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La izquierda digital: cobertura

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Reforma – Jorge Fernando Negrete P.

Los debates acabaron y comienza la era de la izquierda y su visión digital de México. La construcción de la ruta pasa por determinar las prioridades del próximo gobierno. Abel Hibert, responsable de la visión digital del presidente electo Lopez Obrador, ha manifestado su preocupación por la agenda extraviada de la reforma telecom: la cobertura. 42 veces se repitió la palabra competencia y así se reguló al sector los últimos 5 años. Tan obsesionado el legislador por la competencia, que castigó la cobertura al preponderante, y al compartir infraestructura, el operador huésped pierde incentivo a desplegar la propia en áreas rurales. En el éxito de sus resultados, esta prioridad legislativa evidenció que la competencia no genera cobertura.

Casi todos los marcos jurídicos del sector de las telecomunicaciones en el mundo han tenido un principio social básico, su compromiso con la cobertura de servicios de comunicación para todos. Diversos nombres han tenido estas acciones: “acceso universal”, “servicio universal”, “servicio público” y, de forma reciente, se incorpora el concepto “inclusión digital”.

Recientemente, muchos países han diseñado instrumentos de política pública, leyes, regulaciones y procesos de licitación que garanticen el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones. Por sólo mencionar dos casos relevantes, en Estados Unidos el plan América Conectada (Connected America) busca garantizar la universalidad de los servicios, incluidos los de telefonía móvil e Internet.

El título tercero de la nueva Ley General de Telecomunicaciones de España (expedida en 2014) incluye obligaciones de prestación del servicio universal para todos los operadores según su tamaño, con calidad y precios asequibles bajo el concepto de “servicio público”.

En América Latina países como Chile, Brasil, Colombia, Argentina y Paraguay han asignado espectro radioeléctrico con obligaciones de cobertura social y plazos determinados para el despliegue de la red. Por eso es legítimo preguntarnos: ¿nuestro marco jurídico es el correcto para garantizar a todos los ciudadanos los servicios de telecomunicaciones? La respuesta es sí.

La reforma constitucional de 2013 agregó al artículo 6º de la Constitución que: “El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.”

El artículo 6to de la Constitución, párrafo B inciso I, dice que “el Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales”

Inclusión proviene del latín “inclusonis” y alude a la acción y efecto de incluir, “includ·re”, integrado por el prefijo in comprendido como “en”, y por claudere, que significa “cerrar”. Es decir, “dentro de”.

Sobre el concepto digital, se comprende el espacio de servicios de comunicación donde la información ha sido digitalizada y se comunica de esa forma, por lo que el concepto en su conjunto supone que un sujeto acceda al uso de las tecnologías de la información y la conexión a servicios de telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet.

Este uso implica los conceptos históricos de política pública como acceso universal, cobertura universal, servicio universal y otros más específicos como acceso a equipo, conexión, habilidades para el manejo y operación de la tecnología, es decir, las llamadas habilidades digitales.

Por lo anterior, la inclusión digital es un conjunto de acciones públicas expresadas en medidas regulatorias y de política pública, derivadas de un mandato constitucional, que obliga a los órganos del Estado a garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a las tecnologías de la información y la Internet, vía una conexión; y la garantía más amplia de la prestación del servicio público de telecomunicaciones con cobertura universal.

Obliga a los órganos del Estado mexicano y sus administraciones públicas, incluidos el IFT, el gobierno federal vía sus secretarías, los gobiernos de los estados y los municipios, a promover y garantizar, en la medida de sus competencias, el acceso a los servicios de telecomunicaciones, Internet y banda ancha.

¿Se ha cumplido con el mandato constitucional de diseñar una política de Estado de inclusión digital universal? No, pero veo la oportunidad de que el nuevo gobierno lidere un visionario instrumento de política pública, donde todos los niveles de gobierno definan su participación y acciones, en el fascinante proyecto de conectar a México y construir una sociedad digital.

Miembro del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones

@fernegretep

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Retos y competencia en el entorno digital

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La Silla Rota – Ma. Elena Estavillo

La semana pasada celebramos la cuarta edición del foro internacional “Retos de la Competencia en el Entorno Digital“, donde el IFT convoca a expertos nacionales e internacionales, autoridades de competencia, practicantes, académicos y actores de la industria para provocar la reflexión, de forma que estemos mejor preparados para enfrentar los retos que nos plantea el desarrollo tecnológico y la economía digital.

