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AMÉRICA LATINA

El FA acusa a la oposición de querer bloquear la Ley de Medios

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La República 

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (mal llamada Ley de Medios) se aprobó en diciembre de 2014. Sin embargo, ya pasaron 4 años y aún no se ha implementado en su totalidad. El último episodio fue que la Asamblea General tenía que votar a los cuatro integrantes del Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA). Sin embargo, la oposición no asistió a la sesión e incluso algunos de sus integrantes afirmaron que si ganan las elecciones, la derogarán.

Desde el Frente Amplio (FA) se concibe que la derecha pretendió bloquear -como viene haciéndolo desde hace tiempo con los recursos de inconstitucionalidad- la normativa. Los senadores Rubén Martínez Huelmo, Mónica Xavier, Daniela Payssé y Constanza Moreira declararon a LA REPÚBLICA que la oposición quiso “mancillar la Ley”, ha “tergiversado” las cosas y ha pretendido “demonizar” el tema. Incuso señalaron que el FA intentó acordar con ellos, pero “las propuestas nunca les parecieron suficientes”.

En este sentido, Huelmo declaró a LA REPÚBLICA que la posición de la derecha fue “muy desproporcionada”, ya que “demonizó a la Ley”. Asimismo, recordó que la derecha siempre le quiso asignar inconstitucionalidades a la normativa. Dijo que en algunas ocasiones la Suprema Corte prestó atención a sus reclamos y en otras no, por lo que la “Ley está plenamente vigente sin ningún tipo de mácula”. “Lo que quisieron hacer fue ir mancillando la Ley.

Dijeron que había sido promovida por el FA, pero hay que recordar que tenemos la mayoría de la cámara y que eso no cayó del cielo, lo promovió la propia ciudadanía. Por tanto, lo que se quiere hacer es una falsa oposición. La derecha cree que marcarle alguna regulación a las empresas es atentar contra la libertad de prensa, cuando, por el contrario, la Ley es garantista en todos los sentidos”.

“Ninguno de los miembros de la oposición pudo decir que el funcionamiento de la comisión no fue estrictamente ajustado a lo que la Leydetermina. Creo que se ha tergiversado muchísimo, porque en el fondo intentaron que se declarara inconstitucional y apelaron a todos los artículos habidos por haber, pero ello no culminó en lo que aspiraba la oposición: una Ley vacía o inexistente. Hoy ponen todos los obstáculos y sacan todos los conejos de la galera para tratar de obstaculizar la implementación del Consejo, que es el que hace realidad la aplicación de la Ley”, afirmó en República Radio la senadora Xavier.

Sostuvo que la normativa no tiene apoyo de los partidos de la oposición, pero sí lo tiene de las organizaciones sociales vinculadas a la temática. “Nadie vinculado a estas áreas deja de reconocer la importancia que tiene esta Ley”.

En la misma sintonía, Moreira declaró a LA REPÚBLICA que le pareció “inaudito” que se recurriera a la idea de derogar la Ley por falta de acuerdo. “Eso es mezclar las cosas, no reconocer que buena parte del fracaso de la negociación recae en la intransigencia de la derecha. Lo cierto es que comienzan con amenazas que no tienen que ver con el tema en cuestión, sino con la necesidad de hacer campaña electoral desembozadamente”.

La senadora consideró que cada vez que el FA precisa mayorías especiales es lo mismo: por más que” la Ley hable de idoneidad técnica y experiencia, lo que prima es el acuerdo político. Y la oposición reclama cargos. Lo cierto es que nunca le alcanzan. Asimismo se produce la gran paradoja: ellos no acompañaron la Ley pero quieren hacer parte de los organismos que la normativa consagra”.

Con respecto a los planteos de algunos dirigentes que afirmaban que el FA tiene una postura “totalitaria”, Payssé declaró a LA REPÚBLICA que es “mentira”. “Tenemos una mayoría legítima que la población nos dio. Esa mayoría nos habilita a tomar decisiones en los momentos en que las leyes los determinan. De todas formas, el tránsito a los entendimientos lo recorremos siempre. El tema es cuando no hay voluntad de la otra parte. Creo que es posible llegar a un acuerdo con la oposición, porque las diferencias no son con los nombres, las cualidades de las personas no estuvieron cuestionadas en ningún momento, lo que quiere decir que hay un campo fértil sobre el cual trabajar”.

