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ANÁLISIS

Últimas decisiones jurídicas y administrativas en telecomunicaciones: la tormenta perfecta

Pedro Huichalaf Roa

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1ra. escena: informe sectorial del desarrollo de las telecomunicaciones en Chile

 Según datos entregados por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, a marzo de 2018 (es decir, fruto del trabajo público-privado hasta de la anterior administración de Bachelet, sin injerencia de las actuales autoridades), reconfirman que Chile es uno de los países mejor conectados de América Latina, considerando una penetración a Internet de 107.8 accesos por cada 100 habitantes, pero donde la tecnología inalámbrica es líder indiscutida al concentrar 84.5 por ciento de los acceso a Internet por vía móvil y en donde el desarrollo de 4G en Chile ha sido explosivo, considerando que al finalizar el primer mandato de Piñera, en marzo de 2014, había un poco más de 180 mil conexiones y actualmente tenemos 12 millones de usuarios navegando con esta tecnología.

2da. escena: congelamiento del espectro de 3.5 GHz por parte de la Subtel

En una medida inédita y sin previo aviso, la Subsecretaría de Telecomunicaciones dictó una resolución, ordenando “congelar” el uso de la banda de 3,500 MHz con el argumento de estudio para un posible futuro desarrollo de la tecnología 5G, informando a diversas empresas de telecomunicaciones que tenían concesiones en esa banda, tanto a nivel nacional como regional, que no podrán explotar comercialmente ni desarrollar redes en estas frecuencias por orden administrativa de la autoridad, argumentando que tras proceso de fiscalización, se observó nulo o ineficiente uso de ese espectro.

3ra. escena: sentencia de Corte Suprema por concurso de 700 MHz

En un fallo considerado por algunos como histórico, la Corte Suprema resolvió una demanda presentada por una asociación de consumidores (Conadecus) en contra de las empresas de telecomunicaciones en la licitación de la banda de 700 MHz llevada a fines de 2013, y ordenó que estas empresas devolvieran la misma cantidad de espectro adjudicado por estar vigente un límite de 60 MHz de espectro total que deberían tener, conforme a otro fallo de 2008.

Con estas tres escenas tenemos el nombre de la película… La tormenta perfecta.

La consideramos una tormenta perfecta, toda vez que se ha generado en las últimas semanas una verdadera crisis en las proyecciones del desarrollo de las telecomunicaciones en el futuro, si no existe una decidida intervención en las políticas públicas, que sume voluntad de todos los actores, con los nuevos antecedentes existentes y una verdadera incerteza respecto a despliegue de redes, cantidad de espectro como límite por empresa y formas de que las telecomunicaciones lleguen a sectores más vulnerables, extremas, rurales y sin conectividad digital.

Las razones son porque en Chile las políticas en telecomunicaciones son de mediano a largo plazo y en donde 100 por ciento de los servicios de telecomunicaciones comerciales en Chile son ofrecidos por privados, por lo que el trabajo público-privado es esencial y cobra mayor sentido para el desarrollo tecnológico del país. No existe una empresa estatal de telecomunicaciones que permita suplir el despliegue de redes, ni las inversiones necesarias para el fomento de tecnología.

Sin embargo, una de las bases de esta sana relación, que benefician directamente a los usuarios de telecomunicaciones, es la debida certeza jurídica, una institucionalidad regulatoria que tome decisiones con mirada planificada y previamente definida, y un ecosistema que fomente la sana competencia, mejora en calidad de servicios de telecomunicaciones e incorporación de tecnología de punta. Y ese ha sido el trabajo realizado hasta ahora pero que, a la luz de las últimas decisiones, tanto administrativas como judiciales, no es suficiente, y el problema son los efectos que estas decisiones puedan generar, en especial para la conectividad de todos los usuarios de telecomunicaciones, especialmente los carentes de conectividad digital.

Así, para nadie es un misterio que el espectro radioeléctrico es la base para las empresas de telecomunicaciones y que el desarrollo de las tecnologías han generado la necesidad de contar con más espacio disponible, en distintas bandas de frecuencia (por tener cada una de ellas características técnicas y tecnológicas propias) e incluso las últimas innovaciones, que requieren más velocidad de acceso, menor latencia, mayor penetración en espacios cerrados, requieren combinaciones de bandas de frecuencias, tendencia que se proyecta con la futura tecnología de 5G.

