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AMÉRICA LATINA

Claro y distribuidores chocan por políticas comerciales

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El Financiero, Carlos Cordero

En un mercado cambiante, en forma constante, los operadores móviles deben estar haciendo ajustes permanentemente en sus planes y paquetes. ¿Eso también incluye las políticas y metas mensuales que deben cumplir los agentes distribuidores autorizados?

En el caso de la firma Claro, hay opiniones encontradas con los distribuidores e incluso el operador presentó un recurso de nulidad ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia contra el laudo arbitral que perdió con uno de ellos, la empresa Happy Móvil.

Varios distribuidores que conversaron con EF, a condición de que se les mantenga el anonimato por la confidencialidad a la que los obliga el contrato con Claro, pidieron un cambio “radical” de la política comercial de la firma. Alegan que la actual no es clara, cambia constantemente y los afecta financieramente.

La compañía, entre tanto, había insistido primero que los agentes están obligados a la confidencialidad y luego minimizó la situación en su respuesta a la consulta de EF.

“Los contratos entre Claro y sus distribuidores autorizados son transparentes y se basan en cláusulas de mutuo acuerdo”, afirmó Edgar del Valle, gerente legal de Claro Costa Rica. “La relación se fundamenta en la responsabilidad, el respeto, la honestidad y la austeridad”.

Los distribuidores son los encargados de la comercialización de los productos y servicios del operador. Al agente le corresponde hacer la inversión en la remodelación del punto, el pago de la planilla y el operador aporta rotulación, elementos promocionales, sistema y dispositivos.

En Costa Rica, a diciembre del 2017 habían 8,8 millones de suscripciones al servicio de telefonía móvil, de acuerdo a las estadísticas de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). De ellos, el 21,3% correspondía a Claro, lo que ubica a la firma por detrás de Movistar (26%) y del Instituto Costarricense de Electricidad (51,8%).

¿Retos y malentendidos o problemas?

Los agentes distribuidores plantean al menos diez problemas que consideran los están afectando (ver recuadro “Situaciones”).

Problemas planteados por agentes distribuidores de Claro:
1. Cambios en los porcentajes de pago y políticas de comercialización.
2. Imposición de metas “exorbitantes” con continua escasez de inventario.
3. Cobro de penalidades “abusivas”, como rebajas de las comisiones por el incumplimiento de pagos de los suscriptores.
4. Mensajes y correos de presión, muchas veces contradictorios.
5. Obligación de firmar addendum sin reconocimiento de los costos incurridos por parte del distribuidor para ajustarse a los cambios de políticas.
6. Rebajos de comisiones basados en indicadores y resultados que no pueden ser vistos ni comprobados por el distribuidor.
7. Afectación económica por mal funcionamiento del sistema tecnológico que se cambió y que habría sido resarcida insuficientemente.
8. Claro permite la instalación de otros distribuidores en zonas comerciales donde ya hay uno, lo que llevaría a una competencia considerada por estos como “desleal”.
9. Solicitud de cumplimento de políticas comerciales, pero sin la entrega de las herramientas necesarias para su atención.
Fuente: Distribuidores de Claro

La punto principal de discordia es el cambio constante de las condiciones, de las regalías y de las metas.

En el caso de las metas, los distribuidores consultados consideran que un aumento normal de la meta mensual puede oscilar entre 5% o 10%, pero Claro les estaría imponiendo incrementos de hasta 50%.

Otra situación es la morosidad de los suscriptores de postpago. Los agentes indican que los planes con los usuarios se aprueban siguiendo la política de crédito del operador, así como su sistema informático.

El problema es que cuando un cliente presenta atrasos o morosidad total se le estaría cobrando al distribuidor mediante el rebajo del monto de las comisiones ganadas.

Los agentes autorizados también resienten la falta de un acelerador que impulse las ventas, alegan afectación económica e incluso que han tenido que cerrar algunos de sus puntos de venta.

Claro no dio respuesta a cada una de las situaciones planteadas.

En términos generales la firma sostiene que, desde el inicio de su operación, la relación con los agentes autorizados es buena y que los canales de distribución en el país se han triplicado.

No se indicó la cantidad de socios comerciales o distribuidores que tiene la compañía.

