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ANÁLISIS

Principales desafíos del sector TIC en el nuevo periodo presidencial en Colombia

Cristhian Lizcano

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Teniendo como eje fundamental la Ley de TIC del año 2009, durante el actual Gobierno Colombiano se adelantaron una serie de estrategias dirigidas a impulsar la masificación de las TIC en el país, en particular bajo el diseño y despliegue del Plan Vive Digital y el fomento del ecosistema digital y los diferentes ejes estratégicos que lo integran (infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios).

No obstante, los niveles de inversión en el sector TIC en Colombia han disminuido en forma constante durante varios trimestres consecutivos, según la información reportada por la industria, afectados en particular por la situación económica regional y los fallos judiciales adversos a la industria móvil sobre la reversión de bienes y activos de los contratos de telefonía móvil suscritos en 1993, lo cual conlleva la necesidad -en mi opinión, la obligación- en el nuevo periodo presidencial que iniciará el próximo 7 de agosto de impulsar acciones concretas que contribuyan eficazmente a superar ese entorno negativo para la inversión en el sector TIC.

Además, se deberán desplegar acciones estructurales para profundizar la transformación digital de las industrias y sectores económicos del país y, en general, fomentar estrategias y políticas públicas focalizadas y eficientes de acceso y conectividad y así contribuir al cierre de la brecha digital.

Para ello, como base fundamental, el sector TIC requiere la implementación de un plan de choque que genere señales claras de incentivo y de reconstrucción de la confianza de la inversión, lo cual demandará que el Ministerio TIC asuma un liderazgo en la estructuración de un conjunto de medidas y programas dirigidas a fomentar la ejecución de proyectos de cooperación público-privada, y para lo cual el manejo y la gestión eficiente de los recursos financieros del Fondo TIC se constituye en una herramienta clave, sino también el impulso de reformas normativas necesarias para adecuar el marco legal a la realidad del mercado convergente.

En el caso específico de los proyectos TIC, como ente rector del sector y encargado de las políticas públicas y la promoción y financiación de proyectos de cierre de brecha digital, el Ministerio TIC debe asumir un verdadero rol de banco estructurador de proyectos para que, de manera articulada con el sector privado, se puedan desarrollar o bien programas de acceso y conectividad bajo esquemas de cofinanciación de recursos del Fondo TIC o bien estructurar proyectos y hacer una oferta oficiosa de los mismos para que los agentes de la industria puedan postularse para el desarrollo de los mismos con base en esquemas de cofinanciación de recursos o a partir de reglas de imputación de las inversiones que se ejecuten contra los pagos que los operadores realizan por concepto de los permisos de uso del espectro radioeléctrico (obligaciones de hacer).

La reforma debe consolidar la creación de un organismo regulador convergente siguiendo las recomendaciones de la OECD

Por su parte, en cuanto a la reforma legal integral del sector TIC, es urgente proceder a la actualización del marco legal TIC establecido en 2009, garantizando de esa manera la convergencia de los sectores TIC y audiovisual en el marco legal, así como adecuar la estructura institucional del sector a los requerimientos del mercado convergente y, por último, incorporar medidas concretas de incentivos a la inversión (como la extensión de la vigencia de los permisos de uso del espectro, la eliminación del criterio de renta fiscal que hoy en día se aplica en los procesos de asignación de espectro, y la reducción y homogeneidad de las cargas económicas de los agentes del sector). Lo anterior, además del liderazgo que deberá tener el Ministerio TIC frente al Ministerio de Hacienda y el Congreso para lograr la reducción de las altas cargas impositivas y tributarias que se han impuesto en los últimos años a la prestación de servicios de comunicaciones, en especial de datos móviles.

En el caso específico de la reforma institucional, el nuevo marco legal debe garantizar que el Ministerio TIC realmente focalice su campo de acción en el diseño e implementación de medidas de políticas públicas para fomentar el acceso y la conectividad, en la promoción y financiación de los proyectos de cierre de la brecha digital a través de la administración eficiente del Fondo TIC, y en su rol de asesor técnico de TIC en el diseño y puesta en marcha de los proyectos de uso y aprovechamiento de las TIC en los diferentes sectores económicos y en las entidades territoriales.

