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Cuchillos: prohibida su venta

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Reforma – Clara Luz Álvarez

“Como con los cuchillos se puede herir y hasta matar a una persona, quedan prohibidos”. Igual a lo anterior es lo que está pasando con el dispositivo tecnológico Roku, por las decisiones de jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y del Poder Judicial Federal que han prohibido su comercialización en la República Mexicana.

Roku es una puerta de entrada a través de internet para que el usuario acceda a contenidos gratuitos (p. ej. YouTube) o por suscripción (p. ej. Netflix, Claro Video, Amazon Video), para que alquile o compre una película, e incluso, en EUA, con las alianzas entre Roku y empresas de TV por cable o satelital, el usuario puede acceder a los canales de su compañía de cable o satelital (p. ej. Disney, FOX NOW, CNN Go, WatchESPN). Roku opera en EU, Canadá, Reino Unido y otra veintena de países. Analizar el caso Roku en México lleva a considerar en su justa dimensión los intereses económicos que hay de por medio. Veamos.

Roku es un competidor disruptivo para empresas como izzi, Sky, Televisa, por ejemplo. Y aunque también podrían establecer alianzas como una alternativa de acceso para sus usuarios a sus contenidos como lo han hecho en otros países, la estrategia del litigio fue favorecida por Cablevisión. Cablevisión ha argumentado que a través del dispositivo Roku se comete piratería, y rauda y veloz -sin argumento de convicción- la Jueza Trigésimo Octavo de lo Civil de Ciudad de México concedió una amplia medida precautoria contra la importación y venta del dispositivo en México con todo y que cuenta con la homologación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Preguntémosle a la jueza: el que a través de las laptops MacBookAir de Apple se pueda acceder a contenido pirata, ¿debe impedir que se vendan las MacBookAir? No. El que en las reproductoras de DVD de Sony algunas personas vean películas pirata, ¿hace que deba prohibirse la comercialización de dichas reproductoras? No. Lo que debe hacerse es combatir la piratería de manera frontal, de otra manera terminaremos prohibiendo cuchillos o agujetas porque algunas personas matan con cuchillo o ahorcan con agujetas. Más aún, ¿le dirá algo a los juzgadores que Roku opere en el resto del mundo y en México se prohíba su comercialización?

Roku fue un dispositivo innovador por haber sido pionero en desarrollar un sistema operativo de TV vía streaming, pero bien puede ser sustituido mañana por una veintena de otros dispositivos de otras marcas. ¿Se la pasará litigando Grupo Televisa para dilatar lo que es ya una realidad tecnológica en lugar de adaptarse al nuevo entorno de consumo de contenidos audiovisuales?

En el mercado de la publicidad Roku también se convierte en competidor de las televisoras, porque al permitir que un usuario acceda a través del dispositivo a YouTube, Claro Video, ESPN o rente una película, entonces llega a más personas lo cual incrementa el valor de los anuncios. Adicionalmente, estos anuncios pueden estar focalizados, como lo comentado en la colaboración anterior respecto a publicidad digital de Google y Facebook.

Es evidente que en México por la vía judicial, se le está bloqueando a Roku el acceso al mercado bajo el pretexto de la piratería. Esto priva a los consumidores de la posibilidad de tener una opción adicional para acceder y disfrutar de programas, series y eventos deportivos, por lo que la Comisión Federal de Competencia Económica y el IFT debieran tomar cartas en el asunto. Asimismo, el Poder Judicial Federal y en especial el Décimo Primer Tribunal Colegiado de Circuito en materia Civil del Primer Circuito deberá resolver si se continúa impidiendo la comercialización de un dispositivo para proteger a las televisoras de la innovación tecnológica, o si se permite que los consumidores cuenten con una plataforma de acceso a TV por internet. ¿Hacia dónde inclinarán la balanza?