“Las propuestas no fueron suficientes para la oposición”

Payssé señaló que hubo “alternativas de negociación”, pero que “las propuestas no fueron suficientes para la oposición”, ya que la misma argumentaba que el integrante designado por el presidente podría desequilibrar un eventual dos a dos. “Sin embargo, estamos hablando de un Consejo técnico, no político, en el cual hay que buscar que los postulantes tengan las cualidades que requiere la tarea. Frente a la eventualidad de que se pudieran votar otros nombres y no solo los cuatro acordados, nadie la negó.

Pero hubo quienes se pusieron del otro lado del mostrador, diciendo que el día que el FA no sea gobierno lo primero que van a hacer es derogar la Ley. Con esa forma de expedirse la verdad que mucha adhesión a buscar el mejor Consejo no la percibo. Después vino la intervención – que siempre ocurre para agitar todavía más las aguas- del senador Pedro Bordaberry, quien planteó que era un atentado a la democracia y al sistema republicano. La verdad que es un discurso que él reitera en cuanta intervención parlamentaria tiene lugar”.

Sostuvo que el FA de ninguna manera va a presionar para generar una propuesta que vaya en contra de los eventuales de acuerdos. “Estuvimos transitando caminos de negociación que la oposición no acompañó pero que tampoco tuvo la iniciativa de generar una mejor propuesta. Vamos a tener que ir todos con el espíritu de seguir elaborando acuerdos debido a que las leyes establecen mayorías especiales, que implican la garantía para la minoría, entonces no se puede decir que acá hubo una postura totalitaria o que estamos como Venezuela, en fin todo ese discurso un poco cansador que utilizan ciertos sectores de la oposición que a falta de argumentos empiezan a reiterar algunos eslóganes”.

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“Desde que la Ley está vigente, no habido ninguna demanda de que esta normativa haya coartado la libertad de prensa. Eso es lo que más le duele a la derecha. Por tanto, toda la bulla que ha hecho oposición es porque tienen serios prejuicios sobre una Ley que es garantista y que intenta regular lo que le pertenece al Estado”, reflexionó Huelmo.

Sin embargo, el senador realizó una autocrítica: el FA debió haber acordado con la oposición antes de llegar a la Asamblea General. De hecho, dijo que en los próximos días se trabajará en un acuerdo.

Señaló que la normativa protege a la minoridad y propone regulaciones y controles que brindan garantías no solamente a los medios de comunicación sino también a la ciudadanía. Es más, dijo que es una Ley que “nunca se metió con los contenidos, sino que expresa en qué espacios y horarios tienen que estar determinados mensajes”.

También afirmo que regula la propaganda electoral, la dotación de servicios de radio y televisión, la publicidad protagonizada por niños y adolescentes y los derechos que tienen las personas con discapacidad.

Señaló que el artículo 14 explica los derechos de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, entre los que se destaca la libertad de expresión y el derecho a buscar información y escribir ideas de toda índole. “Por tanto, lejos de coartar la libertad, la garantiza”. Incluso en el artículo 15 se afirma que está prohibida la censura previa o las intervenciones a través de cualquier servicio de comunicación audiovisual. También dijo que en el artículo 16 se establece la independencia de los medios de comunicación, la libertad editorial y el derecho a emitir espacios publicitarios.

El proceso que se realizó antes de la Asamblea General

Payssé recordó que lo que se trató en los últimos días es la integración del Consejo de la Ley de Servicios y Comunicación Audiovisual. Dicha asignación se decidión en la comisión que la propia normativa establece. Señaló que en los últimos meses se elaboraron pautas y se presentaron más de 20 candidatos para integrar el consejo. “Hubo un trabajo muy concienzudo de entrevistas a la que participaron todos los integrantes de la comisión, que eran de todos los partidos políticos. Incluso se empezó a trabajar la eventualidad de una negociación”.

“En ese marco, hubo intercambios, pero no se arribó a un acuerdo, por lo que los nombres concitaron más adhesión fueron los que planteó el FA, ya que es el que tiene mayoría en la comisión”, agregó.