A su vez, la reforma debe consolidar la creación de un organismo regulador convergente siguiendo las recomendaciones de la OECD, tomando como base la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que garantice una única visión regulatoria para los mercados de redes y servicios que integran el sector TIC, preservando su carácter técnico y asegurando la independencia frente al gobierno y las empresas reguladas en donde el Estado aún tenga participación accionaria.

Igualmente, dicha reforma legal integral debe asegurar la creación de un fondo único convergente de acceso y servicio universal para el sector TIC en su integridad, bajo líneas de acción focalizadas y con el diseño y puesta en marcha de proyectos con vocación de permanencia en el tiempo y en donde el sector privado participe activamente en su diseño y seguimiento.

Este tipo de medidas concretas de política pública podrán volver a poner a Colombia en el papel de liderazgo que en algún momento tuvo a nivel regional

Que entre sus líneas prioritarias garantice la operación y financiamiento de la televisión pública y los contenidos públicos multiplataforma, fondo que a partir de una planeación y ejecución óptima garantice que los recursos sean reinvertidos en beneficio del desarrollo del propio sector TIC y no que una gran parte de los mismos (en promedio entre 30 y 40% anualmente) sean objeto de transferencias al Tesoro Nacional, siguiendo para ello las recomendaciones formuladas en el estudio adelantado en 2017 por parte del Departamento Nacional de Planeación “Esquema de financiación para el sector TIC y audiovisual en el marco de la convergencia tecnológica y de mercados”.

Por último, la reforma legal debe corregir la situación que hoy se presenta y es que múltiples entidades hoy en día ejercen facultades de control y vigilancia del cumplimiento de las normas sectoriales y de imposición de sanciones, la cual resulta insostenible y perjudicial para la inversión, bien sea definiendo que el Ministerio TIC u otra de las entidades sectoriales asuma todas las funciones de control o vigilancia o bien mediante la creación de un ente especializado o Superintendencia TIC que consolide esas funciones y las ejerza bajo una única estructura y visión.

Finalmente, y no por ello menos relevante, el Ministerio TIC deberá adelantar el diseño e implementación de medidas estructurales para promover la cobertura de redes y servicios 4G en el país, para lo cual también el uso eficiente de los recursos del Fondo TIC se convierte en herramienta clave, y las cuales al menos deberían abarcar la implementación de las soluciones de conectividad de última milla derivadas de la puesta en marcha de la Red Nacional de Fibra Óptica y un proceso gradual de transición de apagado de las redes 2G, entre otras posibles iniciativas, además del desarrollo prioritario del proceso de asignación de espectro para servicios móviles en la banda de 700 MHz y así evitar que Colombia siga rezagándose en el otorgamiento de espectro en la región.

Este tipo de medidas concretas de política pública, sin lugar a dudas, podrán volver a poner a Colombia en el papel de liderazgo que en algún momento tuvo a nivel regional, a partir de la reconstrucción de la confianza de la inversión sectorial, y en especial dadas las responsabilidades que ha asumido en el marco de estrategias regionales como la Agenda Digital eLAC 2020 y el subgrupo de agenda digital de la Alianza del Pacífico, sólo por mencionar algunas de ellas.

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1 Comment

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  1. Juan Camargo

    junio 25, 2018 at 10:01 pm

    No propone nada nuevo. Un refrito de lo que ya se ha dicho durante muchos años. Lizcano es un dinosaurio que se quedo en las telecomunicaciones del siglo pasado.

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ANÁLISIS

¿Cuál es el verdadero valor de la nube para los negocios?

