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Telefónica, Telecom y Claro: por qué las inversiones no van tan rápido como el sector necesita y quiere el Gobierno

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iProfesional – Andrea Catalano

Para el Gobierno, esta sector es clave por dos razones. Una de ellas es por la magnitud de las cifras que maneja a la hora de efectuar desembolsos. La otra, por la calidad de servicio que reciben los argentinos. Pero hay cuestiones que impiden que las “telcos” puedan ir más de prisa con sus planes.

a Argentina tiembla, pero las inversiones en telecomunicaciones se mantienen.

Los montos comprometidos para este año por las principales operadoras, de entre u$s2.500 y u$s3.000 millones, han sido ratificados pese a que el sector se mueve en un marco de incertidumbre constante.

Medidas pro competencia pero de “a cucharaditas”. Un proyecto de ley que ingresa con fuerte impulso en el Congreso y sobre el que se teme que sea ralentizado.

Resoluciones técnicas que avanzan y retroceden, que van y vienen, pero que luego no salen. Pipas de la paz entre rivales de siempre. Rumores de compra, de venta, del más grande, del todavía más grande.

Todo esto está ocurriendo a gran velocidad en esta actividad. Mientras, los principales actores mantienen el foco inversor en la fibra óptica, única opción para competir de verdad.

En medio, se encuentran con una Argentina en crisis. Las dificultades en el frente financiero los golpea de forma virulenta desde hace dos meses, al punto que les ha impedidosalir al mercado a fondearse, como ocurrió con Telecom y Telefónica.

Telecom ya intentó cuatro veces recurrir a la bolsa pero tuvo que desistir, aunque esto no significa que haya claudicado.

De hecho, fuentes de la empresa aseguran a iProfesional que “la intención de salir a buscar fondos se mantiene”, y que este paso se hará “cuando el panorama se tranquilice”.

En la empresa prefieren no especificar una fecha, al tiempo que señalan que las inversiones previstas para 2018 se están ejecutando tal como estaban programadas.

Telecom había anunciado desembolsos por u$s5.000 millones para el trienio 2018-2020.

Para este año, el monto previsto inicialmente era de u$s1.300 millones, cifra que surge de los planes que antes de la fusión Telecom y Cablevisión habían anunciado por separado.

Por el lado de Telefónica, el panorama es similar, en el marco de un plan de desembolsos por $44.000 millones para el trienio 2017-2019.

“Al día de hoy, no hay ningún cambio respecto de lo anunciado. La salida a la bolsa sigue siendo una posibilidad, pero por ahora no hay nada en concreto”, aseguran a iProfesionalfuentes de la operadora.

“En Claro seguimos con nuestro cronograma de inversiones de u$s400 millones, que se centra en la instalación de fibra óptica”, señalan desde la firma a este medio.

Sin bien la compañía cuenta con una billetera más amplia, lo cierto es que no la abrirá en su totalidad hasta que no se despejen las dudas sobre cuestiones regulatorias.

El alicaído consumo es otro de los aspectos que tiene en la mira: si los argentinos tienen menos dinero para gastar en rubros básicos, mucho menos lo tendrán para destinarlo a productos o servicios vinculados con las telecomunicaciones, razonan desde las más altas esferas ejecutivas.

Las empresas más pequeñas también están manteniendo sus proyectos. Una de ellas es iPlan, que continúa con su despliegue de redes de fibra óptica en el corredor norte de Capital y Gran Buenos Aires.

“Estamos acelerando los planes de inversión. La demanda de Internet de alta calidad es enorme”, dicen desde la empresa. Para 2018, la previsión se ubica en los u$s26 millones.

Otro aspecto que se mantiene firme es el proyecto de Operador Móvil Virtual (OMV).

Los OMV engloban a los que ofrecen servicios sobre la red de otra firma, y que tienen como protagonistas a las cooperativas de telecomunicaciones más grandes, nucleadas en CATEL.

Tras haber cerrado un acuerdo con Movistar para utilizar su infraestructura de red y avanzar en el negocio de la telefonía móvil, la Cámara continúa con su inversión de u$s2 millones.