Es importante recordar que, una vez iniciado el actual gobierno de Piñera, tanto la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, como la subsecretaria de Telecomunicaciones, fijaron como pilares de este gobierno duplicar las inversiones en telecomunicaciones en comparación a los últimos cuatro años, y que fomentarían la competencia, buscando preparar el camino para el desarrollo de 5G en Chile. Un discurso lógico y sin mayores novedades por las proyecciones de un trabajo previo.

Es por eso que sorprende que, sin previo aviso ni síntomas que lo previera, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, de la noche a la mañana, sacara un decreto fijando el congelamiento del espectro en la banda de 3.5 GHz y ordenara que las empresas que tenían la concesión otorgada hace decenas de años y que detentaban el derecho a explotarlo comercialmente, no pudieran continuar con el despliegue de las redes. Lo paradójico de la decisión es que hay empresas que estaban invirtiendo en despliegue de tecnología, con clientes que se conectan a Internet en esa banda (especialmente de zonas urbanas de bajos ingresos), y que generaban en su espacio competencia a otros servicios, por lo que la medida afecta sus propios objetivos de gobierno.

Por otro lado, según la Subtel, estas redes habían sido autorizadas para desplegarse en los últimos meses de la anterior administración, pero no dice que en la actual también lo estaba permitiendo hasta su decisión de no autorizar más desarrollo de redes e infraestructura. Esto obviamente afectará directamente las inversiones en telecomunicaciones (lo que atenta a otro de los objetivos inicialmente anunciados), producto de la forma anómala de planificar el desarrollo de 5G que, dicho sea de paso, será en 2019 cuando la Unión Internacional de Telecomunicaciones defina la o las bandas concretas a utilizar. Las empresas están estudiando revertir judicialmente la decisión, lo que retrasará las posibles nuevas asignaciones, despliegue y utilización de un futuro 5G, atacando otro de los objetivos propuestos por el Ejecutivo.

Con este sólo antecedente de decisión regulatoria, el escenario se ve controvertido, pero aún faltaba otro antecedente adicional y fue el fallo de la Corte Suprema por recurso presentado por una asociación de consumidores (Conadecus) en contra de las empresas que se adjudicaron la banda de 700 MHz.

En ella, se solicitaba formalmente que la Corte Suprema debía dejar sin efecto el concurso considerando que las empresas de telecomunicaciones que habían resultado ganadoras excedían el límite de contar con 60 MHz de espectro en total. Esto, basado en un fallo similar de 2008, cuando la Corte Suprema había indicado el máximo con que podían contar y así permitir la entrada de nuevos operadores.

Esta nueva sentencia finalmente indica que aún este límite jurisprudencial (y no legal) se encontraba vigente y ordena que las empresas deben devolver el total del espectro adjudicado por cada una de ellas (es decir, 20 MHz de Claro, 20 MHz de Movistar y 30 MHz de Entel), dándole la libertad a que decidan cuál parte del espectro devolvían, no siendo necesariamente la del concurso de 700 MHz propiamente tal.

Sin embargo, también dio la orden a la Subtel de que, si el organismo creía que el límite necesario para contar por cada empresa debía ser mayor a 60 MHz, debía realizar una consulta al Tribunal de la Libre Competencia para que ella, en un proceso abierto, defina cuál era ese límite. Así, por ejemplo, si el límite era mayor a 60 MHz y menor a lo que en total cuentan las empresas, debía devolver el exceso de este nuevo límite.

Lo llamativo fue justamente la actitud de las nuevas autoridades de la Subtel de celebrar el fallo y mencionar que la Corte respaldaba el uso eficiente del espectro, cuando la misma corte señala que la génesis del problema se dio cuando las autoridades de la Subsecretaría de Telecomunicaciones del primer gobierno de Piñera (cuyo subsecretario de ese entonces era Jorge Atton), desatendió el límite, no consultó a Tribunal de Libre Competencia un nuevo límite superior a 60 MHz y adjudicó contra la primera sentencia de la Corte Suprema. Por otro lado, el fallo no se refiere al uso eficiente de espectro, sino a libre competencia y posibilidad de apertura a nuevos actores.

