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AMÉRICA LATINA

El FA acusa a la oposición de querer bloquear la Ley de Medios

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La República 

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (mal llamada Ley de Medios) se aprobó en diciembre de 2014. Sin embargo, ya pasaron 4 años y aún no se ha implementado en su totalidad. El último episodio fue que la Asamblea General tenía que votar a los cuatro integrantes del Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA). Sin embargo, la oposición no asistió a la sesión e incluso algunos de sus integrantes afirmaron que si ganan las elecciones, la derogarán.

Desde el Frente Amplio (FA) se concibe que la derecha pretendió bloquear -como viene haciéndolo desde hace tiempo con los recursos de inconstitucionalidad- la normativa. Los senadores Rubén Martínez Huelmo, Mónica Xavier, Daniela Payssé y Constanza Moreira declararon a LA REPÚBLICA que la oposición quiso “mancillar la Ley”, ha “tergiversado” las cosas y ha pretendido “demonizar” el tema. Incuso señalaron que el FA intentó acordar con ellos, pero “las propuestas nunca les parecieron suficientes”.

En este sentido, Huelmo declaró a LA REPÚBLICA que la posición de la derecha fue “muy desproporcionada”, ya que “demonizó a la Ley”. Asimismo, recordó que la derecha siempre le quiso asignar inconstitucionalidades a la normativa. Dijo que en algunas ocasiones la Suprema Corte prestó atención a sus reclamos y en otras no, por lo que la “Ley está plenamente vigente sin ningún tipo de mácula”. “Lo que quisieron hacer fue ir mancillando la Ley.

Dijeron que había sido promovida por el FA, pero hay que recordar que tenemos la mayoría de la cámara y que eso no cayó del cielo, lo promovió la propia ciudadanía. Por tanto, lo que se quiere hacer es una falsa oposición. La derecha cree que marcarle alguna regulación a las empresas es atentar contra la libertad de prensa, cuando, por el contrario, la Ley es garantista en todos los sentidos”.

“Ninguno de los miembros de la oposición pudo decir que el funcionamiento de la comisión no fue estrictamente ajustado a lo que la Leydetermina. Creo que se ha tergiversado muchísimo, porque en el fondo intentaron que se declarara inconstitucional y apelaron a todos los artículos habidos por haber, pero ello no culminó en lo que aspiraba la oposición: una Ley vacía o inexistente. Hoy ponen todos los obstáculos y sacan todos los conejos de la galera para tratar de obstaculizar la implementación del Consejo, que es el que hace realidad la aplicación de la Ley”, afirmó en República Radio la senadora Xavier.

Sostuvo que la normativa no tiene apoyo de los partidos de la oposición, pero sí lo tiene de las organizaciones sociales vinculadas a la temática. “Nadie vinculado a estas áreas deja de reconocer la importancia que tiene esta Ley”.

En la misma sintonía, Moreira declaró a LA REPÚBLICA que le pareció “inaudito” que se recurriera a la idea de derogar la Ley por falta de acuerdo. “Eso es mezclar las cosas, no reconocer que buena parte del fracaso de la negociación recae en la intransigencia de la derecha. Lo cierto es que comienzan con amenazas que no tienen que ver con el tema en cuestión, sino con la necesidad de hacer campaña electoral desembozadamente”.

La senadora consideró que cada vez que el FA precisa mayorías especiales es lo mismo: por más que” la Ley hable de idoneidad técnica y experiencia, lo que prima es el acuerdo político. Y la oposición reclama cargos. Lo cierto es que nunca le alcanzan. Asimismo se produce la gran paradoja: ellos no acompañaron la Ley pero quieren hacer parte de los organismos que la normativa consagra”.

Con respecto a los planteos de algunos dirigentes que afirmaban que el FA tiene una postura “totalitaria”, Payssé declaró a LA REPÚBLICA que es “mentira”. “Tenemos una mayoría legítima que la población nos dio. Esa mayoría nos habilita a tomar decisiones en los momentos en que las leyes los determinan. De todas formas, el tránsito a los entendimientos lo recorremos siempre. El tema es cuando no hay voluntad de la otra parte. Creo que es posible llegar a un acuerdo con la oposición, porque las diferencias no son con los nombres, las cualidades de las personas no estuvieron cuestionadas en ningún momento, lo que quiere decir que hay un campo fértil sobre el cual trabajar”.