El objetivo es lanzar su servicio móvil -y convergente- a fines de este año, según pudo saber este medio.

El dinero no es todo
El hecho de que las empresas mantengan los planes de inversión previstos es de por sí positivo. Pero eso no es todo.

Para avanzar con nuevos compromisos están muy atentas a las novedades que puedan provenir desde el plano regulatorio.

En este sentido, hay diversos frentes abiertos:

– Uno, en el Senado, donde en abril recaló la llamada “leycorta”, pensada para acelerar inversiones

– Otro, en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), organismo que define parte de las políticas del sector

– Y, finalmente, un tercero producto del dictamen aprobatorio de la fusión Telecom-Cablevisión por parte de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que tuvo en vilo a todo el mercado

¿Por qué el Gobierno busca acelerar las inversiones de las “telcos”? Básicamente, porque son las que más dinamizan la economía.

Hoy día, este sector representa el 2,7% del PBI, según lo manifestado por Heber Martínez, director del Enacom, durante las jornadas La Revolución Móvil.

La decisión de impulsar una ley en el Congreso para acelerar desembolsos responde a que “es el ámbito natural de los acuerdos”, dice Héctor Huici, secretario de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).

El punto vinculado a los acuerdos, es justamente el que aún brilla por su ausencia: mientras que en junio un grupo de senadores aprobó el dictamen de la “ley corta”, otro decidió avanzar con otro, de minoría, en rechazo al primero.

Así, lo que en principio se estableció en el primer dictamen de mayoría choca con las necesidades de la industria.

La mayor competencia entre prestadores tenía como fecha de inicio el 1° de enero de 2019 (con excepciones en localidades de menos de 80.000 habitantes, para las que ese plazo se extendería). Sin embargo, ese punto de partida se corrió recién al 2022.

En tanto, la protección se extenderá, hasta ese entonces, a poblaciones de menos de 100.000 habitantes.

Sebastián Cabello, director de la GSMA para América latina (asociación que nuclea a las principales operadoras móviles) abrió un gran signo de interrogación sobre los tiempos para invertir.

“No estoy seguro de lo que finalmente pueda llegar a aprobarse. Tampoco si a esa altura será necesario promover el DTH (la TV paga por vía satelital)”, afirma el ejecutivo.

“Con el espíritu de la ley estamos contentos, pero tenemos serias dudas sobre el texto final y en qué derivará todo”, remarca el ejecutivo.

Telefónica y Claro están habilitadas para ingresar al negocio de la TV paga, pero no para usar tecnología satelital. Podrían hacerlo a partir de 2020 y por zonas. Y recién en 2022 a nivel general, según el dictamen mencionado.

Es cierto que seguir discutiendo tecnología satelital para la competencia queda un tanto obsoleto. Es difícil pensar que ayude a brindar servicios en combo, no sólo en cuádruple sino en múltiple play.

La única manera de dar prestaciones convergentes de calidad, tal como pretende el Gobierno, es a través de fibra óptica.

Es que esta es la tecnología clave para soportar servicios como los de video, que resultan de gran interés para quienes consumen Netflix, Youtube o partidos de fútbol.

Todos protectores
El haber destinado tantas semanas en la comisión de medios, de sistemas y de libertad de expresión habla del desconocimiento que muchos de los legisladores tienen sobre este mercado.

En efecto, querer transformar la llamada “ley corta” (pensada a los efectos de acelerar inversiones) en otra “larga”, deja en evidencia la falta de conocimiento de los legisladores, como también la poca agilidad para resolver cuestiones de una actividad que requiere de mayor dinamismo.

Con todo, el sector sigue funcionando, aunque no de la mejor manera para los usuarios, que deberían ser los principales beneficiarios de cualquier tipo de iniciativas.

Ningún argentino quiere dejar de estar conectado en sus diversas formas una vez que se subió a la “ola”.

Mientras esto ocurre en el Congreso, en el Poder Ejecutivo suceden otras cuestiones. Y, según con quién se hable, la descripción de la situación sólo se entiende a partir del lugar que ocupe.

