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ANÁLISIS

Alineando incentivos para el uso eficiente del espectro: el nuevo régimen de canon por los servicios móviles en el Perú

Gonzalo Ruiz Díaz

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El cobro por la explotación del espectro radioeléctrico ha constituido tradicionalmente una de las principales fuentes de recaudación del sector de telecomunicaciones en el Perú. Cerca de 70 por ciento de dicho cobro proviene del sector móvil, razón por la cual resulta de gran relevancia el método utilizado por el Estado para su determinación, su impacto en el uso de este recurso así como su aporte al desarrollo del sector.

A inicios de 2018, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dictó medidas orientadas a corregir algunas distorsiones importantes que existían en la metodología de cobro, dotándola de una mayor consistencia, promoviendo una mayor eficiencia en el uso de este recurso e  introduciendo incentivos para la expansión de la cobertura geográfica de los servicios.

A continuación se describen los cambios introducidos, los cuales consideramos que reúnen algunas características que merecen considerar a esta experiencia como una buena práctica de gestión pública.

El debate en torno al régimen de canon antes de 2018

En el Perú, desde 1991,[1] existe un régimen que faculta al Estado al cobro de un derecho denominado “canon” por el uso del espectro radioeléctrico a los titulares de estaciones radioeléctricas, emisoras y receptoras de señales. Según la legislación, los recursos recaudados por este concepto deben ser destinados exclusivamente al desarrollo de las telecomunicaciones, al control y monitoreo del espectro radioeléctrico y cumplimiento de obligaciones con organismos internacionales.

Desde 2004,[2] el pago que debían hacer los operadores móviles por canon se determinaba con base en una cantidad monetaria fija multiplicada por el número acumulado de líneas móviles activas a fines del año anterior. En términos simples, pagaba más la empresa que tenía una mayor cantidad de líneas de servicio móvil activas.

Desde su aprobación, este método de recaudación fue objeto de críticas. La más importante consistía en que el número de líneas activadas no constituye necesariamente un buen indicador del uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico. Por el contrario, dicho método castigaba el esfuerzo de los operadores por ampliar su base de clientes afectando su crecimiento y su estrategia competitiva. Asimismo, la metodología establecida no permitía definir una conexión clara entre la determinación del cobro y el destino de los recursos recaudados por concepto de canon, sin garantizar la sostenibilidad de las actividades de administración y gestión del espectro radioeléctrico, ni tampoco otros destinos del canon, contemplados por la ley.

Durante 2012, Telefónica del Perú denunció ante el Instituto de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI) que la metodología de determinación del canon constituía una barrera burocrática, cuestionando tanto su razonabilidad como su legalidad. El INDECOPI declaró fundada en primera instancia (la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas) la demanda que cuestionaba la legalidad del régimen de cobro. Tras la apelación del MTC, la segunda y última instancia del INDECOPI (la Sala de Defensa de la Competencia) no sólo confirmó la  decisión, sino que también respaldó las críticas de fondo formuladas sobre la razonabilidad y proporcionalidad de dicho régimen de cobro.

En este contexto, desde principios de 2017, el Viceministerio de Comunicaciones se abocó al estudio de una nueva metodología de determinación del canon para los servicios públicos móviles.

Los cambios introducidos

En enero de 2018,[3] el MTC aprobó un nuevo régimen que incorpora cambios importantes siguiendo la línea de mejores prácticas internacionales.[4]

Un primer cambio es que se establece como base de cálculo para el pago del canon la cantidad de espectro asignado (ancho de banda y extensión territorial sobre la cual se concede el permiso para su explotación), en lugar del número de líneas activadas.

Ello implica que los operadores a los cuales se otorgue una mayor porción de espectro pagarán más que aquellos que tengan menos espectro, independientemente del número de líneas que ostenten. Esto incentiva que los operadores hagan un aprovechamiento más eficiente de este recurso limitado y escaso.

