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Telefónica quiere un 30% de directivas en 2020

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Expansión – Amparo Polo

Política activa. Implanta medidas para elevar el 21% actual. La operadora aplica la ‘regla Rooney’, que exige que haya candidatas para cualquier puesto vacante.

Hubo un tiempo, como recordarán los seguidores de la serie televisiva Las chicas del cable, en que los hombres copaban todos los puestos en las compañías telefónicas, con la excepción de un pequeño grupo de señoritas (preferiblemente solteras y sin hijos) que pasaban las llamadas. Hoy Telefónica, la empresa en la que se inspira la serie, tiene un 37,7% de mujeres en su plantilla (46.224 sobre un total de 122.718 empleados) y el propósito de que muchas de ellas lleguen al equipo directivo.

De momento, sólo lo hacen un 21,5% (201 sobre 937 posiciones directivas que tiene el grupo), aunque el reto es aumentar este porcentaje hasta el 30% en 2020. Se trata de un objetivo ambicioso, teniendo en cuenta la progresión de los últimos años. En 2015 había un 19% de mujeres en puestos de dirección; en 2016 un 20%, y en 2017 un 21%.

Para lograrlo, el grupo fomenta la promoción del talento femenino en mandos intermedios y directivos y se asegura la presencia de mujeres en los procesos de selección interna. Entre los tres últimos candidatos a cada puesto debe haber, al menos, una mujer. Es lo que se conoce como la regla Rooney, que otros grupos como BBVA y Santander han empezado a implantar. Telefónica también sigue de cerca el número de contrataciones entre los graduados: un 47,1% de las incorporaciones de jóvenes menores de 30 años en 2016 fueron mujeres.

La directiva con más poder en el grupo es Laura Abasolo, directora de Finanzas y Control. La ejecutiva también preside el consejo supervisor de TEF, la filial alemana, y es sponsor global de la diversidad de la compañía, una iniciativa que pretende aumentar la visibilidad de las directivas del grupo. Junto a Abasolo, otras dos mujeres forman parte del comité de dirección, formado por 17 personas (17,6%). Se trata de Marta Machicot, directora de Recursos Humanos, y María Garía-Legal, jefa de gabinete. La consejera delegada de Telefónica España es María Jesús Almazor. “Nuestros clientes no entenderían que los directivos de esta compañía fueran todos españoles, ingenieros y hombres”, ha señalado José María Álvarez-Pallete, presidente de la operadora.

Uno de los programas que cuentan con más impulso es Women in Leadership, que busca a mujeres con alto potencial entre los puestos medios. Las seleccionadas realizan un curso de 4 días y una formación online durante cuatro meses. El grupo también respalda a las mujeres emprendedoras con el plan Womens Age, donde se pone en contacto a mujeres interesadas en tecnología e innovación. El programa Global Young Leaders, que prepara durante dos años a los mejores jóvenes de la empresa, tuvo un 57% de participantes femeninos en 2017. En un intento por fomentar las vocaciones de ingenieras, el grupo colabora con iniciativas como Girls in Tech y STEM Talent Gir. Telefónica es una de las cinco grandes empresas de telecomunicaciones que integran el índice Bloomberg de Igualdad de Género.

En el consejo de Telefónica, las mujeres también han ganado peso en los últimos años y suponen el 18% del total (4 sobre 18 miembros). La última incorporación fue la de María Luisa García Blanco, socia del despacho Salama García Blanco, el pasado mes de abril. También son consejeras de la operadora María Luz Medrano, Carmen García de Andrés y Sabina Fluxá, estas dos últimas nombradas en los dos últimos años.

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Verizon deja de activar teléfonos 3G en red CDMA para migrarlos a LTE

Elizabeth Salazar

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Verizon, a través de un comunicado, confirmó que ya no permite a los clientes activar dispositivos 3G basados en su red CDMA, quienes sólo podrán usar dicha red hasta finales de 2019. Con esta medida busca llevar a cabo una transición a productos y servicios aptos para 4G LTE.

