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El Túpac Katari se queda chico ante las demandas del mercado regional

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El Deber – Álvaro Rosales y Juan Carlos Salinas

Ya pasaron cuatro años y seis meses desde que por primera vez  Bolivia, con el apoyo financiero y tecnológico de China, tiene un satélite orbitando. El objetivo era llegar hasta los bordes del país y brindar una cobertura al 100% de la población en los servicios de datos y voz; sin embargo, el Túpac Katari no brilla con todo su potencial y se queda pequeño ante la demanda del mercado regional.

Iván Zambrana, director de la Agencia Boliviana Espacial (ABE), reconoció que el objetivo del satélite Túpac Katari (TK-SAT 1) de expandir el servicio a áreas rurales se ha logrado solo parcialmente y su puesta en órbita no es suficiente para cumplir con los objetivos de la Agenda 2025.

Zambrana asegura que el Katari “quedó chico”, aunque tiene el 70% de su ocupación. Por tal motivo, existe un proyecto para contar con un nuevo satélite en 2021, aunque todo dependerá de los tiempos y la aprobación de todas las instancias estatales.

A esto se suman los planes de negocio en carpeta con empresas que están en la transición para ofrecer servicios de televisión digital terrestre, requerimientos que existen en Rondonia (Brasil) por parte de empresarios privados, además de compañías mineras y ganaderas que de alguna manera presionan a la capacidad de servicio del TK-SAT 1.

Los costos 
Al ser consultado sobre el precio que cobra el TK-SAT 1 para brindar servicio domiciliario o doméstico, Zambrana señaló que solo se ofrecen las prestaciones tradicionales y estos siempre han tenido un costo elevado.

“El satélite se emplea en el ámbito rural, donde las distancias son grandes y hay dispersión poblacional; estas tecnologías tienen costos distintos y son más caras, pero hay escenarios donde la única opción es satelital”, afirmó.

A manera de ejemplo, Zambrana indicó que muchos usuarios que tienen actividades productivas en el área rural están pagando por las conexiones por satélite sin límite de megas, unos Bs 550 de forma mensual.

Sin embargo, Zambrana precisó que hay planes de negocio para ofrecer estos productos a las zonas rurales a menor precio, algo que se estaría implementando el próximo año, porque demanda una inversiones de 500.000 dólares, monto que él no considera significativo.

Lo que sí necesitaría de un mayor presupuesto es el lanzamiento de un nuevo satélite, que tendría un valor aproximado de $us 200 millones. Zambrana dice que, aunque es complicado construir y lanzar uno al espacio, remarcó que puede haber un acercamiento con China, Rusia o Francia y que es posible tener un nuevo ocupante espacial con la bandera boliviana.

Si bien hay logros con el Túpac Katari, como la sustitución de importación de un servicio satelital, precios más asequibles y la llegada del TK-SAT 1 a comunidades alejadas como el Tipnis, el ejecutivo reconoce que no se usó del todo bien, ya que hay empresas que todavía utilizan satélites extranjeros, “cifra que representa un 5% del mercado”.

En cuanto al tipo de clientes a los que brinda cobertura el satélite, Zambrana sostuvo que cuentan con más de 150 clientes directos, entre ellos Entel S.A., Nuevatel S.A., Cotel Ltda., Comteco Ltda., Bolsat SRL, Hablando Todos SRL,

Aduana Nacional, Bolivia TV, YPFB, Segip, OEP, Vías Bolivia, ENDE, Red Uno, PAT.  “Vale la pena mencionar el hecho de que se cuenta con clientes en Colombia y solicitudes de servicio del Estado de Rondonia en Brasil”, precisó el ejecutivo.

La terminal en La Guardia
El complejo espacial a cargo del cuidado y control del TK-SAT 1 consta de dos terminales terrestres. La primera está ubicada en  Amachuma (La Paz), la construcción requirió una inversión de $us 16,5 millones y fue inaugurada el 2 de diciembre de 2013, días antes del lanzamiento del Túpac Katari en China. La misma está equipada con seis antenas, cinco tienen un peso de 60 toneladas y la más pequeña de una tonelada.