Fueron dos jornadas de interesantísimas exposiciones y debates sobre una variedad de temas. El desarrollo tecnológico es tan intenso en este campo y el cambio tan profundo, que es imposible cubrir a profundidad cada uno de los temas planteados. El evento se vuelve entonces un bombardeo de reflexiones y propuestas provocadoras, cada una de las cuales invita a iniciar avenidas de investigación y desarrollo por sus propios méritos.

Hablamos, por ejemplo, de que el avance tecnológico no sólo modifica las formas de ofrecer bienes y servicios, sino que concita al mismo tiempo el cambio de hábitos y preferencias de los usuarios, quienes cada vez se inclinan más por la movilidad, la ubicuidad y los contenidos audiovisuales, además de que demandan tener mayor control sobre sus elecciones de consumo y que sus proveedores de servicios respondan instantáneamente a sus demandas.

De la mano de la tecnología, los mercados se vuelven muy sofisticados

Discutimos ahora con mayor frecuencia sobre los mercados de varios lados, los precios ocultos, las transacciones donde el pago se hace en datos, publicidad, capacidad de cómputo o criptomonedas. Usamos servicios provistos a través de infraestructura ubicada en distintas partes del mundo y nos enfrentamos a decisiones de negocio realizadas por algoritmos y sistemas de inteligencia artificial, donde el alcance de la intervención y la responsabilidad humanas no es claro.

En estas circunstancias, un reto particular es poder comunicar asertivamente estos fenómenos a quienes toman las decisiones: los particulares a la autoridad de competencia y regulador; este último al poder judicial, para defender sus decisiones, y también a la sociedad, al rendir cuentas.

Para facilitar esa comunicación, especialmente entre el regulador/autoridad de competencia y el poder judicial, es deseable que la corte cuente con conocimientos sobre los aspectos fundamentales del comportamiento económico, de manera que esa base común de entendimiento permita enfocar la comunicación en los aspectos particulares del caso.

En el foro se habló también de que, en mercados muy dinámicos e innovadores, una elevada participación o una alta rentabilidad no son suficientes para indicar la existencia de riesgos para la competencia. En estos mercados cambiantes es primordial poder distinguir a los agentes innovadores que pueden alcanzar una posición destacada, pero fácilmente pueden perderla. Es decir, se trata de determinar si existe un poder de mercado durable y sostenible a través del tiempo, diferenciándolo de fenómenos transitorios.

Big data

Un tema que generó mucha atención es el de los megadatos (big data), que están permitiendo a algunas empresas ser más eficientes para atender a los consumidores, identificar nuevas formas de satisfacer a sus preferencias o bien crear nuevos servicios, todo lo cual puede darles ventajas competitivas. Pero al mismo tiempo y bajo ciertas condiciones, algunos conjuntos de datos pueden incrementar los costos de los competidores y convertirse en barreras a la entrada. Ya hay distintos precedentes en que las autoridades de competencia han analizado la acumulación de datos en la autorización de concentraciones.

De hecho, se habla de que una nueva forma de brecha digital se puede abrir entre las empresas que tengan acceso a megadatos e inteligencia artificial, y las que no lo tengan.

También se mencionó que el análisis de megadatos permite llevar la discriminación de precios a extremos quirúrgicos, lo cual, bajo ciertas condiciones, podría afectar la competencia y extraer rentas de los consumidores, con la advertencia de que el análisis de esta conducta en el bienestar es complejo.

Otra observación es que la utilización de megadatos para personalizar las ofertas de bienes o servicios dificulta a los consumidores poder comparar esas ofertas con las de otras empresas, de forma que se vulnera su capacidad para elegir entre alternativas, ahondando la asimetría de información entre proveedores y consumidores.

Inteligencia Artificial

Por otra parte, se está volviendo popular entre las plataformas de comercio digital el uso de algoritmos para determinar los precios, con lo que están apareciendo fenómenos de colusión favorecidos por la interacción de estos algoritmos o por procesos de aprendizaje de máquina. La colusión tácita, es decir, el comportamiento colusorio logrado sin la intervención de un acuerdo o, en el caso de las máquinas, a partir de su interacción en procesos de aprendizaje artificial, escapa a los alcances de las prohibiciones de las leyes de competencia, por lo que en dichos casos pudiera ser necesaria la intervención regulatoria.

