tienen buen conocimiento de marca. Y es uno de los más interesados en el Tren Maya.

6.- Miguel Rincón, presidente de BioPappel, quien es el principal productor de papel en México, pero no sólo hablamos de papel para cuadernos (Scribe), sino toda clase de empaques y modalidades. Supo cambiar y tomar las tendencias de papel, tanto en empaques como cuestiones ambientalistas. Luego de comprar Pipsa, que pertenecía al gobierno, logró transformarla a BioPappel, que mantiene estándares de transparencia (anticorrupción), por cierto.

7.- Sergio Gutiérrez Muguerza, presidente de DeAcero, además de ser un acerero reconocido, en Monterrey realizó una adopción de colonias populares que resultó ser un buen programa de cohesión social. Es un empresario cercano a López Obrador.

8.- Miguel Alemán Magnani buscó ser el competidor de la aerolínea insignia de México y lo logró. Con distintas vicisitudes, pero, hoy, Interjet es la segunda más grande del país, y acaba de mencionar que se adecuará a las condiciones de los distintos aeropuertos, como podría ser (si se construye) el de Santa Lucía. Además, tiene inquietudes turísticas y de incursión en el mundo del espectáculo, y hace poco fue conocida su incursión como productor de bioseries.

Este será el Consejo Asesor Empresarial que se reunirá, cada dos o tres meses, con López Obrador.

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Telecomunicaciones y los obstáculos meta legales

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La Crónica de Hoy – Claudia Villegas

Como sucede con la banca, el sector de las telecomunicaciones es clave para el desarrollo del país. Algunas señales, sin embargo, están inquietando a este sector. Hace casi dos meses,  fue el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que encabeza Gabriel Contreras, el primero en hablar directo sobre los obstáculos que enfrentan los concesionarios y operadores de servicios de telecomunicaciones para instalar su infraestructura, en específico las torres que sirven para captar y repetir señales. El ambiente social  pero sobre todo el político podrían alentar la animadversión – muchas veces injustificada – a la instalación de infraestructura clave para mejorar e incrementar la cobertura en telecomunicaciones. En fin, que el IFT pidió a las autoridades de alcaldías que no obstaculicen con requisitos meta legales el avance de esta infraestructura.

Además, en el ámbito judicial, los inversionistas de este sector también levantan la ceja y preocupados revisan que los tiempos del Poder Judicial se están alargando de manera coyuntural para retrasar la resolución de recursos legales que les permitirían obtener devoluciones millonarias para continuar con sus inversiones y expansión en el mercado mexicano.

En muchos sectores de la industria de las telecomunicaciones las señales son de pesimismo porque no se observa una estabilidad ni seguridad jurídica para seguir avanzando en un área en la que se luchó durante muchos años por una regulación que beneficiara a los usuarios.  En específico nos referimos al amparo que Telefónica esperaba recibir para buscar la devolución de al menos 7,800 millones de pesos por derechos del uso del espectro. El tema regresó a un Tribunal Colegiado y en Telefónica tendrán que esperar muchos meses más para esta devolución mientras la instalación de sus servicios – como en el caso de otras empresas de telecomunicaciones – se complica, en muchos casos, de manera artificial por esos requisitos meta legales en el ámbito de las alcaldías.

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Diputados dan golpe de Estado a la radiodifusión pública de México

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El Universal – Irene Levy

La Secretaría de Gobernación será la encargada de proveer el servicio de radiodifusión pública a nivel nacional, sí, esto que parece salido de un cuento de terror es lo que aprobó la Cámara de Diputados esta misma semana y ahora queda en manos del Senado avalar o enmendar este enorme retroceso en materia de libertad de expresión y democracia. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) es el ordenamiento que organiza y distribuye las facultades entre las diferentes áreas del Poder Ejecutivo, incluyendo las secretarías de Estado. Como usted sabe, dicha ley está en proceso de cirugía mayor por los legisladores de Morena y afines que quieren adecuarla a los planes del próximo gobierno, lo que en sí mismo está bien; el problema es que en el proceso se están cometiendo enormes atropellos e inconstitucionalidades.

