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Dinero, política, redes y publicidad oficial

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La Silla Rota – Aleida Calleja

El pasado 7 de junio un grupo de senadores opositores interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley General de Comunicación Social, mejor conocida como la #LeyChayote. Ésta regula la publicidad oficial y ha sido ampliamente criticada por organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión, así que queda en manos de la corte el destino de tan nefasta ley que permite el gasto de millonadas del dinero público por parte de funcionarios para que medios de comunicación favorezcan determinadas coberturas para incidir en la opinión pública, entre otros males.

Si ya de suyo es un escándalo la cantidad de dinero público que se gasta en radio, televisión y prensa en este rubro (cerca de 40 mil millones de pesos), lo cierto es que aún no contamos con una dimensión precisa de realmente cuanto se gasta en publicidad oficial; especialmente en tiempos electorales, donde corre el dinero a manos llenas bajo lo que se conoce como propaganda encubierta; expresamente prohibida por la constitución, y que es propaganda expuesta como si fuera información periodística.

La propaganda política

Si bien las distintas reformas electorales de 2007 y 2014 prohibieron la compra de espacios en los medios electrónicos por parte de partidos políticos y candidatos y se dispuso de más reglas para fiscalizar el gasto en las contiendas, lo cierto es dicha regulación aún no alcanza para transparentar la totalidad de dicho gasto, los informes de Verificado2018 y de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y la consultora Integralia, dados a conocer hace un par de semanas documentan esta realidad.

Verificado2018 en su reporte “Los candidatos reportaron más de 106 millones de pesos en propaganda en internet, pero no declaran todos los anuncios, documenta que en especial la propaganda política en internet y redes sociales no se reporta debidamente al Instituto Nacional Electoral (INE), ni como donaciones, ni como parte de la propaganda por parte de candidatos y partidos políticos.

De acuerdo al INE los candidatos presidenciales han erogado el 27.33 por ciento del total de sus campañas en internet siendo el segundo mayor gasto detrás de la propaganda en vía pública, sin embargo, no se sabe si en realidad es la cantidad total, ya que los candidatos contratan agencias de publicidad que a su vez subcontratan espacios en las redes sociales, si bien entregan las facturas por los servicios contratados a la autoridad electoral en éstas no se detallan con precisión todos los rubros que incluyen estos gastos, como videos o páginas en contra de otros candidatos, además de que en muchas ocasiones el pago es efectivo con lo cual se evade su registro.

Por su lado la organización MCCI en su informe “Dinero bajo la Mesa” reportó que por cada peso declarado en campañas, en realidad se gastan 15, y detectó que buena parte de la publicidad no declarada en redes sociales son gastos observables, pero el problema es que la autoridad electoral con frecuencia carece de la infraestructura y de la inteligencia financiera para detectar el flujo total del dinero en efectivo que circula a las campañas y los gastos que se realizan.

Dinero, política y derecho a la información

En su columna el martes pasado el analista y experto Gabriel Sosa Plata, detalla los laberintos del dinero público y de los indebidos favores entre políticos y medios de comunicación a cambio de coberturas informativas a favor de determinados partidos o candidatos, por lo cual la información que recibimos está permeada por el dinero o los favores que da el mejor postor. Si a eso agregamos la información distorsionada en redes para atacar a los oponentes, nos encontramos con que la sociedad mexicana se encuentra sumamente afectada en su derecho a la información, pues lo que está recibiendo es la información que conviene a cada medio; la información como una mercancía producto de esta relación perversa entre dinero y política, que cada vez más encuentra formas sosfisticadas para no dejar rastro, tal como puede verificarse en las decenas de denuncias que han llegado al INE y al Tribunal Electoral por compra o adquisición ilegal de compra de espacios en los distintos programas de radio y televisión de toda índole.

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE, encargada de monitorear páginas de internet para corroborar el cumplimiento y la veracidad de los gastos presentados en informes por candidatos y partidos, tendrá que dar cuenta de la relación entre la publicidad en las redes y los gastos reportados, y ello será un importante indicador que permita, con evidencias concretas, saber qué tanto se evade la obligación por parte de los sujetos obligados para reportar los gastos de campañas en este rubro. Asimismo, será un insumo relevante para poner a debate la necesidad o no de empezar a regular las grandes plataformas de internet, no para controlar contenidos, sino para que reporten directamente al INE quién les contrata espacios de propaganda, con qué montos y con qué servicios, esta información cruzada con lo que reportan los actores en la contienda permitirían tener una dimensión más aproximada del gasto del dinero público en este rubro, y por ende una mejor fiscalización del dinero que a final de cuentas es de la sociedad mexicana.

