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Red Troncal: política de Estado, no de gobierno

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El Economista – Ernesto Piedras

Hace poco más de un lustro se estableció a nivel constitucional el proyecto de la Red Troncal Nacional de Telecomunicaciones, estrategia del Estado para alcanzar acceso universal de las telecomunicaciones entre mexicanos, especialmente, en aquellas regiones remotas con escasa o nula oferta, así como para aumentar la cobertura, capacidad y calidad de la infraestructura de redes fijas. El proyecto forma parte de la estrategia y esfuerzos gubernamentales derivados de la reforma constitucional enfocados en alcanzar acceso y cobertura universales, en línea con el mandato del Artículo 6º constitucional.

Así, es claro que hoy la política de conectividad no se limita a un sexenio o una administración presidencial, sino que debe constituir una política de Estado.

La importancia de esta red reside no sólo en la búsqueda de materializar un escenario de conectividad en la que una gran mayoría de hogares y mipymes, al menos 70% y 85% respectivamente, cuenten con acceso efectivo a Internet. También constituye una adición significativa de capital de infraestructura que contribuirá fuertemente a la reducción del déficit de redes y a la dotación de capacidad de transmisión/descarga suficiente, ante la creciente demanda de datos por parte de las personas, los hogares y las unidades económicas en el país.

Asimismo, al proveer de servicios mayoristas en condiciones no discriminatorias, venta desagregada, neutralidad tecnológica y a precios competitivos, se reducirán las barreras de entrada y desarrollo de operadores competidores (fijos y móviles) que podrán ofrecer de manera más efectiva y competitiva servicios de voz, datos y video a los usuarios finales.

Desafortunadamente este proyecto fue demorado en su planeación y ejecución. Sin embargo, finalmente el pasado 29 de junio se dieron a conocer las bases para definir al desarrollador del proyecto, a través de un formato de Asociación Público-Privada (APP). Se prevé contar con el fallo del concurso el 24 de octubre para celebrar el contrato de la APP un mes después, el 23 de noviembre y, a partir de entonces, el desarrollador tendrá 180 días naturales para iniciar el despliegue de la red.

El desarrollador se debe comprometer a ofrecer una cobertura de al menos 80% de la población, máximo 42 meses después de la ejecución del acuerdo, con 12 meses adicionales para cumplir los compromisos de cobertura adicionales prometidos. Adicionalmente, deberá iniciar operaciones comerciales dentro de los primeros 270 días naturales posteriores a la firma del contrato de la APP. También debe cubrir todos los costos derivados de la ejecución del proyecto, en el entendido de que ninguna entidad Estado hará aportaciones adicionales a los dos pares de hilos de fibra óptica oscura de CFE y el derecho de acceso a puntos de demarcación y conexión.

Como única contraprestación, el desarrollador percibirá los ingresos generados por la operación de la red por un periodo máximo de 40 años. Adicionalmente, deberá transferir a Telecomm 1% de sus ingresos anuales o, en su defecto, 28 millones de pesos, la cantidad que resulte mayor.

Amerita destacar que, de no concretarse la definición del desarrollador en los plazos previstos en las bases, tocará a la próxima administración presidencial imprimir un sentido de urgencia, ante el mandato constitucional que obliga a la constitución de la Red Troncal.

Estamos frente a un caso de política pública sectorial de Estado que no está sujeta al calendario de administración de gobierno.

Ante la eventual coincidencia de la implementación de proyectos como éste y la transición de titularidad del Poder Ejecutivo, es imperante la definición de líneas de acción transexenales, con motivo de dotar de certeza y materialización cierta de éstos, sea cual sea la administración en turno.

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López Obrador y la comunicación gubernamental

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Sin Embargo – Gabriel Sosa Plata

La reorganización del Gobierno Federal que impulsará Andrés Manuel López Obrador para recortar el gasto público, una vez que asuma la Presidencia de la República, tendrá un impacto importante en el ámbito de la comunicación gubernamental y la relación con los medios de comunicación.

De lo que hasta ahora se ha anunciado, destaca que se creará una sola oficina de comunicación en el Gobierno Federal. Por lo tanto, desaparecerán las direcciones de comunicación social de las diferentes dependencias, órganos descentralizados y demás. El vínculo con los medios se hará directamente desde la Presidencia.