El operador lanzó su red LTE a finales de 2010, comenzó en 38 ciudades y 60 aeropuertos comerciales, con una cobertura de 110 millones de personas, la cual se ha incrementado a más de 300 millones, con 100 millones de usuarios con dispositivos LTE.

El ciclo de actualización de los teléfonos inteligentes en Estados Unidos tuvo un incremento de 25 meses en 2016 a 32 meses en la segunda mitad de 2017. A mediados de ese año Verizon introdujo sólo un teléfono LTE básico en su línea, más adelante lanzó el Asus LTE-Zenfone V, como parte de una “progresión gradual” hacia los dispositivos sin compatibilidad CDMA.

Cerca de la mitad de los activos de espectro del operador están dedicados a LTE, por lo que está en proceso de reorganizar el exceso de espectro de CDMA en la banda de 850 MHz.

La compañía continúa con el fortalecimiento de la red LTE y se prepara para el lanzamiento de servicios móviles y de acceso inalámbrico fijo 5G.

Recientemente, promocionó la implementación de la tecnología de agregación de operadores (CA) en más de 2 mil mercados, así como la combinación de CA, 4×4 MIMO y 256QAM en más de mil 100 mercados en todo el país.

Durante una prueba en Florida utilizó la configuración para alcanzar velocidades máximas de 953 Mbps.

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Reguladores se adhieren a mejores prácticas favorables a inversión y transformación digital

Mediatelecom

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La digitalización está cambiando cada vez más y de manera fundamental las sociedades y las economías y desestabilizando muchos sectores en lo que se ha denominado la cuarta revolución industrial. Por su parte, la regulación de las TIC debe mantenerse en evolución a la par de los avances en tecnología, abordar las nuevas fronteras regulatorias y crear las bases sobre las cuales la transformación digital pueda alcanzar todo su potencial.

El simposio mundial de la UIT para reguladores destaca nuevos enfoques regulatorios y normativos innovadores para apoyar la transformación digital actual.

Más de 600 participantes de más de 120 países, incluidos ministros de gobierno, reguladores, representantes del sector privado e instituciones académicas, se reunieron del 9 al 12 de julio en Ginebra, Suiza, para asistir al Simposio Global de Reguladores (GSR-18) de la UIT 2018.

“Asegurar que la transformación digital beneficie a todos, en todas partes es un desafío definitorio del siglo XXI”, dijo Houlin Zhao, secretario General de la UIT. “El Simposio Mundial de Reguladores de la UIT desempeña un papel importante en este proceso. Apoya a los reguladores a identificar políticas que creen entornos propicios sólidos donde las TIC puedan aprovecharse para el máximo beneficio de todos, y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU”.

Los reguladores también reconocieron la necesidad de un marco normativo favorable a la inversión para apoyar la transformación digital

Un resultado clave del GSR cada año es el documento, Directrices de buenas prácticas sobre nuevas fronteras regulatorias, adoptado por los reguladores participantes y que pretende ayudarlos a fomentar el potencial de las tecnologías emergentes para la transformación digital; promover modelos de negocios e inversión; y permitir enfoques regulatorios y normativos para continuar la innovación y el progreso.

El simposio se centró en una amplia gama de cuestiones, entre ellas: tecnologías emergentes para la transformación digital, Inteligencia Artificial para el desarrollo, nuevas fronteras regulatorias, identidad digital en diferentes plataformas, la protección de datos personales en una economía inteligente basada en datos y nuevos modelos de inversión sostenible.

Los avances en la tecnología están creando nuevos fenómenos sociales y modelos de negocios que impactan cada aspecto de la vida personal y profesional de la población mundial, y que desafían los paradigmas regulatorios. M2M, computación en la nube, 5G, AI e IoT están trayendo más cambios profundos.

