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AMÉRICA LATINA

Uber tiene problemas para cobrarles a los choferes y casi no gana plata en el país

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La Nación – Carlos Manzoni

Bloqueo de la aplicación (ahora destrabado por la Justicia), ataques de los taxistas, multas de hasta $130.000 por circular con pasajeros e incautación del vehículo. A todos estos perjuicios que sufre en el país,Uber debe sumar otro más, que trata de mantener semioculto: pierde una suma millonaria de dinero por no poder usar tarjeta para cobrar los viajes, el mecanismo que usa para retener el porcentaje que le cobra a los conductores por el uso de la plataforma.

Según pudo confirmar LA NACION con fuentes de Uber y mediante conversaciones con diversos choferes, hace un año que los conductores no tienen forma de liquidar a la empresa el 25% por cada viaje, que es lo estipulado por contrato . Como no existe ningún agente físico, el pago no se puede hacer en efectivo, por lo cual ese dinero queda en su totalidad en manos del dueño del vehículo.

“Mirá, te voy a hablar clarito. El día que se termine esto y se pueda cobrar con tarjeta, guardo el auto. Si tengo que pagar el 25% a Uber, los números no me cierran”, dice Claudio V., conductor de un Chevrolet Onix de color negro. Para tener una dimensión de la ganancia que esto significa a los choferes, basta otra confesión del mismo chofer: “Arreglé la cadena de distribución, por suerte con esto pude juntar los $25.000 uno arriba de otro”, dijo.

Desde la empresa intentan ser cautelosos, pero de todos modos reconocen que el monto que “dejan de ganar” no es menor. “No podemos dar números, es una suma significativa, pero lo tomamos como parte de la inversión que está haciendo Uber en la Argentina”, afirma la fuente.

En la empresa también explican que, si bien son conscientes de esta resignación de ganancia, tratan de compensar cada vez que un viaje se abona con tarjeta, ya que, cuando la tarjeta está emitida en el exterior (generalmente es el caso de los turistas), el pago se puede hacer con ese plástico. “Ahí, en lugar de cobrar el 25% acordado, descontamos todos los viajes que no nos fueron liquidados en efectivo”, señalan desde Uber.

Claro, que los viajes con tarjeta son mínimos y, además, los propios choferes tratan de esquivarlos. “Cuando veo que el pago es con tarjeta, rechazo el viaje. Imaginte que no me conviene, porque en ese caso me descuentan efectivamente el 25%”, confiesa Mauro T., conductor de un Volkswagen Voyage de color verde, que acota que su padre también tiene un auto trabajando en Uber.

Desde Uber también tienen un argumento para explicar ese tema. “Es verdad que lo hacen los conductores, pero nosotros tenemos un registro de cada vez que rechazan un viaje con tarjeta y los sancionamos. Hay un proceso que se corre semanalmente. Rechazar viajes con tarjeta es una violación de los términos y condiciones. Las penas van desde la suspensión de la plataforma hasta la desafectación”, comenta la fuente.

Además, desde Uber confían en que esa afirmación de algunos choferes de que cuando se pueda cobrar con tarjeta no trabajarán más, no será tan así. “No dejarán de hacerlo, porque creemos que va a haber tanta demanda de Uber en ese momento, que el negocio les va a seguir conviniendo”, analizan en la empresa.

Uber está investigado por el Ministerio Público Fiscal Porteño por tres causas. Una de ellas es evasión, porque la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) le reclama el pago del impuesto a los Ingresos Brutos; otra es contravención de la empresa, por uso indebido del espacio público y por realizar actividades lucrativas no autorizadas, y la tercera es contravención de los choferes, por la misma razón anterior y por ejercer ilegítimamente una actividad.

Para ser chofer hay que inscribirse, cargar en una plataforma digital licencia de conducir, póliza de seguro del auto y cédula del vehículo. Pero, igual, desde la Secretaría de Transporte de la Ciudad dicen: “Uber desembarcó en Buenos Aires operando fuera de la ley y lo sigue haciendo. Con conductores sin habilitación profesional y automóviles con seguros de uso particular y no profesional. Además, haciendo uso indebido del espacio público”. En Uber, por su parte, dicen que su actividad es legal, porque así lo sentenció la Justicia Argentina. “Hay sentencias firmes que declaran la legalidad”, enfatizan.

Las pérdidas derivadas de estas irregularidades no son menores para Uber. Según datos de la Secretaría de Transporte de la Ciudad, en lo que va de 2018 se hicieron 12.459 controles al transporte ilegal, 1114 autos resultaron Uber, se remitieron seis Uber por día y la infracción tiene la multa más alta: 10.000 UF, es decir $130.000. “Nos hacemos cargo de estas multas. Igual, solemos ganar las apelaciones”, se defienden en Uber.