 

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Diputados dan golpe de Estado a la radiodifusión pública de México

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El Universal – Irene Levy

La Secretaría de Gobernación será la encargada de proveer el servicio de radiodifusión pública a nivel nacional, sí, esto que parece salido de un cuento de terror es lo que aprobó la Cámara de Diputados esta misma semana y ahora queda en manos del Senado avalar o enmendar este enorme retroceso en materia de libertad de expresión y democracia. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) es el ordenamiento que organiza y distribuye las facultades entre las diferentes áreas del Poder Ejecutivo, incluyendo las secretarías de Estado. Como usted sabe, dicha ley está en proceso de cirugía mayor por los legisladores de Morena y afines que quieren adecuarla a los planes del próximo gobierno, lo que en sí mismo está bien; el problema es que en el proceso se están cometiendo enormes atropellos e inconstitucionalidades.

La fracción VIII del artículo 27 de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LOAPF, aprobada por la Cámara de Diputados, señala que es competencia de la Secretaría de Gobernación, lo siguiente:

VIII. En el ámbito de su competencia, elaborar e instrumentar la normatividad aplicable, conforme a la Constitución y las leyes, en materia de comunicación social del gobierno federal y las relaciones con los medios masivos de información; administrar, salvo lo establecido en las leyes electorales, el tiempo de que dispone el Estado en radio y televisión; proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional, así como autorizar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Los medios públicos, dice la UNESCO, son medios hechos, financiados y controlados por el público, para el público. No son comerciales ni de propiedad gubernamental, son libres de la interferencia política y la presión a partir las fuerzas comerciales. A través de los medios públicos, los ciudadanos son informados, educados y también entretenidos. Cuando garantizada con pluralismo, diversidad, independencia editorial, financiación apropiada, rendición de cuentas y transparencia, la radiodifusión de servicio público puede servir como una piedra angular de la democracia.

En ningún país democrático, la Secretaría de Gobernación o el Ministerio del Interior o como se denomine, presta el servicio de radiodifusión pública. Imagine usted que la BBC de Londres o la Deutsche Welle de Alemania fueran manejadas por el propio gobierno, sería el fin de su libertad editorial. En México, la reforma constitucional de 2013 en materia de telecomunicaciones y competencia, creó un organismo descentralizado no sectorizado —muchos pugnamos incluso porque fuera autónomo—, llamado Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR). El artículo 6, apartado B, fracción V de la Constitución vigente, establece que este organismo con autonomía operativa, de decisión y de gestión tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro. ¿Entonces, qué hacemos? ¿Qué pasará con el IMER o con el Canal 11? ¿En serio vamos a permitir que la radiodifusión pública se convierta en radiodifusión gubernamental? Estoy segura que Olga Sánchez Cordero, cuando fue ministra de la Corte, hubiera criticado esto, y ahora ¿lleva la reforma su aval o ella no lo sabe? Esta reforma es inconstitucional.

Pero el golpazo a la radiodifusión pública no es el único que intentan dar en esta materia nuestros diputados, no. También al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) lo afectan. Mire usted, la Oficina de la Presidencia de la República actualmente tiene adscrita la Coordinación de Estrategia Digital Nacional y dentro de sus facultades está la de elaborar y dar seguimiento a dicha estrategia para fomentar la adopción y desarrollo de tecnologías de la información y comunicación (TICs). Por otra parte, la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la encargada actualmente de definir la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos. Eso es ahora, pero la reforma propuesta y votada por Diputados propone cambios:

  1. Adiciona la fracción I al artículo 8 y otorga atribuciones a la Oficina de la Presidencia para “definir las políticas de informática, tecnologías de la información y la comunicación, gobierno digital del gobierno federal, en términos de las disposiciones aplicables”. Como vemos, la redacción votada no acota esta facultad a definir dichas políticas exclusivamente para el gobierno federal, sino que lo deja totalmente abierto y únicamente restringe, al ámbito gubernamental, la definición de políticas de gobierno digital, el resto podría interpretarse que aplica incluso a los usuarios y a operadores, facultades que hoy pertenecen al IFT… ¿Error de redacción o intencionalidad?
  2. También a la SFP le quitan la facultad de definir las políticas de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos, y a ella la reducen a vigilar su aplicación. De aprobarse en el Senado, estas atribuciones pasarían a la que sería la súper poderosa coordinación respectiva en la Oficina de la Presidencia y, en concreto, a Raimundo Artis Espriú quien la encabezará.
  3. Nos habían dicho que, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Subsecretaría de Comunicaciones se transformaría en Subsecretaría de TICs, cuya titular será Salma Jalife, pero todo indica que ya no tiene sentido ni siquiera el cambio de nombre, pues estas facultades quedarían en Presidencia. De hecho, el artículo 36 de la LOAPF, que determina las atribuciones de la SCT, finalmente ya no fue modificado.

De esto nos quedan preguntas: ¿Qué dicen los medios públicos y sus defensores de lo que está por suceder, qué piensa el SPR? ¿Qué opina el IFT, interpondrá controversia constitucional en caso de que finalmente se apruebe en defensa de su autonomía, o cederá la plaza definitivamente? Qué preocupante que todo esto pase inmerso en el silencio de los que deberían vociferar. Ojalá el Senado recapacite, esto es un enorme retroceso a la democracia y la libertad de expresión en el país, así como un golpe que vulnera la autonomía del IFT.

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Retos y competencia en el entorno digital

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La Silla Rota – Ma. Elena Estavillo

La semana pasada celebramos la cuarta edición del foro internacional “Retos de la Competencia en el Entorno Digital“, donde el IFT convoca a expertos nacionales e internacionales, autoridades de competencia, practicantes, académicos y actores de la industria para provocar la reflexión, de forma que estemos mejor preparados para enfrentar los retos que nos plantea el desarrollo tecnológico y la economía digital.

Fueron dos jornadas de interesantísimas exposiciones y debates sobre una variedad de temas. El desarrollo tecnológico es tan intenso en este campo y el cambio tan profundo, que es imposible cubrir a profundidad cada uno de los temas planteados. El evento se vuelve entonces un bombardeo de reflexiones y propuestas provocadoras, cada una de las cuales invita a iniciar avenidas de investigación y desarrollo por sus propios méritos.

Hablamos, por ejemplo, de que el avance tecnológico no sólo modifica las formas de ofrecer bienes y servicios, sino que concita al mismo tiempo el cambio de hábitos y preferencias de los usuarios, quienes cada vez se inclinan más por la movilidad, la ubicuidad y los contenidos audiovisuales, además de que demandan tener mayor control sobre sus elecciones de consumo y que sus proveedores de servicios respondan instantáneamente a sus demandas.

De la mano de la tecnología, los mercados se vuelven muy sofisticados

Discutimos ahora con mayor frecuencia sobre los mercados de varios lados, los precios ocultos, las transacciones donde el pago se hace en datos, publicidad, capacidad de cómputo o criptomonedas. Usamos servicios provistos a través de infraestructura ubicada en distintas partes del mundo y nos enfrentamos a decisiones de negocio realizadas por algoritmos y sistemas de inteligencia artificial, donde el alcance de la intervención y la responsabilidad humanas no es claro.

En estas circunstancias, un reto particular es poder comunicar asertivamente estos fenómenos a quienes toman las decisiones: los particulares a la autoridad de competencia y regulador; este último al poder judicial, para defender sus decisiones, y también a la sociedad, al rendir cuentas.

Para facilitar esa comunicación, especialmente entre el regulador/autoridad de competencia y el poder judicial, es deseable que la corte cuente con conocimientos sobre los aspectos fundamentales del comportamiento económico, de manera que esa base común de entendimiento permita enfocar la comunicación en los aspectos particulares del caso.

