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Dinero, política, redes y publicidad oficial

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La Silla Rota – Aleida Calleja

El pasado 7 de junio un grupo de senadores opositores interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley General de Comunicación Social, mejor conocida como la #LeyChayote. Ésta regula la publicidad oficial y ha sido ampliamente criticada por organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión, así que queda en manos de la corte el destino de tan nefasta ley que permite el gasto de millonadas del dinero público por parte de funcionarios para que medios de comunicación favorezcan determinadas coberturas para incidir en la opinión pública, entre otros males.

Si ya de suyo es un escándalo la cantidad de dinero público que se gasta en radio, televisión y prensa en este rubro (cerca de 40 mil millones de pesos), lo cierto es que aún no contamos con una dimensión precisa de realmente cuanto se gasta en publicidad oficial; especialmente en tiempos electorales, donde corre el dinero a manos llenas bajo lo que se conoce como propaganda encubierta; expresamente prohibida por la constitución, y que es propaganda expuesta como si fuera información periodística.

La propaganda política

Si bien las distintas reformas electorales de 2007 y 2014 prohibieron la compra de espacios en los medios electrónicos por parte de partidos políticos y candidatos y se dispuso de más reglas para fiscalizar el gasto en las contiendas, lo cierto es dicha regulación aún no alcanza para transparentar la totalidad de dicho gasto, los informes de Verificado2018 y de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y la consultora Integralia, dados a conocer hace un par de semanas documentan esta realidad.

Verificado2018 en su reporte “Los candidatos reportaron más de 106 millones de pesos en propaganda en internet, pero no declaran todos los anuncios, documenta que en especial la propaganda política en internet y redes sociales no se reporta debidamente al Instituto Nacional Electoral (INE), ni como donaciones, ni como parte de la propaganda por parte de candidatos y partidos políticos.

De acuerdo al INE los candidatos presidenciales han erogado el 27.33 por ciento del total de sus campañas en internet siendo el segundo mayor gasto detrás de la propaganda en vía pública, sin embargo, no se sabe si en realidad es la cantidad total, ya que los candidatos contratan agencias de publicidad que a su vez subcontratan espacios en las redes sociales, si bien entregan las facturas por los servicios contratados a la autoridad electoral en éstas no se detallan con precisión todos los rubros que incluyen estos gastos, como videos o páginas en contra de otros candidatos, además de que en muchas ocasiones el pago es efectivo con lo cual se evade su registro.

Por su lado la organización MCCI en su informe “Dinero bajo la Mesa” reportó que por cada peso declarado en campañas, en realidad se gastan 15, y detectó que buena parte de la publicidad no declarada en redes sociales son gastos observables, pero el problema es que la autoridad electoral con frecuencia carece de la infraestructura y de la inteligencia financiera para detectar el flujo total del dinero en efectivo que circula a las campañas y los gastos que se realizan.

Dinero, política y derecho a la información

En su columna el martes pasado el analista y experto Gabriel Sosa Plata, detalla los laberintos del dinero público y de los indebidos favores entre políticos y medios de comunicación a cambio de coberturas informativas a favor de determinados partidos o candidatos, por lo cual la información que recibimos está permeada por el dinero o los favores que da el mejor postor. Si a eso agregamos la información distorsionada en redes para atacar a los oponentes, nos encontramos con que la sociedad mexicana se encuentra sumamente afectada en su derecho a la información, pues lo que está recibiendo es la información que conviene a cada medio; la información como una mercancía producto de esta relación perversa entre dinero y política, que cada vez más encuentra formas sosfisticadas para no dejar rastro, tal como puede verificarse en las decenas de denuncias que han llegado al INE y al Tribunal Electoral por compra o adquisición ilegal de compra de espacios en los distintos programas de radio y televisión de toda índole.

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE, encargada de monitorear páginas de internet para corroborar el cumplimiento y la veracidad de los gastos presentados en informes por candidatos y partidos, tendrá que dar cuenta de la relación entre la publicidad en las redes y los gastos reportados, y ello será un importante indicador que permita, con evidencias concretas, saber qué tanto se evade la obligación por parte de los sujetos obligados para reportar los gastos de campañas en este rubro. Asimismo, será un insumo relevante para poner a debate la necesidad o no de empezar a regular las grandes plataformas de internet, no para controlar contenidos, sino para que reporten directamente al INE quién les contrata espacios de propaganda, con qué montos y con qué servicios, esta información cruzada con lo que reportan los actores en la contienda permitirían tener una dimensión más aproximada del gasto del dinero público en este rubro, y por ende una mejor fiscalización del dinero que a final de cuentas es de la sociedad mexicana.

