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AMÉRICA LATINA

Operadores de TV y móviles invertirán más dinero en el país

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El Tiempo-Camilo Peña Castañeda

Es la primera vez, por los menos en el último año, que los directivos de las compañías de telecomunicaciones están de acuerdo en una premisa: invertir dinero para desplegar mayor infraestructura y así mejorar los servicios que ofrecen en Colombia.

Esa fue la gran conclusión a la que llegaron los altos representantes de compañías como Claro, Movistar, TigoUne, Directv y ETB, entre otras, durante un debate que se realizó la semana pasada en Medellín en el marco del vigésimo congreso de Andesco.

Los empresarios concordaron, sin embargo, en que el nuevo gobierno debe disminuir las cargas impositivas y actualizar las leyes para responder a las necesidades de la economía digital, sobre todo en días en donde la tecnología va más rápido que la regulación.

Marcelo Cataldo, presidente de TigoUne, fue enfático al afirmar que las compañías deben entender las nuevas necesidades de los usuarios.

“El usuario ha cambiado y el uso de datos y aplicaciones sigue creciendo. Esto genera que la economía digital avance de forma exponencial y por ello vemos, como empresa, que es necesario invertir para alcanzar la digitalización”, dijo el ejecutivo, quien añadió que TigoUne ha invertido 3,3 billones de pesos en los últimos tres años.

Cataldo concuerda con el Departamento Nacional de Planeación al afirmar que Colombia necesita 94 billones de pesos a 2030 para consolidar la economía digital.

En una posición similar se encuentra Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil, aunque insistió en la necesidad de renovar el marco regulatorio.

“Esta industria requiere más inversión; sin embargo, se necesita de una política pública que la incentive. Si hay más redes, la capacidad de innovación crece. El punto es que hay muchas cargas tributarias y eso genera que las firmas busquen invertir en otros lugares. Claro hoy invierte el 50 por ciento menos que el año pasado”, informó Archila.

Entre el cuarto trimestre de 2015 y de 2017, el PIB del sector de telecomunicaciones decreció de forma sistemática, implicando un retroceso de más tres años, lo que llevó a una reducción de la inversión de los principales operadores del país, quienes pasaron de invertir 4,56 billones de pesos en el 2014 a 3,16 en el 2017, de acuerdo con cifras de Asomóvil, el gremio de los principales operadores de telefonía.

Este decrecimiento, según los empresarios, se debe, precisamente, a que Colombia todavía legisla con normas del pasado. 

“El sistema digital depende de que no trabajemos con reglas diseñadas en la época analógica. Y lamentablemente estamos conectando usuarios con leyes básicas. Es importante que los servicios tradicionales y nuevos se unan para ofrecer servicios acordes a las necesidades de las personas”, opinó José Daniel Gómez, gerente de Directv.

En una misma posición se encuentra Natalia Guerra Caicedo, vicepresidenta de asuntos públicos regulatorios de Movistar, quien hizo un llamado a cerrar la brecha digital.

“El nuevo gobierno debe hacer una revisión de los recursos públicos en materia social y apalancarlos para el cierre de la brecha; de lo contrario, el riesgo de la desigualdad en la era digital será mucho mayor”, señaló Caicedo.

En esta materia el reto que afronta Colombia es gigante. Según la encuesta TIC de 2017, el 40 por ciento de la población colombiana no tiene acceso a internet fijo y solo el 26 por ciento de los hogares rurales tiene conexión a la red.

Una forma de acortar la brecha, según Gustavo Jaramillo, gerente de Emcali, es proporcionar servicios tecnológicos gratuitos a las poblaciones menos favorecidas. 

“Debemos llegar al punto en el que podamos ofrecer a los estratos bajos la posibilidad de utilizar herramientas gratuitas, como por ejemplo la nube, y así conectar a los no conectados”, indicó Jaramillo.

Pero no todo es negativo, argumentaron los empresarios, pues señalaron que Colombia, al tener más de 30 millones de conexiones de banda ancha, se convierte en una nación pionera en la región. Aunque, dicen, “depende de con quién se compare”.

¿Qué se necesita? 

Al final del debate, todos los ejecutivos advirtieron sobre la necesidad de un regulador convergente. Dicha entidad, señalaron, se debe encargar de alivianar los procesos administrativos y dar vía rápida a las leyes que requiere la economía digital.