María Rosas Casillas

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Hoy nos enfrentamos a una economía diversificada, donde los mercados y audiencias se multiplican con necesidades cada vez más específicas y donde la digitalización ha gestado una oferta competitiva que crece rápidamente tratando de atender estas nuevas demandas. Según un estudio que realizó el Instituto de Valores de Negocio de IBM, para 2020, el 90 por ciento de los modelos de negocios van a necesitar estar en la nube para ser competitivos y afrontar los retos que impondrá la economía digital. 

En los últimos años la nube ha revolucionado y potencializado los negocios por sus múltiples beneficios: eliminar los altos costos que conllevaba comprar hardware y software para almacenar grandes cantidades de datos; la gran escalabilidad, es decir, atraviesa fronteras y la información en la nube puede ser utilizada en cualquier latitud. Asimismo, ha mitigado el tiempo que antes se invertía en almacenar y distribuir información y brinda confianza y seguridad al permitir recuperar información con mayor facilidad.

Pero va más allá de eso, hoy en día, la nube está mejorando y permitiendo la innovación como nunca antes, porque es sólo ahora que la nube proporciona a la Inteligencia Artificial y el aprendizaje automatizado análisis de data con bajo costo, almacenamiento virtualmente infinito y procesamiento de datos a alta velocidad.

En este contexto, la forma como las empresas están constituidas en la actualidad puede verse mejorada de manera exponencial si las cargas de trabajo se trasladaran a la nube. Y es que con servicios que dan un gran impulso a las corporaciones como Inteligencia Artificial, blockchain y análisis de datos, la nube necesita de un trato especial enfocado a las empresas, desde un grado de seguridad empresarial para mantener toda la información clasificada, hasta la apertura de portabilidad de datos y aplicaciones que sean compatibles con entornos en ella.

A este modelo se le conoce como Nube Híbrida y, según un estudio, 98 por ciento de las organizaciones planean pasar del cloud al multicloud híbrido dentro de tres años.

Quizá todo este proceso se escuche abrumador, pero en realidad su implementación no es el mayor reto al que nos enfrentamos. Una vez implementado, la unificación y el manejo de varios proveedores de nube puede llegar a ser muy complejo, incluso para empresas que tienen un proceso avanzado en términos de transformación digital.

Es por lo anterior que IBM lanzó nuevas herramientas y servicios de nube híbrida diseñados para ayudar a las empresas a explorar fácilmente las complejidades de este nuevo panorama y de una manera más sencilla, migrar, integrar y administrar aplicaciones y cargas de trabajo con todo lo necesario para que pueda existir tanto en una nube pública o privada.

Con esto, no sólo rompemos las barreras en cuanto a la posibilidad de integrar Inteligencia Artificial a las empresas, al permitir el uso de diferentes servicios de nube a través de la plataforma IBM Cloud Private for Data, sino que aquellas compañías que cuenten con sus finanzas, datos de sus consumidores e inventario en diferentes nubes tendrán todo integrado en un solo lugar que, además, es bastante ameno en su interfaz de uso.

Esto sólo se traduce en beneficios para las compañías, pues si sumamos las capacidades de la Inteligencia Artificial en la nube, los beneficios se triplican ya que las ventas pueden aumentar y los gastos se pueden reducir significativamente.

Es evidente que hoy cobra relevancia la interoperabilidad entre nubes, incluso las que provienen de diferentes compañías, para así promover sistemas abiertos, fáciles de implementar y seguros que generen confianza en la tecnología. Así pues, apostar por la apertura beneficia a las compañías en su proceso de transformación digital, facilita la creación de aplicaciones y plataformas, reduce costos y le da un verdadero valor a los negocios.  

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ANÁLISIS

América Latina y la guerra 4.0

Rodrigo Ramírez Pino

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La disputa comercial entre Estados Unidos y China ha revelado una nueva derivada de la tensión entre ambas potencias: la guerra 4.0 o la lucha por la hegemonía tecnológica del siglo XXI. Su primera batalla es quién obtiene el dominio tecnológico en el despliegue de las redes y servicios 5G.