Explicó que hay cuatro cargos que se designan por los dos tercios de integrantes de la Asamblea General. Mientras tanto, el quinto integrante de ese Consejo lo designa el presidente, por lo que hay una diferencia entre estos cuatro integrantes que duran 6 años y el que es designado por el Poder Ejecutivo, ya que estará solo presente durante el período del gobierno actual.

Uruguay está primero en el ranking de libertad de prensa

Uno de los redactores de la normativa, Gustavo Gómez, declaró a LA REPÚBLICA que la posición de los partidos tradicionales era “totalmente previsible”. “Es una pena. Siguen repitiendo los mismos argumentos de cuando se votó la Ley sin tomar en cuenta que la Suprema Corte de Justicia dijo que la norma superó el test de constitucionalidad. Tampoco que los organismos internacionales reconocidos como Reporteros sin Fronteras siguen poniendo a Uruguay como primero en el ranking de libertad de prensa de América del Sur justamente por la Ley de Medios”.

“A la oposición le repugna que se controle a los empresarios”

“Desde los medios tradicionales hay resistencia a perder un manejo discrecional por eso se oponen. Una de las cosas que tenemos que saber es que en nuestro país tiene una de las concentraciones más grandes de los medios en muy pocas familias. Pretenden que no exista nada porque históricamente eso se denominaba libertad. Sin embargo, eso implica que se siga cuidado el privilegio de ciertos sectores muy conservadores que están muy concentrados”, declaró Xavier.

En la misma sintonía, Moreira afirmó que la oposición se niega a la regulación de los medios a pesar de que sabe que en Uruguay la concentración es “altísima y ya hemos sido observados internacionalmente por eso. La idea de que el Estado regule de pronto les resulta insufrible. Que el Estado controle -con la mayor mano dura- la seguridad les encanta. Pero que controle a los empresarios y a los medios, les repugna. Es una concepción de clase. El FA, lejos de hacer una política de clase, está haciendo una política universalista”.

Por otra parte, el economista Gustavo Buquet, coordinador del proyecto del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), declaró a LA REPÚBLICA, hace unos meses atrás, que el dominio de los medios de comunicación de este país es realizado entre 3 y 5 familias. Se mostró preocupado por esta “excesiva” concentración del poder que tienen algunos medios. Según los datos que se muestran en el estudio que él realizo en conjunto con Edison Lanza, los canales de televisión concentran el 95% del mercado de televisión abierta nacional, en 2010 facturaron 82,5 millones y la televisión es el medio que los uruguayos que mayormente eligen.

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AMÉRICA LATINA

“Uno de cada dos hogares no tiene internet móvil o fijo”: ministra TIC sobre brecha digital

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El Espectador-María Alejandra Medina C.

El pasado 7 de agosto, Sylvia Constaín, economista de la Universidad de los Andes y quien se había desempeñado en posiciones de liderazgo para la región en organizaciones como Facebook y Apple, se posesionó como ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

En diálogo con este diario explicó que el proyecto de ley que crea un regulador único, texto que fue radicado esta semana, busca, entre otras cosas, fomentar la inversión en el sector, que pasó de 1,2 % como porcentaje del PIB en 2013 a 0,8 % en 2016. El documento, contó, irá con mensaje de urgencia por parte del presidente Iván Duque.

Constaín respondió a algunas críticas que ya se han oído alrededor del proyecto, afirmó que la subasta de espectro de la banda de 700 MHz, quizá la más esperada, se llevará a cabo, así como el cambio en la definición de lo que hoy se entiende por banda ancha: una velocidad de bajada de 1 mbps. Sin embargo, está en estudio si el apagón de la TV analógica se logrará en 2019.

Existe la percepción de que a veces se habla de la tecnología como si solucionara los problemas por arte de magia. Por ejemplo, como si la historia clínica digital solucionara los problemas del sistema de salud, cuando los problemas están en el sistema mismo. ¿Para qué sirve la tecnología?

