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Los desafíos en la Agenda para la libertad de expresión

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La Silla Rota – Aleida Calleja

Pasada la contienda electoral más grande la historia del país y con la mayor parte de los resultados para el congreso, el ejecutivo y los distintos niveles de gobierno que fueron mayoritariamente ganados por Morena, toca ahora retomar la gran agenda nacional en todas las materias posibles. En su discurso ante la nación el pasado 1º de julio Andrés Manuel López Obrador insistió en que garantizará las libertades civiles, entre ellas la libertad de expresión, el tono aludía especialmente a que no habría censura.

Si bien para que la libertad de expresión sea saludable se requiere garantizar la obligación de respeto, que en clave de derechos humanos significa la no intervención de agencias estatales para evitar la censura, también es indispensable que dichas agencias garanticen las obligaciones de protección y promoción.

A lo largo de las campañas los candidatos y sus partidos abordaron entre poco y nada propuestas para garantizar la libertad de expresión, siendo México uno de los países más riesgosos para ejercerla a través del periodismo. Otras dimensiones asociadas a la libertad de expresión como el derecho a la información, pluralismo, diversidad, acceso a la información, entre otras, también cuentan con serios obstáculos, como quedó documentado por el informe que presentaron el pasado 19 de junio los Relatores de Libertad de Expresión de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), producto de la visita oficial que hicieran en noviembre de 2017. De acuerdo a las recomendaciones de este informe, son varias las aristas que se tienen que solucionar en materia de libertad de expresión y que tienen que ver con varias instancias del aparato estatal, veamos algunas.

Inclusión y brecha digital

Varias personas expertas en telecomunicaciones han insistido en la urgencia de reducir la brecha digital para conectar a poco más de la mitad de la población que no tiene acceso a los servicios de banda ancha que les impide la habilitación del ejercicio de varios derechos humanos.

El documento proyecto de Nación de Morena en el apartado de economía y desarrollo, tiene como principal objetivo trabajar en este terreno para ampliar la cobertura de banda ancha para las zonas marginadas de México a precios accesibles, crear el Fondo de Cobertura Social de Banda Ancha e incentivar a los operadores a ampliar la cobertura mediante un uso más eficiente del espectro radioeléctrico. El plan se centra en disminuir la brecha de acceso a la banda ancha en los estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Campeche.

Para ello se proponen contar con un inventario para identificar las áreas geográficas que no tienen acceso o es limitado,  identificar el espectro en estas regiones que no estén siendo utilizadas por los actuales operadores y en su caso poder subarrendarlo, y, entre otras medidas, otorgar concesiones para uso público o social para que las comunidades y organizaciones lleven servicios de telefonía móvil e Internet para lo cual se les otorgará apoyo técnico, asesoría financiera y regulatoria para el despliegue de la red.

Esta propuesta recoge la experiencia de la asociación Telecomunicaciones Indígenas y Comunitarias que ha desplegado infraestructura en comunidades de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, entre otras, para que accedan a las redes. Me parece acertado que el nuevo gobierno asuma que el mercado y el Estado necesitan trabajar de la mano con las organizaciones comunitarias para reducir la brecha digital, veremos cómo actúa al respecto el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que ha mantenido hasta ahora una política poco favorable para los operadores de este tipo.

Abel Hibert, que se perfila como el nuevo Subsecretario de Comunicaciones en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al que se le reconoce conocimiento, trayectoria y sensibilidad, fue de los artífices para esta propuesta. Experto en el terreno, también ha manifestado que para la Agenda Nacional Digital funcione se integrará un solo organismo para coordinar áreas y facultades que se encuentran dispersas. Sin duda este nuevo diseño institucional será clave para despegar el desarrollo digital en el país que enfrenta añejos temas como la conectividad como otros del presente y el futuro que necesitan ya de respuestas para la protección de derechos como el internet de las cosas y la inteligencia artificial, entre otros de la agenda digital (servicios transfronterizos, bienes digitales, comercio electrónico, entre otros).