“Definitivamente necesitamos un regulador convergente y solicitamos claridad al nuevo gobierno para que nos diga de cuánto será la inversión que debemos hacer”, advirtió Jorge Castellanos, presidente de ETB.

El Mintic había planteado un proyecto de regulador convergente, pero a principios de julio de este año el Congreso aprobó el retiro del documento, por solicitud de la misma cartera.

El nuevo Congreso tendrá la potestad de revivir ese proyecto o las otras tres iniciativas que tienen el mismo fin: crear un único regulador.

Estos proyectos se reparten así: uno del senador Andrés García Zuccardi y dos del senador Jorge Hernando Pedraza. Por ley, estos documentos se unieron para crear una única propuesta. Y, por otro lado, están las iniciativas de la senadora María del Rosario Guerra y del Ministerio de las TIC.

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¿Vender o devolver espectro?: La diferencia conceptual que entrampa el cúmplase del fallo sobre telefonía móvil

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La Tercera – Francisca O’Ryan.

Ayer, el TDLC abrió la puerta para que la autoridad inicie un proceso de enajenación, pero para Entel, Movistar y Claro eso significaría la venta, mientras que para Subtel eso no se puede hacer porque legalmente no se puede comercializar el espectro.


En la jornada de ayer, el Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC) ratificó el fallo de la Corte Suprema, en una causa que lideró Conadecus en contra de los actores más grandes de la industria. En esta se les ordena a las empresas involucradas –Entel, Movistar y Claro- “desprenderse de la misma cantidad de espectro radioeléctrico que fue adquirida en el concurso de la banda 700, quedando a su opción la elección de la banda que será enajenada”. En el caso de Entel son 30 MHz y para Movistar y Claro 20 MHz cada uno.

Se trata de un fallo que generó gran revuelo en la industria, pues los involucrados creen que el cumplimiento del fallo podría derivar en problemas de servicio. Por ello, acudieron al TDLC, al que advirtieron que este no es un proceso fácil de hacer y que no estaban dadas las condiciones para materializarlo. Sin embargo, Conadecus arremetió e insistió en que el fallo debía cumplirse.

El problema es que el concepto que se utiliza en el fallo es el de “enajenación”. Y es allí donde se producen diferencias. Según algunos operadores, el concepto significa vender, proceso que nunca se ha hecho en Chile entre la autoridad y privados. En cambio para la autoridad es devolver. En una entrevista con PULSO Domingo, la subsecretaría de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, fue consultada al respecto: “Pero las empresas dicen que enajenación es venta, ¿cómo lo interpreta Subtel? Y ella respondió: “No existe mercado secundario. Entendamos que el espectro es un bien nacional de uso público y la pregunta es ¿cómo se vende un bien nacional de uso público?”.

A pesar de que aún no sea momento para que la subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) se pronuncie sobre dicho concepto y sobre el cómo se devolverá el espectro, es una discusión que podría generarse próximamente entre privados y la autoridad. Cabe recordar que el espectro es un bien nacional de uso público, pero que las empresas concursaron para obtenerlo por un plazo de 30 años. Con el fallo de la Corte Suprema las operadoras deben devolver antes el espectro, por lo que las inversiones que se hicieron en las bandas pueden verse afectadas.

Sin embargo, en estos días la jugada fundamental es de las empresas. Estas tienen cinco días –contando desde ayer- para presentar recursos de reposición ante el TDLC. Si es que no lo presentan, la devolución del espectro deberá ser inmediatamente.

“Este es un problema judicial, en el sentido de que los privados -tengo la impresión- perciben de que ellos tienen un activo ahí, un derecho adquirido que tiene fecha de vencimiento por 30 años y la autoridad piensa distinto. (…) No tengo claro si efectivamente  existen derechos de propiedad temporal sobre la concesión”, indicó Roberto Gurovich, director de G&A Consultores.

Además, agregó que su impresión “es que las concesiones dan derecho de propiedad temporal. Eso significa que las empresas son dueñas hasta que se extinga la concesión y si alguien lo quiere sacar tiene que dar algo a cambio. Además yo no he visto nunca que haya una compensación del estado, sí entre privados”.