Si se reconoce el potencial de las tecnologías emergentes y el impacto que las políticas y los marcos regulatorios pueden tener sobre su éxito, los reguladores deben alentar un paradigma regulador que implique fronteras y permita la transformación digital. Por ello, el documento establece que se debe:

  • implementar un marco ágil para un ecosistema digital innovador a través de una política flexible, táctica, multisectorial, prospectiva, neutral y transparente, y enfoques regulatorios;
  • alentar políticas y medidas reglamentarias para facilitar el despliegue y el uso de tecnologías emergentes para infraestructura y servicios digitales asequibles, incluso en el ámbito del intercambio de infraestructura, la interconectividad, la calidad del servicio y el uso eficaz del espectro;
  • abordar el entorno propicio para las tecnologías emergentes, incluidos, según proceda y dentro de los respectivos mandatos, cuestiones tales como los derechos de propiedad intelectual (DPI), Inteligencia Artificial (IA), inversión, creación de empleo y ciberseguridad, neutralidad tecnológica;
  • abordar los argumentos comerciales y de inversión para 5G, y las medidas reglamentarias y políticas habilitantes relacionadas, reconociendo que se espera que 5G contribuya a una mayor evolución de las economías digitales, mejorando el crecimiento económico, mejorando las experiencias de vida de los ciudadanos y creando nuevas oportunidades de negocios;
  • reiterar que el acceso a recursos escasos (por ejemplo, frecuencias, números de teléfono, direcciones IP) es esencial para ofrecer servicios de comunicación efectivos e innovadores; además, mantener la suficiente flexibilidad de las reglas y procedimientos es importante para permitir la innovación, de modo que se puedan concebir, diseñar, probar y desplegar nuevos usos y nuevas tecnologías;
  • integrar la investigación intensiva en TIC en nuestras actividades a través de una estrecha colaboración y asociación con el mundo académico y las instituciones de investigación;
  • crear espacios de innovación para promover oportunidades para los jóvenes, fomentar el desarrollo de soluciones TIC innovadoras y fomentar una comunidad de empresarios y mentores;
  • reconocer que las tecnologías emergentes también requieren medidas para continuar desarrollando las habilidades digitales de las personas no sólo como consumidores sino también como ciudadanos;
  • y definir los mecanismos de respuesta apropiados ante amenazas y ciberataques, incluido el servicio de alerta temprana y el establecimiento de equipos de respuesta de emergencia cibernética (CERT) para mejorar la confianza del consumidor en la economía digital y proteger las inversiones ya existentes (redes, sistemas, aplicaciones y contenido).

Los reguladores también reconocieron la necesidad de un marco normativo favorable a la inversión para apoyar la transformación digital. Diseñar una visión de políticas a largo plazo para garantizar la previsibilidad y la certeza regulatoria que se necesita para promover los modelos de negocios e inversión y ofrecer conectividad para todos los casos de uso.

Asimismo, el documento final de la GSR-18 destaca que las medidas y los intercambios proactivos con todos los actores de la cadena de valor del sector (startups, centros de competencia, fabricantes, operadores y usuarios) son clave para impulsar el ecosistema digital emergente.

Las políticas de TIC y los marcos normativos deben estar actualizados, ser flexibles, estar basados en incentivos y estar orientados al mercado para apoyar la transformación digital en todos los sectores y regiones geográficas.

Las herramientas y medidas reguladoras de TIC de colaboración de próxima generación son la nueva frontera para los reguladores y los responsables de la formulación de políticas, ya que trabajan para maximizar la oportunidad que ofrece la transformación digital.

También durante el GSR-18 se celebró una reunión de Directores Regulatorios del Sector Privado junto con la primera reunión del Grupo Asesor de la Industria para Asuntos de Desarrollo (IAGDI). Fue diseñado para facilitar el debate y el intercambio de información sobre las tecnologías digitales emergentes.