Lo complejo de esta situación es la decisión del gobierno respecto a qué decisión tomar. Así, si aplica el fallo de inmediato, debería exigirle el exceso de 60 MHz y el problema radicaría en que, en primer lugar, las empresas podría devolver espectro de menor condición técnica y económica, pero mantiene clientes operando, quedando en duda qué sucedería con ellos y si con el aumento sostenido y exponencial de tráfico de datos, 60 MHz es suficiente para la alta demanda.

Adicionalmente, si por otro lado, el gobierno (después de despejar cualquier problema judicial o administrativo) quisiera licitar la banda de 3.5 GHz para usarla en tecnología 5G, las actuales empresas existentes en Chile, y que ya cuentan con al menos 60 MHz en total, no podrían participar en ese concurso, o si lo hicieran, deberían devolver la misma cantidad de espectro que podrían ganar en la licitación de 3.5 GHz, volviendo a arrastrar un problema respecto a usuarios que usen tecnología o espectro que debería ser devuelvo.

Otra arista radica en que, si las empresas devuelven espectro de menores condiciones técnicas y económicas, el gobierno quedaría con bandas libres que probablemente si las volviera a licitar, no existiría mayores interesados, justamente por no ser espectro rentable, al menos para las últimas tecnologías como 4G o 5G.

Otra consecuencia del fallo y posible devolución del espectro es que las empresas que se adjudicaron el concurso de 700 MHz tuvieron que cumplir con “contraprestaciones” adicionales al despliegue y uso de la banda de 700 MHz. Es así como además de pagar dinero por ese espectro, debieron cumplir con dar con conectividad a más de mil 200 localidades de zonas extremas y rurales que nunca habían tenido servicios de conectividad móvil ni digital. La duda es, si se les ordena devolver espectro, ¿podrían desconectar las radioestaciones habilitadas? ¿Podrían exigir la restitución de lo pagado al Estado?

Las últimas noticias han informado que la decisión escapó del ámbito técnico (de hecho, el jefe de división de Política Regulatoria de la Subtel, traído por las nuevas autoridades, fue desvinculado por “mal desempeño” en medio de esta crisis, en menos de 60 días en el cargo) y escaló la decisión al Presidente de la República, quien junto a tres ministros, definió que respecto al fallo de la corte, solicitarían al Tribunal de la Libre Competencia que amplíe el límite de espectro, antes de exigir la devolución.

El problema es que este proceso no es rápido. Se presume que al menos podría durar un par de años en resolver si existe mayor o menor grado de complejidad. Y una vez que se resuelva, se podrá saber el primer antecedente, que es cuánto espectro máximo puede tener una empresa en Chile para operar. Y de ahí ver si realiza un posible concurso para la tecnología 5G en la banda de 3.5 GHz (si se define esa banda), calcular si las empresas querrán postular y si existe espacio para exigir nuevas contraprestaciones para llegar a localidades mucho más rurales y extremas que existen en el país para conectarlas en esa oportunidad.

Finalmente, nada se ha dicho de cómo continuará la problemática respecto al “congelamiento” de los derechos de explotación comercial y despliegue de red en la banda de 3.5 GHz, y tampoco se ha reconocido que la credibilidad en las instituciones chilenas y seguridad jurídica francamente se ha visto deteriorada internacionalmente.

Respecto a la meta de duplicar las inversiones en telecomunicaciones, con base en los últimos cuatro años anteriores, con este escenario y sin definiciones claras, no se visualiza por dónde puede ocurrir. La llegada de nuevos operadores para 5G en una banda cuestionada y posiblemente judicializada, mucho menos. Y la esperanza de usuarios de telecomunicaciones de bajos ingresos, de zonas rurales, extremas y sin conectividad digital, de contar con servicios de calidad, cada día más disminuida.

En síntesis, se está generando la tormenta perfecta en telecomunicaciones… y todo dentro de los 100 días de gobierno del presidente Piñera.

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1 Comment

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  1. Jorge Fernández

    julio 10, 2018 at 4:26 pm

    La opinión de un total incapaz que fue removido de la Subsecretaria de Telefomunicaciones en el Gobierno de Bachelet por mala gestión y desconocimiento de la industria.

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ANÁLISIS

La Comisión Europea quiere un Android más abierto: ¿avance o retroceso?

Efrén Páez

Publicado

en

Un juicio histórico contra Microsoft dio mayores opciones al usuario, pero podría no dar los mismos resultados contra Google.