Vendrá un nuevo gobierno federal y nueva legislatura, a ambos poderes habría que exigirles medidas normativas más contundentes para poner fin a las constantes violaciones al derecho a la información, ello incluye la derogación de la #LeyChayote, restituir los derechos de las audiencias derogados por el actual congreso al cambiar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mejorar por parte del INE los procesos de fiscalización de gastos de campaña y empezar a generar un debate sobre el nivel de transparencia y protección de datos personales por parte de las grandes plataformas de internet, especialmente en los procesos electorales. ¿Usted que opina?

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AMÉRICA LATINA

Iván Duque y sus retos en TIC

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La República-Leonardo Gómez Jiménez

A Dios gracias los colombianos elegimos como Presidente a un personaje que tiene clarísimo que el desarrollo de la industria TIC es parte fundamental de la estructura de un Estado moderno, que cree en la pluralidad informativa como la mejor aliada de la democracia, y en un libre mercado con mínima intervención estatal.

Iván Duque le apuesta a un regulador convergente para el segmento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC. Ya son más de diez años que el sector lo pide a gritos. Hoy estas empresas deben reportarle al MinTIC, a la Antv, a la CRC, a la SIC… Lo coherente es que quienes presten servicios de radio, TV, internet, telefonía móvil, fija y transmisión de datos, tengan una sola entidad reguladora, que vaya por la misma vía.

Con el plan de impulso a los sectores de la Economía Naranja, Colombia deberá ser más competitiva en los negocios propios de la cuarta revolución industrial: cine, televisión, radio, libros, teatro, artes plásticas, diseño, gastronomía, entre otros que implican cultura y creatividad. Este sector hoy emplea a más de un millón de colombianos y aporta más de 3% del Producto Interno Bruto, PIB.

Se espera que se duplique antes de diez años. Trabajar con el talento y con el conocimiento, contribuye a que cada ciudadano pueda venderse a sí mismo, pueda ser independiente aportando con sus contenidos, y eso tendrá que ser un motor que moverá la economía en este nuevo Gobierno. Eso, sin entrar en detalles de lo limpia que es esta industria en medio ambiente.

El gran reto es que Colombia sea más competitiva en asuntos de robótica, Internet de las Cosas, desarrollo de aplicaciones e Inteligencia Artificial. Para lograr esa transformación digital de país, Duque tendrá que ofrecer incentivos tributarios y préstamos de emprendimiento.

Y si pensamos en lo que pueda heredar del gobierno de Álvaro Uribe y de su visión de país, basta con recordar la acertada tarea de liquidar Telecom, Inravisión y Audiovisuales entre 2003 y 2004, para transformarlas en empresas más livianas y económicamente viables.

Duque va por ese camino de libre mercado y de mínima intervención estatal, entendiendo que es inviable que el Estado compita con monstruos multinacionales como Claro, Movistar y Tigo. Más bien se valdrá de ellos para asegurar que todo el país esté conectado.

Y para sanar ese espíritu violento colombiano, nada mejor que impulsar las expresiones artísticas, culturales y deportivas. Los centros “sacúdete” que se implementarán en el Gobierno, prometen disminuir el tiempo de ocio en los jóvenes.

Ocupar el tiempo en una actividad útil que incluya cuerpo, mente y corazón, seguro será el mejor antídoto contra la violencia. Reducir la brecha en acceso a la tecnología digital y por ende a la información y al entretenimiento, y promover las expresiones culturales, puede aportar más a la paz del país que cualquier papel firmado.

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Fusión ATT-Time Warner

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Reforma – Clara LuZ Álvarez

Con todo y que el Presidente Donald Trump se manifestó públicamente en contra de la fusión entre ATT y Time Warner (TW) con un valor de operación de 108 mil millones de dólares, el juez Richard J. León no sólo la autorizó sin condiciones con argumentos convincentes, sino que le sugirió al Department of Justice (DoJ) que -aunque apelara la decisión-, se ahorrara la pena de solicitar la suspensión de la fusión porque no la recibiría.

En lo que parece un knock-out al DoJ, hay mucho que analizar en cuanto a la competencia en sectores con tecnologías disruptivas y mercados en transición como lo es el de las telecomunicaciones. Aunque el juez León dijo que se estaba resolviendo un caso específico, no tardó Comcast -el gigante operador de telecomunicaciones- en hacer una contraoferta a XXI Century Fox por 65 mil millones de dólares para desbancar la oferta de Disney. ¿El péndulo se inclinará a las concentraciones de colosos?