Tal decisión nos remite a lo que hizo Lázaro Cárdenas al crear, en 1936, la Dirección de Publicidad y Propaganda, que luego se convirtió en el Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad (DAPP). Este Departamento acaparó el manejo de la comunicación del Gobierno, al tiempo que ejercía las funciones de supervisión y censura de contenidos en la radio, el cine y los medios impresos. Fue un poderoso órgano de comunicación, que producía boletines de prensa, películas, gestionaba entrevistas, administraba tiempos oficiales, estaciones de radio, publicaba el Diario Oficial de la Federación y administraba el Archivo General de la Nación, entre otras funciones.

Aunque su vida fue efímera (desapareció en 1939), representó la decisión más relevante para organizar la operación y regulación de medios de comunicación, así como para dar coherencia al discurso gubernamental y “fijar conceptos de ética colectiva”.

Luego, la mayoría de estas funciones, incluyendo la regulación, pasaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) y ahí se han mantenido en todos estos años. Para apoyar su labor en la difusión del quehacer gubernamental (y cuidar la imagen de los políticos en turno), comenzaron a establecerse oficinas de comunicación en cada institución federal, sobre todo a partir de los años cincuenta.

Sin embargo, la definición de las políticas de comunicación del Gobierno no ha sido monopolio de la Segob. Las decisiones más importantes surgen desde el escritorio del director de comunicación y/o vocero de la Presidencia. Ahí también se nombra a directores de medios públicos, como Once TV o Canal 22, no obstante que dependen de otras Secretarías.

La concentración de la comunicación gubernamental en Presidencia a partir del primero de diciembre, sería positiva no sólo por el ahorro de recursos y para impedir duplicidad de actividades (por ejemplo, las síntesis de información), sino también para dar congruencia del mensaje que quiera dar el Gobierno, evitar contradicciones entre sus funcionarios y dejar de usar a la oficina como instrumento de relaciones públicas para atacar o apoyar a políticos o periodistas. Además, pondría fin a los diferendos sobre la manera en cómo debe hacerse la comunicación gubernamental entre Presidencia y la Segob.

En contraste, otorgar el monopolio de la comunicación gubernamental a una sola oficina podría restar eficiencia en situaciones de crisis y más aún ante la descentralización de las Secretaría de Estado, en la atención a periodistas y sus requerimientos de información, dueños de medios de comunicación y en la pertinencia, experiencia y seguimiento de campañas de comunicación en temas de salud, educación, etc.

Un elemento adicional que no debemos pasar por alto es que desde esa oficina se podría administrar la presencia de los funcionarios públicos en los medios de comunicación, al dar realce o nulificar la actuación de secretarios, subsecretarios y funcionarios de menor nivel, a través de comunicados, conferencias de prensa, entrevistas y filtración de información. Uno de los motores para la construcción de liderazgos políticos puede quedar en manos de una sola persona. Demasiado poder, ¿no?

Se ha dicho también que la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación desaparecerá. Pasará a formar parte de la Subsecretaría de Gobierno. La Subsecretaría de Normatividad de Medios fue creada en 2002. Sustituyó a la Subsecretaría de Comunicación Social, que tuvo su origen en 1998, y que reemplazó a la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno Federal, cuyo objeto era establecer, orientar y dar congruencia a la política de comunicación social del Gobierno Federal.

Actualmente la Subsecretaría de Normatividad de Medios está integrada por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), la Dirección General de Normatividad de Comunicación y la Dirección General de Medios Impresos. También de esa oficina dependen dos órganos desconcentrados: la Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, así como el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie).

¿Cómo quedará el nuevo organigrama? Aun no se sabe, como tampoco qué áreas pasarían a formar parte de la futura oficina de comunicación de Presidencia. Lo lógico es que ahí se traslade la Dirección General de Normatividad de Comunicación, que es donde se da el visto bueno a los planes, programas y campañas de comunicación de las diferentes dependencias y órganos del Gobierno Federal, al igual que Cepropie.

Las otras direcciones (RTC y Medios Impresos), más abocadas a la regulación de los medios electrónicos, periódicos y revistas, supongo que se quedarán en la Segob, pero como aquí hemos comentado en reiteradas ocasiones, lo ideal es que también se modifique la ley para que la supervisión de los contenidos en radio y televisión quede en manos del órgano autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Un Gobierno democrático no debe tener en sus manos facultades para autorizar o censurar contenidos. En esta reestructura es igualmente necesario fortalecer los derechos de las audiencias.

Otra pregunta que tampoco se ha respondido es ¿cuál será la política pública para los medios públicos? ¿también se reestructurarán? ¿se concentrarán en una sola dependencia? ¿quién y de qué manera nombrará a sus titulares? Definitivamente, estos medios no deben estar en la esfera de influencia de la nueva super oficina de comunicación de Presidencia. Los medios públicos son de la sociedad, no del Gobierno. Esto no debe olvidarse.