El espectro, aspecto clave

Para la agenda digital, el documento ya mencionado plantea una revisión de las políticas de acceso al espectro en el caso de las telecomunicaciones, no así en radiodifusión, las cuales deberá de coordinar con el IFT que es el regulador único en la materia. En las consecuentes licitaciones de espectro que ha llevado a cabo el regulador para servicios de banda ancha móvil ha primado el criterio de la subasta ascendente con fines recaudatorios sin exigir a los operadores obligaciones de cobertura, lo que origina una exclusión para los lugares con mayor pobreza y menos densidad poblacional, porque para las empresas no son mercado.

Identificar el espectro no utilizado por los concesionarios, es una excelente propuesta, para ello se debería contar con las métricas de eficiencia espectral que hasta la fecha el IFT no ha dado a conocer a pesar de que es un mandato de ley desde el 2014 con la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

¿Cómo podemos saber que la eficiencia en el uso de ese espectro se maximizará si ni siquiera conocemos las métricas de eficiencia, así como las metodologías de medición que permitan cuantificarlas? Antes de licitar más espectro deberíamos saber con exactitud cuál es la eficiencia del ya adjudicado para sobre ello hacer una prospectiva regulatoria y de política pública más eficiente para próximas licitaciones.

Considero que el gobierno entrante debería de trabajar junto con el IFT una política espectral de largo plazo (no sólo un Programa Anual de bandas de frecuencias disponibles), que detalle todas las bandas que se pretenden licitar, las bandas que se deben rescatar por uso ineficiente, las bandas que serán propicias de reacomodo, los objetivos que se persiguen en cada una, la cobertura que se logrará con las mismas, las decisiones que en materia de competencia conllevan y la forma en la que se fomentará un mayor despliegue de infraestructura que nos coloque en estándares internacionales.

Competencia plena

El gobierno entrante debería de realizar una revisión a fondo para ubicar los nudos que han impedido la competencia plena en las telecomunicaciones y la radiodifusión, contrario al mandato constitucional algunos mercados se han concentrado más, como es el caso de la televisión de paga con sus subsecuentes alzas en el servicio. Al respecto Hibert ha manifestado que se ocuparán del tema, sin embargo, no está por demás recordar que no es el único segmento en el que no hay competencia plena, también hay que revisar los mercados de televisión y radio abiertas y sus mercados relacionados, incluyendo la parte digital con los servicios de OTT´s y lo que implica la convergencia digital, que está teniendo ya consecuencias por sobre las industrias audiovisuales y cinematográficas en el país.

Las fusiones como la de AT&T y Warner que están creando megaempresas que combinan el audiovisual con la infraestructura de servicios y tendrán un impacto en las industrias nacionales por lo que el nuevo gobierno debe ver cómo fortalecer esta parte de la economía nacional, como parte de la competencia pero también como parte del ejercicio de derechos en materia de pluralismo y diversidad en los contenidos audiovisuales, rubro completamente olvidado por el IFT.

Reforzar al regulador

Si bien el IFT es un organismo con autonomía constitucional, la composición de su Pleno depende del Ejecutivo al tener la facultad de escoger a sus integrantes para ser ratificados por la Cámara de Senadores, del 2019 al 2022 la nueva gestión  tendrá que proponer a cuatro nuevos integrantes que saldrán de manera escalonada del IFT, con lo cual podrá cambiar de manera importante la composición del Pleno que hasta ahora se ha caracterizado por posiciones tibias en los temas más álgidos del sector, la agenda en este sentido debería ir por reforzar la autonomía del regulador con personas que rebasen la lógica de creer que la política pública se basa en las lealtades políticas y no en las necesidades para el país. Ojalá que el Ejecutivo tenga una conducta distinta a la que tuvo Peña Nieto que se caracterizó por buscar la captura de ese órgano y otros con autonomía constitucional. Tener un órgano regulador independiente y robusto es clave para afrontar los retos en todos los aspectos antes mencionados.