¿Quiénes? TW es líder en producción y programación de contenidos teniendo en su portafolio HBO, CNN, Cartoon Networks, entre otros. ATT es líder en telecomunicaciones (telefonía y datos, fijos y móviles) en EUA, por lo que cuenta con la puerta para la distribución de contenidos a sus suscriptores. Ni TW ni ATT son competidores entre sí, pero sí participan en la misma cadena de distribución por lo cual se trata de una integración vertical.

En México ATT, a través de DirectTV, es propietaria del 41.3% de Sky, donde Grupo Televisa participa con el resto de la tenencia accionaria. Contrario a lo decidido por el juez León, el Instituto Federal de Telecomunicaciones en agosto de 2017 identificó riesgos a la competencia en ciertos segmentos y autorizó la concentración sujeta a diversas condiciones, sin que las partes impugnaran dicha resolución en tribunales.

Mercados en evolución. El juez León esencialmente analizó que (1) en la distribución de contenidos ATT enfrentaba competencia a través de las llamadas OTT (Over-The-Top) tipo Netflix, y (2) en la publicidad TW estaba casi inerme frente a la publicidad digital dirigida que realizan Google y Facebook, gracias a la información sobre datos personales con que éstas cuentan. No obstante, considero que los cambios en la distribución de programas y en la publicidad tampoco deben convertirse en protección a ciertas industrias.

Teoría de daños. El estándar en EUA que debe superar el DoJ para bloquear una fusión es demostrar con probabilidades (no con certezas), el daño. El DoJ debe mostrar el futuro de las condiciones competitivas del mercado relevante, contrario a lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que no debe haber prospectiva (R.I. 1643/2017). Las dos teorías de daños del DoJ fueron desestimadas por el juez León, basándose incluso en lo que esgrimió el propio perito del DoJ, Carl Shapiro.

Pruebas y peritos. Contrario al esquema rígido mexicano que busca la formalidad en lugar de la justicia, el juez León pudo hacer preguntas directas a los peritos y testigos ofrecidos por las partes. Al leer la sentencia se da uno cuenta que los mayores elementos de convicción en cuanto a periciales y testimoniales vinieron de dichas preguntas más que de las declaraciones y dictámenes. En México las periciales son documentos que se basan en lo que la parte que los ofrece dice que debe decir y en las repreguntas que hace la contraparte, no más. Aquí los juzgadores carecen de la oportunidad de carear o contra-examinar a los peritos, de juntar a los peritos para escucharlos y contraponer sus posturas.

El juez León refirió que el expediente y las pruebas eran voluminosas, por lo que pidió sponsoring witness (testigos patrocinadores) para que éstos presentaran al juez de manera sintética su contenido. Rechazó la petición de ATT/TW de solicitar las comunicaciones entre la Casa Blanca y el Fiscal General, porque -a su parecer-, no aportaban a resolver el caso.

¿Arrepentidos? ATT visualiza que el futuro está en el contenido accesible vía internet y a través de su acceso con dispositivos móviles. Está en lo correcto. Entonces vale preguntar, ¿se arrepentirán Televisa y TV Azteca de la falta de visión con la venta a ATT de sus otrora concesionarias de servicios móviles?

*claraluzalvarez@gmail.com

@claraluzalvarez

claraluzalvarez.org

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COLUMNISTAS

Obstáculos a ganar para desplegar infraestructura

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La Silla Rota – Ma. Elena Estavillo

Si hay algo en lo que todos coincidimos, es que necesitamos telecomunicaciones con cada vez mayor y mejor cobertura. Por un lado, requerimos conectar a los desconectados; lograr cerrar la brecha digital para que todas las personas, independientemente de dónde vivan, a qué se dediquen, cuál sea su edad, sexo y nivel educativo, tengan acceso a telecomunicaciones de calidad que los inserten en la sociedad de la información y del conocimiento.

Por otro lado, también precisamos ofrecer servicios con mayor capacidad y calidad para quienes ya están conectados y para habilitar los nuevos servicios y aplicaciones como el internet de las cosas, que están detonando grandes oportunidades económicas.

Brecha digital

Para posibilitar dicho crecimiento, se han puesto en acción numerosas estrategias a partir de la reforma constitucional de 2013: otorgar un mayor número de concesiones y hacerlas convergentes, licitar espectro y permitir su intercambio a través del mercado secundario, incrementar los límites a la inversión extranjera, disminuir las tarifas de interconexión, imponer regulación asimétrica al agente económico preponderante, facilitar el acceso a la infraestructura pasiva de propiedad federal, entre otras.

Este nuevo entorno ha creado condiciones más favorables para invertir en esta actividad económica que se han reflejado, por ejemplo, en un incremento notorio de la penetración del internet, que creció, del 29% en 2013, al 66% en 2017, en el caso del móvil.

