Connect with us

COLUMNISTAS

Dinero, política, redes y publicidad oficial

Mediatelecom

Published

on

La Silla Rota – Aleida Calleja

El pasado 7 de junio un grupo de senadores opositores interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley General de Comunicación Social, mejor conocida como la #LeyChayote. Ésta regula la publicidad oficial y ha sido ampliamente criticada por organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión, así que queda en manos de la corte el destino de tan nefasta ley que permite el gasto de millonadas del dinero público por parte de funcionarios para que medios de comunicación favorezcan determinadas coberturas para incidir en la opinión pública, entre otros males.

Si ya de suyo es un escándalo la cantidad de dinero público que se gasta en radio, televisión y prensa en este rubro (cerca de 40 mil millones de pesos), lo cierto es que aún no contamos con una dimensión precisa de realmente cuanto se gasta en publicidad oficial; especialmente en tiempos electorales, donde corre el dinero a manos llenas bajo lo que se conoce como propaganda encubierta; expresamente prohibida por la constitución, y que es propaganda expuesta como si fuera información periodística.

La propaganda política

Si bien las distintas reformas electorales de 2007 y 2014 prohibieron la compra de espacios en los medios electrónicos por parte de partidos políticos y candidatos y se dispuso de más reglas para fiscalizar el gasto en las contiendas, lo cierto es dicha regulación aún no alcanza para transparentar la totalidad de dicho gasto, los informes de Verificado2018 y de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y la consultora Integralia, dados a conocer hace un par de semanas documentan esta realidad.

Verificado2018 en su reporte “Los candidatos reportaron más de 106 millones de pesos en propaganda en internet, pero no declaran todos los anuncios, documenta que en especial la propaganda política en internet y redes sociales no se reporta debidamente al Instituto Nacional Electoral (INE), ni como donaciones, ni como parte de la propaganda por parte de candidatos y partidos políticos.

De acuerdo al INE los candidatos presidenciales han erogado el 27.33 por ciento del total de sus campañas en internet siendo el segundo mayor gasto detrás de la propaganda en vía pública, sin embargo, no se sabe si en realidad es la cantidad total, ya que los candidatos contratan agencias de publicidad que a su vez subcontratan espacios en las redes sociales, si bien entregan las facturas por los servicios contratados a la autoridad electoral en éstas no se detallan con precisión todos los rubros que incluyen estos gastos, como videos o páginas en contra de otros candidatos, además de que en muchas ocasiones el pago es efectivo con lo cual se evade su registro.

Por su lado la organización MCCI en su informe “Dinero bajo la Mesa” reportó que por cada peso declarado en campañas, en realidad se gastan 15, y detectó que buena parte de la publicidad no declarada en redes sociales son gastos observables, pero el problema es que la autoridad electoral con frecuencia carece de la infraestructura y de la inteligencia financiera para detectar el flujo total del dinero en efectivo que circula a las campañas y los gastos que se realizan.

Dinero, política y derecho a la información

En su columna el martes pasado el analista y experto Gabriel Sosa Plata, detalla los laberintos del dinero público y de los indebidos favores entre políticos y medios de comunicación a cambio de coberturas informativas a favor de determinados partidos o candidatos, por lo cual la información que recibimos está permeada por el dinero o los favores que da el mejor postor. Si a eso agregamos la información distorsionada en redes para atacar a los oponentes, nos encontramos con que la sociedad mexicana se encuentra sumamente afectada en su derecho a la información, pues lo que está recibiendo es la información que conviene a cada medio; la información como una mercancía producto de esta relación perversa entre dinero y política, que cada vez más encuentra formas sosfisticadas para no dejar rastro, tal como puede verificarse en las decenas de denuncias que han llegado al INE y al Tribunal Electoral por compra o adquisición ilegal de compra de espacios en los distintos programas de radio y televisión de toda índole.