La administración Trump puso en el centro de su ataque a Huawei, partiendo con la detención en Canadá de su directora financiera, acusando a la compañía de robo tecnológico y generando la sospecha global de espionaje y del mal uso de la información que haría la empresa China.

Hasta ahora, un par de países, que hace rato quedaron en la periferia del desarrollo de las plataformas tecnológicas, han recogido las sugerencias de Estados Unidos y han vetado a la compañía, bloqueado su participación en el mercado interno y han ido eliminando sus componentes de la red de comunicación móvil.

Lo cierto que aún no se conoce evidencia de esas acusaciones y Huawei sigue avanzando como referente del desarrollo de la arquitectura digital global.

Lo que esconden estas acusaciones es un enfrentamiento tecnológico de nueva generación, donde Occidente corre el riesgo de perder el liderazgo histórico de la innovación y el predominio del desarrollo de tecnologías, cediendo esta supremacía a manos de nuevos desafiantes y actores emergentes, en especial de China, que pasó de ser el paraíso de la copia y de la mala imitación a un gigante tecnológico mundial.

El país de Asia Oriental definió que su futuro dependía, en parte, del desarrollo de sectores claves de la economía y, para ello, y por su independencia, debía aplicar una alta tecnología para modernizar su base manufacturera, la robótica, la biogenética, los vehículos alimentados por nuevas energías, la aeronáutica espacial, la Inteligencia Artificial, la tecnología de la información, las redes de infraestructura.

En esta misma dirección avanza Corea e India. Las plataformas supranacionales Google, Amazon, Facebook y Apple lo saben hace rato.

La supremacía por liderar la revolución digital tiene en 5G su primera gran batalla emblemática. En el imaginario se instaló que quien primero conquiste esta nueva generación tecnológica tendrá el dominio y control del nervio central de la fábrica del futuro, de la industria inteligente, de la Inteligencia Artificial, Internet de las cosas; la salud digital, ciberseguridad, el control de las ciudades inteligentes, la movilidad y la energía.

El flujo del tránsito, el despliegue de nueva infraestructura, la conectividad masiva de dispositivos, sensores y artefactos y la gestión del transporte urbano; la llave maestra de la economía digital, la creación de nuevos empleos y la atracción de los fondos de inversión, el poder de la sustitución de los bienes y servicios tradicionales por sus equivalentes digitales. 

En medio de esta tensión geotecnológica, América Latina estará obligada a tomar partido y no debe dejarse intimidar. Mientras un par de países promueven el veto, el bloqueo, la restricción y la hegemonía tecnológica, nuestra región debe ser el referente de la neutralidad tecnológica, la igualdad de concurrencia de operadores, fabricantes, integradores, proveedores, agregadores, beneficiarse de esa oferta y generar las condiciones para que ocurra esa competencia.

La región debe aprovechar el contexto y construir una visión digital latinoamericana propia e independiente, que exprese el qué, cómo y dónde queremos estar en esta revolución digital, avanzar en el espacio digital común, de un mercado regional compartido, en la integración de los países para promover desarrollo, seguridad y confianza.

América Latina debe jugar un papel en la nueva gobernanza para la era digital, para ello debe tomárselo seriamente, mejorar las capacidades técnicas, ajustar los marcos regulatorios y construir una arquitectura legal que promueva la participación satisfactoria de cada país en este nuevo ecosistema. 

El proteccionismo no es un valor ni un aporte para el progreso de las naciones del continente. América Latina sabe quién termina pagando los costos de una guerra ajena, sabe quién termina recibiendo tecnologías de segunda mano, cerradas y amarradas a proveedores únicos.

América Latina sabe lo que implica que el ecosistema 5G llegue dividido a conquistar este territorio. Sabemos que significa retraso, marginación y exclusión.