Un tema que se abordó repetidamente es el de la privacidad en su relación con la nueva dinámica de la competencia, donde se aprecia un traslape entre ambos temas e incluso con el de la protección al consumidor.

Esto nos lleva a la necesidad de aprender a medir distintas dimensiones de la competencia, además del precio donde, por ejemplo, podamos discernir si la ausencia de ofertas alternativas con distintos niveles de privacidad puede afectar la capacidad del consumidor para elegir libremente.

Otra cuesión en la que se aprecian traslapes de la competencia con distintas materias está en la oferta de contenidos audiovisuales locales y su relación tanto con los mercados de publicidad local, como con la pluralidad, la libertad de expresión y la vida democrática.

Finalmente, se reflexionó sobre la trascendencia de fortalecer la coordinación internacional entre autoridades de competencia para enfrentar los retos que plantea la presencia de competidores globales del ecosistema digital.

Aunque no siempre lo tenemos presente, para resolver un problema sencillo o complejo, se debe partir de plantear los cuestionamientos correctos. No tenemos respuesta aún -o al menos una respuesta definitiva- para una buena parte de las que he señalado, pero tienen la virtud de imponernos un deber de atención cuidadosa y ofrecernos una guía sobre las vías a seguir.

 

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Hasta 2041

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Reforma – Clara Luz Álvarez

Por renovar sus concesiones hasta el 2041, Televisa, TV Azteca y Multimedios pagarán más de 9,755 mdp. Es la primera vez que pagarán por usar las frecuencias para TV abierta. Tildado de regalo de fin de sexenio a las televisoras, de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ante la llegada de Andrés Manuel López Obrador quiso dar certidumbre a las televisoras, porque quien sabe qué pasará después, las prórrogas fueron procedentes, pero hay cuestiones que no dejan de llamar la atención de lo resuelto por el IFT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Veamos.

En teoría las contraprestaciones de concesiones de TV se basan en su valor de mercado, pero el mercado de TV no es el de los jitomates. El IFT tuvo que decidir entre tomar como referencia la licitación donde Imagen TV adquirió una cadena nacional (2015) o la última licitación para estaciones locales/regionales IFT-6 (2017). De haber optado referir a la licitación de Imagen TV, habrían pagado entre 13.6-15.4% más (Voto comisionado Adolfo Cuevas). El IFT, con la venia de la SHCP, optó por la última licitación haciéndole ciertos ajustes.

Ajuste 1. Donde los precios fueron arriba del valor mínimo de referencia (VMR) de la licitación, se hizo un descuento por considerar que eran valores atípicos. Resultado: varias rebajas como el caso de Puerto Vallarta por un 72.80%, por ejemplo (Cuevas). Si el resultado de la licitación se considera el valor de mercado, ¿por qué se redujeron los precios? Si el IFT apostó por el valor de mercado que arrojó la licitación IFT-6, por congruencia, debió dejar los precios que pagaron los ganadores.

Ajuste 2. En municipios donde se declaró desierta la licitación IFT-6, se asumió que el VMR había sido elevado, así que hizo otro descuento de 13%. Pero, ¿por qué evitó considerar que el declararse desierto podría obedecer a otras causas como el número de competidores, la madurez del mercado y los niveles de concentración tal como lo destacó Cuevas? Este ajuste en el caso de Monterrey tuvo como consecuencia que Televisa, TV Azteca y Multimedios paguen 12.8% menos que Imagen TV (Cuevas).

Ajuste 3. Existen concesiones de un mismo canal (p. ej. Azteca Uno, Canal de las Estrellas) que se “empalman” en una localidad y donde una persona puede recibir la señal de una estación o de otra, sin siquiera darse cuenta. En atención a que la contraprestación se fija también con base en el número de personas (audiencia) en la zona de cobertura, el IFT resolvió agruparlas para que las televisoras en lugar de pagar dos veces en esas localidades por canal, paguen una sola vez ya que la audiencia ahí realmente recibe una sola señal.