“Las propuestas no fueron suficientes para la oposición”

Payssé señaló que hubo “alternativas de negociación”, pero que “las propuestas no fueron suficientes para la oposición”, ya que la misma argumentaba que el integrante designado por el presidente podría desequilibrar un eventual dos a dos. “Sin embargo, estamos hablando de un Consejo técnico, no político, en el cual hay que buscar que los postulantes tengan las cualidades que requiere la tarea. Frente a la eventualidad de que se pudieran votar otros nombres y no solo los cuatro acordados, nadie la negó.

Pero hubo quienes se pusieron del otro lado del mostrador, diciendo que el día que el FA no sea gobierno lo primero que van a hacer es derogar la Ley. Con esa forma de expedirse la verdad que mucha adhesión a buscar el mejor Consejo no la percibo. Después vino la intervención – que siempre ocurre para agitar todavía más las aguas- del senador Pedro Bordaberry, quien planteó que era un atentado a la democracia y al sistema republicano. La verdad que es un discurso que él reitera en cuanta intervención parlamentaria tiene lugar”.

Sostuvo que el FA de ninguna manera va a presionar para generar una propuesta que vaya en contra de los eventuales de acuerdos. “Estuvimos transitando caminos de negociación que la oposición no acompañó pero que tampoco tuvo la iniciativa de generar una mejor propuesta. Vamos a tener que ir todos con el espíritu de seguir elaborando acuerdos debido a que las leyes establecen mayorías especiales, que implican la garantía para la minoría, entonces no se puede decir que acá hubo una postura totalitaria o que estamos como Venezuela, en fin todo ese discurso un poco cansador que utilizan ciertos sectores de la oposición que a falta de argumentos empiezan a reiterar algunos eslóganes”.

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“Desde que la Ley está vigente, no habido ninguna demanda de que esta normativa haya coartado la libertad de prensa. Eso es lo que más le duele a la derecha. Por tanto, toda la bulla que ha hecho oposición es porque tienen serios prejuicios sobre una Ley que es garantista y que intenta regular lo que le pertenece al Estado”, reflexionó Huelmo.

Sin embargo, el senador realizó una autocrítica: el FA debió haber acordado con la oposición antes de llegar a la Asamblea General. De hecho, dijo que en los próximos días se trabajará en un acuerdo.

Señaló que la normativa protege a la minoridad y propone regulaciones y controles que brindan garantías no solamente a los medios de comunicación sino también a la ciudadanía. Es más, dijo que es una Ley que “nunca se metió con los contenidos, sino que expresa en qué espacios y horarios tienen que estar determinados mensajes”.

También afirmo que regula la propaganda electoral, la dotación de servicios de radio y televisión, la publicidad protagonizada por niños y adolescentes y los derechos que tienen las personas con discapacidad.

Señaló que el artículo 14 explica los derechos de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, entre los que se destaca la libertad de expresión y el derecho a buscar información y escribir ideas de toda índole. “Por tanto, lejos de coartar la libertad, la garantiza”. Incluso en el artículo 15 se afirma que está prohibida la censura previa o las intervenciones a través de cualquier servicio de comunicación audiovisual. También dijo que en el artículo 16 se establece la independencia de los medios de comunicación, la libertad editorial y el derecho a emitir espacios publicitarios.

El proceso que se realizó antes de la Asamblea General

Payssé recordó que lo que se trató en los últimos días es la integración del Consejo de la Ley de Servicios y Comunicación Audiovisual. Dicha asignación se decidión en la comisión que la propia normativa establece. Señaló que en los últimos meses se elaboraron pautas y se presentaron más de 20 candidatos para integrar el consejo. “Hubo un trabajo muy concienzudo de entrevistas a la que participaron todos los integrantes de la comisión, que eran de todos los partidos políticos. Incluso se empezó a trabajar la eventualidad de una negociación”.