La agenda legislativa

Muchos rubros hay pendientes en la agenda legislativa y no queda clara la posición de la nueva gestión federal al respecto tomando en cuenta que tiene la mayoría en el Congreso federal, así por ejemplo queda por saber qué hará en temas como la restitución de los derechos de las audiencias derogados en la LFTR por la legislatura saliente, o que acciones específicas hará para fortalecer a la radiodifusión comunitaria e indígena tan castigada en la actual ley, qué hará para fortalecer a los medios de servicio público para que dejen de ser vocería oficiales de los gobiernos en turno, si revisará al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) para convertirlo en una verdadera cadena nacional de televisión pública y que no se limite a ser sólo un  compartidor de infraestructura, o si irá en contra de la Ley General de Comunicación Social mejor conocida como la #LeyChayote sobre publicidad oficial. También queda duda si mantendrá a la Secretaría de Gobernación como la instancia para seguir regulando parte de la agenda de los medios a través de la Subsecretaría de Normatividad de Medios y que desde una perspectiva democrática no debería de tener injerencia en la regulación de los medios.

Hay una muy buena cantidad de obstáculos en los temas de la agenda que pueden subsanarse con tan amplio margen en el congreso, la pregunta es si el nuevo gobierno asumirá este reto o si mantendrá el status quo.

Agresiones, protección e impunidad

Por último, el gobierno de López Obrador deberá de encarar otros temas gravísimos en materia de libertad de expresión y que están directamente ligados al Ejecutivo y que son urgentes de atender, como es la protección a periodistas y acabar con la impunidad en las agresiones y asesinatos, ello requiere de una revisión a profundidad de la Fiscali´a Especial para la Atencio´n de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresio´n, dependiente de la PGR, así como del Mecanismo de Proteccio´n para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se requiere adoptar medidas para abordar la situacio´n estructural de impunidad, incluyendo el establecimiento de las garanti´as de imparcialidad e independencia necesarias para ello, asegurar una proteccio´n efectiva, garantizar la efectiva cooperacio´n y coordinacio´n entre los niveles federal y estatal para proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Nada más y nada menos, los desafíos son mayúsculos, pero también el apoyo de la población con sus diferentes sectores, como se pudo constatar en la votación, ese es el mejor incentivo para poner voluntad política y manos a la obra.

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Retos y competencia en el entorno digital

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La Silla Rota – Ma. Elena Estavillo

La semana pasada celebramos la cuarta edición del foro internacional “Retos de la Competencia en el Entorno Digital“, donde el IFT convoca a expertos nacionales e internacionales, autoridades de competencia, practicantes, académicos y actores de la industria para provocar la reflexión, de forma que estemos mejor preparados para enfrentar los retos que nos plantea el desarrollo tecnológico y la economía digital.

Fueron dos jornadas de interesantísimas exposiciones y debates sobre una variedad de temas. El desarrollo tecnológico es tan intenso en este campo y el cambio tan profundo, que es imposible cubrir a profundidad cada uno de los temas planteados. El evento se vuelve entonces un bombardeo de reflexiones y propuestas provocadoras, cada una de las cuales invita a iniciar avenidas de investigación y desarrollo por sus propios méritos.

Hablamos, por ejemplo, de que el avance tecnológico no sólo modifica las formas de ofrecer bienes y servicios, sino que concita al mismo tiempo el cambio de hábitos y preferencias de los usuarios, quienes cada vez se inclinan más por la movilidad, la ubicuidad y los contenidos audiovisuales, además de que demandan tener mayor control sobre sus elecciones de consumo y que sus proveedores de servicios respondan instantáneamente a sus demandas.