Vendrá un nuevo gobierno federal y nueva legislatura, a ambos poderes habría que exigirles medidas normativas más contundentes para poner fin a las constantes violaciones al derecho a la información, ello incluye la derogación de la #LeyChayote, restituir los derechos de las audiencias derogados por el actual congreso al cambiar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mejorar por parte del INE los procesos de fiscalización de gastos de campaña y empezar a generar un debate sobre el nivel de transparencia y protección de datos personales por parte de las grandes plataformas de internet, especialmente en los procesos electorales. ¿Usted que opina?

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“Llámame Internet”, de A. Pisanty

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Milenio – Rogelio Villareal

El vecindario mundial se ha ampliado a límites casi infinitos, asistimos a la masificación de las conductas, incluyendo las criminales. Un tuit o un post en Facebook puede causar una tormenta en el otro lado del mundo.

Gracias a internet conocí a Alejandro Pisanty, y a muchas otras personas valiosas que probablemente nunca habría conocido de no ser por esta herramienta que ha cambiado no solamente la faz del mundo, sino las costumbres y la conducta de una mayoría de sus pobladores, con nuevas reglas de etiqueta, pero también con nuevas maneras de hostigar y de cometer crímenes.

Internet es un súper big brother político, económico, moral. Llámame Internet, aquí está todo lo que ustedes querían saber de la red de redes pero no sabían cómo preguntar. Y todas las respuestas en un libro de apenas 84 páginas publicado el año pasado por la Secretaría de Cultura; un breve y lúcido ensayo donde podremos conocer cómo funciona internet detrás de las pantallas, quiénes lo dirigen, coordinan, organizan, operan; en suma, quiénes lo hacen mejor.

También podremos conocer a los que lucran, a los que se dedican a recabar todos los datos posibles de quienes lo usamos cotidianamente para trabajar, para distraernos, para informarnos o para estar en contacto inmediato con familiares, amigos y desconocidos.

Internet, dice Pisanty, es el reflejo magnificado a la enésima potencia de lo que pasa afuera de él. Lo bueno, lo malo, lo peor; un lugar donde magnifica la bondad, la vulgaridad, la maldad, la vileza: la naturaleza del ser humano. Un universo en el que parece predominar la cháchara, lo superfluo, la mentira, el chisme, la calumnia. Internet, dijo Umberto Eco, le dio voz, presencia y peso a una numerosa legión de idiotas, pero, desde luego, también a gente que piensa y que trabaja por hacer de este mundo un lugar más habitable.

Internet es un territorio peligroso y resbaladizo donde hasta el más peinado tropieza. Una vez contesté un cuestionario, creo que era sobre el coeficiente intelectual, y Pisanty me reconvino: “Ya caíste”. Me explicó cómo ésa es una de las tantas maneras que tienen empresas y organismos para recabar información sobre todos nosotros para saber qué es lo que nos pueden vender: un producto, un servicio, un partido político, un candidato.

Internet es ahora la inagotable biblioteca de Babel que imaginaba Borges, un enorme repositorio de la historia del mundo y de la humanidad, con todas sus gradaciones y perversiones, sus luminosos espacios de conocimiento y sus oscuros rincones de odio. “Era más peligroso olvidar que recordar; teníamos que gastar en protegernos del olvido, no de la memoria”, escribe Pisanty.

Internet es el culmen de la historia del origen de la civilización: desde la invención del lenguaje, las pinturas rupestres, la escritura, la imprenta y de ahí hasta el smartphone y los desarrollos en computación cuántica. Internet ha transformado todo lo que conocemos, prácticamente todas las profesiones, y muy especialmente la manera en que se transmite la información. El periodismo ya no es el mismo. La plataforma digital permite la interacción inmediata de los lectores, pero también la proliferación de noticias falsas, con sus nefastas consecuencias.

En este marasmo, ¿dónde quedan la privacidad, la intimidad, la seguridad, la libertad de opinión? Existe un acoso terrible a los disidentes en países como China, Arabia Saudita, Vietnam, Azerbaiyán y Bahrein, donde el sexo, la religión y la política son temas en los que no se puede discutir libremente. El disenso es castigado.