“En ese marco, hubo intercambios, pero no se arribó a un acuerdo, por lo que los nombres concitaron más adhesión fueron los que planteó el FA, ya que es el que tiene mayoría en la comisión”, agregó.

Explicó que hay cuatro cargos que se designan por los dos tercios de integrantes de la Asamblea General. Mientras tanto, el quinto integrante de ese Consejo lo designa el presidente, por lo que hay una diferencia entre estos cuatro integrantes que duran 6 años y el que es designado por el Poder Ejecutivo, ya que estará solo presente durante el período del gobierno actual.

Uruguay está primero en el ranking de libertad de prensa

Uno de los redactores de la normativa, Gustavo Gómez, declaró a LA REPÚBLICA que la posición de los partidos tradicionales era “totalmente previsible”. “Es una pena. Siguen repitiendo los mismos argumentos de cuando se votó la Ley sin tomar en cuenta que la Suprema Corte de Justicia dijo que la norma superó el test de constitucionalidad. Tampoco que los organismos internacionales reconocidos como Reporteros sin Fronteras siguen poniendo a Uruguay como primero en el ranking de libertad de prensa de América del Sur justamente por la Ley de Medios”.

“A la oposición le repugna que se controle a los empresarios”

“Desde los medios tradicionales hay resistencia a perder un manejo discrecional por eso se oponen. Una de las cosas que tenemos que saber es que en nuestro país tiene una de las concentraciones más grandes de los medios en muy pocas familias. Pretenden que no exista nada porque históricamente eso se denominaba libertad. Sin embargo, eso implica que se siga cuidado el privilegio de ciertos sectores muy conservadores que están muy concentrados”, declaró Xavier.

En la misma sintonía, Moreira afirmó que la oposición se niega a la regulación de los medios a pesar de que sabe que en Uruguay la concentración es “altísima y ya hemos sido observados internacionalmente por eso. La idea de que el Estado regule de pronto les resulta insufrible. Que el Estado controle -con la mayor mano dura- la seguridad les encanta. Pero que controle a los empresarios y a los medios, les repugna. Es una concepción de clase. El FA, lejos de hacer una política de clase, está haciendo una política universalista”.

Por otra parte, el economista Gustavo Buquet, coordinador del proyecto del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), declaró a LA REPÚBLICA, hace unos meses atrás, que el dominio de los medios de comunicación de este país es realizado entre 3 y 5 familias. Se mostró preocupado por esta “excesiva” concentración del poder que tienen algunos medios. Según los datos que se muestran en el estudio que él realizo en conjunto con Edison Lanza, los canales de televisión concentran el 95% del mercado de televisión abierta nacional, en 2010 facturaron 82,5 millones y la televisión es el medio que los uruguayos que mayormente eligen.

AMÉRICA LATINA

Chile será sede del primer evento regional de Internet de las Cosas en Latinoamérica

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Mundo en línea

El Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) está cambiando por completo el mundo industrial. Lo vemos en la agricultura, manufactura y producción, construcción, distribución eléctrica, y en nuevos modelos de negocios y de trabajo.

En este contexto se desarrollará por primera vez en Latinoamérica el congreso y feria de negocios IoT INNOVATECH LATAM 2019, el más completo realizado alguna vez en la región, dirigido a profesionales, empresas, defensa y seguridad, gobierno y sector público, retail y más, en el que será posible conocer lo último en transformación digital impulsada por IoT, inteligencia artificial y blockchain.

Organizado en Chile por Meet&Greet con el apoyo del Industrial Internet Consortium (IIC), y Claro Empresas como Sponsor of Things, IoT INNOVATECH LATAM 2019 contará con más de 60 sesiones, 60 speakers y 50 expositores; en total se espera la presencia de más de 1.500 actores claves en el IoT.

