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AMÉRICA LATINA

IVA a extranjeras, más allá de plataformas digitales

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El Colombiano-Natalia Cubillos Murcia

Las aplicaciones digitales solo son un aspecto de la economía que representa la proveeduría de servicios desde el exterior en Colombia.

La aclaración es importante si se tiene en cuenta el revuelo que se generó la semana pasada con el anuncio de que se gravarían con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) los servicios prestados por aplicaciones digitales.

En el Ministerio de Hacienda reposa un borrador de decreto (es decir no está en firme ni tiene fecha próxima de aplicación), en el que se modifica el Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria y, entre otros aspectos, se busca que el IVA sea gravado a las empresas domiciliadas en el exterior que presten servicios en Colombia, y plantea la conformación de un Registro Único Tributario para las obligaciones ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Según ha expresado el director de la Dian, Santiago Rojas, lo que se busca es igualar las condiciones de las empresas locales e internacionales.

“Para los consumidores significará un incremento en los servicios que pagan por plataformas que les presten servicios de streaming (transmisión de contenidos multimedia por medio de Tecnologías de Información y Comunicación) y clouding(Servicios de procesamiento y repositorio de datos)”, aseguró el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Medellín, Luis Fernando Agudelo.

Inclusive, explicó, “existe una discusión asociada en los servicios de Software as a Service, o servicios de utilización de un software desarrollado por terceros y por utilización”.

Si se analizan las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el año pasado la importación de servicios llegó a 11.693 millones de dólares, sin incluir filiales, con un porcentaje importante de viajes de 5.368 millones de dólares.

En el tintero quedan preguntas sugeridas por el profesor. ¿Qué actividades deberían facturar y pagar? En el caso de plataformas la decisión, según Agudelo, debería estar basada en aspectos como: uso de dominio local (.co), existencia de plataforma corporativa local, opciones de pago local, número de usuarios (significativo), y transacciones realizadas por ellos.

Otro aspecto, que referenció es el caso del cumplimiento de obligaciones, que se tiene que hacer a través del RUT que exige el uso de documentos originales y traducidos al español, y que de venir del exterior requerirían apostilla. “Es decir, los representantes legales globales de las plataformas deberán firmar un formulario en español y enviarlo en original autenticado y apostillado”, dijo.

Y hay otro problema sobre la definición del impuesto de renta “probablemente estas plataformas pagarán el IVA que recauden, pero qué garantía tenemos (…) de que paguen impuesto de renta por los ingresos y utilidades de sus operaciones en Colombia, habría un desequilibrio entre quienes operan desde el país y lo hacen desde afuera”, dijo.

Capítulo aparte, es lo concerniente a los retos que suscitan unas normas fáciles de aplicar, la identificación de qué plataformas y servicios están incluidas y cómo se prepara el sistema financiero (tradicional y digital) ante estos cambios.

IVA y TLC

El comercio de servicios se clasifica en cuatro modos, entre los que se puede dar el negocio: sin necesidad de implicar un desplazamiento; a través del consumo en el extranjero (por ejemplo a viajeros); una presencia comercial, con filiales, o con el desplazamiento físico del proveedor (ver Glosario). Estos tipos también son negociados a través de acuerdos de libre comercio.

Desde esta perspectiva, para Camilo Pérez, profesor de negocios internacionales de la Universidad Eafit, la imposición de IVA, no es más “que el trato nacional que se proclama con estos acuerdos (…) es congruente y no está generando unas condiciones adicionales o de reestructuras”.

Otra es la posición de Mauricio Escobar, gerente de Escobar Salas Consultores, quién aseguró que si bien el objetivo es legítimo, “la medida va en contra de los propósitos que se han negociado (…) es restrictiva e impone trabas” lo que a la larga podría desestimular la integración de Colombia en la economía digital.

Finalmente, no hay acuerdo entre los expertos sobre los beneficios de esta medida y su aplicabilidad; no obstante, hay una clara intención de iniciar la formalización y regulación de estas actividades, en pro de igualar la competencia y aumentar el recaudo .

