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Telecomunicaciones y energía; las inversiones más avanzadas en plan de infraestructura

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El Observador

En tres años se ejecutó el 56% de los US$ 12.370 planificados por el gobierno para el quinquenio en todos los sectores

La ejecución de inversiones previstas en el plan quinquenal de infraestructura totalizó US$ 2.134 millones en 2017. De esa manera, entre 2015 y 2017 las inversiones en infraestructura totalizaron US$ 6.934 millones, lo que da un avance de 56% respecto a los US$ 12.370 millones que están programados hasta 2019.

Los datos forman parte de uno de los informes que acompaña el proyecto de Rendición de Cuentas recientemente enviado al Parlamento.

Las inversiones en infraestructura de telecomunicaciones son las que presentan mayor grado de avance, seguidas por las inversiones portuarias (que contaron con un importante impulso de inversión privada en 2015 y 2016) y en el sector energético, debido a que las inversiones previstas en generación de energía a partir de fuentes renovables no tradicionales se concentraron en su totalidad entre 2015 y 2017 e incluso a pesar de la postergación del proyecto de la planta regasificadora, explica el documento elaborado por el Poder Ejecutivo.

ANTEL realizó inversiones en infraestructura por US$ 154 millones en 2017. Así, en el trienio 2015-2017 la empresa estatal de telecomunicaciones lleva invertidos US$ 545 millones.

El año pasado se destinaron US$ 15 millones en la extensión de la red celular de telefonía móvil, lo que permitió llevar la cobertura poblacional de la red LTE (Long Term Evolution, tecnología 4G) a más del 95%. Otros US$ 42 millones fueron para fibra óptica y banda ancha. Al cierre del año pasado aproximadamente 53% de los hogares contaban con conexión de fibra óptica y 82% de los mismos están conectados por banda ancha.

Otros US$ 29 millones se destinaron en el cable submarino, US$ 19 millones en plataformas multiservicios que dan soporte a los servicios de red de acceso móvil y fija y US$ 26 millones en el Antel Arena.

Por su parte, en el sector energético las inversiones fueron por US$ 634 millones, y se acumuló una ejecución de US$ 2.834 millones en el trienio 2015-2017.

Para este año están previstas inversiones por US$ 314 millones. En gran medida serán ejecutadas por UTE, ya que no se esperan inversiones significativas adicionales en generación de energía a partir de fuentes renovables no tradicionales, explica el informe.

En lo que refiere a infraestructura portuaria, el año pasado se invirtieron US$ 92 millones, lo que significó alcanzar una ejecución de casi US$ 400 millones entre 2015-2017.

Por otro lado, las inversiones en infraestructura ferroviaria, social, agua y saneamiento y vialidad son las que mostraron un menor grado de avance hasta ahora.

Según se explica, el avance en la infraestructura ferroviaria está particularmente afectado por la postergación del proyecto Algorta-Fray Bentos, cuya inversión estaba estimada en US$ 90 millones bajo la modalidad de PPP, y la suspensión de las obras de rehabilitación del tramo Pintado-Paso de los Toros.

En principio se iba a realizar en el marco del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM) y fue sustituido por el proyecto del Ferrocarril Central, que abarca un tramo más amplio (desde el Puerto de Montevideo hasta Paso de los Toros) y permite movilizar más cantidad de carga a una mayor velocidad.

Además, el gobierno explica que el menor grado de avance a nivel de la infraestructura social y vial obedece, en parte, a que existen proyectos bajo la modalidad PPP cuyas inversiones se extenderán más allá de 2019.

En tanto, el menor ritmo de ejecución de las inversiones en agua y saneamiento obedeció a necesidades adicionales de financiamiento. El año pasado OSE constituyó un fideicomiso mediante el cual colocó deuda para hacer frente a las inversiones necesarias en el sector para los próximos años.

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AMÉRICA LATINA

Designan nuevo presidente de Claro Dominicana

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elCaribe

La empresa de telecomunicaciones Claro anunció que América Móvil ha promovido a Oscar Peña como presidente de Claro Centroamérica, responsable de los mercados de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá y Costa Rica. Rogelio Viesca Arrache fue nombrado para dirigir la operación de Claro en República Dominicana, con efectividad el 16 de septiembre del presente año.

Viesca Arrache cuenta con 25 años de experiencia en telecomunicaciones y ha ocupado importantes  posiciones dentro de la corporación. Fue director de operaciones de Claro Brasil, presidente ejecutivo y CEO de Ecuador y Argentina, con responsabilidad directa de Paraguay y Uruguay. Actualmente se desempeña en Telcel México como director Regional Golfo y Sur. Su formación académica es en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones de la Universidad Iberoamericana de México, con postgrado en Finanzas y Marketing.

Desde la entrada de América Móvil en el año 2006, Claro Dominicana ha evidenciado un proceso de crecimiento y transformación con importantes innovaciones tecnológicas, así como un decidido enfoque hacia el servicio al cliente. Esto le ha garantizado el liderazgo y la preferencia del mercado en todas las líneas de negocio: fijos, datos, móviles y televisión de paga.