“Que los cielos se abren, que se cierran (N. de la R.: por los satélites). Que si el espectro se usa para tal o cual cosa. Se frenan medidas, luego se adelantan para volver a frenarse. ¿Surgió alguna resolución importante en estos días?”, señala a iProfesional una fuente que conoce como pocas el funcionamiento del sector.

“El Enacom es un organismo cuya misión es controlar, no es político. Las redes móviles no funcionan bien y ya no se sabe cuál es el problema”, completa.

Gusto a poco
“Las medidas que han ido saliendo son pro-competencia. Pero surgen de a cucharaditas. Más allá de lo que se vaya decidiendo, todo va a estar sujeto a lo que defina Defensa de la Competencia sobre la fusión entre Telecom y Cablevisión”, señala el representante legal de una de las cámaras que representa a las pyme de telecomunicaciones.

“Hay que ver cómo se fijan los tiempos. El Enacom es el que debe resolver los conflictos de infraestructura y de contenidos y está bien que así sea. Pero el problema es que no hay fechas pautadas. Nadie sabe en qué plazos se solucionarán”, agrega.

Este punto es clave ya que de estos tiempos dependen las inversiones.

Al año de haber asumido el gobierno de Cambiemos, el entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, aseguraba que cada año se iban a requerir desembolsos de entre u$s5.000 y u$s6.000 millones para responder a las demandas de infraestructura.

Los cambios introducidos, cuestionados por unos y aplaudidos por otros, han sido hasta ahora insuficientes para alcanzar esos niveles. Apenas se está en la mitad. Y la caja de cambios está “clavada” en tercera.

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AMÉRICA LATINA

Designan nuevo presidente de Claro Dominicana

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elCaribe

La empresa de telecomunicaciones Claro anunció que América Móvil ha promovido a Oscar Peña como presidente de Claro Centroamérica, responsable de los mercados de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá y Costa Rica. Rogelio Viesca Arrache fue nombrado para dirigir la operación de Claro en República Dominicana, con efectividad el 16 de septiembre del presente año.

Viesca Arrache cuenta con 25 años de experiencia en telecomunicaciones y ha ocupado importantes  posiciones dentro de la corporación. Fue director de operaciones de Claro Brasil, presidente ejecutivo y CEO de Ecuador y Argentina, con responsabilidad directa de Paraguay y Uruguay. Actualmente se desempeña en Telcel México como director Regional Golfo y Sur. Su formación académica es en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones de la Universidad Iberoamericana de México, con postgrado en Finanzas y Marketing.

Desde la entrada de América Móvil en el año 2006, Claro Dominicana ha evidenciado un proceso de crecimiento y transformación con importantes innovaciones tecnológicas, así como un decidido enfoque hacia el servicio al cliente. Esto le ha garantizado el liderazgo y la preferencia del mercado en todas las líneas de negocio: fijos, datos, móviles y televisión de paga.

La empresa reafirma su compromiso de continuar con  un sostenido programa de inversiones para contribuir al desarrollo del país, a la calidad de vida de los dominicanos y al fortalecimiento del sector de las telecomunicaciones.

Sobre América Móvil

América Móvil, compañía líder de servicios de comunicación en América Latina y una de las más grandes del mundo en términos de suscriptores proporcionales y valor de capitalización en el mercado, con operaciones en 25 países de América y Europa. Al 31 de marzo de 2018, América Móvil contaba con 362 millones de líneas de acceso, que incluyen 279 millones de suscriptores móviles y 83 millones de unidades generadoras de ingreso fijas (telefonía fija, banda ancha y televisión de paga).

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AMÉRICA LATINA

Servicio del SRI en red

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El Mercurio

El Servicio de Rentas Internas (SRI) ha puesto a disposición de los contribuyentes la posibilidad de realizar y enviar las declaraciones de impuestos por medio de la internet.

La ventaja de utilizar este medio para cumplir con las obligaciones tributarias es que el sistema se encuentra disponible las 24 horas del día los 365 días del año y las declaraciones enviadas se las puede consultar por este mismo medio.