Pero, más allá de estas cuestiones ¿cuánto puede durar este limbo que hace que Uber no pueda cobrarle a sus choferes? Según los conductores, el rumor es que se va a seguir al menos un año así. “En un año, me compro otro auto”, cuenta Horacio G., chofer que tiene un Renault Sandero de color gris. En tanto, desde Uber estiman que no va a pasar tanto tiempo sin una solución. El tiempo dirá quién tiene razón.

El tema es tan delicado para Uber que ni siquiera acceden dar información sobre el porcentaje de viajes que se realizan en efectivo. Pero deslizan un dato que puede ser usado por referencia: “Ojo, que no es solo una problemática argentina, en el mundo también tenemos viajes en efectivo y los choferes quedan debiendo. Son más de la mitad”. ¿O sea que acá es mucho más de la mitad”? preguntó la nacion. “Claro”, fue la respuesta. Según los propios choferes, la proporción es esta: “Cada 20 viajes, uno es con tarjeta”.

Como se dijo, no es el único problema que tiene Uber en el país. Pero sí uno de los que más les afecta el bolsillo. Es un costo que deciden pagar por ganar el mercado local. “Ellos se la bancan porque igual les conviene. Lo mismo pasa cuando la policía nos lleva el auto. Ellos enseguida pagan abogados y lo recuperan en dos días; todo eso es gasto, pero no les importa”, concluye Carlos F., dueño de un Fiat Línea de color negro.

Lo cierto es que por más protestas de taxistas que existan, por más que algunos taxistas ataquen, embosquen y hasta hagan caer en operativos policiales a los conductores de Uber, el negocio parece imparable, porque, por el momento, les está dando a los choferes un 25% más de lo que estimaban en un principio. Hoy Uber tiene 35.000 choferes activos que transportan a dos millones de pasajeros y 200.000 personas anotadas para manejar, tan sólo en Capital Federal y Gran Buenos Aires.

“Te comprás un autito, salis seis horas a dar unas vueltas y te hiciste una diferencia. Es redondo. ¿No viste que cada vez están más cerca de dónde los pedís los Uber? Levantás una baldosa y sale un Uber”, concluye Claudio V, contento porque pudo pagar el arreglo de la correa de distribución todo junto y “poniendo un peso arriba del otro”. Por ahora, Uber se lo permite.

 

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¿Vender o devolver espectro?: La diferencia conceptual que entrampa el cúmplase del fallo sobre telefonía móvil

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La Tercera – Francisca O’Ryan.

Ayer, el TDLC abrió la puerta para que la autoridad inicie un proceso de enajenación, pero para Entel, Movistar y Claro eso significaría la venta, mientras que para Subtel eso no se puede hacer porque legalmente no se puede comercializar el espectro.


En la jornada de ayer, el Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC) ratificó el fallo de la Corte Suprema, en una causa que lideró Conadecus en contra de los actores más grandes de la industria. En esta se les ordena a las empresas involucradas –Entel, Movistar y Claro- “desprenderse de la misma cantidad de espectro radioeléctrico que fue adquirida en el concurso de la banda 700, quedando a su opción la elección de la banda que será enajenada”. En el caso de Entel son 30 MHz y para Movistar y Claro 20 MHz cada uno.

Se trata de un fallo que generó gran revuelo en la industria, pues los involucrados creen que el cumplimiento del fallo podría derivar en problemas de servicio. Por ello, acudieron al TDLC, al que advirtieron que este no es un proceso fácil de hacer y que no estaban dadas las condiciones para materializarlo. Sin embargo, Conadecus arremetió e insistió en que el fallo debía cumplirse.

El problema es que el concepto que se utiliza en el fallo es el de “enajenación”. Y es allí donde se producen diferencias. Según algunos operadores, el concepto significa vender, proceso que nunca se ha hecho en Chile entre la autoridad y privados. En cambio para la autoridad es devolver. En una entrevista con PULSO Domingo, la subsecretaría de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, fue consultada al respecto: “Pero las empresas dicen que enajenación es venta, ¿cómo lo interpreta Subtel? Y ella respondió: “No existe mercado secundario. Entendamos que el espectro es un bien nacional de uso público y la pregunta es ¿cómo se vende un bien nacional de uso público?”.

A pesar de que aún no sea momento para que la subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) se pronuncie sobre dicho concepto y sobre el cómo se devolverá el espectro, es una discusión que podría generarse próximamente entre privados y la autoridad. Cabe recordar que el espectro es un bien nacional de uso público, pero que las empresas concursaron para obtenerlo por un plazo de 30 años. Con el fallo de la Corte Suprema las operadoras deben devolver antes el espectro, por lo que las inversiones que se hicieron en las bandas pueden verse afectadas.

Sin embargo, en estos días la jugada fundamental es de las empresas. Estas tienen cinco días –contando desde ayer- para presentar recursos de reposición ante el TDLC. Si es que no lo presentan, la devolución del espectro deberá ser inmediatamente.

