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AMÉRICA LATINA

El FA acusa a la oposición de querer bloquear la Ley de Medios

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La República 

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (mal llamada Ley de Medios) se aprobó en diciembre de 2014. Sin embargo, ya pasaron 4 años y aún no se ha implementado en su totalidad. El último episodio fue que la Asamblea General tenía que votar a los cuatro integrantes del Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA). Sin embargo, la oposición no asistió a la sesión e incluso algunos de sus integrantes afirmaron que si ganan las elecciones, la derogarán.

Desde el Frente Amplio (FA) se concibe que la derecha pretendió bloquear -como viene haciéndolo desde hace tiempo con los recursos de inconstitucionalidad- la normativa. Los senadores Rubén Martínez Huelmo, Mónica Xavier, Daniela Payssé y Constanza Moreira declararon a LA REPÚBLICA que la oposición quiso “mancillar la Ley”, ha “tergiversado” las cosas y ha pretendido “demonizar” el tema. Incuso señalaron que el FA intentó acordar con ellos, pero “las propuestas nunca les parecieron suficientes”.

En este sentido, Huelmo declaró a LA REPÚBLICA que la posición de la derecha fue “muy desproporcionada”, ya que “demonizó a la Ley”. Asimismo, recordó que la derecha siempre le quiso asignar inconstitucionalidades a la normativa. Dijo que en algunas ocasiones la Suprema Corte prestó atención a sus reclamos y en otras no, por lo que la “Ley está plenamente vigente sin ningún tipo de mácula”. “Lo que quisieron hacer fue ir mancillando la Ley.

Dijeron que había sido promovida por el FA, pero hay que recordar que tenemos la mayoría de la cámara y que eso no cayó del cielo, lo promovió la propia ciudadanía. Por tanto, lo que se quiere hacer es una falsa oposición. La derecha cree que marcarle alguna regulación a las empresas es atentar contra la libertad de prensa, cuando, por el contrario, la Ley es garantista en todos los sentidos”.

“Ninguno de los miembros de la oposición pudo decir que el funcionamiento de la comisión no fue estrictamente ajustado a lo que la Leydetermina. Creo que se ha tergiversado muchísimo, porque en el fondo intentaron que se declarara inconstitucional y apelaron a todos los artículos habidos por haber, pero ello no culminó en lo que aspiraba la oposición: una Ley vacía o inexistente. Hoy ponen todos los obstáculos y sacan todos los conejos de la galera para tratar de obstaculizar la implementación del Consejo, que es el que hace realidad la aplicación de la Ley”, afirmó en República Radio la senadora Xavier.

Sostuvo que la normativa no tiene apoyo de los partidos de la oposición, pero sí lo tiene de las organizaciones sociales vinculadas a la temática. “Nadie vinculado a estas áreas deja de reconocer la importancia que tiene esta Ley”.

En la misma sintonía, Moreira declaró a LA REPÚBLICA que le pareció “inaudito” que se recurriera a la idea de derogar la Ley por falta de acuerdo. “Eso es mezclar las cosas, no reconocer que buena parte del fracaso de la negociación recae en la intransigencia de la derecha. Lo cierto es que comienzan con amenazas que no tienen que ver con el tema en cuestión, sino con la necesidad de hacer campaña electoral desembozadamente”.

La senadora consideró que cada vez que el FA precisa mayorías especiales es lo mismo: por más que” la Ley hable de idoneidad técnica y experiencia, lo que prima es el acuerdo político. Y la oposición reclama cargos. Lo cierto es que nunca le alcanzan. Asimismo se produce la gran paradoja: ellos no acompañaron la Ley pero quieren hacer parte de los organismos que la normativa consagra”.

Con respecto a los planteos de algunos dirigentes que afirmaban que el FA tiene una postura “totalitaria”, Payssé declaró a LA REPÚBLICA que es “mentira”. “Tenemos una mayoría legítima que la población nos dio. Esa mayoría nos habilita a tomar decisiones en los momentos en que las leyes los determinan. De todas formas, el tránsito a los entendimientos lo recorremos siempre. El tema es cuando no hay voluntad de la otra parte. Creo que es posible llegar a un acuerdo con la oposición, porque las diferencias no son con los nombres, las cualidades de las personas no estuvieron cuestionadas en ningún momento, lo que quiere decir que hay un campo fértil sobre el cual trabajar”.

“Las propuestas no fueron suficientes para la oposición”

Payssé señaló que hubo “alternativas de negociación”, pero que “las propuestas no fueron suficientes para la oposición”, ya que la misma argumentaba que el integrante designado por el presidente podría desequilibrar un eventual dos a dos. “Sin embargo, estamos hablando de un Consejo técnico, no político, en el cual hay que buscar que los postulantes tengan las cualidades que requiere la tarea. Frente a la eventualidad de que se pudieran votar otros nombres y no solo los cuatro acordados, nadie la negó.

