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AMÉRICA LATINA

“Sabor agridulce” dejó retiro de proyecto que creaba nueva autoridad para las comunicaciones

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El Espectador

“Un sabor agridulce”, en palabras del ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) encargado, Juan Sebastián Rozo, quedó en el gobierno nacional después del retiro del proyecto de ley que creaba una nueva autoridad para las comunicaciones en el país, conocida como “regulador convergente”. La propuesta legislativa, por petición del Mintic, se hizo a un lado este martes en el Congreso de la República.

La razón del desencanto, según Rozo, es que desde 2016 el gobierno, junto con diferentes actores de la industria, venía trabajando en el proyecto, que buscaba crear una única entidad que fusionara la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV, que habría sido liquidada) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC, que habría tenido modificaciones y adquirido nuevas funciones).

En efecto, en la discusión, ha habido relativo consenso en que una nueva entidad es necesaria en tiempos en que el consumo de contenidos y los modelos de negocio tradicionales (canales de TV, operadores de telefonía, entre otros) han cambiado a raíz de la aparición de servicios como Netflix o Whatsapp, plataformas conocidas como OTT (over-the-top) porque operan a través de internet.

“Queda el sabor amargo de no haber podido darle al país en esta legislatura un nuevo regulador convergente que responda a esa nueva y veloz dinámica que tiene todo el ecosistema y la industria de contenidos audiovisuales, de telecomunicaciones y de tecnología, no solo en Colombia sino en el mundo”, dijo Rozo.

Pero, por otro lado, las autoridades se declararon satisfechas con el retiro del proyecto, debido a que la ponencia que preparó el Senado de la República incluía cambios “sustanciales”, que, según el Mintic, la ANTV, los canales regionales, entre otros, habrían desfinanciado la televisión pública, en unos $123.000 millones solo hablando de 2019.

Otros sectores, como la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) y el gremio de operadores móviles, Asomóvil, habían negado que ese déficit ocurriría y estaban de acuerdo con que el trámite del proyecto de ley continuara.

Asimismo, señalaban un estudio del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que respaldaba modificaciones introducidas en el articulado por el ponente, Mario Fernández Alcocer, del Partido Liberal, como la creación de un único fondo de recursos que fusionara aquellos con los que actualmente se financian la TV pública (el Fontv) y el desarrollo tecnológico del país (Fontic). A estos aportan empresas como los operadores de televisión por suscripción y los operadores de telefonía móvil, y su existencia por separado se mantenía en el proyecto original del Mintic.

“Desafortunadamente en esta ocasión se ha perdido la oportunidad para fortalecer el sector de las TIC en general, así como la televisión pública hacia adelante. Sin embargo, a partir del 7 de agosto trabajaremos de la mano con el nuevo gobierno para sacar adelante esta reforma institucional que es tan necesaria para asegurar la continua inversión hacia el sector para muchos años”, dijo Alberto Samuel Yohai, presidente de la CCIT.

Según Ángela María Mora, directora de la ANTV, la entidad que lidera nunca se ha opuesto a la creación del regulador convergente. “Sabemos que es una necesidad, pero, a costa de esto, no se podía acabar con la televisión pública”, afirmó.

En vista de que el próximo 20 de julio se instala el nuevo Congreso de la República y el 7 de agosto, un nuevo gobierno, Mora añadió que: “ya están todos los estudios que se hicieron desde la ANTV, Mintic, incluso el del DNP, y le corresponderá a un nuevo ministro o ministra entrar a mirar qué se puede hacer con eso”, teniendo en cuenta que “el regulador convergente es una necesidad”.

Tanto Mora como Rozo estuvieron de acuerdo en que seguir con la discusión y presentar un nuevo proyecto de ley debe estar entre las principales tareas de quien llegue a ocupar el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El ministro encargado, quien calificó de “obligación moral” haber pedido el retiro del proyecto, afirmó que este será punto clave en el empalme con el próximo gobierno.