La reunión de IAGDI, moderada por Bocar Ba, director Ejecutivo del Consejo de Telecomunicaciones SAMENA y Presidente de la Reunión de Directores Reguladores del Sector Privado, pidió medidas para facilitar el acceso a la conectividad de manera sostenible, fomentando la inclusión, permitiendo un amplio despliegue de infraestructura, impulsando la adopción de banda ancha y creando un entorno donde la innovación puede florecer.

GSR-18 también organizó una reunión de asociaciones reguladoras, presidida por Johannes Gungl, CEO de la Autoridad Reguladora de Radiodifusión y Telecomunicaciones de Austria (RTR) y Presidente del Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (BEREC).

En la reunión, los delegados tuvieron la oportunidad de compartir información con colegas reguladores de diferentes asociaciones reguladoras regionales y otras organizaciones, y discutir posibles áreas de intercambio de información con un enfoque particular en el intercambio de infraestructura.

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TELECOM

Claro lleva a Subtel a la justicia: presenta recurso de protección y pide orden de no innovar

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La Tercera, Sandra Burgos

Finalmente Claro Chile, la compañía controlada por el magnate mexicano Carlos Slim, decidió iniciar acciones legales. Hoy interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago, un recurso de protección en contra de la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi Masías, “por haber emitido -en forma ilegal y arbitraria- la Resolución Exenta N° 1.289 de 19 de junio de 2018”, señala el escrito.

Esta resolución es la que congeló el uso de la banda 3,5 GHz para las empresas Claro, Entel, GTD (Telsur), Movistar, y VTR.

El escrito señala que el recurso persigue “obtener la protección urgente de los derechos y garantías constitucionales de Claro frente a las graves infracciones cometidas por la Subsecretaria al emitir la Resolución Exenta Nº 1.289, con la cual pretende, entre otras cosas, suspender las concesiones y autorizaciones vigentes otorgadas a nuestra representada para prestar servicios en la banda de frecuencias 3.400 – 3.800 MHz (“Banda 3.5 GHz”) y de las que esta parte es titular desde hace más de 10 años”.

A juicio de la compañía, se trata de un acto manifiestamente ilegal y arbitrario “que priva, perturba y amenaza gravemente los derechos y garantías constitucionales de Claro, específicamente aquellos consagrados en el artículo 19 N°s 2º, 3º (inciso 5), 21º, 22º y 24º de la Constitución”.

Argumentaciones

La compañía controlada por Carlos Slim, contrató hace unos días la asesoría de Pellegrini y Cía, firma liderada por Julio Pellegrini, para que analizara los pasos a seguir en Chile. En ese contexto es que definieron no esperar más e iniciar las acciones legales en contra de la Subtel.

En su presentación, la firma entrega una serie de argumentaciones para solicitar el recurso de protección que paralice la decisión de Subtel.

En primer lugar señala que la resolución fue dictada por un órgano que no es competente para modificar o alterar las concesiones de telecomunicaciones. “El acto fue emitido por la Subsecretaria y no por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, que es la única autoridad competente y autorizada por la ley para otorgar, modificar y extinguir las concesiones de servicios de telecomunicaciones. Así lo establecen los artículos 8 a 23 de la Ley General de Telecomunicaciones (“LGT”)”, señala la presentación.

Asimismo, la compañía de telecomunicaciones argumenta que la resolución fue dictada sin que se hubiese seguido el procedimiento que establece la ley, vulnerando los artículos 6º, 7º y 19 N° 3 inciso 5 de la Constitución. “En efecto, la recurrida ordenó –por sí y ante sí– la suspensión indefinida de los servicios, omitiendo derechamente el procedimiento de cargos que debió haber aplicado si estimaba que existía alguna infracción en el uso de la concesión por parte de Claro. Así lo establece el artículo 36 A de la LGT” indica el escrito.

La firma agrega que también no procede la Subsecretaria haya ordenado restringir y suspender la concesión de Claro mediante una simple Resolución Exenta, ya que el único instrumento válido para establecer las condiciones de acceso, operación y explotación de una concesión es un Decreto Supremo, que además debe haber pasado por el proceso de toma de razón ante la Contraloría General de la República (artículos 8 y 15 de la LGT).