De la mano de la tecnología, los mercados se vuelven muy sofisticados

Discutimos ahora con mayor frecuencia sobre los mercados de varios lados, los precios ocultos, las transacciones donde el pago se hace en datos, publicidad, capacidad de cómputo o criptomonedas. Usamos servicios provistos a través de infraestructura ubicada en distintas partes del mundo y nos enfrentamos a decisiones de negocio realizadas por algoritmos y sistemas de inteligencia artificial, donde el alcance de la intervención y la responsabilidad humanas no es claro.

En estas circunstancias, un reto particular es poder comunicar asertivamente estos fenómenos a quienes toman las decisiones: los particulares a la autoridad de competencia y regulador; este último al poder judicial, para defender sus decisiones, y también a la sociedad, al rendir cuentas.

Para facilitar esa comunicación, especialmente entre el regulador/autoridad de competencia y el poder judicial, es deseable que la corte cuente con conocimientos sobre los aspectos fundamentales del comportamiento económico, de manera que esa base común de entendimiento permita enfocar la comunicación en los aspectos particulares del caso.

En el foro se habló también de que, en mercados muy dinámicos e innovadores, una elevada participación o una alta rentabilidad no son suficientes para indicar la existencia de riesgos para la competencia. En estos mercados cambiantes es primordial poder distinguir a los agentes innovadores que pueden alcanzar una posición destacada, pero fácilmente pueden perderla. Es decir, se trata de determinar si existe un poder de mercado durable y sostenible a través del tiempo, diferenciándolo de fenómenos transitorios.

Big data

Un tema que generó mucha atención es el de los megadatos (big data), que están permitiendo a algunas empresas ser más eficientes para atender a los consumidores, identificar nuevas formas de satisfacer a sus preferencias o bien crear nuevos servicios, todo lo cual puede darles ventajas competitivas. Pero al mismo tiempo y bajo ciertas condiciones, algunos conjuntos de datos pueden incrementar los costos de los competidores y convertirse en barreras a la entrada. Ya hay distintos precedentes en que las autoridades de competencia han analizado la acumulación de datos en la autorización de concentraciones.

De hecho, se habla de que una nueva forma de brecha digital se puede abrir entre las empresas que tengan acceso a megadatos e inteligencia artificial, y las que no lo tengan.

También se mencionó que el análisis de megadatos permite llevar la discriminación de precios a extremos quirúrgicos, lo cual, bajo ciertas condiciones, podría afectar la competencia y extraer rentas de los consumidores, con la advertencia de que el análisis de esta conducta en el bienestar es complejo.

Otra observación es que la utilización de megadatos para personalizar las ofertas de bienes o servicios dificulta a los consumidores poder comparar esas ofertas con las de otras empresas, de forma que se vulnera su capacidad para elegir entre alternativas, ahondando la asimetría de información entre proveedores y consumidores.

Inteligencia Artificial

Por otra parte, se está volviendo popular entre las plataformas de comercio digital el uso de algoritmos para determinar los precios, con lo que están apareciendo fenómenos de colusión favorecidos por la interacción de estos algoritmos o por procesos de aprendizaje de máquina. La colusión tácita, es decir, el comportamiento colusorio logrado sin la intervención de un acuerdo o, en el caso de las máquinas, a partir de su interacción en procesos de aprendizaje artificial, escapa a los alcances de las prohibiciones de las leyes de competencia, por lo que en dichos casos pudiera ser necesaria la intervención regulatoria.

Un tema que se abordó repetidamente es el de la privacidad en su relación con la nueva dinámica de la competencia, donde se aprecia un traslape entre ambos temas e incluso con el de la protección al consumidor.

Esto nos lleva a la necesidad de aprender a medir distintas dimensiones de la competencia, además del precio donde, por ejemplo, podamos discernir si la ausencia de ofertas alternativas con distintos niveles de privacidad puede afectar la capacidad del consumidor para elegir libremente.