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ANÁLISIS

Disney–Fox y la televisión restringida en México

Ramiro Tovar

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Alrededor del caso Disney–Fox se ha generado una discusión que omite varios aspectos fundamentales que, de considerarse, disminuirían las especulaciones e interpretaciones entre el coro de columnistas y editorialistas en los medios. Tales aspectos son los siguientes, a consideración de quien suscribe:

  1. Que es una transacción con causas de origen y efectos globales que responde a la evolución de la estructura de los mercados de propiedad, desarrollo y producción, comercialización y distribución de contenidos, en respuesta a las actuales y futuras plataformas digitales. En particular, en respuesta al advenimiento de competidores basados en servicios OTT (Over-the-top) como Amazon y Netflix. Disney tendrá un portafolio de contenidos que incluirán desde X-Men, Avatar, Toy Story, Mickey Mouse, hasta Marvel, National Geographic, Star Wars y el archivo legendario de películas de la 21th Century Fox. La rivalidad a no perder de vista es Disney vs. Comcast (que adquirió NBC Universal) e incluso con AT&T que adquirió Time Warner.
  2. Que cualquier condicionamiento que se imponga a la transacción de referencia debe de subordinarse a los tratados internacionales, en este caso todavía el TLCAN y en el corto plazo con USMCA o T-MEC, recientemente negociado, y que deberá ser ratificado por los congresos de los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, en fecha próxima.
  3. Que en México no hay convergencia plena. La regulación ha protegido al operador que concentra el mercado. Históricamente, ha existido un obstáculo a la competencia en televisión restringida que es singular respecto de cualquier otra jurisdicción nacional. Adicionalmente, esta plataforma de distribución basada en cable coaxial se encuentra protegida de la competencia potencial que le representaría la más extensa red de telecomunicaciones (DSL-FTTH) existente, Telmex, que sin duda ejercería presión competitiva que se traduciría en mejor oferta, más contenidos y menores precios (la TV de paga es el único servicio de telecomunicaciones que en lugar de bajar precios, sistemáticamente van a la alza) en beneficio de los usuarios.
  4. Que hasta la entrada de filiales de canales deportivos de productores no integrados a concesionarios de televisión en el país (Claro Sports, Fox Sports, ESPN), diferentes a los integrados a los contenidos producidos por Grupo Televisa, la competencia por la adquisición y transmisión de tales eventos en exclusiva era inexistente.  La posición dominante de tal agente económico en la operación de sistemas de cable en el país y la integración de canales deportivos, propiedad y exclusividad de eventos y clubes deportivos, son parte de su todavía persistente poder de mercado en televisión de paga y factor determinante en su poder de negociación en dos ámbitos: 1) nacional, frente a operadores independientes de sistemas de televisión restringida (cable o satelital) al proveerles de contenidos en términos y condiciones no competitivos y 2) respecto de los proveedores de contenidos extranjeros que contrata en exclusiva, en ambos casos, los menos favorecidos son los operadores independientes que tienen que pagar sobreprecios por esos contenidos que Televisa tiene en exclusividad.

La resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) respeto al caso Disney-Fox muestra una aplicación limitada de los criterios de competencia económica de la legislación nacional respecto de la consistencia con lo resuelto por otras autoridades en la materia en el resto del mundo.

La transacción de referencia ha sido aprobada en todo el mundo, sujeta a algunas condiciones, tanto en Estados Unidos como en Europa, China e India. Tales condiciones se han limitado a la desincorporación de la trasmisión de eventos deportivos locales o de relaciones contractuales como agentes de distribución de películas como proveedores en el mercado de exhibidores de cine como en el caso de México.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene que pronunciarse sobre los efectos de esta operación en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.

Sin embargo, ni Disney ni Fox son concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones o concesionarios de sistemas de radiodifusión, ni son accionistas en alguno de ellos, por lo que el IFT no podrá ir más allá de lo que la Cofece ha resuelto aplicando los criterios de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) respecto al análisis con fines preventivos de las adquisiciones o fusiones entre agentes económicos.

El IFT, adicionalmente, podría actuar respecto de sus facultades asociadas a “derechos de las audiencias”, pero para ello no requiere, ni podría, resolver medidas tales como condicionar la transacción a desincorporación de activos o imponer ciertas restricciones contractuales en sus relaciones con concesionarios de telecomunicaciones o radiodifusión.