Argumenta el recurso que la resolución exenta es ilegal y arbitraria “porque impuso una sanción que no está establecida en la ley, al punto que ordenó a Claro suspender indefinidamente todos los servicios cuyo funcionamiento se encontraba autorizado en la Banda 3.5 GHz. En efecto, la LGT sólo autoriza para decretar una suspensión en casos sumamente excepcionales y siempre por un plazo o período limitado”.

Agrega la presentación que la resolución de Subtel carece de fundamentos jurídicos y fácticos, y que es insuficiente en cuanto a sus motivaciones. En la propia Resolución Exenta se reconoce que la suspensión sería para que la autoridad pueda “estudiar” el uso eficiente de la banda en concordancia a los usos internacionales. En este sentido, más allá que no existe incumplimiento ni infracción alguna de Claro que justifique semejantes sanciones, lo cierto es que las excusas esgrimidas por la propia subsecretaria dejan en evidencia que la Resolución Exenta carece del más mínimo fundamento jurídico y fáctico”, asevera Claro.

Añade la compañía que la resolución de Subtel es desproporcionada, que se trata de medidas innecesarias y completamente desmedidas para la finalidad de “estudio” que ha tenido en vista. “Si su objetivo es simplemente “estudiar” el uso eficiente de la banda en concordancia a los usos internacionales, no se entiende cómo podría ser razonable y proporcionado que –con dicho propósito– se impida a Claro operar y explotar sus servicios en la Banda 3.5 GHz”.

Uno de los argumentos más fuertes que expone Claro es que la resolución priva, perturba y amenaza importantes derechos y garantías fundamentales que la Constitución le asegura. Además, agrega que la subsecretaria no tiene competencia para disponer la suspensión indefinida de la operación de la Banda 3.5 GHz, menos a través de una simple resolución exenta, que fue dictada sin que se siguiera el procedimiento establecido en la ley.

Los representantes de Claro señalan que se vio vulnerado el derecho de propiedad de Claro, así como también su garantía constitucional a desarrollar libremente cualquier actividad económica, consagrados en el artículo 19 Nº 21 y 24. Asimismo, argumentan que impacta las inversiones que ha realizado la compañía y aquellas que se estaban materializando a futuro.

También la firma saca a relucir el derecho a no sufrir discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. Ante ello indica que la resolución de Subtel deja a Claro en una situación mucho más gravosa que sus competidores que no operan ni explotan servicios de telecomunicaciones en la Banda 3.5 GHz.

Con las argumentaciones presentadas, Claro solicita a la Corte de Apelaciones que deje sin efecto la Resolución Exenta Nº 1.289, así como todo acto de la autoridad que tenga por causa o fundamento dicha resolución. También pide que se ordene a la Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, inhibirse de desconocer los derechos adquiridos de Claro Comunicaciones S.A. y de Claro Infraestructura 171 S.A. en sus respectivas concesiones y autorizaciones para operar y explotar la Banda 3.5 GHz; y se le impida a la recurrida realizar actos que entorpezcan sus derechos a operarla y explotarla. Para todo ello, se solicita al tribunal de alzada que dictamine una orden de no innovar.

Otras acciones legales

En el mismo recurso Claro dejó entrever que esta no será la única accione legal que realizará. Señala que el recurso se interpone “sin perjuicio y haciendo reserva expresa de todos los derechos, acciones e intereses que pudiere tener nuestra representada, así como sus accionistas directos e indirectos de conformidad con el derecho internacional, incluyendo, sin limitación, las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos”, asevera.

Agrega además que “nada de lo manifestado en este escrito podrá ser interpretado como una invocación o ejercicio, en esta sede, de dichos derechos, acciones o intereses, ni como una limitación o renuncia a los mismos, que quedan expresamente reservados a todos los efectos”, advierte.

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