La fracción VIII del artículo 27 de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LOAPF, aprobada por la Cámara de Diputados, señala que es competencia de la Secretaría de Gobernación, lo siguiente:

VIII. En el ámbito de su competencia, elaborar e instrumentar la normatividad aplicable, conforme a la Constitución y las leyes, en materia de comunicación social del gobierno federal y las relaciones con los medios masivos de información; administrar, salvo lo establecido en las leyes electorales, el tiempo de que dispone el Estado en radio y televisión; proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional, así como autorizar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Los medios públicos, dice la UNESCO, son medios hechos, financiados y controlados por el público, para el público. No son comerciales ni de propiedad gubernamental, son libres de la interferencia política y la presión a partir las fuerzas comerciales. A través de los medios públicos, los ciudadanos son informados, educados y también entretenidos. Cuando garantizada con pluralismo, diversidad, independencia editorial, financiación apropiada, rendición de cuentas y transparencia, la radiodifusión de servicio público puede servir como una piedra angular de la democracia.

En ningún país democrático, la Secretaría de Gobernación o el Ministerio del Interior o como se denomine, presta el servicio de radiodifusión pública. Imagine usted que la BBC de Londres o la Deutsche Welle de Alemania fueran manejadas por el propio gobierno, sería el fin de su libertad editorial. En México, la reforma constitucional de 2013 en materia de telecomunicaciones y competencia, creó un organismo descentralizado no sectorizado —muchos pugnamos incluso porque fuera autónomo—, llamado Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR). El artículo 6, apartado B, fracción V de la Constitución vigente, establece que este organismo con autonomía operativa, de decisión y de gestión tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro. ¿Entonces, qué hacemos? ¿Qué pasará con el IMER o con el Canal 11? ¿En serio vamos a permitir que la radiodifusión pública se convierta en radiodifusión gubernamental? Estoy segura que Olga Sánchez Cordero, cuando fue ministra de la Corte, hubiera criticado esto, y ahora ¿lleva la reforma su aval o ella no lo sabe? Esta reforma es inconstitucional.

Pero el golpazo a la radiodifusión pública no es el único que intentan dar en esta materia nuestros diputados, no. También al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) lo afectan. Mire usted, la Oficina de la Presidencia de la República actualmente tiene adscrita la Coordinación de Estrategia Digital Nacional y dentro de sus facultades está la de elaborar y dar seguimiento a dicha estrategia para fomentar la adopción y desarrollo de tecnologías de la información y comunicación (TICs). Por otra parte, la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la encargada actualmente de definir la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos. Eso es ahora, pero la reforma propuesta y votada por Diputados propone cambios:

  1. Adiciona la fracción I al artículo 8 y otorga atribuciones a la Oficina de la Presidencia para “definir las políticas de informática, tecnologías de la información y la comunicación, gobierno digital del gobierno federal, en términos de las disposiciones aplicables”. Como vemos, la redacción votada no acota esta facultad a definir dichas políticas exclusivamente para el gobierno federal, sino que lo deja totalmente abierto y únicamente restringe, al ámbito gubernamental, la definición de políticas de gobierno digital, el resto podría interpretarse que aplica incluso a los usuarios y a operadores, facultades que hoy pertenecen al IFT… ¿Error de redacción o intencionalidad?
  2. También a la SFP le quitan la facultad de definir las políticas de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos, y a ella la reducen a vigilar su aplicación. De aprobarse en el Senado, estas atribuciones pasarían a la que sería la súper poderosa coordinación respectiva en la Oficina de la Presidencia y, en concreto, a Raimundo Artis Espriú quien la encabezará.
  3. Nos habían dicho que, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Subsecretaría de Comunicaciones se transformaría en Subsecretaría de TICs, cuya titular será Salma Jalife, pero todo indica que ya no tiene sentido ni siquiera el cambio de nombre, pues estas facultades quedarían en Presidencia. De hecho, el artículo 36 de la LOAPF, que determina las atribuciones de la SCT, finalmente ya no fue modificado.

De esto nos quedan preguntas: ¿Qué dicen los medios públicos y sus defensores de lo que está por suceder, qué piensa el SPR? ¿Qué opina el IFT, interpondrá controversia constitucional en caso de que finalmente se apruebe en defensa de su autonomía, o cederá la plaza definitivamente? Qué preocupante que todo esto pase inmerso en el silencio de los que deberían vociferar. Ojalá el Senado recapacite, esto es un enorme retroceso a la democracia y la libertad de expresión en el país, así como un golpe que vulnera la autonomía del IFT.

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