La otra terminal se encuentra en La Guardia (Santa Cruz), es más pequeña y tiene dos antenas; ahí se invirtieron $us 8,9 millones.
Boris Sebastián Arevey, jefe de la Estación Terrena de La Guardia, explicó que las tareas que se realizan tienen que ver con evitar que el TK-SAT 1 salga de su órbita.
Son cinco funcionarios, todos capacitados en China, y  son los encargados de monitorear los equipos. “Llevo más de 30 años en las telecomunicaciones y es una satisfacción y una gran responsabilidad brindar la atención a todos nuestro clientes, que desde la banca hasta los canales de televisión confían en nuestra capacidad”, dijo Arevey, que reconoce que falta mucho para lograr una plena conexión en Bolivia y que recién se están dando los primeros pasos.

Los analistas
El especialista en telecomunicaciones Abdel Frade observó que el ancho de banda con el que trabaja el Túpac Katari es muy bajo y  solo mejoraron las conexiones de radio y televisión, dejando de lado la conexión a internet, la cual no es percibida como óptima.

Frade agregó que el satélite tiene un tiempo limitado de vida útil de 15 años e hizo notar  que con la misma inversión se pudo haber instalado una red de fibra óptica, que resulta más económica y más efectiva en temas de velocidad.

Por su parte, el empresario en tecnologías César Señoranis agrega que el servicio satelital de telecomunicaciones en las ciudades de Bolivia es irrelevante, ya que en tema de precios las comunicaciones por cable son más asequibles y también señala que invertir en fibra óptica es una buena alternativas para el país.

Aportes para otros sectores
Si bien Zambrana explicó que, al ser  un satélite geoestacionario, el  TK-SAT solo se usa en materia de telecomunicaciones y trabaja en una órbita a 36.000 kilómetros de altura. Señaló que los servicios de otra índole (producción, meteorología, etc.) se encargan a satélites que trabajan a órbitas bajas (700 kilómetros) y con una tecnología distinta.

Al consultar a ejecutivos del sector agrícola, el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Richard Paz, señaló que el Túpac Katari al ser un satélite de telecomunicaciones no es un aporte para su sector y que no tiene conocimiento de que cuente con servicios de imagen satelital para uso en agricultura de precisión.

Asimismo, Paz aseveró que no hay ningún acercamiento con el Gobierno con relación a este tema, a pesar de que este tipo de tecnologías ayudaría a optimizar el proceso de producción con información precisa de la densidad óptima de siembra, el uso de fertilizantes y predecir con mayor exactitud la producción de los cultivos.

El gerente general de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Edilberto Osinaga, también expresó no conocer de programas que incluyan la tecnología satelital en su sector, aunque sí hay algunos productores que ya tienen incluidos servicios de esta índole por cuenta propia.

La oficina de Meteorología de Aasana, más que requerir un satélite, precisa de un radar meteorológico para detectar con mayor precisión las condiciones y fenómenos del tiempo, según explicó Óscar Céspedes, uno de los encargados.

Desde la telefónica VIVA informaron que se suscribió un acuerdo para uso del satélite con el objetivo de llegar a zonas apartadas del territorio nacional; señalaron que, luego de cuatro años de usar el Túpac Katari, lograron mejorar su cobertura de internet en sitios de difícil acceso en un 140%.

“Actualmente, gracias al uso del satélite, contamos con las tecnologías 2G, 3G y GPRS en localidades de difícil acceso, y adicionalmente en la ciudad de Cobija hemos implementado el servicio para brindar 4G LTE”, precisaron desde la telefónica.

 

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Reguladores se adhieren a mejores prácticas favorables a inversión y transformación digital

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La digitalización está cambiando cada vez más y de manera fundamental las sociedades y las economías y desestabilizando muchos sectores en lo que se ha denominado la cuarta revolución industrial. Por su parte, la regulación de las TIC debe mantenerse en evolución a la par de los avances en tecnología, abordar las nuevas fronteras regulatorias y crear las bases sobre las cuales la transformación digital pueda alcanzar todo su potencial.