En el foro se habló también de que, en mercados muy dinámicos e innovadores, una elevada participación o una alta rentabilidad no son suficientes para indicar la existencia de riesgos para la competencia. En estos mercados cambiantes es primordial poder distinguir a los agentes innovadores que pueden alcanzar una posición destacada, pero fácilmente pueden perderla. Es decir, se trata de determinar si existe un poder de mercado durable y sostenible a través del tiempo, diferenciándolo de fenómenos transitorios.

Big data

Un tema que generó mucha atención es el de los megadatos (big data), que están permitiendo a algunas empresas ser más eficientes para atender a los consumidores, identificar nuevas formas de satisfacer a sus preferencias o bien crear nuevos servicios, todo lo cual puede darles ventajas competitivas. Pero al mismo tiempo y bajo ciertas condiciones, algunos conjuntos de datos pueden incrementar los costos de los competidores y convertirse en barreras a la entrada. Ya hay distintos precedentes en que las autoridades de competencia han analizado la acumulación de datos en la autorización de concentraciones.

De hecho, se habla de que una nueva forma de brecha digital se puede abrir entre las empresas que tengan acceso a megadatos e inteligencia artificial, y las que no lo tengan.

También se mencionó que el análisis de megadatos permite llevar la discriminación de precios a extremos quirúrgicos, lo cual, bajo ciertas condiciones, podría afectar la competencia y extraer rentas de los consumidores, con la advertencia de que el análisis de esta conducta en el bienestar es complejo.

Otra observación es que la utilización de megadatos para personalizar las ofertas de bienes o servicios dificulta a los consumidores poder comparar esas ofertas con las de otras empresas, de forma que se vulnera su capacidad para elegir entre alternativas, ahondando la asimetría de información entre proveedores y consumidores.

Inteligencia Artificial

Por otra parte, se está volviendo popular entre las plataformas de comercio digital el uso de algoritmos para determinar los precios, con lo que están apareciendo fenómenos de colusión favorecidos por la interacción de estos algoritmos o por procesos de aprendizaje de máquina. La colusión tácita, es decir, el comportamiento colusorio logrado sin la intervención de un acuerdo o, en el caso de las máquinas, a partir de su interacción en procesos de aprendizaje artificial, escapa a los alcances de las prohibiciones de las leyes de competencia, por lo que en dichos casos pudiera ser necesaria la intervención regulatoria.

Un tema que se abordó repetidamente es el de la privacidad en su relación con la nueva dinámica de la competencia, donde se aprecia un traslape entre ambos temas e incluso con el de la protección al consumidor.

Esto nos lleva a la necesidad de aprender a medir distintas dimensiones de la competencia, además del precio donde, por ejemplo, podamos discernir si la ausencia de ofertas alternativas con distintos niveles de privacidad puede afectar la capacidad del consumidor para elegir libremente.

Otra cuesión en la que se aprecian traslapes de la competencia con distintas materias está en la oferta de contenidos audiovisuales locales y su relación tanto con los mercados de publicidad local, como con la pluralidad, la libertad de expresión y la vida democrática.

Finalmente, se reflexionó sobre la trascendencia de fortalecer la coordinación internacional entre autoridades de competencia para enfrentar los retos que plantea la presencia de competidores globales del ecosistema digital.

Aunque no siempre lo tenemos presente, para resolver un problema sencillo o complejo, se debe partir de plantear los cuestionamientos correctos. No tenemos respuesta aún -o al menos una respuesta definitiva- para una buena parte de las que he señalado, pero tienen la virtud de imponernos un deber de atención cuidadosa y ofrecernos una guía sobre las vías a seguir.

 

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Hasta 2041

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Reforma – Clara Luz Álvarez

Por renovar sus concesiones hasta el 2041, Televisa, TV Azteca y Multimedios pagarán más de 9,755 mdp. Es la primera vez que pagarán por usar las frecuencias para TV abierta. Tildado de regalo de fin de sexenio a las televisoras, de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ante la llegada de Andrés Manuel López Obrador quiso dar certidumbre a las televisoras, porque quien sabe qué pasará después, las prórrogas fueron procedentes, pero hay cuestiones que no dejan de llamar la atención de lo resuelto por el IFT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Veamos.