Dado que, por las características del mercado peruano y de la configuración del espectro radioeléctrico otorgado, se previó que este cambio implicaría variaciones drásticas en los pagos de canon de las empresas operadoras, el MTC estableció un mecanismo de gradualidad en el cobro del canon, estableciendo una transición entre ambas metodologías. El mecanismo implicaba un ajuste proporcional en el pago del canon en un horizonte temporal comprendido entre 2018 y 2020.

Un segundo cambio que aporta la nueva metodología es que ésta transparenta la relación entre la determinación del canon y el destino de los recursos recaudados. Así, un parámetro importante que introduce la metodología es el llamado “Presupuesto objetivo”, el cual señala los recursos estimados que requiere el MTC para cumplir con las obligaciones vinculadas al control y monitoreo del espectro radioeléctrico, el desarrollo de proyectos en telecomunicaciones y otras obligaciones establecidas por la legislación.

Ello garantiza la sostenibilidad económica del cumplimiento de dichas funciones por parte del MTC, y específicamente del Viceministerio de Comunicaciones (ver diagrama 1).

 

Diagrama 1. Nuevo esquema del régimen del canon

 

Por último, la metodología plantea un mecanismo de incentivo a la expansión y/o mejora de la infraestructura actualmente disponible, que busca reducir la brecha existente en infraestructura de telecomunicaciones y mejorar la conectividad a la mayor cantidad de localidades en el país.

Según cifras del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), se requieren 36.5 mil Estaciones Base Celular (EBC) para atender la demanda de acceso a Internet y comunicaciones de voz desde las redes móviles a 2021. En consecuencia, la brecha en la implementación de infraestructura que permita asegurar la prestación de los servicios hacia 2021 es de 17.6 mil EBC.

Este mecanismo consiste en la reducción del pago de canon a cambio de la expansión de la infraestructura móvil en localidades sin servicio. Al mismo tiempo, se establece un mecanismo similar para incentivar la modernización de la infraestructura en localidades que sólo cuenten con tecnología 2G, siempre que éstas se actualicen a 4G.

A inicios de cada año, el MTC publicará un listado de localidades que podrán atenderse bajo estos mecanismos voluntarios. Las empresas tienen un plazo perentorio para presentar sus compromisos de inversión y/o de mejora tecnológica, a cambio del incentivo en términos de reducción de canon, en las localidades por ellas seleccionadas.

Este último mecanismo convierte en permanente una práctica que ya había sido empleada por el Ministerio en anteriores oportunidades, pero de manera excepcional y transitoria.

Resultados en el corto y mediano plazo

La Viceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa, manifestó que su despacho viene trabajando “de manera intensa para lograr que la conectividad crezca en el país. La conexión a telefonía celular y a Internet genera integración y brinda condiciones a los pueblos para que se desarrollen”.[5]

Por lo pronto, para 2018 el mecanismo de incentivos introducido habría permitido compromisos de expansión de cobertura y mejora tecnológica por parte de las empresas para cerca de 260 localidades en el país, permitiendo no sólo reducir la brecha de infraestructura[6] actualmente existente, sino expandir la frontera de servicios 4G a lo largo del país.

Sin embargo, el avance más importante se reflejará en los próximos años, en términos de un uso y aprovechamiento más eficiente del espectro radioeléctrico en el mercado móvil peruano.

[1] Artículo 60 del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones. D.S N°013-93-TCC.

[2] Decreto Supremo N°027-2004-MTC.

[3] Ver Decreto Supremo 003-2018-MTC.

[4] Ver, por ejemplo, UIT (2016) “Guidelines for the Review of Spectrum Pricing and the Preparation of Spectrum Fee Schedules”, Geneva.

[5] Gestion, 24 de enero de 2018. https://gestion.pe/economia/operadoras-moviles-podran-destinar-parte-del-canon-inversiones-infraestructura-225693

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ANÁLISIS

¿Cuál es el verdadero valor de la nube para los negocios?