Este caso una es clara evidencia del conflicto competencial y de la incertidumbre que puede generar la existencia de ambos órganos autónomos reguladores en materia de competencia.

La salida a lo que implica esta operación no es el artículo 5º de la LFCE que establece que sólo una entidad, entre la Cofece y el IFT, tendrá competencia en un caso que conozca una u otra, y que serán los Tribunales Colegiados de Circuito Especializados en Materia de Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, los que fijarán a cuál le corresponde el caso, pues las facultades y atribuciones de una y otro son distintas.

Por ejemplo, la Cofece es competente y se ha pronunciado respecto de esta operación en los mercados de: a) distribución de películas para salas de cine; b) licenciamiento de contenidos y música para entretenimiento en el hogar para su adquisición y descarga directa; c) entretenimiento en vivo; d) licenciamientos de derechos de propiedad intelectual para libros, revistas, videojuegos, entre otros, pero no así para los efectos de la operación en las  redes de telecomunicaciones.

Por otra parte, en los eventos deportivos, Fox Sports es una alternativa a los canales de televisión restringida de tal género de contenidos pero que están integrados al mayor operador de sistemas de cable del país.

La existencia de contenidos deportivos de producción independiente ha incrementado la variedad y la diversidad de opiniones alrededor de tales eventos. Desincorporar la cobertura de eventos deportivos nacionales producidos por Fox significaría una regresión en la competencia y, por lo tanto, pérdida de variedad en dicho segmento de contenidos.

Al respecto, el Presidente López Obrador expresó: “lo que más me preocupa es que se cobre por ver el futbol, no es mi deporte favorito, pero sí mucha gente ve el futbol, no vaya a suceder de que se dé una autorización que afecte a los consumidores, a los aficionados del futbol”… ”Si afectan al futbol pues no, que se revise este asunto, que se discuta, que se debata; sí son organismos autónomos, pero no son infalibles, no son como el castillo de la pureza, que se vea qué están haciendo y todos tenemos derecho a conocerlo”.

Con tal preocupación en la mira, la operación Disney–Fox puede aumentar su poder de negociación como proveedores de contenidos frente al dominio de operadores de cable como Grupo Televisa, que han ejercido poder sustancial de facto en la distribución y transmisión de eventos deportivos por sus canales abiertos y restringidos, lo que ha derivado en tratamientos diferenciados entre los sistemas de cable integrados e independientes y la persistencia de rentas supra competitivas en el servicio de televisión restringida. Con ello, ha apalancado mayores márgenes dado que el aumento real en las tarifas aplicadas a sus suscriptores es menor que el incremento real en la adquisición de contenidos y programación de entidades nacionales independientes y extrajeras, como son Disney y Fox.

Si el objetivo es menores precios en televisión restringida, incluidos eventos deportivos, y programación exclusiva, se debe antes eliminar la añeja barrera a la entrada a la convergencia de servicios (triple play), permitiendo la concurrencia a todas las redes de telecomunicaciones basadas en cualquier tipo de plataforma tecnológica (DSL, FTTH, móvil, satelital o híbridas).

Tal es el obstáculo de relevancia, antes que esperar resoluciones que favorezcan la posición negociadora de los protegidos por dicha barrera a la entrada desde principios de los años noventa, y que han estado explotando la excepción del artículo 9º transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, respecto al debido proceso de análisis de competencia en sus adquisiciones de sistemas de cable por todo el territorio nacional.

No desviemos la mirada de donde existe realmente un impedimento a la competencia: la permanencia de privilegios injustificados a quienes pueden ofrecer triple play y quienes no; así como tampoco respecto a que la competencia global se dirige al streaming o servicios OTT, por lo que la convergencia de servicios para todas las redes es una condición necesaria.

Sin duda, la solución en México es la tan dilatada pero tan necesaria como anhelada convergencia plena, antes que cualquier otra.

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