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE, encargada de monitorear páginas de internet para corroborar el cumplimiento y la veracidad de los gastos presentados en informes por candidatos y partidos, tendrá que dar cuenta de la relación entre la publicidad en las redes y los gastos reportados, y ello será un importante indicador que permita, con evidencias concretas, saber qué tanto se evade la obligación por parte de los sujetos obligados para reportar los gastos de campañas en este rubro. Asimismo, será un insumo relevante para poner a debate la necesidad o no de empezar a regular las grandes plataformas de internet, no para controlar contenidos, sino para que reporten directamente al INE quién les contrata espacios de propaganda, con qué montos y con qué servicios, esta información cruzada con lo que reportan los actores en la contienda permitirían tener una dimensión más aproximada del gasto del dinero público en este rubro, y por ende una mejor fiscalización del dinero que a final de cuentas es de la sociedad mexicana.

Vendrá un nuevo gobierno federal y nueva legislatura, a ambos poderes habría que exigirles medidas normativas más contundentes para poner fin a las constantes violaciones al derecho a la información, ello incluye la derogación de la #LeyChayote, restituir los derechos de las audiencias derogados por el actual congreso al cambiar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mejorar por parte del INE los procesos de fiscalización de gastos de campaña y empezar a generar un debate sobre el nivel de transparencia y protección de datos personales por parte de las grandes plataformas de internet, especialmente en los procesos electorales. ¿Usted que opina?

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

COLUMNISTAS

Internet moreno

Mediatelecom

Published

on

La Razón – Eduardo Ruíz Vega

partir de una rápida evaluación de las reformas “estructurales” impulsadas por la presente administración, tanto a nivel constitucional como en leyes federales, se puede advertir que la modificación legislativa más exitosa, en el corto y mediano plazos, es, sin lugar a dudas, la relativa a las Telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica.

En efecto, a diferencia de lo ocurrido en otros ámbitos, como el energético, en Telecomunicaciones se han palpado de tiempo atrás, beneficios concretos derivados de la modificación a la Constitución Política, seguida de la emisión de su legislación secundaria en este dinámico sector.

Para muestra, un botón: durante años, se anheló el arribo de un nuevo operador de Telecomunicaciones de clase mundial al mercado mexicano. A partir del inicio del 2015, AT&T, el gigante estadounidense, inició operaciones a nivel nacional para competir en el segmento móvil o celular. Actualmente, la filial mexicana de este emporio se encuentra, además, incursionando de manera disruptiva en la banda ancha fija y, próximamente, como rezan los cortos o promocionales cinematográficos, entrará de lleno al mercado de distribución de contenidos audiovisuales, soportado por su ambiciosa adquisición de la fábrica de diversión conocida como Time Warner.

Utilizando este estandarte, y algunos de menor visibilidad, la administración del Presidente Peña Nieto ha cacareado en México y en el mundo el éxito de esta reforma.  La futura administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, no se ha sumado al coro de esta ópera; no obstante, la presencia de personas que conocen el sector de las Telecomunicaciones en el primer círculo de AMLO, augura, al menos, un grado razonable de continuidad.

Como comentamos en este espacio hace unas semanas, pareciera que la evolución de la reforma constitucional en comento, podría tomar un nuevo sendero, el cual, debiera ser complementario y no volverse una condición que nuble la vista de los objetivos primigenios incorporados en la norma constitucional.  Se estima positivo prepararse para los retos que plantea la tecnología, como la seguridad cibernética y un adecuado uso de la metadata que generan todo tipo de redes y dispositivos terminales (Big Data). Sin embargo, ello no implica soslayar la importancia diaria que debe tener recordar, sin cortapisas, que el principal reto de la reforma y de las autoridades creadas al efecto, debe consistir en la consecución de la conectividad universal, en beneficio de toda la población de nuestro país.

En este orden de ideas, debe señalarse que lleva tiempo volando bajo la discusión relativa a convertir los espacios públicos, como son plazas, escuelas y oficinas de gobierno, en puntos de acceso a Internet.  Las condiciones están dadas, sin embargo, los poderes que integran el Estado, en sus tres niveles de gobierno, se han limitado a un enfoque binario que pretende que la conectividad se logre mediante subsidios gubernamentales, o bien, al obligar, por decreto, a los operadores que participan en el mercado.

La entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México puede impulsar y renovar esta discusión.  Puede hacerlo, no porque el documento aporte algo realmente novedoso, sino por la influencia que tiene la metrópoli en el resto del país. Veremos si éste y otros temas relacionados con el acceso a la banda ancha con cobertura universal, son retomados y abordados por las administraciones que, encabezadas por la federal, serán asumidas a lo largo y ancho del territorio nacional por el partido político denominado Morena.

Continue Reading

COLUMNISTAS

AMLO, bancarizar con móvil; empresarios, no a consulta; CRE y CNH ¿autonomía?

Mediatelecom

Published

on

Excélsior – José Yuste

López Obrador planea junto con Alfonso Romo llevar a la banca a casi toda la población de México. ¿Cómo? A través del celular. La idea, que ya ha estado rondando desde hace años, y que nos ponían como ejemplo a países africanos, toma forma cuando la India y China están acelerando su adiós al efectivo. Y lo hacen vía teléfono celular.

Casi 65 millones de mexicanos cuentan con un teléfono celular, según el Inegi, y los móviles pueden servir como monederos electrónicos. La idea que ha estado rebotando López Obrador con banqueros es sencilla: utilizar el celular como un monedero electrónico, donde se puedan llegar a hacer operaciones por hasta ocho mil pesos diarios mediante el teléfono.

Claro que aquí los banqueros deberán poner de su parte. Los bancos no podrán cobrarse entre ellos comisiones, con la intención de que el usuario no termine pagando por dichas comisiones. Además, hubo de poner de acuerdo a las compañías telefónicas para que tampoco cobren por el uso. Telcel (Daniel Hajj) y AT&T (Kelly King), ya dijeron que sí. Lo más seguro es que Telefónica, encabezada por Carlos Morales, que a últimas fechas ha comprado espectro, también se sume a la iniciativa.

Para López Obrador, Alfonso Romo y Carlos Urzúa, la bancarización es importante para evitar la economía informal, que la población tenga acceso a instrumentos bancarios, pero que sea de manera económica. Ahí los banqueros están totalmente de acuerdo con la intención de bancarizar y evitar el uso de tanto efectivo que hay en el sector financiero mexicano. El proyecto va a tambor batiente.

 

Continue Reading

COLUMNISTAS

¿En qué se parece Uber, Netflix, Roku?

Mediatelecom

Published

on

El Universal – Irene Levy

Uno de los principales efectos de la innovación tecnológica es el surgimiento de nuevos modelos de negocio que compiten de una u otra manera con servicios similares que se prestan de forma tradicional. Estos nuevos modelos pueden resultar más eficientes, más orientados a las necesidades de los clientes o simplemente más atractivos para ciertos usuarios. Por mucha planeación a futuro que se haga, la velocidad a la que surgen y se desarrollan estos modelos es mayor a la de su regulación, no sólo en México, sino en todo el mundo.

Por obvias razones, los prestadores de servicios existentes, que ya se encuentran regulados, se sienten amenazados y generalmente buscan bloquear a los nuevos jugadores o demandan que se les aplique la misma regulación que a ellos para que haya, digámoslo así, un fair play. En el peor de los casos, la simple existencia del clamor popular o las presiones y demandas de cierto grupo, detona la intervención gubernamental y entonces los resultados suelen ser parciales y afectar la competencia. En el mejor de los casos, dicha intervención está acompañada de un análisis detallado de sus implicaciones y entonces la decisión de actuar es racional, así que la gran pregunta es: ¿qué aspectos vale la pena regular y qué cargas se deben imponer sin que ello implique frenar la innovación?

Como ejemplos de lo anterior, en México tenemos tres casos recientes que han generado discusiones, propuestas, algunas ocurrencias y cierta intervención gubernamental que resultan paradigmáticos para entender cómo se recibe la innovación en distintas arenas regulatorias de nuestro país. Se trata de Uber, Netflix y Roku, que ofrecen servicios de transporte, acceso a series y películas, y un dispositivo para acceder a todo tipo de contenidos audiovisuales, respectivamente.