María Rosas Casillas

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Hoy nos enfrentamos a una economía diversificada, donde los mercados y audiencias se multiplican con necesidades cada vez más específicas y donde la digitalización ha gestado una oferta competitiva que crece rápidamente tratando de atender estas nuevas demandas. Según un estudio que realizó el Instituto de Valores de Negocio de IBM, para 2020, el 90 por ciento de los modelos de negocios van a necesitar estar en la nube para ser competitivos y afrontar los retos que impondrá la economía digital. 

En los últimos años la nube ha revolucionado y potencializado los negocios por sus múltiples beneficios: eliminar los altos costos que conllevaba comprar hardware y software para almacenar grandes cantidades de datos; la gran escalabilidad, es decir, atraviesa fronteras y la información en la nube puede ser utilizada en cualquier latitud. Asimismo, ha mitigado el tiempo que antes se invertía en almacenar y distribuir información y brinda confianza y seguridad al permitir recuperar información con mayor facilidad.

Pero va más allá de eso, hoy en día, la nube está mejorando y permitiendo la innovación como nunca antes, porque es sólo ahora que la nube proporciona a la Inteligencia Artificial y el aprendizaje automatizado análisis de data con bajo costo, almacenamiento virtualmente infinito y procesamiento de datos a alta velocidad.

En este contexto, la forma como las empresas están constituidas en la actualidad puede verse mejorada de manera exponencial si las cargas de trabajo se trasladaran a la nube. Y es que con servicios que dan un gran impulso a las corporaciones como Inteligencia Artificial, blockchain y análisis de datos, la nube necesita de un trato especial enfocado a las empresas, desde un grado de seguridad empresarial para mantener toda la información clasificada, hasta la apertura de portabilidad de datos y aplicaciones que sean compatibles con entornos en ella.

A este modelo se le conoce como Nube Híbrida y, según un estudio, 98 por ciento de las organizaciones planean pasar del cloud al multicloud híbrido dentro de tres años.

Quizá todo este proceso se escuche abrumador, pero en realidad su implementación no es el mayor reto al que nos enfrentamos. Una vez implementado, la unificación y el manejo de varios proveedores de nube puede llegar a ser muy complejo, incluso para empresas que tienen un proceso avanzado en términos de transformación digital.

Es por lo anterior que IBM lanzó nuevas herramientas y servicios de nube híbrida diseñados para ayudar a las empresas a explorar fácilmente las complejidades de este nuevo panorama y de una manera más sencilla, migrar, integrar y administrar aplicaciones y cargas de trabajo con todo lo necesario para que pueda existir tanto en una nube pública o privada.

Con esto, no sólo rompemos las barreras en cuanto a la posibilidad de integrar Inteligencia Artificial a las empresas, al permitir el uso de diferentes servicios de nube a través de la plataforma IBM Cloud Private for Data, sino que aquellas compañías que cuenten con sus finanzas, datos de sus consumidores e inventario en diferentes nubes tendrán todo integrado en un solo lugar que, además, es bastante ameno en su interfaz de uso.

Esto sólo se traduce en beneficios para las compañías, pues si sumamos las capacidades de la Inteligencia Artificial en la nube, los beneficios se triplican ya que las ventas pueden aumentar y los gastos se pueden reducir significativamente.

Es evidente que hoy cobra relevancia la interoperabilidad entre nubes, incluso las que provienen de diferentes compañías, para así promover sistemas abiertos, fáciles de implementar y seguros que generen confianza en la tecnología. Así pues, apostar por la apertura beneficia a las compañías en su proceso de transformación digital, facilita la creación de aplicaciones y plataformas, reduce costos y le da un verdadero valor a los negocios.  

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América Latina y la guerra 4.0

Rodrigo Ramírez Pino

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La disputa comercial entre Estados Unidos y China ha revelado una nueva derivada de la tensión entre ambas potencias: la guerra 4.0 o la lucha por la hegemonía tecnológica del siglo XXI. Su primera batalla es quién obtiene el dominio tecnológico en el despliegue de las redes y servicios 5G.

