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Gobiernos quieren más cobertura de servicios; operadores piden menos impuestos

Efrén Páez

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Varadero, Cuba. Uno de los principales retos para el despliegue de redes de banda ancha en zonas rurales y remotas está relacionado con los costos de infraestructura, de espectro, dispositivos, etcétera.

Mientras los gobiernos intentan crear fondos de cobertura universal o ingresar directamente al mercado, los operadores piden reducción de los costos del espectro y el pago de impuestos para enfrentar el reto de la conectividad.

Una de las experiencias que ha llamado más la atención de la industria es el caso de la Red Compartida en México, donde el gobierno condonó hasta 90 por ciento el costo del espectro, a cambio de que el operador concesionario (Altán Redes) diera cobertura a 92.2 por ciento de la población en México.

Para José Juan Haro, director de políticas públicas y negocio mayorista para Latinoamérica de Telefónica, el caso de la Red Compartida reconoce precisamente que es necesario reducir la estructura de costos de la provisión de servicios.

“Es un reconocimiento que operar a los niveles de precio de los operadores comerciales hace inviable atender a toda la población de México. ¿Qué pasaría si todos los operadores accedieran al mismo descuento, probablemente la cobertura sería mejor?”, consideró el directivo.

Sin embargo, Edgar Olvera, subsecretario de Comunicaciones de México, cuestionó si realmente los descuentos en espectro y reducciones de impuestos a operadores serían suficientes para impulsar el despliegue de redes, ya que en el caso de la Red Compartida, se impusieron obligaciones específicas de cobertura desde la propia ley y el título de concesión.

“La cuestión es si solo la reducción (en el costo del espectro) es suficiente para el despliegue”. Explicó que bajo un entorno de fuerte competencia se puede esperar que el operador tenga los incentivos para invertir los fondos disponibles de un descuento del espectro y trasladar los beneficios al usuario, de lo contrario, éstos recursos podrían no ser utilizados de manera más eficiente.

“Si no existen las condiciones de competencia adecuadas ¿cómo atamos que la reducción vaya al usuario?”, cuestionó, al considerar que “esas fórmulas son peligrosas porque se le pudieran poner al operador ataduras más excesivas que pagar por el espectro”.

Haro presionó al señalar que los ministerios de Hacienda en la región gravan 50 por ciento más a las telecomunicaciones que otras industrias. “Así como la Red Compartida, si nosotros como operadores tuviéramos la opción de decidir pagar, no menos, pero los mismos impuestos que otras industrias a cambio de contribuir más a la expansión del servicio, seríamos los primeros en la fila”, afirmó.

En ese sentido, Olvera añadió que no se ha “logrado convencer a recaudadores que la reducción (de impuestos) se va a reflejar en un mayor consumo, y lo que es definitivo es no meter más gravámenes y reducirlos para que la demanda florezca”.

Por otro lado, Olvera destacó las dificultades de expandir el servicio en México y la dificultad de adaptar modelos de otros países a las características del país.

Explicó que en México 10 por ciento de la población vive en 160 mil localidades de las 172 mil totales. “Significa que la población está dispersa a lo largo y ancho del país y no hay manera física de llegar a ellos bajo condiciones económicas factibles, por dispersión y orografía del país”.

Agregó que lo que se intentó con la Red Compartida es llegar a 92.2 por ciento de la población, si bien aún queda 7.8 por ciento a la que es igualmente difícil de llegar con servicios. “Llegar a ese 7.8 por ciento implicaría hacer la misma inversión que llegar a 92 por ciento. Y aún al llegar, se tendrá el problema de que la población pueda pagar por servicios o dispositivos”, señaló.

Por otro lado, Haro cuestionó también que la recaudación por licitaciones de bandas de espectro no se utilice en la expansión de los servicios, o que “se destinan a la replicación de infraestructura de privados como la red dorsal en Perú”, a la vez que surgen problemas de sostenibilidad económica en proyectos de red financiados por el gobierno, como Azteca Perú y Azteca Colombia, pero que nadie usa.

Adicionalmente, enfatizó en que los operadores privados están en mejor posición para expandir las redes de telecomunicaciones, lo que se ha demostrado con más de 25 años desde la privatización de la industria en la región.

“Es infinitamente superior confiar en la iniciativa privada, en lugar de pretender que los Estados pueden hacerlo mejor que organizaciones pensadas específicamente para eso. La mejor política pública es reducir los costos que enfrentan los privados”, indicó.

Otro de los retos identificados por los panelistas fue la dificultad regulatoria para la expansión de la infraestructura. Nelson Guillén, miembro del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel), señaló que en la experiencia de la República Dominicana se han encontrado con barreras puestas por las propias comunidades para el despliegue de redes, por ejemplo, la imposibilidad de instalar radiobases por temores a la salud.

En ese sentido, dijo que el Indotel ha buscado ser mediador entre operadores y gobiernos locales, para lo que se impulsa un proyecto de ‘ventanilla única’ para que el regulador se encargue de canalizar los requerimientos de los operadores para el despliegue de infraestructura.