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AMÉRICA LATINA

Darán impulso final a proyecto para fibra óptica hasta el Atlántico

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Nanduti

El Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mitic) firmará un convenio marco con el Parque Tecnológico Itaipu (PTI) para dar impulso al proyecto de conexión a la red de fibra óptica en las costas del Atlántico.

El proyecto implica el acceso directo de la red nacional a la fibra óptica marítima hasta la ciudad de Sao Paulo, utilizando el territorio de la Itaipu Binacional para la implantación del backbone óptico Paraguay-Brasil.

El ministro del Mitic, Alejandro Peralta Vierci, señaló que se firmará un acuerdo con el PTI para cooperar y dar un impulso al proyecto para su aprobación en los próximos días.

La próxima semana se reunirán los directorios de ambas márgenes de la Itaipu Binacional y se busca aprovechar el actual contexto “para terminar de firmar”, declaró Vierci en el evento Cisoft Day, de la Cámara Paraguaya del Software.

Este proyecto es de suma importancia para contar con una línea soberana e implementar la agenda digital de Gobierno, agregó el ministro. Además, repercutirá en el consumidor final con precios accesibles y la posibilidad de finalizar la construcción de la red nacional de fibra óptica.

Para implementar el proyecto se espera la aprobación de ambas partes de la Itaipu Binacional. Por parte del lado paraguayo, el proyecto ya cuenta con las gestiones avanzadas por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la Cancillería.

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Telefónica iría al Ciadi contra el monopolio en Argentina

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Dirigentes digital 

Tras denunciar que la fusión de dos multimedios cubriría el 90 % del mercado en ciudades argentinas, Telefónica fue a los Tribunales y podría acudir al Ciadi para dirimir el conflicto. La compañía tiene litigios también en Colombia y Venezuela.

“Consecuencias muy serias” dijo Telefónica que traería la fusión de dos empresas de telecomunicaciones en Argentina cuando presentó, en julio, una demanda a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC, equivalente a la CNMC española).

Se refería a la estructura creada por las competidoras locales Telecom (telefonía) y Cablevisión (audiovisual) para comercializar servicios de comunicación fija, móvil, vídeo e Internet con una cobertura que llegaría al 90 % en algunas ciudades, según Telefónica.

Ahora, tras una presentación en los Tribunales argentinos, la denuncia podría llegar al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial dedicado al litigio en materia de inversiones internacionales.

Así lo sugiere el diario local Página/12 citando una fuente que atribuye a Madrid la decisión sobre los próximos pasos del conflicto. La fusión es “contradictoria” con el objetivo del país de ingresar a la OCDE, había dicho la filial argentina.

MOVIMIENTO Y MOVILIDAD

El caso se remonta a junio de 2018, cuando la secretaría de Comercio de Argentina aprobó que las empresas locales Telecom y Cablevisión unieran sus operaciones y estructura, operación en la que Telefónica vio el surgimiento de un monopolio y así lo denunció.

“Telecom y Cablevisión pasaron a concentrar cerca del 60 % del mercado de banda ancha fija, 40 % de la televisión de pago, 40 % de telefonía fija y un tercio de la telefonía móvil”, puntualiza Página/12 en su reporte, agregando que esas empresas comparten accionistas con el Grupo Clarín, el mayor proveedores de contenidos audiovisuales del país.

Tras diversos pedidos infructuosos en los organismos administrativos correspondientes, Telefónica fue elevando la apuesta y llegó a la Justicia, advirtiendo que podría apelar al organismo internacional en caso de continuar sin respuesta.

OTROS DIFERENDOS EN LA REGIÓN

La compañía española ya llevó al Banco Mundial una demanda contra otro país latinoamericano, Colombia, que -en julio de 2017- le ordenó pagar 450 millones de euros por el uso de bienes nacionales para extender su red celular.

En febrero de 2018, Telefónica presentó su demanda en el Ciadi por entender que esa reversión de activos en Colombia era improcedente. A estos conflictos hay que sumar el caso de Venezuela, cuyo hundimiento en una hiperinflación de más del 700 % significa para la compañía una dilución de sus ingresos allí.

Salvo estos tres países, Telefónica goza de una operación saludable en América Latina, de donde proviene casi la mitad de sus ingresos globales. En el primer trimestre de 2017, la región le reportó 12.612 millones de euros de ingresos, un 48% de su operación total.

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