La administración Trump puso en el centro de su ataque a Huawei, partiendo con la detención en Canadá de su directora financiera, acusando a la compañía de robo tecnológico y generando la sospecha global de espionaje y del mal uso de la información que haría la empresa China.

Hasta ahora, un par de países, que hace rato quedaron en la periferia del desarrollo de las plataformas tecnológicas, han recogido las sugerencias de Estados Unidos y han vetado a la compañía, bloqueado su participación en el mercado interno y han ido eliminando sus componentes de la red de comunicación móvil.

Lo cierto que aún no se conoce evidencia de esas acusaciones y Huawei sigue avanzando como referente del desarrollo de la arquitectura digital global.

Lo que esconden estas acusaciones es un enfrentamiento tecnológico de nueva generación, donde Occidente corre el riesgo de perder el liderazgo histórico de la innovación y el predominio del desarrollo de tecnologías, cediendo esta supremacía a manos de nuevos desafiantes y actores emergentes, en especial de China, que pasó de ser el paraíso de la copia y de la mala imitación a un gigante tecnológico mundial.

El país de Asia Oriental definió que su futuro dependía, en parte, del desarrollo de sectores claves de la economía y, para ello, y por su independencia, debía aplicar una alta tecnología para modernizar su base manufacturera, la robótica, la biogenética, los vehículos alimentados por nuevas energías, la aeronáutica espacial, la Inteligencia Artificial, la tecnología de la información, las redes de infraestructura.

En esta misma dirección avanza Corea e India. Las plataformas supranacionales Google, Amazon, Facebook y Apple lo saben hace rato.

La supremacía por liderar la revolución digital tiene en 5G su primera gran batalla emblemática. En el imaginario se instaló que quien primero conquiste esta nueva generación tecnológica tendrá el dominio y control del nervio central de la fábrica del futuro, de la industria inteligente, de la Inteligencia Artificial, Internet de las cosas; la salud digital, ciberseguridad, el control de las ciudades inteligentes, la movilidad y la energía.

El flujo del tránsito, el despliegue de nueva infraestructura, la conectividad masiva de dispositivos, sensores y artefactos y la gestión del transporte urbano; la llave maestra de la economía digital, la creación de nuevos empleos y la atracción de los fondos de inversión, el poder de la sustitución de los bienes y servicios tradicionales por sus equivalentes digitales. 

En medio de esta tensión geotecnológica, América Latina estará obligada a tomar partido y no debe dejarse intimidar. Mientras un par de países promueven el veto, el bloqueo, la restricción y la hegemonía tecnológica, nuestra región debe ser el referente de la neutralidad tecnológica, la igualdad de concurrencia de operadores, fabricantes, integradores, proveedores, agregadores, beneficiarse de esa oferta y generar las condiciones para que ocurra esa competencia.

La región debe aprovechar el contexto y construir una visión digital latinoamericana propia e independiente, que exprese el qué, cómo y dónde queremos estar en esta revolución digital, avanzar en el espacio digital común, de un mercado regional compartido, en la integración de los países para promover desarrollo, seguridad y confianza.

América Latina debe jugar un papel en la nueva gobernanza para la era digital, para ello debe tomárselo seriamente, mejorar las capacidades técnicas, ajustar los marcos regulatorios y construir una arquitectura legal que promueva la participación satisfactoria de cada país en este nuevo ecosistema. 

El proteccionismo no es un valor ni un aporte para el progreso de las naciones del continente. América Latina sabe quién termina pagando los costos de una guerra ajena, sabe quién termina recibiendo tecnologías de segunda mano, cerradas y amarradas a proveedores únicos.

América Latina sabe lo que implica que el ecosistema 5G llegue dividido a conquistar este territorio. Sabemos que significa retraso, marginación y exclusión.