Otra cuesión en la que se aprecian traslapes de la competencia con distintas materias está en la oferta de contenidos audiovisuales locales y su relación tanto con los mercados de publicidad local, como con la pluralidad, la libertad de expresión y la vida democrática.

Finalmente, se reflexionó sobre la trascendencia de fortalecer la coordinación internacional entre autoridades de competencia para enfrentar los retos que plantea la presencia de competidores globales del ecosistema digital.

Aunque no siempre lo tenemos presente, para resolver un problema sencillo o complejo, se debe partir de plantear los cuestionamientos correctos. No tenemos respuesta aún -o al menos una respuesta definitiva- para una buena parte de las que he señalado, pero tienen la virtud de imponernos un deber de atención cuidadosa y ofrecernos una guía sobre las vías a seguir.

 

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Hasta 2041

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Reforma – Clara Luz Álvarez

Por renovar sus concesiones hasta el 2041, Televisa, TV Azteca y Multimedios pagarán más de 9,755 mdp. Es la primera vez que pagarán por usar las frecuencias para TV abierta. Tildado de regalo de fin de sexenio a las televisoras, de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ante la llegada de Andrés Manuel López Obrador quiso dar certidumbre a las televisoras, porque quien sabe qué pasará después, las prórrogas fueron procedentes, pero hay cuestiones que no dejan de llamar la atención de lo resuelto por el IFT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Veamos.

En teoría las contraprestaciones de concesiones de TV se basan en su valor de mercado, pero el mercado de TV no es el de los jitomates. El IFT tuvo que decidir entre tomar como referencia la licitación donde Imagen TV adquirió una cadena nacional (2015) o la última licitación para estaciones locales/regionales IFT-6 (2017). De haber optado referir a la licitación de Imagen TV, habrían pagado entre 13.6-15.4% más (Voto comisionado Adolfo Cuevas). El IFT, con la venia de la SHCP, optó por la última licitación haciéndole ciertos ajustes.

Ajuste 1. Donde los precios fueron arriba del valor mínimo de referencia (VMR) de la licitación, se hizo un descuento por considerar que eran valores atípicos. Resultado: varias rebajas como el caso de Puerto Vallarta por un 72.80%, por ejemplo (Cuevas). Si el resultado de la licitación se considera el valor de mercado, ¿por qué se redujeron los precios? Si el IFT apostó por el valor de mercado que arrojó la licitación IFT-6, por congruencia, debió dejar los precios que pagaron los ganadores.

Ajuste 2. En municipios donde se declaró desierta la licitación IFT-6, se asumió que el VMR había sido elevado, así que hizo otro descuento de 13%. Pero, ¿por qué evitó considerar que el declararse desierto podría obedecer a otras causas como el número de competidores, la madurez del mercado y los niveles de concentración tal como lo destacó Cuevas? Este ajuste en el caso de Monterrey tuvo como consecuencia que Televisa, TV Azteca y Multimedios paguen 12.8% menos que Imagen TV (Cuevas).

Ajuste 3. Existen concesiones de un mismo canal (p. ej. Azteca Uno, Canal de las Estrellas) que se “empalman” en una localidad y donde una persona puede recibir la señal de una estación o de otra, sin siquiera darse cuenta. En atención a que la contraprestación se fija también con base en el número de personas (audiencia) en la zona de cobertura, el IFT resolvió agruparlas para que las televisoras en lugar de pagar dos veces en esas localidades por canal, paguen una sola vez ya que la audiencia ahí realmente recibe una sola señal.

Aunque se reduzcan los ingresos que recibirá el Gobierno Federal, suena sensato. Sin embargo, sorprende que aparezca como si el agrupamiento hubiera sido una idea de Televisa y TV Azteca quienes casualmente y sin ponerse de acuerdo, presentaran la solicitud el mismo día, según las resoluciones del IFT. Esta casualidad más parece que desde el IFT les pidieron que para poder reducirles la contraprestación y sin que el IFT se viera oficioso, entonces ellos la pidieran para que el IFT accediera a su petición. ¿Qué habrá pasado?

