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El gobierno profundiza la concentración en telecomunicaciones

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Notas periodismo

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), aprobó definitivamente la fusión de las empresas prestadoras Cablevisión y Telecom, a partir de la cual los accionistas del Grupo Clarín serán los controlantes de esta última, permitiéndole ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, internet y televisión, en Capital Federal, Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

“Un año después de anunciada por los accionistas del Grupo Clarín, la fusión de Cablevisión/Telecom recibe la bendición del presidente Mauricio Macri”, señaló en su blog el especialista en medios de comunicación, Martín Becerra, quien también aseguró que la medida recibió críticas de empresas competidoras, organizaciones de la sociedad civil, representantes de audiencias y consumidores, y “una sospecha inicial que se confirma sobre la orientación de las políticas públicas en comunicaciones” implementada el gobierno nacional.

El organismo responsable de esta medida, que depende directamente de la Secretaría de Comercio que dirige Miguel Braun, días atrás había anticipado a varios competidores que aprobaría la fusión entre los dos gigantes de las telecomunicaciones, en lo que será la “mayor concentración de la historia de las comunicaciones en el país”, enfatizó Becerra.

Paradójicamente el titular de la CNDC, Esteban Greco, reconoció que este hecho “podría generar algunos riesgos para la competencia, ya que en determinadas zonas puede generarle ventajas” a la empresa fusionada. El mismo funcionario fue denunciado penalmente el pasado lunes a raíz de un pedido de indagación presentado por la abogada Liliana Zabala, por la posible comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, dado que “ha sido integrante de la GRP Economía, consultora especializada que aseroró a Telecom y Cablevisión en asuntos de negocios”.

En efecto, la resolución gubernamental ordenó a la nueva compañía devolver al Estado 80 Mhz (medida de la frecuencia de cada dispositivo mediático) de telefonía móvil, que actualmente superan el límite vigente. Entre otras cosas, también le autorizó ceder 140 mil clientes de la conexión a internet que prestaba Arnet (propiedad de Telecom) a la empresa Universo Net, en 28 localidades donde también opera Fibertel, cuya red es más potente. “Es funcional a los intereses de la [empresa] fusionada”, aseguró Becerra.

Además, la resolución no planteó nada sobre las ventajas que tendrá Telecom por ser sus dueños los únicos en la Argentina que operan en todos los segmentos de las comunicaciones: producción de papel de diarios (Papel Prensa S.A), manejo de las principales redes audiovisuales, telefonía fija y móvil, y finalmente la conexión a internet.

Esto es lo que distinguirá al Grupo Clarín de cualquier otro competidor, representando una posición única en toda América Latina. Según el especialista, “abre la oportunidad de distorsionar precios mayoristas y minoristas, acceso y exclusión de contenidos”, es decir, que ante la monopolización de un servicio, es la empresa fusionada la que tiene la capacidad de manejar aumentos en las tarifas y de marcar la agenda de contenidos.

La CNDC “facilitó los planes de los accionistas del Grupo Clarín al rubricar la autorización estatal como si el único segmento donde la amenaza de distorsión del mercado fuese la conexión a internet”, completó. Sin embargo, la televisión, por ejemplo, donde Clarín tiene una posición dominante, refuerza su poder como principal multimedio del país.

Finalmente, esta decisión gubernamental consagró la orientación de la política de comunicaciones dispuesta por los decretos y resoluciones desde la asunción del presidente Mauricio Macri, que rubricaron la adecuación de las normas a los intereses y necesidades de expansión de un gigante empresarial de la comunicación mediática como lo es el Grupo Clarín, y que “emerge de estos dos años y medio de gobierno con un poder nunca visto en la Argentina”, alertó Becerra.

Anteriormente, el Ejecutivo había creado el Ministerio de Comunicaciones, que luego fue disuelto y su titular, Oscar Aguad, pasó a dirigir la cartera de Defensa. También incumplió promesas al Congreso Nacional al proponerle reiteradas veces la redacción de un proyecto de ley integral de comunicaciones que, lamentable o intencionalmente, fue menos eficaz que aplicar medidas en favor del mercado.

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AMÉRICA LATINA

Designan nuevo presidente de Claro Dominicana

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elCaribe

La empresa de telecomunicaciones Claro anunció que América Móvil ha promovido a Oscar Peña como presidente de Claro Centroamérica, responsable de los mercados de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá y Costa Rica. Rogelio Viesca Arrache fue nombrado para dirigir la operación de Claro en República Dominicana, con efectividad el 16 de septiembre del presente año.

Viesca Arrache cuenta con 25 años de experiencia en telecomunicaciones y ha ocupado importantes  posiciones dentro de la corporación. Fue director de operaciones de Claro Brasil, presidente ejecutivo y CEO de Ecuador y Argentina, con responsabilidad directa de Paraguay y Uruguay. Actualmente se desempeña en Telcel México como director Regional Golfo y Sur. Su formación académica es en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones de la Universidad Iberoamericana de México, con postgrado en Finanzas y Marketing.

Desde la entrada de América Móvil en el año 2006, Claro Dominicana ha evidenciado un proceso de crecimiento y transformación con importantes innovaciones tecnológicas, así como un decidido enfoque hacia el servicio al cliente. Esto le ha garantizado el liderazgo y la preferencia del mercado en todas las líneas de negocio: fijos, datos, móviles y televisión de paga.