Cuidado con internet: todo lo que hacemos ahí queda registrado y en algún momento eso aparecerá. El pasado no se borra. ¿Qué podemos hacer? ¿Es conveniente que un político pueda omitir detalles escabrosos de su biografía si se postula para un puesto? ¿Qué límites debemos ponernos? Alguien toma una foto de una persona que fallece en un accidente o en un acto de violencia y se vuelve viral. ¿Dónde queda la dignidad de los muertos? Se pregunta el autor: “¿Dónde los sentimientos de los familiares y amigos de la persona afectada, el interés de los menores y de sus padres, el dolor que pasarán los familiares viendo por años, quizás el resto de su vida, la imagen dolorosa de un pariente muerto. O ser objeto de risa, o de hostigamiento, cuando ya mayor una foto inconveniente te espere en cada nueva solicitud de trabajo”.

Sin embargo, también internet puede ser liberador. Muchos internautas se dan cuenta de lo que pasa fuera de sus países, si son democráticos o no, qué se discute en torno a la homosexualidad, el feminismo, el aborto, la legalización de las drogas, la libertad de prensa, la separación de las instituciones religiosas y el Estado.

Una cosa es importante, señala Alejandro: la red es una sola para todo el mundo, independientemente de los esfuerzos de gobiernos y corporaciones por evitar que la información llegue a quienes no quieren que la vean.


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El más excluyente Pleno del IFT

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El Economista – Jorge Bravo

Cinco años es tiempo suficiente para señalar lo que no funciona de la reforma en telecomunicaciones. Uno de esos aspectos es la integración del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que se ha convertido en un cuerpo colegiado donde la discriminación echó raíces, al grado de que tras la salida de María Elena Estavillo en febrero próximo, la última mujer comisionada, se convertirá en el Pleno más excluyente desde que se instaló. 

La más reciente convocatoria del Comité de Evaluación (integrado por los titulares del Banco de México, el INEE y el Inegi) para sustituir y nombrar a un nuevo comisionado evidenció aún más sus deficiencias. Una de ellas, la más notable, la ausencia de mujeres en el Pleno. 

No se trata de ser políticamente correcto y decir que hay que incluir a mujeres en los órganos de decisión. El hecho de que no haya expertas en el Pleno del IFT no sólo se ve mal sino que está mal. Es un tema de equidad de género que requiere soluciones drásticas, como ha ocurrido en países más avanzados que están superando la brecha de género porque se han movido “pronto y rápido”. 

El Foro Económico Mundial mostró cuáles son las naciones donde es mejor ser mujer, principalmente países escandinavos. El secreto de la igualdad de género en esas naciones radica en que “casi tres de cada cuatro mujeres en edad de trabajar en los países nórdicos forman parte de la fuerza laboral remunerada, y los responsables políticos apoyan explícitamente la igualdad de género en el trabajo, en el hogar y en público”.

La convocatoria del Comité de Evaluación para ocupar una vacante en el Pleno del IFT debiera ser intercalada (una mujer, un hombre), y las nuevas comisionadas deberán someterse a los cuestionamientos propios de su desempeño profesional y no creer que se les critica por razones de género. Y si son atacadas por planteamientos machistas, misóginos o patriarcales, tendrán que aguantar, porque lo importante es que tengan la oportunidad institucional y la equidad profesionales, no la conmiseración. 

El típico contraargumento de por qué nombrar a una mujer aunque no sea mejor que un hombre en un examen de conocimientos, es respondido precisamente por los países nórdicos que supieron actuar pronto, rápido y políticamente. O sea, hay que empezar a acostumbrarse a ver a más mujeres en cargos de alta responsabilidad y, ellas, a tolerar la crítica. 

No olvidemos que en la historia un día nos vamos a dormir sin derechos y al día siguiente amanecemos con algunos derechos. Antes se tuvo que luchar, después hay que defender. Ahorita hay que decirle sin ambages al Comité de Evaluación que la equidad de género existe, es positiva y de vanguardia y que, aún sin pretenderlo, han fomentado la discriminación, la exclusión y eso tiene que dejar de ocurrir.

La segunda discriminación se refiere a la ausencia de comunicólogos en el Pleno del IFT. ¿Cómo se justifica que desde la extinta Cofetel y ahora con el IFT ningún comunicólogo ha sido comisionado y regulador? Nuevamente (y aquí sí de forma más clara aplicando una “mentalidad de gueto”), el Comité de Evaluación creado a partir de la reforma ha discriminado expresamente y ha sido hostil con los especialistas de la comunicación porque en el examen de conocimientos de la convocatoria los temas generales se refieren a derecho, economía e ingeniería. 