La Comisión Europea impuso una multa de 4.34 mil millones de euros contra Google, acusada de prácticas ilegales para fortalecer la dominancia de su servicio de búsqueda. Google, por su parte, negó las acusaciones y considera que su manejo del sistema Android ha creado incluso más y mejores opciones para los consumidores, fabricantes y desarrolladores.

La CE acusó a Google de abusar de su poder de mercado mediante diversas prácticas, tales como obligar a los fabricantes a preinstalar su aplicación de búsqueda y navegador a cambio de acceder a su tienda de aplicaciones; hacer pagos a fabricantes para obligarlos a instalar de manera exclusiva sus aplicaciones; y evitar la instalación de aplicaciones de Google en versiones alternativas de Android.

“La decisión de la Comisión concluye que estos tres tipos de abuso forman parte de una estrategia general de Google para cimentar su dominio en la búsqueda general de Internet, en un momento en que la importancia de Internet móvil crecía significativamente”, señala la Comisión en un comunicado.

Evidentemente, Google no comparte la visión de la CE y considera que el control sobre el sistema Android le ha permitido generar un sano ecosistema. “Android ha creado más opciones para todos, no menos”, dijo por su parte el portavoz de Google, Al Verney. “Un ecosistema vibrante, una innovación rápida y precios más bajos son los sellos clásicos de una competencia sólida. Apelaremos la decisión de la comisión”.

Aunque aún es difícil determinar si Google logrará apelar la decisión, o cuáles serán los efectos sobre el futuro de Internet en caso de mantenerse firme la sentencia, la historia tecnológica tiene un caso emblemático que, con ciertas diferencias, puede ayudar a conocer las consecuencias del caso.

Precedentes y similitudes

Hace exactamente 20 años, el 8 de mayo de 1998, el Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos presentaba una demanda en contra de Microsoft, a la que acusaba de prácticas anticompetitivas al buscar extender el poder monopólico que tenía a través de Windows hacia su propio navegador web Internet Explorer.

El DoJ encontró suficiente evidencia, además de un Bill Gates poco cooperativo, para determinar que Microsoft había abusado de su poder de mercado para evitar el crecimiento de la competencia en nuevos mercados como el de navegadores web, donde Netscape había sido la principal víctima.

Aunque polémico hoy y en su momento, se considera que el caso antimonopolio contra Microsoft fue un punto de inflexión que permitió el desarrollo de Internet, garantizar un ecosistema libre y la razón por la cual nuevos titanes como Google y Facebook lograron ocupar el lugar que en algún momento ocupó Microsoft.

En 2007, Microsoft enfrentó también una demanda de la CE luego de una acusación hecha por Sun Microsystems por sus prácticas de licenciamiento, que resultó en la obligación de Microsoft de abrir cierta información de sus productos para servidores, así como comercializar una versión de Windows sin su reproductor de medios Windows Media Player.

En general, existen importantes similitudes en el caso actual de Google contra lo que en su momento se determinó en contra de Microsoft, tales como las prácticas de ventas atadas o las prácticas para mantener el uso exclusivo sobre cierto software. Sin embargo, también existen importantes diferencias que podrían jugar a favor de Google.

En el caso contra Google, la CE señala en un comunicado que “las prácticas de Google han negado a los motores de búsqueda rivales la posibilidad de competir en función de los méritos. Las prácticas vinculantes garantizaron la preinstalación del motor de búsqueda y el navegador de Google en prácticamente todos los dispositivos Android de Google, y los pagos de exclusividad redujeron fuertemente el incentivo para preinstalar motores de búsqueda competitivos”.

En su momento, el DoJ encontró evidencia contundente a través de correos y memos del equipo interno de Microsoft sobre prácticas que la compañía implementaba con el propósito específico de limitar la competencia en el naciente mercado de los navegadores web.

Aunque aún no se liberan los documentos de la sentencia de la CE, no parece haber una evidencia similar. Adicionalmente, se puede considerar que tres principales competidores en el terreno de navegadores móviles como Firefox de Mozilla, Opera y Edge de Microsoft están disponibles a través de la Play Store para Android. Asimismo, se pueden instalar barras de búsqueda alternativas, incluida la independiente DuckDuckGo y Bing de Microsoft. Es decir, existen alternativas para los consumidores a los servicios propios de Google.