Olvera añadió que se requiere de la colaboración entre entidades públicas y privadas y que el Estado no tiene que colaborar necesariamente con financiamiento, sino otros activos como edificios públicos para llegar donde sea posible. “La primera gran mezcla es con todo el ecosistema de telecomunicaciones para que podamos llegar juntos hasta donde sea posible, entre recursos públicos y privados”, afirmó.

En el caso de la operación de Telefónica y su papel en la expansión de redes, Haro mencionó que la propia operadora está identificando cuellos de botella de carácter operativo, así como otras características de las redes adaptadas a zonas rurales, al considerar que las estaciones base vienen articuladas para atender grandes dimensiones de población.

“No solo hay que pensar en cuestiones de temas tecnológicos, sino también en aspectos comerciales, y llegar a esas personas requiere cooperación con comunidades”, agregó.

Por su parte, Allan Ruiz, secretario ejecutivo de Comtelca, indicó que desde la organización se está impulsando una iniciativa para que los desarrollos de infraestructura vial contemplen el desarrollo de infraestructura para banda ancha. “Eso no se logra porque no hay políticas o lineamientos transversales para lograrlo (en ningún país). En el sector eléctrico tampoco existen políticas claras para usar la postería en beneficio del despliegue de la banda ancha”, explicó.

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Así funcionan los mercados competidos y mayorista de fibra de Telefónica en España

Mediatelecom

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En España existe un regulación establecida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para las redes de fibra óptica de Telefónica, para que tanto el operador como sus competidores configuren los precios de sus servicios. La Comisión indicó que la NEBA local (acceso virtual a su red de fibra) y el test de replicabilidad ya se encuentran en funcionamiento.

Desde hace años, los operadores de telecomunicaciones fijan libremente los precios de los productos que ofrecen a sus clientes. Telefónica también puede hacerlo pero dada su condición de operador con poder significativo de mercado, tiene que cumplir una serie de obligaciones.

La CNMC dividió el mercado de fibra en dos zonas: la competitiva, formada por 66 municipios y la no competitiva, formada por el resto de España.

En la zona competitiva, Telefónica no está obligada a prestar ningún servicio mayorista a sus competidores. Sin embargo, en la zona no competitiva, Telefónica debe ofrecer al resto de los operadores un servicio mayorista sobre fibra óptica llamado NEBA local. Esa oferta mayorista permite que los operadores rivales de Telefónica puedan ofrecer fibra óptica a sus clientes en “igualdad de condiciones”.

Telefónica determina tanto los precios a sus clientes finales como los precios del servicio mayorista NEBA local, con vigilancia del regulador.

Recientemente, la CNMC aprobó los precios propuestos por Telefónica para los servicios mayoristas NEBA local y NEBA fibra.

El regulador comprobó que dichos precios superan el “test de replicabilidad económica”, lo cual significa que un operador alternativo que utilice sus servicios mayoristas de fibra puede ofrecer un servicio equivalente a un precio similar.

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Se reactivan las discusiones por sanciones a ZTE en el Senado

Elizabeth Salazar

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El Senado de Estados Unidos aprobó una enmienda al proyecto de Ley de Defensa que amenaza con hacer fracasar el acuerdo del Departamento de Comercio (DoC) para levantar las sanciones comerciales contra ZTE, restableciendo el bloqueo a las compañías estadounidenses que venden componentes a ZTE.

El Proyecto de Ley de Defensa pasará ahora a la Cámara de Representantes (HoR), que ya aprobó una versión de la legislación propuesta sin incluir la prohibición de ZTE.

Ambas versiones deben ser negociadas entre el Senado y la Cámara, formando una versión consistente que será enviada al Presidente para la aprobación final.

Aunque Trump vete el proyecto del Congreso, con apoyo suficiente de ambas cámaras, puede ser anulado y dicho proyecto se convertiría en ley.

La empresa china acordó pagar una multa de mil millones de dólares, cumplir con las medidas exigidas por las autoridades estadounidenses, reiniciar la negociación de sus acciones y reanudar las operaciones comerciales suspendidas cuando fue sancionada.

Sin embargo su panorama no es claro y sufrió otro golpe al precio de sus acciones en la bolsa de valores de Hong Kong, cayendo 24 por ciento el lunes, mientras que las cotizadas en Shenzhen cayeron 10 por ciento, por lo que su situación aún no empieza a resolverse.

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NEGOCIOS

Trump promete no aranceles a iPhones armados en China

Elizabeth Salazar

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El gobierno de Estados Unidos acordó con el CEO de Apple, Tim Cook, que no colocará aranceles a los iPhones ensamblados en China, comentó The New York Times, de acuerdo con una fuente familiarizada con el asunto.

En mayo Cook visitó la Casa Blanca para discutir con Donald Trump y sus asesores económicos las políticas comerciales con China, su oposición a cualquier arancel a los productos de ese país, además de externar su preocupación por las represalias que el país asiático pueda tomar y la afectación de éstas a su creciente negocio en ese país.

Ni Apple ni la Casa Blanca han hecho comentarios al respecto.

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