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Disney–Fox y la televisión restringida en México

Ramiro Tovar

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Alrededor del caso Disney–Fox se ha generado una discusión que omite varios aspectos fundamentales que, de considerarse, disminuirían las especulaciones e interpretaciones entre el coro de columnistas y editorialistas en los medios. Tales aspectos son los siguientes, a consideración de quien suscribe:

  1. Que es una transacción con causas de origen y efectos globales que responde a la evolución de la estructura de los mercados de propiedad, desarrollo y producción, comercialización y distribución de contenidos, en respuesta a las actuales y futuras plataformas digitales. En particular, en respuesta al advenimiento de competidores basados en servicios OTT (Over-the-top) como Amazon y Netflix. Disney tendrá un portafolio de contenidos que incluirán desde X-Men, Avatar, Toy Story, Mickey Mouse, hasta Marvel, National Geographic, Star Wars y el archivo legendario de películas de la 21th Century Fox. La rivalidad a no perder de vista es Disney vs. Comcast (que adquirió NBC Universal) e incluso con AT&T que adquirió Time Warner.
  2. Que cualquier condicionamiento que se imponga a la transacción de referencia debe de subordinarse a los tratados internacionales, en este caso todavía el TLCAN y en el corto plazo con USMCA o T-MEC, recientemente negociado, y que deberá ser ratificado por los congresos de los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, en fecha próxima.
  3. Que en México no hay convergencia plena. La regulación ha protegido al operador que concentra el mercado. Históricamente, ha existido un obstáculo a la competencia en televisión restringida que es singular respecto de cualquier otra jurisdicción nacional. Adicionalmente, esta plataforma de distribución basada en cable coaxial se encuentra protegida de la competencia potencial que le representaría la más extensa red de telecomunicaciones (DSL-FTTH) existente, Telmex, que sin duda ejercería presión competitiva que se traduciría en mejor oferta, más contenidos y menores precios (la TV de paga es el único servicio de telecomunicaciones que en lugar de bajar precios, sistemáticamente van a la alza) en beneficio de los usuarios.
  4. Que hasta la entrada de filiales de canales deportivos de productores no integrados a concesionarios de televisión en el país (Claro Sports, Fox Sports, ESPN), diferentes a los integrados a los contenidos producidos por Grupo Televisa, la competencia por la adquisición y transmisión de tales eventos en exclusiva era inexistente.  La posición dominante de tal agente económico en la operación de sistemas de cable en el país y la integración de canales deportivos, propiedad y exclusividad de eventos y clubes deportivos, son parte de su todavía persistente poder de mercado en televisión de paga y factor determinante en su poder de negociación en dos ámbitos: 1) nacional, frente a operadores independientes de sistemas de televisión restringida (cable o satelital) al proveerles de contenidos en términos y condiciones no competitivos y 2) respecto de los proveedores de contenidos extranjeros que contrata en exclusiva, en ambos casos, los menos favorecidos son los operadores independientes que tienen que pagar sobreprecios por esos contenidos que Televisa tiene en exclusividad.

La resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) respeto al caso Disney-Fox muestra una aplicación limitada de los criterios de competencia económica de la legislación nacional respecto de la consistencia con lo resuelto por otras autoridades en la materia en el resto del mundo.

La transacción de referencia ha sido aprobada en todo el mundo, sujeta a algunas condiciones, tanto en Estados Unidos como en Europa, China e India. Tales condiciones se han limitado a la desincorporación de la trasmisión de eventos deportivos locales o de relaciones contractuales como agentes de distribución de películas como proveedores en el mercado de exhibidores de cine como en el caso de México.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene que pronunciarse sobre los efectos de esta operación en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.

Sin embargo, ni Disney ni Fox son concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones o concesionarios de sistemas de radiodifusión, ni son accionistas en alguno de ellos, por lo que el IFT no podrá ir más allá de lo que la Cofece ha resuelto aplicando los criterios de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) respecto al análisis con fines preventivos de las adquisiciones o fusiones entre agentes económicos.

El IFT, adicionalmente, podría actuar respecto de sus facultades asociadas a “derechos de las audiencias”, pero para ello no requiere, ni podría, resolver medidas tales como condicionar la transacción a desincorporación de activos o imponer ciertas restricciones contractuales en sus relaciones con concesionarios de telecomunicaciones o radiodifusión.