Sin embargo, la opinión de la CE es que la oferta de opciones no es eficiente, cuando al usuario se le ofrecen aplicaciones preinstaladas y pocos incentivos para la búsqueda de alternativas.

“Es probable que los usuarios que encuentran aplicaciones de búsqueda y navegador preinstaladas en sus dispositivos se apeguen a estas aplicaciones. Por ejemplo, la Comisión ha encontrado evidencia de que la aplicación Google Search se usa de forma consistente más en dispositivos Android, donde está preinstalada, que en dispositivos con Windows Mobile, donde los usuarios deben descargarla. Esto también muestra que los usuarios no descargan aplicaciones competidoras en números que puedan compensar la ventaja comercial significativa derivada de la preinstalación”, considera la CE.

Decisión frágil

Pero críticos de la decisión de la Comisión apuntan a la existencia de Bixby, un asistente desarrollado por Samsung, preinstalado en sus propios dispositivos como evidencia de que existirían opciones para los consumidores dentro del ecosistema Android.

Asimismo, Amazon ha desarrollado su propia versión de Android conocida como Fire OS, donde ofrece servicios propietarios con aplicaciones como Prime Video o Alexa, así como su propia tienda de aplicaciones.

La Comisión señala, sin embargo, que se ha encontrado evidencia de que las prácticas de Google han limitado la capacidad de fabricantes de dispositivos para considerar la instalación de otras alternativas a la versión de Android comercializada por Google, conocidas como “forks” (bifurcación), como es el caso de Fire OS.

Uno de los objetivos de Google en el desarrollo de Android incluye prevenir la aparición de múltiples versiones o bifurcaciones del sistema operativo que fragmenten tanto el ecosistema hasta el riesgo de limitar la interoperabilidad, incrementar el costo de desarrollo de aplicaciones o dañar la experiencia que puedan encontrar los usuarios a través de dispositivos Android.

Una de las prácticas de Google para evitar una fragmentación excesiva es penalizar dispositivos “incompatibles”, cuyo software o hardware se alejan demasiado de una serie predeterminada de especificaciones. Cuando este es el caso, Google puede negarse a licenciar sus aplicaciones propietarias (sobre todo Play Store).

De hecho, a partir del pasado marzo de 2018, Google impuso límites al uso de sus aplicaciones en dispositivos Android no certificados, incluidas versiones chinas del sistema o Fire OS. En caso de que la fecha de compilación de la imagen del sistema Android se encuentre después del 16 de marzo de 2018, las aplicaciones de Google no funcionarán.

Google justifica dichas prácticas como parte de sus esfuerzos por ofrecer una mayor seguridad y una experiencia uniforme dentro del ecosistema. Por ejemplo, la compañía ha emprendido un programa de certificación con algunos fabricantes, conocido como Android Enterprise, para informar a los usuarios sobre cuáles dispositivos recibirán los más recientes parches de seguridad por al menos sus primeros tres años desde su lanzamiento, con marcas como Samsung, Motorola, Huawei o Nokia, entre otras.

En busca de la competencia perdida

Al prohibir a Google de atar sus aplicaciones al programa de certificación, la CE buscaría la aparición de nuevas alternativas de Android a la única distribuida gratuitamente por Google. Irónicamente, esta decisión podría derivar en mayores costos de cambio para los usuarios, ya que cada fabricante podría optar por su propia versión de Android, incompatible con el resto de competidores.

Aunque Google ha señalado también que la condición de preinstalar sus aplicaciones de búsqueda y navegador web son necesarias para permitirle la monetización del sistema y, por lo tanto, el continuo desarrollo de sus características. Sin embargo, la CE desestimó dicho argumento al considerar que la compañía obtiene suficientes ingresos a partir de las ventas en la Play Store, además de múltiples datos para la venta de publicidad.

En 2016, cuando Oracle acusó a Google de haber utilizado Java sin permiso para el desarrollo de Android, fue revelado que Google habría generado 31 mil millones de dólares en ingresos por el sistema y 22 mil millones de dólares en beneficios. Aunque son cifras nada despreciables, en comparación Apple obtuvo ingresos por 51.6 mil millones de dólares por las ventas del iPhone tan solo en el cuarto trimestre de 2016.