La empresa reafirma su compromiso de continuar con  un sostenido programa de inversiones para contribuir al desarrollo del país, a la calidad de vida de los dominicanos y al fortalecimiento del sector de las telecomunicaciones.

Sobre América Móvil

América Móvil, compañía líder de servicios de comunicación en América Latina y una de las más grandes del mundo en términos de suscriptores proporcionales y valor de capitalización en el mercado, con operaciones en 25 países de América y Europa. Al 31 de marzo de 2018, América Móvil contaba con 362 millones de líneas de acceso, que incluyen 279 millones de suscriptores móviles y 83 millones de unidades generadoras de ingreso fijas (telefonía fija, banda ancha y televisión de paga).

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AMÉRICA LATINA

Servicio del SRI en red

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El Mercurio

El Servicio de Rentas Internas (SRI) ha puesto a disposición de los contribuyentes la posibilidad de realizar y enviar las declaraciones de impuestos por medio de la internet.

La ventaja de utilizar este medio para cumplir con las obligaciones tributarias es que el sistema se encuentra disponible las 24 horas del día los 365 días del año y las declaraciones enviadas se las puede consultar por este mismo medio.

Adicionalmente, la declaración podrá ser realizada desde el primer día del mes y el pago se lo podrá hacer hasta la fecha del vencimiento, eliminando los problemas de digitación de las declaraciones hechas en papel.

Capacitaciones

Para acceder a este servicio es necesario que obtenga el DIMM formularios, el cual puede solicitarlo en cualquier oficina del SRI a nivel nacional o descargarlo en el “clic”, ingresando al portal web oficial del Servicio.

Además, para obtener mayor información es clave el tema capacitaciones tributarias, según Armando Lana, director zonal 6 del SRI. Detalló que en lo que va de 2018, la administración tributaria ha cumplido con más de 646 capacitaciones, lo que permitió beneficiar a más de 13.200 ciudadanos en las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. (ACR)-(I)

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AMÉRICA LATINA

$ 11.498 millones, tope a primeros interesados en acciones de Coltel

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El Tiempo

El Gobierno acaba de fijar las condiciones en que venderá el 32,5 por ciento que tiene en la empresa Telefónica, que controla a Colombiana de Telecomunicaciones (Coltel), participación con la que espera conseguir unos 2,3 billones de pesos.

Esta es la segunda mayor venta de activos de la nación de los últimos cuatro años, después del 57,6 por ciento que tenía en Isagén, por el cual recibió 6,48 billones de pesos del fondo canadiense Brookfield (2015).

“Si tomamos un periodo más amplio, la segunda (venta) pudo ser el 11 por ciento de Ecopetrol. El proceso lo estamos haciendo directamente en Hacienda. Cisa lleva las enajenaciones de participaciones menores al 10 por ciento”, según confirmó Camilo Barco, director general de Participación Estatal en el Ministerio de Hacienda.

La reglas de juego para la participación de los inversionistas interesados quedaron consignadas en el decreto 1215, expedido el pasado 12 de julio por el Ministerio de Hacienda.

Cada una de las 1.108’269.271 acciones que la nación tiene en esa compañía cuesta 2.075 pesos, por lo que el paquete completo le representará ingresos adicionales de 2,3 billones de pesos.

Tal como lo establece la Ley 226 de 1995, los primeros beneficiarios de la oferta accionaria serán los empleados y exempleados de Coltel o las firmas en que esta tenga participación.

También, los sindicatos y federaciones de sindicatos, fondos de empleados, fondos mutuos de inversión, fondos de pensiones y cesantías, entidades cooperativas, cajas de compensación familiar y, en general, entidades del sector solidario debidamente constituidas y reconocidas por las leyes colombianas.

Así las cosas, en esta primera etapa de venta, los interesados solo podrán adquirir hasta un máximo de 5’541.347 acciones, para lo cual tendrían que alistar unos 11.948 millones de pesos, según lo estipulado en el mencionado decreto.

Ese paquete de acciones representa apenas una participación del 0,5 por ciento de Coltel.

En el decreto expedido por Hacienda no se menciona una fecha precisa para el inicio de la primera etapa de enajenación de dicha participación de la nación en Coltel.
Sin embargo, advierte que una vez una o varias instituciones establezcan líneas de crédito o condiciones de pago para financiar la adquisición de las acciones, estas serán ofrecidas.

La venta hace parte del ‘Plan de enajenación anual global para la vigencia 2018’, presentado al Congreso de la República a finales de febrero pasado.

Además, el documento Conpes 3927 de 2018 establece que “(…) no es recomendable para la nación mantener participaciones minoritarias (…) y, en consecuencia, señala que el Gobierno debe priorizar la desinversión de aquellas sociedades con participación del Gobierno Nacional inferior al 50 por ciento”.

Entre los argumentos para la venta de esas participaciones minoritarias que la nación tiene en distintas empresas figura el hecho de que esas propiedades, en vez de generarle rentabilidad a la bolsa pública, le causan gastos y encarte, en la medida en que muchas no están entre los objetivos estatales.

Según la estatal Central de Inversiones (Cisa), la nación tenía en el 2016 acciones en 109 empresas, pero luego de algunas ventas adelantadas el año pasado, hoy solo quedan 106, muchas de estas con participación no mayoritaria.

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