Para la firma este crecimiento refleja la confianza de las empresas que representan a Claro como distribuidores, que generan 1.500 empleos, así como de los consumidores.

“Los retos o malentendidos que surjan son tratados con seriedad y atendidos en cuanto son comunicados”, recalcó Del Valle.

Problemas de origen

No todo ha sido tan bien desde el inicio de la operación de Claro, sin embargo.

En marzo pasado, casi siete años después de iniciar operaciones en el país, el operador presentó un recurso contra un laudo arbitral que le fue desfavorable en la Cámara de Comercio de Costa Rica. El laudo le daba la razón a una empresa que fue distribuidora suya, Happy Móvil.

“Es importante destacar que la situación mencionada con Happy Móvil no es la norma, es un caso único”, respondió Del Valle.

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¿Vender o devolver espectro?: La diferencia conceptual que entrampa el cúmplase del fallo sobre telefonía móvil

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La Tercera – Francisca O’Ryan.

Ayer, el TDLC abrió la puerta para que la autoridad inicie un proceso de enajenación, pero para Entel, Movistar y Claro eso significaría la venta, mientras que para Subtel eso no se puede hacer porque legalmente no se puede comercializar el espectro.


En la jornada de ayer, el Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC) ratificó el fallo de la Corte Suprema, en una causa que lideró Conadecus en contra de los actores más grandes de la industria. En esta se les ordena a las empresas involucradas –Entel, Movistar y Claro- “desprenderse de la misma cantidad de espectro radioeléctrico que fue adquirida en el concurso de la banda 700, quedando a su opción la elección de la banda que será enajenada”. En el caso de Entel son 30 MHz y para Movistar y Claro 20 MHz cada uno.

Se trata de un fallo que generó gran revuelo en la industria, pues los involucrados creen que el cumplimiento del fallo podría derivar en problemas de servicio. Por ello, acudieron al TDLC, al que advirtieron que este no es un proceso fácil de hacer y que no estaban dadas las condiciones para materializarlo. Sin embargo, Conadecus arremetió e insistió en que el fallo debía cumplirse.

El problema es que el concepto que se utiliza en el fallo es el de “enajenación”. Y es allí donde se producen diferencias. Según algunos operadores, el concepto significa vender, proceso que nunca se ha hecho en Chile entre la autoridad y privados. En cambio para la autoridad es devolver. En una entrevista con PULSO Domingo, la subsecretaría de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, fue consultada al respecto: “Pero las empresas dicen que enajenación es venta, ¿cómo lo interpreta Subtel? Y ella respondió: “No existe mercado secundario. Entendamos que el espectro es un bien nacional de uso público y la pregunta es ¿cómo se vende un bien nacional de uso público?”.

A pesar de que aún no sea momento para que la subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) se pronuncie sobre dicho concepto y sobre el cómo se devolverá el espectro, es una discusión que podría generarse próximamente entre privados y la autoridad. Cabe recordar que el espectro es un bien nacional de uso público, pero que las empresas concursaron para obtenerlo por un plazo de 30 años. Con el fallo de la Corte Suprema las operadoras deben devolver antes el espectro, por lo que las inversiones que se hicieron en las bandas pueden verse afectadas.

Sin embargo, en estos días la jugada fundamental es de las empresas. Estas tienen cinco días –contando desde ayer- para presentar recursos de reposición ante el TDLC. Si es que no lo presentan, la devolución del espectro deberá ser inmediatamente.

“Este es un problema judicial, en el sentido de que los privados -tengo la impresión- perciben de que ellos tienen un activo ahí, un derecho adquirido que tiene fecha de vencimiento por 30 años y la autoridad piensa distinto. (…) No tengo claro si efectivamente  existen derechos de propiedad temporal sobre la concesión”, indicó Roberto Gurovich, director de G&A Consultores.

Además, agregó que su impresión “es que las concesiones dan derecho de propiedad temporal. Eso significa que las empresas son dueñas hasta que se extinga la concesión y si alguien lo quiere sacar tiene que dar algo a cambio. Además yo no he visto nunca que haya una compensación del estado, sí entre privados”.