Margrethe Vestager, comisaria de competencia de la CE, ha sido una de las más duras críticas del poder de mercado que poseen los actuales gigantes tecnológicos, y está convencida de que las medidas impuestas a Google favorecerán el crecimiento del ecosistema Android.

“Aquí tenemos una decisión que es muy clara, que permitirá a los fabricantes de dispositivos móviles tener una opción. Eso nos permitirá a nosotros como consumidores también tener una opción. De eso se trata la competencia”, señaló en conferencia de prensa, según reportan medios locales.

En perspectiva, el juicio del gobierno estadounidense contra Microsoft derivó efectivamente en nuevos beneficios para los usuarios y para el ecosistema, a través de la implementación de medidas que permitieron precisamente la aparición de opciones como el navegador Chrome de Google o el libre desarrollo de páginas como Facebook y Amazon.

Aunque las prácticas impulsadas por Google podrían estar justificadas para garantizar un desarrollo más eficiente del ecosistema, aún es una incógnita si las medidas de la CE podrían ser efectivas para garantizar la existencia en el futuro de Android y, sobre todo, de otros sistemas operativos.

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ANÁLISIS

Las telecomunicaciones después del tsunami ”López Obrador”

Servando Vargas

Publicado

en

Hace ya media década de la promulgación de la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Indudablemente, hay varios aspectos destacables como la creación de 50 millones de conexiones de banda ancha móvil en los primeros cuatro años de la reforma, de acuerdo a la OCDE, la caída de los precios de telefonía móvil y el aumento de los ingresos del sector 16 por ciento.(1)

Al respecto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) expresó en su momento que el estudio de la OCDE evidencia que los resultados han sido extraordinarios. No obstante, hay todavía algunos pendientes tales como la Red Compartida y la Red Troncal, entre otros temas.

La victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador el pasado primero de julio podría darle un nuevo giro al mercado, pero habrá que revisar algunos aspectos de las iniciativas en materia de telecomunicaciones del equipo del futuro gobierno. Muy recientemente, el asesor virtual del presidente electo, Abel Hibert, ha señalado que el fondo de cobertura universal, la eliminación del IEPS, así como el costo y administración del espectro son temas que se discutirán durante el periodo de transición entre el equipo saliente y el equipo entrante.(2)

En el largo plazo, el Proyecto de Nación de Morena, en especial las páginas 286-291,(3) que incluye su visión para las telecomunicaciones en México, manifiesta que el objetivo principal en cuanto al sector es “ampliar la cobertura de banda ancha para zonas marginadas en México a bajos precios, para incorporar estas regiones a las tecnologías de información y telecomunicaciones y elevar su nivel de vida”.

El Proyecto de Nación de Morena busca en especial dar mayor cobertura de banda ancha, enfocándose en los estados que corresponden a las “regiones 8 PCS (Veracruz-Llave, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala) y 5 PCS (Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Campeche), poniendo en marcha un Fondo de Cobertura Social de Banda Ancha”.

Como puede observarse, lo expresado por Abel Hibert en cuanto al fondo de cobertura universal y el objetivo del Proyecto de Nación de Morena, coinciden. En este contexto habrá que manifestar que el tema de cobertura es de vital importancia para el sector, pero primordialmente para el desarrollo del país.

El Proyecto de Nación de Morena manifiesta las siguientes etapas para lograr su objetivo principal:

  • El primer paso será hacer un inventario a nivel de localidad o Área Geoestadística Básica  (AGEB) para identificar aquellas áreas geográficas que no tienen ningún o acceso limitado a los servicios de telecomunicaciones.
  • El segundo paso será identificar el espectro en bandas móviles en estas regiones que no estén siendo utilizadas por los concesionarios a nivel AGEB.
  • El tercer paso, indica que para acceder a estas bandas se les hará́ una propuesta a los concesionarios para que subarrienden al costo que tienen que pagar el derecho de aprovechamiento por MHz en dicha región y/o otorgar concesiones sobre el espectro radioeléctrico para uso público o social.
  • El cuarto paso, otorgar concesiones sociales para que las comunidades y Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) lleven servicios tanto de voz como de alta velocidad a zonas del país con baja cobertura.
  • Quinto paso: otorgar apoyo técnico, de asesoría financiera y regulatorio para el despliegue de la red y el otorgamiento de los aparatos telefónicos.
  • Sexto paso: una vez desplegada, inventariar y aprovechar los recursos de la Red Compartida para impulsar la conectividad de banda ancha en zonas no favorecidas a través de proyectos sustentables.
  • Séptimo paso: crear un Fondo de Cobertura Social de Banda Ancha. Este fondo de cobertura se utilizará para complementar las inversiones que va a realizar el sector privado en regiones donde los operadores actuales no están actualmente proporcionando el servicio.