La tecnología es una herramienta, pero, como diría el presidente, no es una varita mágica. Es fundamental entender el problema. Usted puede tener la mejor tecnología del mundo, pero si no tiene bien definido el problema, el objetivo que está buscando, los distintos elementos y cómo interactúan entre sí, no logrará solucionar el problema. Es una herramienta que cada día es más poderosa y efectiva, pero no es la solución a todo. Sobre el ejemplo que usted pone de la historia clínica: es importante entender para qué la necesita o cuál es el insumo. La calidad de la información afecta drásticamente el impacto que puede tener un esfuerzo de historia clínica. La tecnología es una herramienta mágica, pero no reemplaza la claridad mental.

¿Cómo cree que Colombia ha afrontado el reto de la apropiación de tecnología? ¿Qué se ha hecho bien, no tan bien o mal?

Tenemos oportunidades muy grandes en apropiación. Quisiera ver que todo el mundo use la tecnología para mejorar la calidad de vida. Hay unos ejemplos maravillosos de emprendedores que han tomado la tecnología en todo su valor y a través de ella han solucionado problemas muy específicos, soluciones que impactan la forma como la gente hace las cosas. Rappi es un ejemplo de eso. Se vio una necesidad en el mercado, qué tipo de tecnología había, se hizo un desarrollo que maximizaba el uso del tipo de tecnología, con respecto al problema de mercado, y se ofreció el producto, que ha sido muy exitoso, pero en muchos otros casos todavía tenemos oportunidades muy grandes. Quisiera trabajar en apropiación entre las poblaciones más vulnerables, las más alejadas. La penetración de los servicios TIC en estratos 1 y 2 está muy por debajo de los de 5 y 6, en los que llegamos a 98,8 %. En 1 y 2 estamos por debajo del 40 %. Tenemos mucho por hacer. Es una oportunidad grandísima, pero también es un reto.

¿Cómo piensa llegar a esas poblaciones más vulnerables? ¿Cuál será la estrategia?

Uno de cada dos hogares colombianos no tiene internet fijo o móvil. Hay que empezar por el principio: conectar a esos colombianos. Presentamos un proyecto de ley muy importante, que abre para Colombia oportunidades de crecimiento, de desarrollo del sector, de impulso a la inversión y de solucionar el tema más importante, que es el de la conectividad. La idea no es sólo conectar a esa mitad que no lo está sino impulsar un esfuerzo para que se haga con muy alta calidad. Frente a su dispositivo, si a usted se le demora una descarga, se aburre y se va, y hay estudios que muestran la relación directa entre la velocidad de descarga y la innovación. Quisiéramos que hubiera un proceso de innovación. Nuestra función es proveer la herramienta. Generaremos las condiciones de inversión, institucionales y normativas, para hacer una promoción del desarrollo del sector, con el enfoque claro de llegar a la última milla. Tenemos banda ancha en la mayoría de las cabeceras, pero no estamos llegando a la escuela, al hospital, a los hogares.

Sobre los últimos informes trimestrales del número de conexiones que hizo el Ministerio anterior hubo algunas observaciones, pues por un cambio en la medición se elevó el número de conexiones. ¿Cuáles son las cifras que usted tiene y por qué dice que la brecha está también en fijo?

La brecha está en móvil y fijo. No me voy a meter con cómo se medía en el pasado, sino cómo lo estamos midiendo ahorita. Un ejemplo. Los 30 millones de conexiones es el número que se usa normalmente. De eso, solo la mitad son conexiones de alta velocidad, de lo que se conoce como banda ancha. Sí hay conexiones, pero, aunque sirven para lo básico, como leer un mensaje de Whatsapp, un correo electrónico, cuando se va a utilizar la herramienta como algo productivo, que lleve a algo nuevo o un desarrollo mayor, se encuentra con la dificultad de que la conexión no es la mejor. No nos vamos a medir por número de conexiones, sino por tráfico, no solo que la gente esté conectada, sino que lo esté para hacer cosas que tengan impacto en su vida, hacer cosas productivas. Tengo claro que tenemos una brecha digital muy grande. Nuestra tarea es tratar de cerrarla.

Con la calidad que pretende medir, ¿puede que la cifra de los 30 millones de conexiones baje?