Adicionalmente, la declaración podrá ser realizada desde el primer día del mes y el pago se lo podrá hacer hasta la fecha del vencimiento, eliminando los problemas de digitación de las declaraciones hechas en papel.

Capacitaciones

Para acceder a este servicio es necesario que obtenga el DIMM formularios, el cual puede solicitarlo en cualquier oficina del SRI a nivel nacional o descargarlo en el “clic”, ingresando al portal web oficial del Servicio.

Además, para obtener mayor información es clave el tema capacitaciones tributarias, según Armando Lana, director zonal 6 del SRI. Detalló que en lo que va de 2018, la administración tributaria ha cumplido con más de 646 capacitaciones, lo que permitió beneficiar a más de 13.200 ciudadanos en las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. (ACR)-(I)

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$ 11.498 millones, tope a primeros interesados en acciones de Coltel

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El Tiempo

El Gobierno acaba de fijar las condiciones en que venderá el 32,5 por ciento que tiene en la empresa Telefónica, que controla a Colombiana de Telecomunicaciones (Coltel), participación con la que espera conseguir unos 2,3 billones de pesos.

Esta es la segunda mayor venta de activos de la nación de los últimos cuatro años, después del 57,6 por ciento que tenía en Isagén, por el cual recibió 6,48 billones de pesos del fondo canadiense Brookfield (2015).

“Si tomamos un periodo más amplio, la segunda (venta) pudo ser el 11 por ciento de Ecopetrol. El proceso lo estamos haciendo directamente en Hacienda. Cisa lleva las enajenaciones de participaciones menores al 10 por ciento”, según confirmó Camilo Barco, director general de Participación Estatal en el Ministerio de Hacienda.

La reglas de juego para la participación de los inversionistas interesados quedaron consignadas en el decreto 1215, expedido el pasado 12 de julio por el Ministerio de Hacienda.

Cada una de las 1.108’269.271 acciones que la nación tiene en esa compañía cuesta 2.075 pesos, por lo que el paquete completo le representará ingresos adicionales de 2,3 billones de pesos.

Tal como lo establece la Ley 226 de 1995, los primeros beneficiarios de la oferta accionaria serán los empleados y exempleados de Coltel o las firmas en que esta tenga participación.

También, los sindicatos y federaciones de sindicatos, fondos de empleados, fondos mutuos de inversión, fondos de pensiones y cesantías, entidades cooperativas, cajas de compensación familiar y, en general, entidades del sector solidario debidamente constituidas y reconocidas por las leyes colombianas.

Así las cosas, en esta primera etapa de venta, los interesados solo podrán adquirir hasta un máximo de 5’541.347 acciones, para lo cual tendrían que alistar unos 11.948 millones de pesos, según lo estipulado en el mencionado decreto.

Ese paquete de acciones representa apenas una participación del 0,5 por ciento de Coltel.

En el decreto expedido por Hacienda no se menciona una fecha precisa para el inicio de la primera etapa de enajenación de dicha participación de la nación en Coltel.
Sin embargo, advierte que una vez una o varias instituciones establezcan líneas de crédito o condiciones de pago para financiar la adquisición de las acciones, estas serán ofrecidas.

La venta hace parte del ‘Plan de enajenación anual global para la vigencia 2018’, presentado al Congreso de la República a finales de febrero pasado.

Además, el documento Conpes 3927 de 2018 establece que “(…) no es recomendable para la nación mantener participaciones minoritarias (…) y, en consecuencia, señala que el Gobierno debe priorizar la desinversión de aquellas sociedades con participación del Gobierno Nacional inferior al 50 por ciento”.

Entre los argumentos para la venta de esas participaciones minoritarias que la nación tiene en distintas empresas figura el hecho de que esas propiedades, en vez de generarle rentabilidad a la bolsa pública, le causan gastos y encarte, en la medida en que muchas no están entre los objetivos estatales.

Según la estatal Central de Inversiones (Cisa), la nación tenía en el 2016 acciones en 109 empresas, pero luego de algunas ventas adelantadas el año pasado, hoy solo quedan 106, muchas de estas con participación no mayoritaria.

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