Pero hubo quienes se pusieron del otro lado del mostrador, diciendo que el día que el FA no sea gobierno lo primero que van a hacer es derogar la Ley. Con esa forma de expedirse la verdad que mucha adhesión a buscar el mejor Consejo no la percibo. Después vino la intervención – que siempre ocurre para agitar todavía más las aguas- del senador Pedro Bordaberry, quien planteó que era un atentado a la democracia y al sistema republicano. La verdad que es un discurso que él reitera en cuanta intervención parlamentaria tiene lugar”.

Sostuvo que el FA de ninguna manera va a presionar para generar una propuesta que vaya en contra de los eventuales de acuerdos. “Estuvimos transitando caminos de negociación que la oposición no acompañó pero que tampoco tuvo la iniciativa de generar una mejor propuesta. Vamos a tener que ir todos con el espíritu de seguir elaborando acuerdos debido a que las leyes establecen mayorías especiales, que implican la garantía para la minoría, entonces no se puede decir que acá hubo una postura totalitaria o que estamos como Venezuela, en fin todo ese discurso un poco cansador que utilizan ciertos sectores de la oposición que a falta de argumentos empiezan a reiterar algunos eslóganes”.

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“Desde que la Ley está vigente, no habido ninguna demanda de que esta normativa haya coartado la libertad de prensa. Eso es lo que más le duele a la derecha. Por tanto, toda la bulla que ha hecho oposición es porque tienen serios prejuicios sobre una Ley que es garantista y que intenta regular lo que le pertenece al Estado”, reflexionó Huelmo.

Sin embargo, el senador realizó una autocrítica: el FA debió haber acordado con la oposición antes de llegar a la Asamblea General. De hecho, dijo que en los próximos días se trabajará en un acuerdo.

Señaló que la normativa protege a la minoridad y propone regulaciones y controles que brindan garantías no solamente a los medios de comunicación sino también a la ciudadanía. Es más, dijo que es una Ley que “nunca se metió con los contenidos, sino que expresa en qué espacios y horarios tienen que estar determinados mensajes”.

También afirmo que regula la propaganda electoral, la dotación de servicios de radio y televisión, la publicidad protagonizada por niños y adolescentes y los derechos que tienen las personas con discapacidad.

Señaló que el artículo 14 explica los derechos de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, entre los que se destaca la libertad de expresión y el derecho a buscar información y escribir ideas de toda índole. “Por tanto, lejos de coartar la libertad, la garantiza”. Incluso en el artículo 15 se afirma que está prohibida la censura previa o las intervenciones a través de cualquier servicio de comunicación audiovisual. También dijo que en el artículo 16 se establece la independencia de los medios de comunicación, la libertad editorial y el derecho a emitir espacios publicitarios.

El proceso que se realizó antes de la Asamblea General

Payssé recordó que lo que se trató en los últimos días es la integración del Consejo de la Ley de Servicios y Comunicación Audiovisual. Dicha asignación se decidión en la comisión que la propia normativa establece. Señaló que en los últimos meses se elaboraron pautas y se presentaron más de 20 candidatos para integrar el consejo. “Hubo un trabajo muy concienzudo de entrevistas a la que participaron todos los integrantes de la comisión, que eran de todos los partidos políticos. Incluso se empezó a trabajar la eventualidad de una negociación”.

“En ese marco, hubo intercambios, pero no se arribó a un acuerdo, por lo que los nombres concitaron más adhesión fueron los que planteó el FA, ya que es el que tiene mayoría en la comisión”, agregó.

Explicó que hay cuatro cargos que se designan por los dos tercios de integrantes de la Asamblea General. Mientras tanto, el quinto integrante de ese Consejo lo designa el presidente, por lo que hay una diferencia entre estos cuatro integrantes que duran 6 años y el que es designado por el Poder Ejecutivo, ya que estará solo presente durante el período del gobierno actual.

Uruguay está primero en el ranking de libertad de prensa

Uno de los redactores de la normativa, Gustavo Gómez, declaró a LA REPÚBLICA que la posición de los partidos tradicionales era “totalmente previsible”. “Es una pena. Siguen repitiendo los mismos argumentos de cuando se votó la Ley sin tomar en cuenta que la Suprema Corte de Justicia dijo que la norma superó el test de constitucionalidad. Tampoco que los organismos internacionales reconocidos como Reporteros sin Fronteras siguen poniendo a Uruguay como primero en el ranking de libertad de prensa de América del Sur justamente por la Ley de Medios”.