No, el número de conexiones seguirá subiendo. Vamos a contar las conexiones de alta calidad. Una vez conectados, vamos a hacer programas paralelos que ayuden a que se haga un aprovechamiento y una apropiación de la tecnología. En el gobierno hemos planteado cuatro ejes de política. Lo primero es el entorno TIC para el desarrollo digital. El proyecto de ley es el primer gran paso que estamos dando para asegurar que lo que ofrecemos como entorno permita desarrollar el sector. Por otro lado, no es suficiente conectar, sino que tenemos que tener ciudadanos y hogares que realmente se apropien y aprovechen el entorno digital. Inclusión social digital: es el esfuerzo no sólo por conectar, sino conectar teniendo en cuenta que hay una población más pobre y vulnerable con la cual hay que hacer un esfuerzo especial para asegurarnos de que nadie se quede atrás. Finalmente, el tema de transformación digital, con enfoque territorial y también para distintas poblaciones: étnicas, las más alejadas, por ingresos. Y la transformación digital empieza por casa. El presidente lo reconoció desde el principio y por eso la política de transformación digital e innovación se lidera desde Presidencia, desde donde se nos coordina a todos. Este ministerio es un socio en ese esfuerzo. Ya tenemos cuatro manuales para comentarios hasta el lunes que son fundamentales para esa tarea de transformación digital en el Estado. El primero, que es el de interoperabilidad. Sucede que un ministerio compra una tecnología, otro compra otra, y entre ellos no se pueden comunicar. Incluso hay entidades que tienen diferentes tecnologías que entre ellas no se pueden comunicar. Entonces la idea es tener estándares. Las entidades tienen la libertad de comprar, pero tiene que tener ciertos requisitos para que después todas se puedan integrar y hablar entre sí. Los otros manuales son sobre carpeta ciudadana, autenticación electrónica y gobierno digital.

El gobierno anterior había propuesto cambiar la definición de banda ancha en 2019. ¿Cambiarán la definición de banda ancha?

Sí.

¿Cuándo y cuál será la definición?

Estamos en eso.

¿En 2019?

Creería que sí.

Después de conocido el texto del proyecto de ley, una de las críticas ha sido que el documento como quedó radicado no se había socializado.

Hicimos un proceso de consulta estructurado y bastante participativo, pero el primero en conocer el proyecto final debe ser el Congreso, con el que uno tiene que ser muy respetuoso. Es el que va a tomar la decisión, y se lo presento habiendo consultado primero a muchas personas. Luego seguiremos la discusión. Para el proyecto, empezamos por decidir lo que queríamos y mirarnos como Colombia, por qué la inversión en el sector TIC está bajando y qué está pasando. Nos sentamos con el sector privado e interesados en el tema a ver por qué Colombia es diferente a otros países donde la inversión no sólo no está bajando, sino que está disparada. Entonces vemos que hay un marco de incertidumbre jurídica para el que tiene que invertir, y el 80 % de la inversión en el sector es privada. Luego se fijaron los objetivos macro: la necesidad de una institucionalidad que dé claridad en las reglas del juego y unas reglas de juego que permitan planear a largo plazo, hacer inversiones que no se recuperan en un año o dos, sino en un período mayor. Como gobierno necesitamos que las inversiones del sector estén focalizadas en lo que genere un alto impacto. Queríamos un proyecto que reflejara eso. Nos sentamos a escribirlo y salió el articulado, y luego consultamos artículo por artículo. De ese proceso salieron ajustes a partir de la retroalimentación de los privados, canales regionales, reguladores, entre otros. Pero el texto final nos pareció respetuoso entregárselo al Congreso, bajo el entendido de que lo habíamos construido en un proceso participativo y abierto. Logramos un equilibrio entre distintos intereses, asegurando que el interés más favorecido es el de Colombia y el desarrollo y la reducción de la brecha digital. Quizá no todo el mundo ve todo lo que hubiera querido ver, pero nuestra tarea es hacer un análisis, entender los intereses de cada actor, pero hay un proyecto y el interés final es impulsar uno que lleve a la equidad.

Otra de las observaciones es sobre el nivel de independencia de los comisionados del nuevo regulador único, pues todos los designa o elige el presidente, así como el traslado de la vigilancia y control al Mintic, cuando la Constitución del 91 había creado una entidad autónoma para eso.