¿Y LOS COLEGAS?

Ahora bien, el plan de austeridad y esta reorganización traería la reducción de personal de confianza en las oficinas de comunicación del Gobierno federal. Será un golpe enorme a periodistas, comunicólogos, productores, fotógrafos, que han trabajado en el Gobierno Federal, en algunos casos durante décadas. ¿Cuántos colegas serán despedidos? No quiero ni imaginármelo. En un campo laboral en el que hay más oferta que demanda, la situación podría agravarse.

Si a esto se suma la reducción en un 50 por ciento del presupuesto en la publicidad gubernamental, los periódicos y las emisoras de radio y televisión, que viven fundamentalmente de esos recursos, despedirán a más personal para recortar sus gastos. Es una carambola de decisiones que impactará en quienes tomaron la decisión de estudiar una carrera para ascender socialmente y laborar en medios o en áreas de comunicación del Gobierno.

Por supuesto, los recortes de personal tendrán repercusiones en otros campos profesionales, pero en general en miles de familias de clase media que encontraron en el gobierno federal fuentes de trabajo relativamente estables, más o menos bien pagadas, aunque no tuvieran acceso a las plazas definitivas y a otro tipo de prestaciones. Al disminuirse drásticamente los cargos de confianza, queda la opción de buscar trabajo en la iniciativa privada, en gobiernos estatales o municipales o ser emprendedor, pero ¿será suficiente?

ARTE Y NIÑEZ EN LOS MEDIOS

“Pensar el arte” es una nueva serie que produjo el doctor Diego Lizarazo, profesor e investigador de la UAM-Xochimilco. Será transmitida en el Canal 14 “Una voz con todos”, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), que preside Armando Carrillo Lavat. La serie de 13 capítulos proporciona elementos para conocer interpretaciones posibles de obras que tienen la peculiaridad de cuestionar el mundo donde vivimos, con distintas perspectivas filosóficas, sociológicas, psicológicas y antropológicas. Se transmitirá a partir del próximo 18 de julio a las 21:50 horas, con repetición los domingos a las 15:30 horas… La semana pasada se presentó en Radio Educación “La infancia en el periodismo”, documento que reúne principios sobre coberturas periodísticas, desde la perspectiva de derechos humanos, en las que se encuentren involucradas niñas y niños. La obra fue auspiciada por la Red por la Infancia y la Adolescencia (RIA) y el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI). Todas y todos los periodistas debemos hacer nuestras las recomendaciones que se detallan en dicho texto.

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Cibercrimen, nuevo obstáculo para reglas de Ley Fintech

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La Razón – Ángeles Aguilar

Renovarse o morir… A pesar de los esfuerzos derivados de la Reforma Financiera aún son muy pocos los que se benefician de los servicios de ese sector.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2015, en México, 23.5% de la población no ahorra. Por su parte, un 32.4% guarda su dinero mediante mecanismos informales y sólo un raquítico 15.1% lo hace institucionalmente, ya sea en bancos o en fondos.

De ahí la urgencia de la innovación para atender a una población francamente fuera de la jugada.

En ese contexto, en los últimos años, el sistema financiero fue testigo de una revolución sin precedente ante la proliferación de plataformas digitales y el nacimiento de firmas tecnológicas enfocadas en la masificación de los servicios mercantiles.

José Antonio Quesada, director del EGADE Business School, apunta que hoy en el país ya existen cerca de 200 empresas Fintech, de las cuales, 23% se enfocan en préstamos, 22% en pagos y remesas, 25% en gestión financiera, 9% en el llamado crowdfunding y un 6% en seguros…

Letra muerta… La propia Asociación Fintech de México, a cargo de Francisco Meré, anticipa que en esta década las firmas de este rubro podrían llegar a representar hasta 33% del negocio actual de las entidades tradicionales.

De ahí la necesidad de contar con una regulación que establezca los lineamientos para ese ascendente sector.

El pasado 1 de marzo, luego de 3 años de análisis, finalmente con 264 votos a favor y 61 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Fintech, misma que está conformada por 145 artículos y 7 títulos.

Pero más allá del logro legislativo, aún no se tiene la regulación secundaria. Así que de bote pronto no es más que letra muerta…

Una piedra en el camino… Al detalle, el plazo máximo para la expedición de dicho documento es de dos años.

Sin embargo, ante la transición política la SHCP, de José Antonio González Anaya, y la CNBV, de Bernardo González Rosas, trabajan a marchas forzadas para la salida de la misma.