Este caso una es clara evidencia del conflicto competencial y de la incertidumbre que puede generar la existencia de ambos órganos autónomos reguladores en materia de competencia.

La salida a lo que implica esta operación no es el artículo 5º de la LFCE que establece que sólo una entidad, entre la Cofece y el IFT, tendrá competencia en un caso que conozca una u otra, y que serán los Tribunales Colegiados de Circuito Especializados en Materia de Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, los que fijarán a cuál le corresponde el caso, pues las facultades y atribuciones de una y otro son distintas.

Por ejemplo, la Cofece es competente y se ha pronunciado respecto de esta operación en los mercados de: a) distribución de películas para salas de cine; b) licenciamiento de contenidos y música para entretenimiento en el hogar para su adquisición y descarga directa; c) entretenimiento en vivo; d) licenciamientos de derechos de propiedad intelectual para libros, revistas, videojuegos, entre otros, pero no así para los efectos de la operación en las  redes de telecomunicaciones.

Por otra parte, en los eventos deportivos, Fox Sports es una alternativa a los canales de televisión restringida de tal género de contenidos pero que están integrados al mayor operador de sistemas de cable del país.

La existencia de contenidos deportivos de producción independiente ha incrementado la variedad y la diversidad de opiniones alrededor de tales eventos. Desincorporar la cobertura de eventos deportivos nacionales producidos por Fox significaría una regresión en la competencia y, por lo tanto, pérdida de variedad en dicho segmento de contenidos.

Al respecto, el Presidente López Obrador expresó: “lo que más me preocupa es que se cobre por ver el futbol, no es mi deporte favorito, pero sí mucha gente ve el futbol, no vaya a suceder de que se dé una autorización que afecte a los consumidores, a los aficionados del futbol”… ”Si afectan al futbol pues no, que se revise este asunto, que se discuta, que se debata; sí son organismos autónomos, pero no son infalibles, no son como el castillo de la pureza, que se vea qué están haciendo y todos tenemos derecho a conocerlo”.

Con tal preocupación en la mira, la operación Disney–Fox puede aumentar su poder de negociación como proveedores de contenidos frente al dominio de operadores de cable como Grupo Televisa, que han ejercido poder sustancial de facto en la distribución y transmisión de eventos deportivos por sus canales abiertos y restringidos, lo que ha derivado en tratamientos diferenciados entre los sistemas de cable integrados e independientes y la persistencia de rentas supra competitivas en el servicio de televisión restringida. Con ello, ha apalancado mayores márgenes dado que el aumento real en las tarifas aplicadas a sus suscriptores es menor que el incremento real en la adquisición de contenidos y programación de entidades nacionales independientes y extrajeras, como son Disney y Fox.

Si el objetivo es menores precios en televisión restringida, incluidos eventos deportivos, y programación exclusiva, se debe antes eliminar la añeja barrera a la entrada a la convergencia de servicios (triple play), permitiendo la concurrencia a todas las redes de telecomunicaciones basadas en cualquier tipo de plataforma tecnológica (DSL, FTTH, móvil, satelital o híbridas).

Tal es el obstáculo de relevancia, antes que esperar resoluciones que favorezcan la posición negociadora de los protegidos por dicha barrera a la entrada desde principios de los años noventa, y que han estado explotando la excepción del artículo 9º transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, respecto al debido proceso de análisis de competencia en sus adquisiciones de sistemas de cable por todo el territorio nacional.

No desviemos la mirada de donde existe realmente un impedimento a la competencia: la permanencia de privilegios injustificados a quienes pueden ofrecer triple play y quienes no; así como tampoco respecto a que la competencia global se dirige al streaming o servicios OTT, por lo que la convergencia de servicios para todas las redes es una condición necesaria.

Sin duda, la solución en México es la tan dilatada pero tan necesaria como anhelada convergencia plena, antes que cualquier otra.

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