No hay que confundir regulador con ejecutor de política y vigilancia y control. Las comunicaciones y la TV y radiodifusión eran sectores distintos hace 20 años. Se usaba el celular para llamar, se veía TV o se escuchaba radio en un aparato, y no había relación entre los dos. Hoy en su teléfono usted oye radio, ve TV, juega… Tener ese manejo diferencial de esos sectores no tiene sentido. Se reconoce esa realidad, y, como la OCDE y otros sugieren, se habla de un regulador único con competencias claras. Pero ese regulador, así como hoy tenemos vigilancia y control en algunas áreas, hay que dividirlo para que no sea juez y parte: que regule, y la vigilancia y control se la deja a otros. Nos llevamos toda la vigilancia y control. Aquí (en el Mintic) ya hay parte de vigilancia y control. Es claro que hay quien regula y otro que controla; el que regula no es juez y parte. Sobre la independencia, es muy claro que el presidente define, pero el regulador es independiente en su actuar, y eso también se ha visto en muchos países. Es importante que haya personas que tengan entendimiento de la política que el Gobierno quiere. Hay un período de transición, y si usted mira los años de cada uno de los comisionados hacia futuro tiene que los cruces nunca darán que un presidente nombre a todos los reguladores. Se está designando a una persona con unas competencias, cuya esencia es ser independiente, que está ahí por su conocimiento técnico y experiencia.

¿La subasta de espectro sigue en pie?

El espectro es herramienta de política pública y estamos teniendo discusiones sobre lo que será la subasta. La veo para después de que pase la ley. Es importantísimo que lo que uno logre tenga la opinión de todos. Sólo así se puede llegar al mejor punto final. No la haremos a puerta cerrada, habrá oportunidad de opinar, de tener distintas visiones, y estamos comprometidos con eso. La subasta se va a hacer.

¿El apagón analógico en 2019 se logrará?

Estamos mirando si se logrará.

¿Por qué?

El plan de implementación inicial no está tan avanzado como se había proyectado en un principio. Hubiera querido recibir una realidad en la que lo planificado fuera lo que encontramos. No entraré mucho en detalle ahora, para poder decir “esta es la realidad” cuando tengamos plena claridad. Es un área en la que no puedo decir que la voy a acelerar o a meter más plata, porque casi no hay, pero aspiro a tener esa revisión en las próximas semanas. Nadie está diciendo que el apagón no se llevará a cabo.

La medida de registrar el IMEI se implementó, pero, según cifras de Asomóvil, el hurto de celulares siguió aumentando. ¿Tiene pensada alguna medida para combatir eso?

El presidente ha presentado varias iniciativas con respecto a la seguridad ciudadana. El hurto de celulares, como es algo tan cercano, es de especial atención. Ya se vio que decir que registre su IMEI y nadie le va a robar el celular tal vez no era el mejor camino. Es un tema de seguridad pública. El presidente y el ministro de Defensa han sido claros en los proyectos que han presentado para mejorar la seguridad pública, trabajando con la Alcaldía, en el caso de Bogotá, y a nivel nacional. Quisiera poder decir que este ministerio va a salir a parar el robo de celulares, pero la realidad es que es un tema de seguridad pública, de Mindefensa, Policía, el presidente. La legalidad es uno de los pilares del Gobierno: legalidad y emprendimiento, y eso nos debe llevar a la equidad. Como Mintic participamos, damos ideas, aportamos en las discusiones, reconociendo que en la seguridad ciudadana no somos los actores principales.

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Entel apelará fallo de Indecopi ante el Poder Judicial

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El Comercio

Entel informó que apelará ante el Poder Judicial la sanción impuesta por el Indecopi por publicidad engañosa en el caso de los avisos que incluían la afirmación de que contaban con el Internet más rápido del país.

Según comentaron, la sanción se debió a piezas difundidas en el 2016 en donde se citaban las fuentes que sustentaban la autenticidad del mensaje: Speedtest/Ookla y Open Signal. 

Desde Entel aseguran que dichas fuentes son organizaciones de reconocido nombre y prestigio mundial y que han sido empleadas en diversas partes del mundo, inclusive por el mismo Osiptel.

“Nos sorprende que Indecopi diga que la sanción corresponde a no haber presentado medios probatorios que permitan acreditar las afirmaciones referidas. Ya que los medios probatorios se consignaron en la propia publicidad y posteriormente como parte del proceso iniciado por Indecopi”, declararon.

La Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (SDC) fue quien emitió la Resolución 170-2018/SDC-INDECOPI, en donde se les declaró responsables de engaño y les impusieron una multa por 100 UIT, equivalente a S/ 415.000. Dicha sala también les impuso otra sanción de S/ 249.000 por la campaña “La Yapa”, (Resolución 0129-2018/SDC-INDECOPI).

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Salarios de cargos tecnológicos en empresas chilenas aumentaron 12% en un año

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La Tercera – Daniel Fajardo Cabello

Los sectores de la banca y el retail son los que concentran la mayor demanda de talentos en el área TI, según el último informe de Sueldos TIC en Chile que realiza IT Hunter. Con respecto a la participación femenina, se mantiene prácticamente igual, donde a nivel ejecutivo, sólo el 13% son mujeres.


A pesar de la discusión sobre el posible estancamiento de los salarios en Chile, el sector tecnológico estaría ajeno a ese fenómeno. El VII Estudio Público de Sueldos TIC en Chile – elaborado por la consultora IT Hunter- indica que en 2017, las remuneraciones de profesionales y técnicos del área informática aumentaron un promedio de 12% (nominal) con respecto a 2016.

Esta alza, que ha sido constante en los últimos años (10% en 2016 y 9% en 2015) contrasta bastante con los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) entregados por el INE, que en julio tuvieron un alza de 2,6% a nivel nacional.

La fuerte inversión para lograr la llamada “Transformación Digital” y el aumento en la preocupación de la seguridad digital en los últimos meses (principalmente en la banca), han ayudado a una mayor valoración de los conocimientos tecnológicos. De hecho, según el informe, los sectores en donde se concentra la mayor demanda de talentos TI son la banca y el retail.

El estudio, que desglosa las rentas (mínima, máxima y moda) de los principales cargos TI en Chile, tanto de posiciones ejecutivas como profesionales/técnicas, indica además que los sueldos oscilan entre los $700.000 y $16.000.000 según puesto, formación, industria y otra serie de factores. “El año pasado será recordado como el del inicio de la transformación digital en la mayoría de las grandes empresas.

Además, la amenaza del ingreso de grandes corporaciones tecnológicas a Chile, obliga a las compañías locales a una profunda transformación”, dice Benjamín Toselli, socio principal de IT Hunter.

La investigación es una especie de guía que tomó los datos de más de 1.100 entrevistas a personas de ambos sexos que trabajan en grandes (70%), medianas (27%) y pequeñas empresas (3%) en cargos de áreas tecnológicas. Pero además de los salarios, la encuesta incluyó temas como edad, sexo, formación y manejo de inglés.

Poco avance en inglés y equidad de género

Si bien es sabido que en el área tecnológica existe una alta presencia de profesionales y técnicos masculinos, la última medición indicó una leve baja. Durante el 2017, el 13% de las mujeres tenían cargos a nivel ejecutivo (ver gráfico), a diferencia del 14% en 2016.

Otro punto negro es el manejo del inglés. A nivel ejecutivo, el informe muestra que el 32% tiene un nivel avanzado, un poco más que el 30% del 2016; mientras que a nivel “bilingüe”, se sigue manteniendo el 10%. Ahora, en el segmento de técnico-profesionales, los “bilingües” avanzaron de 2% a 3%.

Con respecto a los extranjeros, no superan aún el 14% de especialistas. “Sin embargo, esto obligará a las autoridades a aumentar la restricción del 15% como máximo de extranjeros dentro de una empresa”, concluye Toselli.

¿Qué se valora más?

Según la encuesta, el fuerte crecimiento de las aplicaciones móviles, junto con el e-commerce, están induciendo al mercado a solicitar especialistas en beneficio de esos negocios.

Por otro lado, las habilidades que más se solicitan, independiente del conocimiento técnico, son las de liderazgo y manejo político. “Se buscan ejecutivos y profesionales que sepan ‘navegar’ dentro de la organización, relacionándose con todas las áreas de la empresa”, agrega Toselli.

Dentro de los especialistas más demandados en los últimos meses, destacan los CIO, Arquitectos Empresariales, Arquitectos de Aplicaciones, Especialistas en Seguridad y Analistas de Negocios.

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