“A la oposición le repugna que se controle a los empresarios”

“Desde los medios tradicionales hay resistencia a perder un manejo discrecional por eso se oponen. Una de las cosas que tenemos que saber es que en nuestro país tiene una de las concentraciones más grandes de los medios en muy pocas familias. Pretenden que no exista nada porque históricamente eso se denominaba libertad. Sin embargo, eso implica que se siga cuidado el privilegio de ciertos sectores muy conservadores que están muy concentrados”, declaró Xavier.

En la misma sintonía, Moreira afirmó que la oposición se niega a la regulación de los medios a pesar de que sabe que en Uruguay la concentración es “altísima y ya hemos sido observados internacionalmente por eso. La idea de que el Estado regule de pronto les resulta insufrible. Que el Estado controle -con la mayor mano dura- la seguridad les encanta. Pero que controle a los empresarios y a los medios, les repugna. Es una concepción de clase. El FA, lejos de hacer una política de clase, está haciendo una política universalista”.

Por otra parte, el economista Gustavo Buquet, coordinador del proyecto del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), declaró a LA REPÚBLICA, hace unos meses atrás, que el dominio de los medios de comunicación de este país es realizado entre 3 y 5 familias. Se mostró preocupado por esta “excesiva” concentración del poder que tienen algunos medios. Según los datos que se muestran en el estudio que él realizo en conjunto con Edison Lanza, los canales de televisión concentran el 95% del mercado de televisión abierta nacional, en 2010 facturaron 82,5 millones y la televisión es el medio que los uruguayos que mayormente eligen.

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¿Vender o devolver espectro?: La diferencia conceptual que entrampa el cúmplase del fallo sobre telefonía móvil

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La Tercera – Francisca O’Ryan.

Ayer, el TDLC abrió la puerta para que la autoridad inicie un proceso de enajenación, pero para Entel, Movistar y Claro eso significaría la venta, mientras que para Subtel eso no se puede hacer porque legalmente no se puede comercializar el espectro.


En la jornada de ayer, el Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC) ratificó el fallo de la Corte Suprema, en una causa que lideró Conadecus en contra de los actores más grandes de la industria. En esta se les ordena a las empresas involucradas –Entel, Movistar y Claro- “desprenderse de la misma cantidad de espectro radioeléctrico que fue adquirida en el concurso de la banda 700, quedando a su opción la elección de la banda que será enajenada”. En el caso de Entel son 30 MHz y para Movistar y Claro 20 MHz cada uno.

Se trata de un fallo que generó gran revuelo en la industria, pues los involucrados creen que el cumplimiento del fallo podría derivar en problemas de servicio. Por ello, acudieron al TDLC, al que advirtieron que este no es un proceso fácil de hacer y que no estaban dadas las condiciones para materializarlo. Sin embargo, Conadecus arremetió e insistió en que el fallo debía cumplirse.

El problema es que el concepto que se utiliza en el fallo es el de “enajenación”. Y es allí donde se producen diferencias. Según algunos operadores, el concepto significa vender, proceso que nunca se ha hecho en Chile entre la autoridad y privados. En cambio para la autoridad es devolver. En una entrevista con PULSO Domingo, la subsecretaría de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, fue consultada al respecto: “Pero las empresas dicen que enajenación es venta, ¿cómo lo interpreta Subtel? Y ella respondió: “No existe mercado secundario. Entendamos que el espectro es un bien nacional de uso público y la pregunta es ¿cómo se vende un bien nacional de uso público?”.

A pesar de que aún no sea momento para que la subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) se pronuncie sobre dicho concepto y sobre el cómo se devolverá el espectro, es una discusión que podría generarse próximamente entre privados y la autoridad. Cabe recordar que el espectro es un bien nacional de uso público, pero que las empresas concursaron para obtenerlo por un plazo de 30 años. Con el fallo de la Corte Suprema las operadoras deben devolver antes el espectro, por lo que las inversiones que se hicieron en las bandas pueden verse afectadas.

Sin embargo, en estos días la jugada fundamental es de las empresas. Estas tienen cinco días –contando desde ayer- para presentar recursos de reposición ante el TDLC. Si es que no lo presentan, la devolución del espectro deberá ser inmediatamente.

“Este es un problema judicial, en el sentido de que los privados -tengo la impresión- perciben de que ellos tienen un activo ahí, un derecho adquirido que tiene fecha de vencimiento por 30 años y la autoridad piensa distinto. (…) No tengo claro si efectivamente  existen derechos de propiedad temporal sobre la concesión”, indicó Roberto Gurovich, director de G&A Consultores.