Qué curioso que los organismos reguladores nacieron en Estados Unidos y el resto del mundo principalmente para fomentar condiciones de competencia económica en el mercado; qué paradójico que sigamos insatisfechos con esas mismas condiciones de competencia, empezando por los propios reguladores. Es momento de reconocer que la competencia económica no puede seguir siendo el único o el principal tema que enfrente un regulador actualmente. Destacados economistas como Thomas Piketty o el Nobel francés Jean Tirole han advertido la insuficiencia del enfoque economicista para afrontar los desafíos del mundo.

Es bochornoso en el amplio sector de las comunicaciones, de la industria de las telecomunicaciones, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de la convergencia que los especialistas en esa materia sigan sin ser tomados en cuenta y se les relegue al ámbito contestatario o de las organizaciones de la sociedad civil. 

Es cierto que los ingenieros están conduciendo la revolución digital global, pero también es evidente su incapacidad para afrontar los cambios políticos, sociales y culturales que están ocasionando. 

Llama la atención que se hable tanto del crecimiento del video, de la evolución de las llamadas de voz y ahora los asistentes virtuales, de que cada año el tráfico de datos se duplique y sobre los efectos de la Inteligencia Artificial, pero no reconozcamos que esos contenidos, interacciones y datos son cultura, símbolo y significación y su impacto social cada vez es mayor. 

No me sorprende que el desempeño del regulador y de la mayoría de sus comisionados a partir de la instalación del IFT haya sido tan inconsistente, cuestionable o incluso omiso en temas como derechos de las audiencias, regulación de contenidos y publicidad, pluralidad y diversidad, inclusión digital, medios públicos y comunitarios, libertad de expresión, protección de la niñez, propiedad cruzada de medios y muchos tópicos más de los que pareciera que carecen de las herramientas conceptuales y metodológicas suficientes. 

Los abogados, economistas e ingenieros tienen que darse cuenta de que su feudo y monopolio regulatorio ya se agotó, porque también se difuminaron para siempre las barreras entre la radiodifusión, las telecomunicaciones y la informática, lo cual creaba estancos y modelos regulatorios hoy cuestionados y quizá superados. El cada vez más complejo sector de las TIC (incluidos aspectos info y biotecnológicos como las fake news o la edición genética) requiere la concurrencia de nuevas especialidades, visiones regulatorias y de políticas públicas. 

Los reguladores han sido instancias políticas que pretenden ser en el mejor de los casos organismos eminentemente técnicos y especializados; es momento de que sean reguladores más humanos y sociales, con un discurso cercano a los impactos de la tecnología en la población de todas las edades y condiciones socioeconómicas. 

La acelerada e inquietante transformación digital ha dejado atónitos a los reguladores porque se empecinan en tener una estructura de pensamiento tradicional, de gueto. Cuando las autoridades reconocen que un nuevo regulador con visión de futuro debe ser flexible pero no dicen qué significa ser flexible, claramente evidencian que no saben qué hacer ante lo inconmensurable del desafío digital. 

El tercer aspecto tiene que ver con el nombramiento del presidente del Pleno del IFT. Actualmente, el artículo 28 de la Constitución señala que el nombramiento del Presidente del IFT recae en la Cámara de Senadores. Ese mecanismo es sumamente negativo porque politiza y partidiza el proceso, los parvularios (legisladores) se hacen pasar por especialistas del sector, se abre una campaña pública, desata descalificaciones y se utilizan recursos institucionales para hacer proselitismo o atacar a sus pares comisionados, como las áreas de comunicación social o eventos de lucimiento personal. 

El propio Pleno del IFT debe seleccionar y nombrar a su presidente, como ocurre con otros organismos autónomos que también tienen cuerpos colegiados como la UNAM (la Junta de Gobierno nombra al Rector), el INAI o la SCJN. En tanto el Presidente del IFT siga siendo nombrado o ratificado por los senadores, el IFT seguirá siendo un semi, cuasi o dizque organismo autónomo.

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COLUMNISTAS

Telefonía celular en México

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El Universal – Javier Tejado Dondé

Causó polémica en el sector de telecomunicaciones la afirmación realizada la semana pasada por el presidente de la República, en el sentido de que sólo 25% del país cuenta con servicios de telefonía celular. Cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones dan cuenta de que 88.4% de la población (106 millones de mexicanos) tienen acceso al menos a una red móvil de tercera generación. Aunque es claro que alguien le dio mal el dato al Presidente, ello no implica que no deban hacerse mayores esfuerzos por incrementar los niveles de cobertura de telefonía celular y mejorar los niveles de calidad de dicho servicio.

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