Entre las actividades que se realizarán en Casapiedra -sede del evento- del 2 al 4 de mayo próximo, destacan: Congreso con 4 tracks a cargo de expertos internacionales, con casos de estudio, paneles, debates y entrevistas; Networking Hub, para conectarse con participantes de distintas regiones y países; más de 50 expositores y auspiciadores, en lo que es la mayor exhibición comercial de IoT en Latam; The Startup Connection, donde los emprendimientos más revolucionarios podrán posicionarse y conectarse con expertos; Innovapad Sessions, con demostraciones en tiempo real de nuevos productos y servicios, e Innovatech Bussiness Area, la mejor plataforma para nuevos negocios

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AMÉRICA LATINA

Presentan proyecto para facilitar la tecnología 5G en Puerto Rico

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La Opinión

El representante, Víctor Parés, presentó legislación para facilitar el desarrollo de la tecnología 5G en Puerto Rico y viabilizar la instalación de lo que se conoce en la industria como small cells o pequeñas instalaciones inalámbricas.

Esto con el fin de que los ciudadanos alrededor de toda la isla tengan acceso a la mejor tecnología posible en cuanto a conexión y velocidad en sus dispositivos, informó hoy Parés en un comunicado.

El Proyecto de la Cámara 1976 crea la Ley para facilitar la Implementación y uso de Pequeñas Instalaciones Inalámbricas o Small Cells en los sistemas de telecomunicaciones en Puerto Rico, a los fines de establecer el marco regulatorio y procesal respecto a los permisos para la integración de estas instalaciones en las telecomunicaciones de la isla.

“Los fenómenos atmosféricos en el 2017 dejaron ver la importancia de tener una infraestructura de telecomunicaciones robusta y resiliente, no solo para el manejo adecuado de una emergencia, sino para llevar a cabo los asuntos cotidianos en nuestra vida diaria. Ya en Puerto Rico las telecomunicaciones son un servicio esencial, por lo que es necesario contar con la disponibilidad de tecnología avanzada que vaya a la par con la creciente demanda de servicios inalámbricos“, indicó Parés.

Para lo anterior, dijo el representante, es necesario expandir el alcance y la estabilidad de los servicios de banda ancha a través de tecnología innovadora que facilite una mejor conectividad de los servicios de telecomunicaciones.

En la medida se establece que a diferencia de las torres de transmisión tradicionalmente utilizadas por los proveedores de servicios inalámbricos, las instalaciones inalámbricas contienen pequeños transmisores que cubren un radio de propagación menor.

El fin principal de estos transmisores es crear redes más pequeñas que operen con un mejor rendimiento que aquel de las torres tradicionales, a la vez que mejoran la cobertura, capacidad, diversificación y estabilidad, agregó.

Varias ciudades y estados de Estados Unidos han comenzado a implementar el uso de las pequeñas instalaciones inalámbricas o small cells, recordó.

“La medida pretende llenar un vacío ya que este tipo de infraestructura innovadora no está contemplada en ningún reglamento o ley. Para ello establece un marco regulatorio y procesal ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) que permita el desarrollo de esta tecnología“, explicó el legislador.

Según se aclara en la medida, la aprobación de esta ley no requiere desembolso alguno de fondos públicos por parte del Gobierno, ni impone cargos reglamentarios o impuestos adicionales al consumidor.

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AMÉRICA LATINA

Antecedentes de Huawei y licitación maquillada de Mitic desatan sospechas de soborno

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Hoy

La millonaria licitación del Ministerio de Tecnologías de la Infor­mación y la Comunicación (Mitic) para la instalación y ampliación de la red nacional de fibra óptica -cuestionada por supuestamente estar direccionada a favor de una sola empresa- tiene a un llamativo protagonista: Huawei, una firma que posee antecedentes de soborno y corrupción para obtener contratos públicos en varios países del mundo.

Una investigación periodística del diario La Nación reveló que el Ministerio de Tecnologías de la Infor­mación y la Comunicación (Mitic) impulsó un llamativo proceso licitatorio que culminó con la firma de un millonario contrato para el suministro, instalación y ampliación de la red nacional de fibra óptica.

La licitación fue adjudicada el pasado 18 de diciembre de 2018 -según consta en la Resolución N° 069 del Mitic- a la empresa Celexx S.A. por un monto total de G. 71.820 millo­nes, equivalente a alrededor de US$ 12 millones.

Uno de los oferentes que se presentaron al llamado a licitación, en este caso la firma Bullers S.A., denunció que la cartera estatal confeccionó un pliego de bases y condiciones que apuntaba a favorecer a una empresa, puesto que se exigía la provisión de bie­nes específicamente de la marca Huawei.