Por ahí ya existen algunos borradores en los que se determinan requerimientos de capital, que van desde un millón, 200 mil pesos hasta los 6 millones de pesos (mdp), dependiendo del tipo de actividad que realicen.

Así como topes para los préstamos colectivos de 300 mil pesos para personas físicas y 45 mdp para morales, aunque se amplía a 50 mdp para la construcción.

No obstante, de cara a los recientes ataques cibernéticos que sufrió la plataforma de monedas virtuales Bitso, la salida de la misma podría atrasarse hacia finales de septiembre, pues se analizan todas las vulnerabilidades que estas startups puedan presentar.

Así que como ve, los delitos digitales son otra piedra en el camino de esta regulación….

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El mal uso de las redes sociales

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Excélsior – Paul Lara

Sí, las redes sociales son una de las mejores herramientas de nuestro tiempo para comunicar, denunciar, exponer y mostrar lo que uno quiera a escala mundial. Pero con sus límites. Lamentablemente, mucha gente, empresas y gobiernos las usan mal, pues engañan de manera irresponsable a seguidores que difícilmente corroboran lo que se señala en estos espacios.

Los errores son comunes, y hay que estar alerta de ello, pues como consumidores de información en la nueva era digital, es importante que nos demos cuenta o terminaremos siendo víctimas de información falsa.

Estoy casi seguro que en los últimos años han oído hablar de la compra de seguidores en redes como Twitter o Instagram. Muchas empresas han recurrido a esta práctica para verse rápidamente más populares. Lo mismo pasa con personas que buscan hacerse “una fama” para que se crea que son “influencers”, lo cual es patético.

Las redes sociales no son un concurso de popularidad, lo que significa que la calidad de los seguidores es más importante que la cantidad. Es como cuando decían que si tenías más clics en tu sitio web, significaba que eras muy popular, y todos se querían anunciar contigo. Resultó una farsa, pues el contenido es lo que importa, y miren que hay gente, empresas o gobiernos que tienen miles de seguidores por la información que publican, y no por hacerse los graciosos.

Como empresa, hay varias razones por las que nunca deberías comprar seguidores: no son personas reales, nunca se convertirán en un nuevo cliente o defensor de tu marca. Los seguidores comprados suelen ser cuentas falsas. Por tanto, no puedes participar o crear conversaciones con estos seguidores, lo que frustra el propósito de tener una cuenta en plataformas como Twitter.

La mejor forma de obtener nuevos seguidores, de forma orgánica, es compartiendo información interesante, teniendo conversaciones en línea, agregando valor a las vidas de tus seguidores y teniendo como “amigos” a las personas influyentes que están relacionados con tu industria.

Otro error es pagar a los “influencers” que tienen millones de seguidores comprados, o que no tienen ni idea de lo que hablan cuando te acercas a ellos para promocionar un producto o servicio, pues ni tu industria conocen.

Si bien la mayoría de la gente informará si se les pagó para promocionar un producto, tal vez algunos no divulgarán esta información. Las nuevas leyes buscan proteger los intereses de las audiencias y cualquier violación flagrante a las mismas conlleva a enfrentar penas cada vez más duras.

Las personas, como las celebridades y las organizaciones, también están descubriendo que cualquier publicidad positiva obtenida de publicaciones patrocinadas no divulgadas, queda rápidamente sepultada por la reacción negativa cuando se exponen.

Si las empresas pagan a “influyentes” para publicar algo en las redes sociales sobre un producto, esta información debe ser revelada a los seguidores. De lo contrario, las empresas podrían perder credibilidad y se ganará una reputación negativa.

Los comentarios falsos es lo peor que puedes hacer, como publicar cosas que no sabes o de lo cual no haz investigado, dejándote llevar por las tendencias de la red. Son fake news, y corres un gran riesgo de perder toda credibilidad, aunque después estés pidiendo disculpas por el error.

Publicar, por ejemplo, reseñas falsas es, éticamente, incorrecto y crea suposiciones falsas sobre una marca. Si tu empresa es atrapada, dañará su reputación y podría generar una disminución en las ventas. Si ya publicaste un comentario falso o tus hipótesis de lo que ves en el futuro y ya te equivocaste, responde y ve si puedes revertir la situación. No elimines las críticas negativas, pues sólo enojarás más a los seguidores. Escribe una respuesta cortés y resuelve.

Que nunca te pillen en una de estas malas prácticas en el uso de las redes sociales. Úsalas para comunicarte y establecer relaciones mutuamente beneficiosas con los seguidores, porque te traerá mejores resultados. Comparte contenido de calidad, y deja de hacerte el gracioso, das pena ajena.

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