La empresa reafirma su compromiso de continuar con  un sostenido programa de inversiones para contribuir al desarrollo del país, a la calidad de vida de los dominicanos y al fortalecimiento del sector de las telecomunicaciones.

Sobre América Móvil

América Móvil, compañía líder de servicios de comunicación en América Latina y una de las más grandes del mundo en términos de suscriptores proporcionales y valor de capitalización en el mercado, con operaciones en 25 países de América y Europa. Al 31 de marzo de 2018, América Móvil contaba con 362 millones de líneas de acceso, que incluyen 279 millones de suscriptores móviles y 83 millones de unidades generadoras de ingreso fijas (telefonía fija, banda ancha y televisión de paga).

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AMÉRICA LATINA

Servicio del SRI en red

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El Mercurio

El Servicio de Rentas Internas (SRI) ha puesto a disposición de los contribuyentes la posibilidad de realizar y enviar las declaraciones de impuestos por medio de la internet.

La ventaja de utilizar este medio para cumplir con las obligaciones tributarias es que el sistema se encuentra disponible las 24 horas del día los 365 días del año y las declaraciones enviadas se las puede consultar por este mismo medio.

Adicionalmente, la declaración podrá ser realizada desde el primer día del mes y el pago se lo podrá hacer hasta la fecha del vencimiento, eliminando los problemas de digitación de las declaraciones hechas en papel.

Capacitaciones

Para acceder a este servicio es necesario que obtenga el DIMM formularios, el cual puede solicitarlo en cualquier oficina del SRI a nivel nacional o descargarlo en el “clic”, ingresando al portal web oficial del Servicio.

Además, para obtener mayor información es clave el tema capacitaciones tributarias, según Armando Lana, director zonal 6 del SRI. Detalló que en lo que va de 2018, la administración tributaria ha cumplido con más de 646 capacitaciones, lo que permitió beneficiar a más de 13.200 ciudadanos en las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. (ACR)-(I)

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AMÉRICA LATINA

$ 11.498 millones, tope a primeros interesados en acciones de Coltel

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El Tiempo

El Gobierno acaba de fijar las condiciones en que venderá el 32,5 por ciento que tiene en la empresa Telefónica, que controla a Colombiana de Telecomunicaciones (Coltel), participación con la que espera conseguir unos 2,3 billones de pesos.

Esta es la segunda mayor venta de activos de la nación de los últimos cuatro años, después del 57,6 por ciento que tenía en Isagén, por el cual recibió 6,48 billones de pesos del fondo canadiense Brookfield (2015).

“Si tomamos un periodo más amplio, la segunda (venta) pudo ser el 11 por ciento de Ecopetrol. El proceso lo estamos haciendo directamente en Hacienda. Cisa lleva las enajenaciones de participaciones menores al 10 por ciento”, según confirmó Camilo Barco, director general de Participación Estatal en el Ministerio de Hacienda.

La reglas de juego para la participación de los inversionistas interesados quedaron consignadas en el decreto 1215, expedido el pasado 12 de julio por el Ministerio de Hacienda.

Cada una de las 1.108’269.271 acciones que la nación tiene en esa compañía cuesta 2.075 pesos, por lo que el paquete completo le representará ingresos adicionales de 2,3 billones de pesos.

Tal como lo establece la Ley 226 de 1995, los primeros beneficiarios de la oferta accionaria serán los empleados y exempleados de Coltel o las firmas en que esta tenga participación.

También, los sindicatos y federaciones de sindicatos, fondos de empleados, fondos mutuos de inversión, fondos de pensiones y cesantías, entidades cooperativas, cajas de compensación familiar y, en general, entidades del sector solidario debidamente constituidas y reconocidas por las leyes colombianas.

Así las cosas, en esta primera etapa de venta, los interesados solo podrán adquirir hasta un máximo de 5’541.347 acciones, para lo cual tendrían que alistar unos 11.948 millones de pesos, según lo estipulado en el mencionado decreto.

Ese paquete de acciones representa apenas una participación del 0,5 por ciento de Coltel.

En el decreto expedido por Hacienda no se menciona una fecha precisa para el inicio de la primera etapa de enajenación de dicha participación de la nación en Coltel.
Sin embargo, advierte que una vez una o varias instituciones establezcan líneas de crédito o condiciones de pago para financiar la adquisición de las acciones, estas serán ofrecidas.

La venta hace parte del ‘Plan de enajenación anual global para la vigencia 2018’, presentado al Congreso de la República a finales de febrero pasado.

Además, el documento Conpes 3927 de 2018 establece que “(…) no es recomendable para la nación mantener participaciones minoritarias (…) y, en consecuencia, señala que el Gobierno debe priorizar la desinversión de aquellas sociedades con participación del Gobierno Nacional inferior al 50 por ciento”.

Entre los argumentos para la venta de esas participaciones minoritarias que la nación tiene en distintas empresas figura el hecho de que esas propiedades, en vez de generarle rentabilidad a la bolsa pública, le causan gastos y encarte, en la medida en que muchas no están entre los objetivos estatales.

Según la estatal Central de Inversiones (Cisa), la nación tenía en el 2016 acciones en 109 empresas, pero luego de algunas ventas adelantadas el año pasado, hoy solo quedan 106, muchas de estas con participación no mayoritaria.

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