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AMÉRICA LATINA

Gobierno y el BID afinan cuatro componentes de Agenda Digital

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La Tribuna,

La Agenda Digital propuesta por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Honduras tendrá cuatro componentes, identidad digital, servicios de gobierno electrónico, economía digital e infraestructura de banda ancha, adelantó el representante de ese organismo internacional, Eduardo Almeida.

“Será una inversión de Honduras con alto impacto para los hondureños” destacó Almeida a través de su cuenta de Twitter.

La semana anterior, una misión de especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo y representantes del gobierno hondureño se reunieron con el propósito de diseñar la operación de esa Agenda Digital.

Por su parte, la secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, confirmó que afinan los detalles de un proyecto que apoyará el proceso de identificación nacional, además del Gobierno Digital y los Distritos de Innovación.

La misión del BID estuvo conformada por David Mogollon, Zara Piñero de la Unión Europea (UE) y Eduardo Almeida.

La Agenda Digital en Honduras, según analistas, abriría oportunidades y condiciones necesarias para el uso masivo de tecnologías disruptivas (de disruptivo, que produce ruptura brusca) a fin de competir contra una tecnología dominante, buscando una progresiva consolidación en un mercado.

El proyecto tiene un componente muy importante en infraestructura, de banda ancha para reducir los precios y mejorar la calidad de internet, un componente de servicios digitales y el tercer componente tiene que ver con el sector privado, que es la relación de economía digital.

La V Reunión Ministerial de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe y XII Reunión Anual de la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe (Red GEALC), celebrada a finales de 2018 en Panamá abordó este tema.

Ministros, autoridades y expertos discutieron acerca de las lecciones aprendidas, tendencias y perspectivas regionales en material de gobierno digital, y cómo los países de la región pueden aprovechar la aplicación de tecnologías emergentes para mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos. (WH)

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AMÉRICA LATINA

ATT remarca obligación de transmitir mensaje

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Los Tiempos

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) recordó ayer que las operadoras de radio y televisión del país, de señal abierta, deben transmitir el mensaje del presidente Evo Morales el próximo martes, 22 de enero, que se recuerda el Día del Estado Plurinacional.

“La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes-ATT recuerda a los operadores de señales de audio y video (radio y televisión abierta) y distribución de señal de audio y video (…), se encuentra en la obligación de realizar la transmisión en cadena y en su totalidad del mensaje oficial del presidente Evo Morales, a realizarse el 22 de enero”, remarca la ATT.

EVO DESTACARÁ 13 AÑOS DE GESTIÓN

El presidente Evo Morales pondrá en relieve este martes, durante un mensaje, los logros alcanzados en los últimos 13 años de su gestión, versus 180 años anteriores.

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AMÉRICA LATINA

Echan a subgerente de Entel tras denuncia por compra irregular

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Los Tiempos

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) destituyó a la subgerente de Adquisiciones, Silvia Funes Machicado, 21 días después de que el periodista Raúl Peñaranda de Brújula Digital publicara que la estatal realiza licitaciones para comprar e instalar equipos a empresas de seguridad sin exigir a éstas licencia de funcionamiento.

La funcionaria recibió la carta de retiro firmada por el gerente general de Entel, Oscar Coca, el pasado 11 de enero.

Una fuente vinculada a la empresa pública informó al portal RimayPampa que el despido de esta funcionaria “es una consecuencia de la compra de cámaras de seguridad sin cumplir la norma”.

El 21 de diciembre pasado, Brújula Digital publicó la nota titulada: “Licitación de Entel para contratar empresas de seguridad no exige a las firmas ser legalmente reconocidas”.

En ella advirtió que las licitaciones de la estatal no exigen a las empresas ofertantes autorización y licencia acorde al Reglamento Operativo para las Empresas Privadas de Vigilancia (Roepv), aprobado por el Ministerio de Gobierno el 4 de febrero de 2013 mediante Resolución Ministerial (RM) No 021 B/2013.

Sin embargo, en los pedidos de cotizaciones 112/2018 y 163/2018 y en la licitación pública 084/2018 de Entel, no se exige a las empresas estar “debidamente autorizadas”.

La publicación de esta información causó una amenaza de juicio penal por parte de Entel contra Peñaranda.

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