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AMÉRICA LATINA

Gobierno y el BID afinan cuatro componentes de Agenda Digital

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La Tribuna,

La Agenda Digital propuesta por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Honduras tendrá cuatro componentes, identidad digital, servicios de gobierno electrónico, economía digital e infraestructura de banda ancha, adelantó el representante de ese organismo internacional, Eduardo Almeida.

“Será una inversión de Honduras con alto impacto para los hondureños” destacó Almeida a través de su cuenta de Twitter.

La semana anterior, una misión de especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo y representantes del gobierno hondureño se reunieron con el propósito de diseñar la operación de esa Agenda Digital.

Por su parte, la secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, confirmó que afinan los detalles de un proyecto que apoyará el proceso de identificación nacional, además del Gobierno Digital y los Distritos de Innovación.

La misión del BID estuvo conformada por David Mogollon, Zara Piñero de la Unión Europea (UE) y Eduardo Almeida.

La Agenda Digital en Honduras, según analistas, abriría oportunidades y condiciones necesarias para el uso masivo de tecnologías disruptivas (de disruptivo, que produce ruptura brusca) a fin de competir contra una tecnología dominante, buscando una progresiva consolidación en un mercado.

El proyecto tiene un componente muy importante en infraestructura, de banda ancha para reducir los precios y mejorar la calidad de internet, un componente de servicios digitales y el tercer componente tiene que ver con el sector privado, que es la relación de economía digital.

La V Reunión Ministerial de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe y XII Reunión Anual de la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe (Red GEALC), celebrada a finales de 2018 en Panamá abordó este tema.

Ministros, autoridades y expertos discutieron acerca de las lecciones aprendidas, tendencias y perspectivas regionales en material de gobierno digital, y cómo los países de la región pueden aprovechar la aplicación de tecnologías emergentes para mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos. (WH)

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AMÉRICA LATINA

ATT remarca obligación de transmitir mensaje

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Los Tiempos

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) recordó ayer que las operadoras de radio y televisión del país, de señal abierta, deben transmitir el mensaje del presidente Evo Morales el próximo martes, 22 de enero, que se recuerda el Día del Estado Plurinacional.

“La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes-ATT recuerda a los operadores de señales de audio y video (radio y televisión abierta) y distribución de señal de audio y video (…), se encuentra en la obligación de realizar la transmisión en cadena y en su totalidad del mensaje oficial del presidente Evo Morales, a realizarse el 22 de enero”, remarca la ATT.

EVO DESTACARÁ 13 AÑOS DE GESTIÓN

El presidente Evo Morales pondrá en relieve este martes, durante un mensaje, los logros alcanzados en los últimos 13 años de su gestión, versus 180 años anteriores.

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AMÉRICA LATINA

Echan a subgerente de Entel tras denuncia por compra irregular

Mediatelecom

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Los Tiempos

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) destituyó a la subgerente de Adquisiciones, Silvia Funes Machicado, 21 días después de que el periodista Raúl Peñaranda de Brújula Digital publicara que la estatal realiza licitaciones para comprar e instalar equipos a empresas de seguridad sin exigir a éstas licencia de funcionamiento.

La funcionaria recibió la carta de retiro firmada por el gerente general de Entel, Oscar Coca, el pasado 11 de enero.

Una fuente vinculada a la empresa pública informó al portal RimayPampa que el despido de esta funcionaria “es una consecuencia de la compra de cámaras de seguridad sin cumplir la norma”.

El 21 de diciembre pasado, Brújula Digital publicó la nota titulada: “Licitación de Entel para contratar empresas de seguridad no exige a las firmas ser legalmente reconocidas”.

En ella advirtió que las licitaciones de la estatal no exigen a las empresas ofertantes autorización y licencia acorde al Reglamento Operativo para las Empresas Privadas de Vigilancia (Roepv), aprobado por el Ministerio de Gobierno el 4 de febrero de 2013 mediante Resolución Ministerial (RM) No 021 B/2013.

Sin embargo, en los pedidos de cotizaciones 112/2018 y 163/2018 y en la licitación pública 084/2018 de Entel, no se exige a las empresas estar “debidamente autorizadas”.

La publicación de esta información causó una amenaza de juicio penal por parte de Entel contra Peñaranda.

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