“Este es un problema judicial, en el sentido de que los privados -tengo la impresión- perciben de que ellos tienen un activo ahí, un derecho adquirido que tiene fecha de vencimiento por 30 años y la autoridad piensa distinto. (…) No tengo claro si efectivamente  existen derechos de propiedad temporal sobre la concesión”, indicó Roberto Gurovich, director de G&A Consultores.

Además, agregó que su impresión “es que las concesiones dan derecho de propiedad temporal. Eso significa que las empresas son dueñas hasta que se extinga la concesión y si alguien lo quiere sacar tiene que dar algo a cambio. Además yo no he visto nunca que haya una compensación del estado, sí entre privados”.

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Darán impulso final a proyecto para fibra óptica hasta el Atlántico

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Nanduti

El Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mitic) firmará un convenio marco con el Parque Tecnológico Itaipu (PTI) para dar impulso al proyecto de conexión a la red de fibra óptica en las costas del Atlántico.

El proyecto implica el acceso directo de la red nacional a la fibra óptica marítima hasta la ciudad de Sao Paulo, utilizando el territorio de la Itaipu Binacional para la implantación del backbone óptico Paraguay-Brasil.

El ministro del Mitic, Alejandro Peralta Vierci, señaló que se firmará un acuerdo con el PTI para cooperar y dar un impulso al proyecto para su aprobación en los próximos días.

La próxima semana se reunirán los directorios de ambas márgenes de la Itaipu Binacional y se busca aprovechar el actual contexto “para terminar de firmar”, declaró Vierci en el evento Cisoft Day, de la Cámara Paraguaya del Software.

Este proyecto es de suma importancia para contar con una línea soberana e implementar la agenda digital de Gobierno, agregó el ministro. Además, repercutirá en el consumidor final con precios accesibles y la posibilidad de finalizar la construcción de la red nacional de fibra óptica.

Para implementar el proyecto se espera la aprobación de ambas partes de la Itaipu Binacional. Por parte del lado paraguayo, el proyecto ya cuenta con las gestiones avanzadas por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la Cancillería.

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Telefónica iría al Ciadi contra el monopolio en Argentina

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Dirigentes digital 

Tras denunciar que la fusión de dos multimedios cubriría el 90 % del mercado en ciudades argentinas, Telefónica fue a los Tribunales y podría acudir al Ciadi para dirimir el conflicto. La compañía tiene litigios también en Colombia y Venezuela.

“Consecuencias muy serias” dijo Telefónica que traería la fusión de dos empresas de telecomunicaciones en Argentina cuando presentó, en julio, una demanda a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC, equivalente a la CNMC española).

Se refería a la estructura creada por las competidoras locales Telecom (telefonía) y Cablevisión (audiovisual) para comercializar servicios de comunicación fija, móvil, vídeo e Internet con una cobertura que llegaría al 90 % en algunas ciudades, según Telefónica.

Ahora, tras una presentación en los Tribunales argentinos, la denuncia podría llegar al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial dedicado al litigio en materia de inversiones internacionales.

Así lo sugiere el diario local Página/12 citando una fuente que atribuye a Madrid la decisión sobre los próximos pasos del conflicto. La fusión es “contradictoria” con el objetivo del país de ingresar a la OCDE, había dicho la filial argentina.

MOVIMIENTO Y MOVILIDAD

El caso se remonta a junio de 2018, cuando la secretaría de Comercio de Argentina aprobó que las empresas locales Telecom y Cablevisión unieran sus operaciones y estructura, operación en la que Telefónica vio el surgimiento de un monopolio y así lo denunció.

“Telecom y Cablevisión pasaron a concentrar cerca del 60 % del mercado de banda ancha fija, 40 % de la televisión de pago, 40 % de telefonía fija y un tercio de la telefonía móvil”, puntualiza Página/12 en su reporte, agregando que esas empresas comparten accionistas con el Grupo Clarín, el mayor proveedores de contenidos audiovisuales del país.

Tras diversos pedidos infructuosos en los organismos administrativos correspondientes, Telefónica fue elevando la apuesta y llegó a la Justicia, advirtiendo que podría apelar al organismo internacional en caso de continuar sin respuesta.

OTROS DIFERENDOS EN LA REGIÓN

La compañía española ya llevó al Banco Mundial una demanda contra otro país latinoamericano, Colombia, que -en julio de 2017- le ordenó pagar 450 millones de euros por el uso de bienes nacionales para extender su red celular.

En febrero de 2018, Telefónica presentó su demanda en el Ciadi por entender que esa reversión de activos en Colombia era improcedente. A estos conflictos hay que sumar el caso de Venezuela, cuyo hundimiento en una hiperinflación de más del 700 % significa para la compañía una dilución de sus ingresos allí.

Salvo estos tres países, Telefónica goza de una operación saludable en América Latina, de donde proviene casi la mitad de sus ingresos globales. En el primer trimestre de 2017, la región le reportó 12.612 millones de euros de ingresos, un 48% de su operación total.

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