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Darán impulso final a proyecto para fibra óptica hasta el Atlántico

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Nanduti

El Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mitic) firmará un convenio marco con el Parque Tecnológico Itaipu (PTI) para dar impulso al proyecto de conexión a la red de fibra óptica en las costas del Atlántico.

El proyecto implica el acceso directo de la red nacional a la fibra óptica marítima hasta la ciudad de Sao Paulo, utilizando el territorio de la Itaipu Binacional para la implantación del backbone óptico Paraguay-Brasil.

El ministro del Mitic, Alejandro Peralta Vierci, señaló que se firmará un acuerdo con el PTI para cooperar y dar un impulso al proyecto para su aprobación en los próximos días.

La próxima semana se reunirán los directorios de ambas márgenes de la Itaipu Binacional y se busca aprovechar el actual contexto “para terminar de firmar”, declaró Vierci en el evento Cisoft Day, de la Cámara Paraguaya del Software.

Este proyecto es de suma importancia para contar con una línea soberana e implementar la agenda digital de Gobierno, agregó el ministro. Además, repercutirá en el consumidor final con precios accesibles y la posibilidad de finalizar la construcción de la red nacional de fibra óptica.

Para implementar el proyecto se espera la aprobación de ambas partes de la Itaipu Binacional. Por parte del lado paraguayo, el proyecto ya cuenta con las gestiones avanzadas por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la Cancillería.

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Telefónica iría al Ciadi contra el monopolio en Argentina

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Dirigentes digital 

Tras denunciar que la fusión de dos multimedios cubriría el 90 % del mercado en ciudades argentinas, Telefónica fue a los Tribunales y podría acudir al Ciadi para dirimir el conflicto. La compañía tiene litigios también en Colombia y Venezuela.

“Consecuencias muy serias” dijo Telefónica que traería la fusión de dos empresas de telecomunicaciones en Argentina cuando presentó, en julio, una demanda a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC, equivalente a la CNMC española).

Se refería a la estructura creada por las competidoras locales Telecom (telefonía) y Cablevisión (audiovisual) para comercializar servicios de comunicación fija, móvil, vídeo e Internet con una cobertura que llegaría al 90 % en algunas ciudades, según Telefónica.

Ahora, tras una presentación en los Tribunales argentinos, la denuncia podría llegar al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial dedicado al litigio en materia de inversiones internacionales.

Así lo sugiere el diario local Página/12 citando una fuente que atribuye a Madrid la decisión sobre los próximos pasos del conflicto. La fusión es “contradictoria” con el objetivo del país de ingresar a la OCDE, había dicho la filial argentina.

MOVIMIENTO Y MOVILIDAD

El caso se remonta a junio de 2018, cuando la secretaría de Comercio de Argentina aprobó que las empresas locales Telecom y Cablevisión unieran sus operaciones y estructura, operación en la que Telefónica vio el surgimiento de un monopolio y así lo denunció.

“Telecom y Cablevisión pasaron a concentrar cerca del 60 % del mercado de banda ancha fija, 40 % de la televisión de pago, 40 % de telefonía fija y un tercio de la telefonía móvil”, puntualiza Página/12 en su reporte, agregando que esas empresas comparten accionistas con el Grupo Clarín, el mayor proveedores de contenidos audiovisuales del país.

Tras diversos pedidos infructuosos en los organismos administrativos correspondientes, Telefónica fue elevando la apuesta y llegó a la Justicia, advirtiendo que podría apelar al organismo internacional en caso de continuar sin respuesta.

OTROS DIFERENDOS EN LA REGIÓN

La compañía española ya llevó al Banco Mundial una demanda contra otro país latinoamericano, Colombia, que -en julio de 2017- le ordenó pagar 450 millones de euros por el uso de bienes nacionales para extender su red celular.

En febrero de 2018, Telefónica presentó su demanda en el Ciadi por entender que esa reversión de activos en Colombia era improcedente. A estos conflictos hay que sumar el caso de Venezuela, cuyo hundimiento en una hiperinflación de más del 700 % significa para la compañía una dilución de sus ingresos allí.

Salvo estos tres países, Telefónica goza de una operación saludable en América Latina, de donde proviene casi la mitad de sus ingresos globales. En el primer trimestre de 2017, la región le reportó 12.612 millones de euros de ingresos, un 48% de su operación total.

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