El último punto expresado en el Proyecto de Nación de Morena manifiesta que el objetivo de esta inversión publica adicional es apoyar la formación de empresas sociales que reciban una concesión social para dar servicios de telecomunicaciones, principalmente de Internet de banda ancha.

Estas empresas podrán utilizar los recursos de red que pondrá́ a disposición la Red Compartida para reducir costos y pueden tener participación de los concesionarios actuales.

La idea principal expresada en el párrafo anterior es que sean las mismas comunidades, a través de las concesiones sociales y con el apoyo técnico y regulatorio del Estado y/o concesionarios, puedan levantar la infraestructura para llevar servicios a estas comunidades.

El Proyecto de Nación de Morena busca en especial dar mayor cobertura de banda ancha

El modelo de negocio para estos concesionarios estaría basado en un cobro por minuto y por Mb para la recuperación de costos más un margen para mantenimiento y expansión de la red, en donde las comunidades se organicen como cooperativas en las que cada usuario abone una cuota mensual fija, que se establecerá en función de los gastos de mantenimiento del servicio, y una cantidad variable en función de las llamadas a teléfonos fuera de la red local.

En el escenario anterior, habrá que revisar varios aspectos del Proyecto de Nación de Morena en materia de telecomunicaciones ya que, por una parte, no manifiesta el número total de población atendida, los tiempos, ni especifica a detalle la inversión total requerida por parte del gobierno, los futuros concesionarios y los operadores que subarrienden infraestructura. El proyecto es muy claro en el ¿qué? y en el ¿dónde?, pero sólo esboza el ¿cómo? y el ¿cuánto? Sobre el ¿cuándo?, no establece fechas.

Por otra parte, el Proyecto de Nación de Morena tampoco expresa nada referente a la Red Troncal. Pareciera que este importante proyecto derivado de la reforma del sector en 2013 no existiera o que no tiene ningún sentido su puesta en marcha.

Otro aspecto que deja dudas es el hecho de que el tema de cobertura es el único punto a abordar en el sector dentro del Proyecto de Nación de Morena.

Aunque este proyecto es definitivamente plausible, deja un vacío enorme en otras áreas. De las recomendaciones de la OCDE agrupadas en cuatro rubros tales como competencia, mejora de condiciones de mercado, marco legal e implementación de políticas nacionales, el Proyecto de Nación de Morena sólo toma en cuenta el último punto.

Lo expresado por Abel Hibert aborda algunas otras de las recomendaciones de la OCDE, pero de manera muy somera. Sin lugar a dudas, la eliminación de IEPS es un tema que la industria ha sugerido en varias ocasiones, y suprimirlo sería como entrar con el pie derecho en el sector para el nuevo gobierno. La administración del espectro es otro tema que sin dudas necesita revisarse. Ambos puntos fueron sugeridos por la OCDE el año pasado.

No obstante lo anterior, habrá que recordar que en 2012 la OCDE propuso 31 recomendaciones al regulador mexicano, de las cuales fueron implementadas por completo 28 de ellas. El resultado fue muy positivo para el mercado de telecomunicaciones de México.

En este sentido, habrá que agregar que hay todavía varios aspectos que no se han abordado o carecen de importancia para la futura administración. Por ejemplo, ¿qué hay sobre el tema de convergencia? Recordemos que una de las sugerencias de la OCDE fue permitirle a Telmex ofrecer servicios de televisión restringida; sin embargo, este tema no ha sido esbozado por el futuro equipo que gobernará la nación a partir del primero de diciembre de 2018.