Entre sus principales similitudes tenemos que: (i) Se trata de empresas de origen extranjero que no están basadas en México, lo que complica su fiscalización; (ii) Han ganado mucho mercado en poco tiempo, y (iii) Inicialmente no enfrentan barreras regulatorias como las que se imponen a empresas establecidas que ofrecen servicios similares, como los taxis y la televisión abierta y de paga. Ante ello, tanto competidores como autoridades, han reaccionado en nuestro país de formas distintas y a continuación le platico algunas de esas respuestas.

Uber. Desde su llegada a México en 2013, la empresa fue objeto de llamados a regularla y de mucha molestia entre grupos de taxistas, y aunque esto no fue suficiente para frenar su expansión, distintos gobiernos locales sí decidieron intervenir y, por ejemplo, en la Ciudad de México en 2015 se estableció la obligación de aportar 1.5% del costo de cada viaje a un Fondo Público para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, además de la prohibición de realizar cobros en efectivo, que fue retomada por Yucatán y Colima.

Dicha prohibición del cobro en efectivo fue discutida la semana pasada por la Suprema Corte, a propósito de una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Movilidad Sustentable de Colima que lo prohibía; la Corte resolvió que es inconstitucional y con ello se validó el pago en efectivo, permitiendo la oferta de estos servicios a personas que no cuentan con tarjeta de débito o crédito.

Netflix. Esta empresa, creada en 1997 y que se describe como “el líder mundial en servicios de entretenimiento por internet con 130 millones de suscriptores en más de 190 países”, ha sido también objeto de quejas por parte de ciertos sectores de la industria en México que demandan el pago de impuestos por las ganancias que obtiene en nuestro país. Algunas de estas demandas han encontrado eco en el Congreso de la Unión; por ejemplo, al inicio de la presente legislatura, el Diputado Javier Salinas Narváez (PRD) presentó una iniciativa de Ley del Impuesto sobre los Ingresos Procedentes de Servicios Digitales que, a decir del propio diputado, obligaría a empresas transnacionales como Netflix a pagar un impuesto de 3%, aunque si revisamos el texto de su propuesta no queda claro si efectivamente los servicios de acceso a contenidos audiovisuales en internet quedarían comprendidos porque la redacción es, por decir lo menos, confusa.

De igual forma, se han considerado en la Cámara de Diputados otro tipo de cargas para empresas de esta naturaleza, como la anunciada por el legislador petista Santiago González Soto, que propondría al Congreso legislar para que plataformas como Netflix, Blim y Claro Video incluyan un mínimo de 30% de producciones nacionales. También el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha anunciado la intención de regularlos, aunque hasta ahora se desconoce cómo y en qué aspectos.

Roku. Uno de los productos más controversiales y que detonaron demandas ante los tribunales mexicanos ha sido el dispositivo Roku, que permite a sus usuarios acceder a diversos contenidos audiovisuales a través de internet. Roku llegó a México a finales de 2015, y desde 2017 se ha visto inmerso en una batalla legal contra Cablevisión, filial de Televisa, que incluso obtuvo el año pasado un fallo que prohibió la importación y venta de los dispositivos en el país, bajo el argumento de que facilita la piratería; pero lo cierto es que lo mismo podría decirse de las computadoras e incluso los teléfonos celulares, de manera que la medida fue exagerada y disminuyó las opciones para los usuarios. En este tema, la semana pasada el Décimo Primer Tribunal Colegiado de lo Civil concedió un amparo a Roku, con lo que se podrá volver a comercializar el dispositivo.

Lo que resulta relevante, es que en los próximos años este tipo de casos irán en aumento porque la evolución tecnológica ofrece cada vez más oportunidades de negocio que podrían desplazar a los actuales, de manera se plantean retos regulatorios interesantes, así que será muy importante que, cuando se decida regular, se haga pensando en el futuro, con cabeza fría, considerando las implicaciones en la competencia y no sólo para atender las demandas de cierto grupo o buscando la medalla del legislador populista del año.

Continue Reading

GRÁFICAS

DÍA A DÍA

LO MÁS LEÍDO

Bitnami