En teoría las contraprestaciones de concesiones de TV se basan en su valor de mercado, pero el mercado de TV no es el de los jitomates. El IFT tuvo que decidir entre tomar como referencia la licitación donde Imagen TV adquirió una cadena nacional (2015) o la última licitación para estaciones locales/regionales IFT-6 (2017). De haber optado referir a la licitación de Imagen TV, habrían pagado entre 13.6-15.4% más (Voto comisionado Adolfo Cuevas). El IFT, con la venia de la SHCP, optó por la última licitación haciéndole ciertos ajustes.

Ajuste 1. Donde los precios fueron arriba del valor mínimo de referencia (VMR) de la licitación, se hizo un descuento por considerar que eran valores atípicos. Resultado: varias rebajas como el caso de Puerto Vallarta por un 72.80%, por ejemplo (Cuevas). Si el resultado de la licitación se considera el valor de mercado, ¿por qué se redujeron los precios? Si el IFT apostó por el valor de mercado que arrojó la licitación IFT-6, por congruencia, debió dejar los precios que pagaron los ganadores.

Ajuste 2. En municipios donde se declaró desierta la licitación IFT-6, se asumió que el VMR había sido elevado, así que hizo otro descuento de 13%. Pero, ¿por qué evitó considerar que el declararse desierto podría obedecer a otras causas como el número de competidores, la madurez del mercado y los niveles de concentración tal como lo destacó Cuevas? Este ajuste en el caso de Monterrey tuvo como consecuencia que Televisa, TV Azteca y Multimedios paguen 12.8% menos que Imagen TV (Cuevas).

Ajuste 3. Existen concesiones de un mismo canal (p. ej. Azteca Uno, Canal de las Estrellas) que se “empalman” en una localidad y donde una persona puede recibir la señal de una estación o de otra, sin siquiera darse cuenta. En atención a que la contraprestación se fija también con base en el número de personas (audiencia) en la zona de cobertura, el IFT resolvió agruparlas para que las televisoras en lugar de pagar dos veces en esas localidades por canal, paguen una sola vez ya que la audiencia ahí realmente recibe una sola señal.

Aunque se reduzcan los ingresos que recibirá el Gobierno Federal, suena sensato. Sin embargo, sorprende que aparezca como si el agrupamiento hubiera sido una idea de Televisa y TV Azteca quienes casualmente y sin ponerse de acuerdo, presentaran la solicitud el mismo día, según las resoluciones del IFT. Esta casualidad más parece que desde el IFT les pidieron que para poder reducirles la contraprestación y sin que el IFT se viera oficioso, entonces ellos la pidieran para que el IFT accediera a su petición. ¿Qué habrá pasado?

Además, este agrupamiento es casi como formar cadenas nacionales, entonces, ¿por qué tomaron como referencia la licitación de estaciones locales/regionales en lugar de la cadena nacional de Imagen TV? Coincido con el comisionado Cuevas que es diferente el valor que una persona está dispuesta a pagar por un negocio en operación y valioso que aquella empresa nueva, que debe abrirse mercado, obtener audiencia y anunciantes. Y si bien el comisionado Gabriel Contreras refirió en la sesión del Pleno que la contraprestación debe reflejar la existencia de nuevas plataformas que compiten directamente con la televisión abierta y que los ingresos publicitarios se han reducido, esos argumentos no están ni en la resolución de prórroga, ni en la opinión de la SHCP.

Finalmente, aunque la ley señala que deben estar en cumplimiento de obligaciones para que se les prorrogue la concesión, Multimedios tenía incumplimientos y a Televisa omitieron revisar si cumplía sus obligaciones de preponderante. ¿Dónde quedó la ley?

*claraluzalvarez@gmail.com

@claraluzalvarez

claraluzalvarez.org

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