Además, este agrupamiento es casi como formar cadenas nacionales, entonces, ¿por qué tomaron como referencia la licitación de estaciones locales/regionales en lugar de la cadena nacional de Imagen TV? Coincido con el comisionado Cuevas que es diferente el valor que una persona está dispuesta a pagar por un negocio en operación y valioso que aquella empresa nueva, que debe abrirse mercado, obtener audiencia y anunciantes. Y si bien el comisionado Gabriel Contreras refirió en la sesión del Pleno que la contraprestación debe reflejar la existencia de nuevas plataformas que compiten directamente con la televisión abierta y que los ingresos publicitarios se han reducido, esos argumentos no están ni en la resolución de prórroga, ni en la opinión de la SHCP.

Finalmente, aunque la ley señala que deben estar en cumplimiento de obligaciones para que se les prorrogue la concesión, Multimedios tenía incumplimientos y a Televisa omitieron revisar si cumplía sus obligaciones de preponderante. ¿Dónde quedó la ley?

*claraluzalvarez@gmail.com

@claraluzalvarez

claraluzalvarez.org

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elefónica y el pleito por millones

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El Universal – Javier Tejado Dondé

La semana pasada le comentábamos del amparo que Telefónica Movistar esperaba recibir por parte de la Suprema Corte, para obtener una compensación por millones de pesos: la devolución de 7 mil 800 millones por derechos por el uso del espectro pagados entre 2016 y 2018, más ahorros adicionales –por toda la vigencia de las concesiones que próximamente le serían prorrogadas por un periodo de 20 años a partir de 2019- por cerca de otros 25 mil millones, expresados en valor presente neto.

La primera Sala de la Corte votó cuatro a uno contra el proyecto que amparaba a Telefónica y lo regresó al Tribunal Colegiado para que estudiase causales de improcedencia. Con lo que la decisión del Poder Judicial Federal, sobre el pago de contraprestaciones, que está combatiendo Carlos Morales, director de Telefónica en México, deberá esperar algunos meses. Incluso es probable que el tema regrese a la Corte.

Los recursos que esperaban le fueran devueltos, más lo que se ahorrarían en pagos futuros, equivalen a lo que Telefónica ingresa en 15 meses de operación en México. Esto pues en el tercer trimestre de este año, sus 25 millones de usuarios le generaron 6 mil 400 millones de pesos. Así que, si bien estos miles de millones de pesos que Telefónica está litigando son “oxígeno puro” para su caja, la afectación al Presupuesto de Egresos de la Federación, también hubiera sido importante.

Del tema le estaremos informando con toda puntualidad. Así como si se llegasen a presentar iniciativas legales, cambios de criterio o resoluciones judiciales que hagan más eficiente y menos oneroso el brindar servicios de telecomunicaciones en el país. Como están las cosas, al día de hoy, tanto operadores de telecomunicaciones, como usuarios de sus servicios, enteran a la Federación por concepto de derechos por el uso de espectro y por impuestos especiales (IEPS), cerca de 24 mil millones de pesos al año.

2. Nuevo director en AT&T: la empresa americana que brinda telefonía celular en México está iniciando una reestructura, su tercera en igual número de años operando en el país. Destaca la llegada de Laurent Therivel, quien sustituye a Kelly King. Hay que reconocer que King logró dejar atrás las marcas de Unefon y Iusacell para consolidar todo en AT&T, a la par de instrumentar políticas de atención y calidad en servicios homogéneas. De hecho, se espera que con los nuevos sistemas que dejó implantados mejore sensiblemente la atención a clientes, pero hay que señalar que apenas los directores de AT&T se familiarizan con las particularidades de la clientela en México y sus reguladores, es cuando les cambian.

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