 

  1. https://www.mediatelecom.com.mx/2017/09/06/recomendaciones-de-la-ocde-marcan-nuevos-desafios-para-las-telecom-en-mexico/
  2. http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/proyectos-telecom-iniciaran-en-breve-preve-abel-hibert
  3. https://drive.google.com/file/d/11B0aNBuVpHB7GDVXhCKdYvVKw7D7Ta-x/view

 

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ANÁLISIS

Gobierno estadounidense presenta apelación contra fusión AT&T-Time Warner

Efrén Páez

Publicado

en

El Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos presentó una apelación contra la aprobación del tribunal federal para la adquisición de Time Warner por parte de AT&T. La compra de Time Warner por 85 mil millones de dólares había sido aprobada el pasado 15 de junio sin condiciones.

En un breve Aviso de Apelación presentado el 12 de julio, el DoJ notificó al Tribunal de Distrito que tiene la intención de presentar el caso al Tribunal de Apelaciones contra el fallo que permitiría a AT&T planear la adquisición de Time Warner.

El gobierno de Estados Unidos tenía hasta el 12 de agosto para ponderar una apelación. El gobierno aún no presenta los motivos sobre los que se presentaría la apelación.

En el primer juicio, el gobierno estadounidense había argumentado que la fusión provocaría el alza de precios y un comportamiento anticompetitivo de la compañía al restringir el acceso a contenido, argumentos que fueron desechados por el juez al considerarlos especulación.

En un comunicado, David McAtee, abogado general de AT&T, se dijo “sorprendido” por la apelación, al considerar que el fallo original del tribunal “difícilmente podría haber sido más exhaustivo, basado en hechos y bien razonado”.

La compañía había comenzado ya las tareas de integración del negocio con Time Warner, aunque es posible que necesite mantener la compañía separada.

CNN, una compañía de Warner Media, informó que el CEO de AT&T, Randall Stephenson, dijo que la compañía no estaba “preocupada” por la apelación.

Fox Business informó anteriormente que el Departamento de Justicia estaba planeando una apelación, pero se encontró con la resistencia del Procurador General, quien debe firmar en tales casos. Las fuentes de la emisora ​​dijeron que el DoJ busca mostrar una postura más fuerte contra las fusiones verticales, donde los distribuidores de TV de paga se fusionan con las compañías de medios, una situación que el DoJ cree que lleva a precios más altos.

En su momento, el DoJ había afirmado ante el juez que “AT&T/DirecTV obstaculizarían a sus rivales al obligarlos a pagar cientos de millones de dólares más por año para las redes de Time Warner, y utilizaría su mayor poder para desacelerar la transición de la industria a nuevos y emocionantes modelos de distribución de video que ofrecen una mayor variedad para los consumidores”. Agregó que “la fusión propuesta daría como resultado menos ofertas innovadoras y facturas más altas para las familias estadounidenses”.

A principios de julio, después de la aprobación a la transacción, trascendió en medios estadounidenses que AT&T había anunciado un alza en los precios de su servicio de streaming DirecTV Now por hasta 5 dólares para nuevos suscriptores o acorde a la factura actual de los existentes.

Durante el primer juicio, AT&T había afirmado que la fusión “le permitiría la reducción de precios”, a la vez “que no tendría incentivos para restringir la distribución de su contenido” en otras redes.

La fusión había sido cuestionada anteriormente por el presidente Donald Trump, que había señalado que la fusión representaba “demasiada concentración de poder en manos de muy pocos”, en medio de las constantes acusaciones en contra de CNN al supuestamente distribuir “fake news”.

AT&T había buscado obtener pruebas relevantes sobre la posible influencia de la Casa Blanca en la decisión del DoJ por detener la fusión.

Esta apelación podría traer nuevas consecuencias en los procesos de evaluación de fusiones y adquisiciones en el sector de medios y telecomunicaciones, donde T-Mobile y Sprint buscan la fusión de sus operaciones, mientras que Disney y Comcast se enfrentaron en una guerra de apuestas para adquirir los activos de Fox. Sprint y T-Mobile también fueron duramente cuestionados durante una presentación ante el Congreso estadounidense sobre el riesgo del alza de precios ante la potencial fusión de sus operaciones.

Si el Departamento de Justicia ganara la apelación, el Procurador General de los Estados Unidos podría llevar el caso a la Suprema Corte, alineados hoy en su mayoría del lado conservador y al gobierno de Trump.

Sin embargo, el sitio The Hollywood Report descubrió en un documento de divulgación que John Roberts Jr, uno de los jueces en jefe de la Suprema Corte, todavía posee acciones de Time Warner.

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