Es necesaria la conjunción de una diversidad de circunstancias para justificar la inversión en infraestructura, donde quizá la más importante es contar con una expectativa de ingresos suficientes en el mediano y largo plazo para recuperar las inversiones en activos fijos, que son cuantiosas. Sólo así se produce el caso de negocios para llevar servicios a donde antes no existían o para incrementar la capacidad de la red.

Es por esa razón que, una vez que se ha desplegado infraestructura en las zonas más atractivas donde se ubica la mayor parte de los usuarios potenciales y donde existe la demanda más intensiva en cantidad y calidad de servicios, encontrar un caso de negocios para extender la cobertura se va haciendo más difícil. Los operadores deben buscar modelos innovadores donde puedan minimizar costos, implementar soluciones tecnológicas adecuadas a la demanda de una localidad y/o compartir costos y riesgos con otros operadores.

Infraestructura

A pesar de esas dificultades, se van generando proyectos rentables cuando se reúnen todas las condiciones necesarias para que una empresa decida ampliar su infraestructura: instalar nuevas radiobases, desplegar fibra óptica, cubrir un área donde no estaba presente. Pero es en ese momento donde, paradójicamente, muchos operadores se encuentran ante los obstáculos que imponen las autoridades locales, que dificultan, retrasan y, en el peor de los casos, llegan a causar la cancelación de los proyectos.

Y es que, aunque la ley señala que la instalación, operación y mantenimiento de infraestructura destinada al servicio de las redes públicas de telecomunicaciones y las estaciones de radiodifusión es de interés y utilidad públicos, sujetándose exclusivamente a los poderes federales, también ordena que se deberán respetar las disposiciones locales aplicables en materia de desarrollo urbano.

Allí es donde entran en la ecuación las autoridades locales para autorizar la diversidad de obras requeridas para el despliegue de infraestructura. La experiencia que vemos en nuestro país es que, por numerosas razones, las reglas y procedimientos locales no facilitan la implementación de los proyectos de despliegue de las redes.

En el año 2016 coordiné la elaboración de un estudio diagnóstico sobre las barreras causadas por reglamentaciones y trámites de entidades públicas locales para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión[1].

Como resultado, se identificó una fuerte presencia de dificultades que van, desde la inexistencia de un trámite identificado para el despliegue de infraestructura; no contar con un encargado, teléfono u otro medio de contacto; una gran disparidad en los requisitos exigidos entre municipios; tiempos de atención demasiado largos; requisitos excesivos y costosos; hasta la oposición activa de los vecinos e incluso casos de corrupción abierta o disimulada.

Esta situación implica un reto formidable que es preciso abordar. Nos enfrentamos a una problemática compleja relacionada con el tamaño y capacidad de gestión de las autoridades locales, el nivel de profesionalización del servicio público y el desarrollo económico de la localidad.

Impulsar las telecomunicaciones

Sin descartar la posibilidad de explorar modificaciones al marco legal que permitan una acción más directa, es importante generar una estrategia que contemple acciones complementarias, orientadas a resolver las diversas problemáticas de los municipios.

En algunos casos, las acciones más efectivas pueden ser el otorgar apoyo técnico a los municipios para diseñar sus procesos, proveerles información, transferirles tecnología o, inclusive, generar una herramienta tecnológica que les facilite comunicarse con el público y realizar los trámites.

Para otros casos, habrá que hacer una labor de abogacía más sofisticada que incentive a los municipios para competir por atraer proyectos de infraestructura, persuadiendo sobre sus beneficios de corto, mediano y largo plazos, entre los cuales está el impulso a la competitividad local y el efecto multiplicador en la actividad económica.

A fin de alinear incentivos, puede resultar útil transparentar y medir la eficacia municipal buscando destacar mejores prácticas, así como creando herramientas que permitan identificar a los municipios que provean las condiciones más favorables al despliegue de infraestructura.

La alineación de incentivos y una mayor transparencia, también podrán contribuir a combatir los casos de corrupción.

Además, será muy importante propiciar cierta coordinación entre autoridades locales para disminuir en lo posible la disparidad entre los requisitos y plazos que deben seguir los operadores en distintas localidades.

Finalmente, otro componente relevante es acercarse a las asociaciones vecinales para convencer sobre los beneficios que trae la infraestructura a las comunidades locales y para buscar arreglos particulares que permitan el despliegue protegiendo el entorno urbano.

Abogar, persuadir, coordinar, medir, informar, apoyar, para impulsar el crecimiento de las redes de telecomunicaciones en México.

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