Además, agregó que su impresión “es que las concesiones dan derecho de propiedad temporal. Eso significa que las empresas son dueñas hasta que se extinga la concesión y si alguien lo quiere sacar tiene que dar algo a cambio. Además yo no he visto nunca que haya una compensación del estado, sí entre privados”.

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Darán impulso final a proyecto para fibra óptica hasta el Atlántico

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Nanduti

El Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mitic) firmará un convenio marco con el Parque Tecnológico Itaipu (PTI) para dar impulso al proyecto de conexión a la red de fibra óptica en las costas del Atlántico.

El proyecto implica el acceso directo de la red nacional a la fibra óptica marítima hasta la ciudad de Sao Paulo, utilizando el territorio de la Itaipu Binacional para la implantación del backbone óptico Paraguay-Brasil.

El ministro del Mitic, Alejandro Peralta Vierci, señaló que se firmará un acuerdo con el PTI para cooperar y dar un impulso al proyecto para su aprobación en los próximos días.

La próxima semana se reunirán los directorios de ambas márgenes de la Itaipu Binacional y se busca aprovechar el actual contexto “para terminar de firmar”, declaró Vierci en el evento Cisoft Day, de la Cámara Paraguaya del Software.

Este proyecto es de suma importancia para contar con una línea soberana e implementar la agenda digital de Gobierno, agregó el ministro. Además, repercutirá en el consumidor final con precios accesibles y la posibilidad de finalizar la construcción de la red nacional de fibra óptica.

Para implementar el proyecto se espera la aprobación de ambas partes de la Itaipu Binacional. Por parte del lado paraguayo, el proyecto ya cuenta con las gestiones avanzadas por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la Cancillería.

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Telefónica iría al Ciadi contra el monopolio en Argentina

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Dirigentes digital 

Tras denunciar que la fusión de dos multimedios cubriría el 90 % del mercado en ciudades argentinas, Telefónica fue a los Tribunales y podría acudir al Ciadi para dirimir el conflicto. La compañía tiene litigios también en Colombia y Venezuela.

“Consecuencias muy serias” dijo Telefónica que traería la fusión de dos empresas de telecomunicaciones en Argentina cuando presentó, en julio, una demanda a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC, equivalente a la CNMC española).

Se refería a la estructura creada por las competidoras locales Telecom (telefonía) y Cablevisión (audiovisual) para comercializar servicios de comunicación fija, móvil, vídeo e Internet con una cobertura que llegaría al 90 % en algunas ciudades, según Telefónica.

Ahora, tras una presentación en los Tribunales argentinos, la denuncia podría llegar al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial dedicado al litigio en materia de inversiones internacionales.

Así lo sugiere el diario local Página/12 citando una fuente que atribuye a Madrid la decisión sobre los próximos pasos del conflicto. La fusión es “contradictoria” con el objetivo del país de ingresar a la OCDE, había dicho la filial argentina.

MOVIMIENTO Y MOVILIDAD

El caso se remonta a junio de 2018, cuando la secretaría de Comercio de Argentina aprobó que las empresas locales Telecom y Cablevisión unieran sus operaciones y estructura, operación en la que Telefónica vio el surgimiento de un monopolio y así lo denunció.

“Telecom y Cablevisión pasaron a concentrar cerca del 60 % del mercado de banda ancha fija, 40 % de la televisión de pago, 40 % de telefonía fija y un tercio de la telefonía móvil”, puntualiza Página/12 en su reporte, agregando que esas empresas comparten accionistas con el Grupo Clarín, el mayor proveedores de contenidos audiovisuales del país.

Tras diversos pedidos infructuosos en los organismos administrativos correspondientes, Telefónica fue elevando la apuesta y llegó a la Justicia, advirtiendo que podría apelar al organismo internacional en caso de continuar sin respuesta.

OTROS DIFERENDOS EN LA REGIÓN

La compañía española ya llevó al Banco Mundial una demanda contra otro país latinoamericano, Colombia, que -en julio de 2017- le ordenó pagar 450 millones de euros por el uso de bienes nacionales para extender su red celular.

En febrero de 2018, Telefónica presentó su demanda en el Ciadi por entender que esa reversión de activos en Colombia era improcedente. A estos conflictos hay que sumar el caso de Venezuela, cuyo hundimiento en una hiperinflación de más del 700 % significa para la compañía una dilución de sus ingresos allí.

Salvo estos tres países, Telefónica goza de una operación saludable en América Latina, de donde proviene casi la mitad de sus ingresos globales. En el primer trimestre de 2017, la región le reportó 12.612 millones de euros de ingresos, un 48% de su operación total.

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