De acuerdo a la denuncia, este pliego contenía requerimien­tos que no resultan, desde nin­gún punto de vista, técnica­mente indispensables, y que, en contrapartida, limitaban la libre concurrencia al cons­tituir las mismas trabas a la igualdad ya mentada, puesto que, eventualmente favorece­ría a una marca que “coinci­dentemente” era la única que podría cumplir con los reque­rimientos establecidos.

Teniendo en cuenta los datos que fueron dados a conocer con esta denuncia, todo hace suponer que podría tratarse de un nuevo caso de “licitación amañada”, una práctica común en el ámbito de las contrataciones públicas en nuestro país y que ha sido objeto de duros cuestionamientos tanto a nivel periodístico como ciudadano.

Un aspecto no menor y que llama poderosamente la atención es que la marca involucrada en la adjudicación es justamente Huawei, la cual ya tiene una serie de oscuros antecedentes relacionados al ofrecimiento de sobornos y corrupción en diferentes países del mundo.

El portal VOA Noticias realizó un exhaustivo análisis de las prácticas que forman parte del “modelo de negocio global” de Huawei. En el material, hace un recuento de las denuncias que forman parte del “prontuario” del gigante tecnológico de origen chino, siendo un factor común las millonarias ofertas económicas para hacerse con contratos públicos.

HUAWEI, ACUSADA DE SOBORNOS Y CORRUPCIÓN

Con operaciones comerciales en más de 170 países e ingresos anuales de US$ 108.000 millones, Huawei es el mayor proveedor mundial de equipos de telecomunicaciones. El año pasado, la compañía venció a Apple, convirtiéndose en el segundo fabricante más grande de teléfonos inteligentes y tabletas del mundo.

Los cargos contra Huawei van desde el soborno absoluto hasta la realización de donaciones ilegales a partidos políticos a cambio de contratos y otras ventajas comerciales, según la publicación.

Como ejemplo, se citan los casos de Argelia, donde se prohibió a esta firma ofertar por contratos públicos después de que uno de sus ejecutivos fue declarado culpable de soborno; Zambia, donde se investigaron acusaciones de sobornos relacionados con un contrato multimillonario para construir torres de telefonía celular en áreas rurales; y las Islas Salomón, donde la empresa fue acusada de ofrecer millones de dólares al partido gobernante a cambio de un contrato de cable submarino de fibra óptica.

DATOS E INFORMES SOBRE LAS DENUNCIAS

Joshua Meservey, experto en África de la Fundación Heritage y autor de un reciente informe sobre corrupción corporativa china, manifestó: “Desafortunadamente, la realidad de las actividades de Huawei en el continente (africano) es que tienen un historial comprobado de participación en corrupción y otros tratos comerciales dudosos”.

RWR Advisory Group, una firma de consultoría que realiza un seguimiento de las inversiones chinas en todo el mundo, estima que esta empresa tecnológica ha realizado acuerdos comerciales por un valor de más de US$ 5.000 millones de dólares que involucran acusaciones de soborno y corrupción.

En los últimos 12 años, Huawei y su rival chino ZTE han sido “investigados o declarados culpables de corrupción” en hasta 21 países, según Andy Keizer, un ex miembro del personal del Comité de Inteligencia de la Cámara. Algunos son naciones africanas como Argelia y Ghana, además de Filipinas, Malasia, Noruega, Papúa Nueva Guinea, Mongolia, las Islas Salomón y la propia China.

¿QUÉ DICE HUAWEI AL RESPECTO?

En todos los casos, la firma china desestimó las acusaciones en su contra y sostuvo que “la corrupción daña gravemente la competencia justa del mercado y es una amenaza para el desarrollo de nuestra sociedad, economía y empresas”.

CONCLUSIÓN FINAL

Ante todo lo expuesto anteriormente, resta responder a los siguientes cuestionamientos: ¿estuvo Huawei involucrada en la licitación del Ministerio de Tecnologías de la Infor­mación y la Comunicación?, ¿podría ser este el primer caso de sobornos de la firma china en Paraguay?, ¿podrá el Mitic arrojar luz sobre este asunto?

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