Aunque se reduzcan los ingresos que recibirá el Gobierno Federal, suena sensato. Sin embargo, sorprende que aparezca como si el agrupamiento hubiera sido una idea de Televisa y TV Azteca quienes casualmente y sin ponerse de acuerdo, presentaran la solicitud el mismo día, según las resoluciones del IFT. Esta casualidad más parece que desde el IFT les pidieron que para poder reducirles la contraprestación y sin que el IFT se viera oficioso, entonces ellos la pidieran para que el IFT accediera a su petición. ¿Qué habrá pasado?

Además, este agrupamiento es casi como formar cadenas nacionales, entonces, ¿por qué tomaron como referencia la licitación de estaciones locales/regionales en lugar de la cadena nacional de Imagen TV? Coincido con el comisionado Cuevas que es diferente el valor que una persona está dispuesta a pagar por un negocio en operación y valioso que aquella empresa nueva, que debe abrirse mercado, obtener audiencia y anunciantes. Y si bien el comisionado Gabriel Contreras refirió en la sesión del Pleno que la contraprestación debe reflejar la existencia de nuevas plataformas que compiten directamente con la televisión abierta y que los ingresos publicitarios se han reducido, esos argumentos no están ni en la resolución de prórroga, ni en la opinión de la SHCP.

Finalmente, aunque la ley señala que deben estar en cumplimiento de obligaciones para que se les prorrogue la concesión, Multimedios tenía incumplimientos y a Televisa omitieron revisar si cumplía sus obligaciones de preponderante. ¿Dónde quedó la ley?

*claraluzalvarez@gmail.com

@claraluzalvarez

claraluzalvarez.org

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elefónica y el pleito por millones

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El Universal – Javier Tejado Dondé

La semana pasada le comentábamos del amparo que Telefónica Movistar esperaba recibir por parte de la Suprema Corte, para obtener una compensación por millones de pesos: la devolución de 7 mil 800 millones por derechos por el uso del espectro pagados entre 2016 y 2018, más ahorros adicionales –por toda la vigencia de las concesiones que próximamente le serían prorrogadas por un periodo de 20 años a partir de 2019- por cerca de otros 25 mil millones, expresados en valor presente neto.

La primera Sala de la Corte votó cuatro a uno contra el proyecto que amparaba a Telefónica y lo regresó al Tribunal Colegiado para que estudiase causales de improcedencia. Con lo que la decisión del Poder Judicial Federal, sobre el pago de contraprestaciones, que está combatiendo Carlos Morales, director de Telefónica en México, deberá esperar algunos meses. Incluso es probable que el tema regrese a la Corte.

Los recursos que esperaban le fueran devueltos, más lo que se ahorrarían en pagos futuros, equivalen a lo que Telefónica ingresa en 15 meses de operación en México. Esto pues en el tercer trimestre de este año, sus 25 millones de usuarios le generaron 6 mil 400 millones de pesos. Así que, si bien estos miles de millones de pesos que Telefónica está litigando son “oxígeno puro” para su caja, la afectación al Presupuesto de Egresos de la Federación, también hubiera sido importante.

Del tema le estaremos informando con toda puntualidad. Así como si se llegasen a presentar iniciativas legales, cambios de criterio o resoluciones judiciales que hagan más eficiente y menos oneroso el brindar servicios de telecomunicaciones en el país. Como están las cosas, al día de hoy, tanto operadores de telecomunicaciones, como usuarios de sus servicios, enteran a la Federación por concepto de derechos por el uso de espectro y por impuestos especiales (IEPS), cerca de 24 mil millones de pesos al año.

2. Nuevo director en AT&T: la empresa americana que brinda telefonía celular en México está iniciando una reestructura, su tercera en igual número de años operando en el país. Destaca la llegada de Laurent Therivel, quien sustituye a Kelly King. Hay que reconocer que King logró dejar atrás las marcas de Unefon y Iusacell para consolidar todo en AT&T, a la par de instrumentar políticas de atención y calidad en servicios homogéneas. De hecho, se espera que con los nuevos sistemas que dejó implantados mejore sensiblemente la atención a clientes, pero hay que señalar que apenas los directores de AT&T se familiarizan con las particularidades de la clientela en México y sus reguladores, es cuando les cambian.

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