El simposio mundial de la UIT para reguladores destaca nuevos enfoques regulatorios y normativos innovadores para apoyar la transformación digital actual.

Más de 600 participantes de más de 120 países, incluidos ministros de gobierno, reguladores, representantes del sector privado e instituciones académicas, se reunieron del 9 al 12 de julio en Ginebra, Suiza, para asistir al Simposio Global de Reguladores (GSR-18) de la UIT 2018.

“Asegurar que la transformación digital beneficie a todos, en todas partes es un desafío definitorio del siglo XXI”, dijo Houlin Zhao, secretario General de la UIT. “El Simposio Mundial de Reguladores de la UIT desempeña un papel importante en este proceso. Apoya a los reguladores a identificar políticas que creen entornos propicios sólidos donde las TIC puedan aprovecharse para el máximo beneficio de todos, y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU”.

Los reguladores también reconocieron la necesidad de un marco normativo favorable a la inversión para apoyar la transformación digital

Un resultado clave del GSR cada año es el documento, Directrices de buenas prácticas sobre nuevas fronteras regulatorias, adoptado por los reguladores participantes y que pretende ayudarlos a fomentar el potencial de las tecnologías emergentes para la transformación digital; promover modelos de negocios e inversión; y permitir enfoques regulatorios y normativos para continuar la innovación y el progreso.

El simposio se centró en una amplia gama de cuestiones, entre ellas: tecnologías emergentes para la transformación digital, Inteligencia Artificial para el desarrollo, nuevas fronteras regulatorias, identidad digital en diferentes plataformas, la protección de datos personales en una economía inteligente basada en datos y nuevos modelos de inversión sostenible.

Los avances en la tecnología están creando nuevos fenómenos sociales y modelos de negocios que impactan cada aspecto de la vida personal y profesional de la población mundial, y que desafían los paradigmas regulatorios. M2M, computación en la nube, 5G, AI e IoT están trayendo más cambios profundos.

Si se reconoce el potencial de las tecnologías emergentes y el impacto que las políticas y los marcos regulatorios pueden tener sobre su éxito, los reguladores deben alentar un paradigma regulador que implique fronteras y permita la transformación digital. Por ello, el documento establece que se debe:

  • implementar un marco ágil para un ecosistema digital innovador a través de una política flexible, táctica, multisectorial, prospectiva, neutral y transparente, y enfoques regulatorios;
  • alentar políticas y medidas reglamentarias para facilitar el despliegue y el uso de tecnologías emergentes para infraestructura y servicios digitales asequibles, incluso en el ámbito del intercambio de infraestructura, la interconectividad, la calidad del servicio y el uso eficaz del espectro;
  • abordar el entorno propicio para las tecnologías emergentes, incluidos, según proceda y dentro de los respectivos mandatos, cuestiones tales como los derechos de propiedad intelectual (DPI), Inteligencia Artificial (IA), inversión, creación de empleo y ciberseguridad, neutralidad tecnológica;
  • abordar los argumentos comerciales y de inversión para 5G, y las medidas reglamentarias y políticas habilitantes relacionadas, reconociendo que se espera que 5G contribuya a una mayor evolución de las economías digitales, mejorando el crecimiento económico, mejorando las experiencias de vida de los ciudadanos y creando nuevas oportunidades de negocios;
  • reiterar que el acceso a recursos escasos (por ejemplo, frecuencias, números de teléfono, direcciones IP) es esencial para ofrecer servicios de comunicación efectivos e innovadores; además, mantener la suficiente flexibilidad de las reglas y procedimientos es importante para permitir la innovación, de modo que se puedan concebir, diseñar, probar y desplegar nuevos usos y nuevas tecnologías;
  • integrar la investigación intensiva en TIC en nuestras actividades a través de una estrecha colaboración y asociación con el mundo académico y las instituciones de investigación;
  • crear espacios de innovación para promover oportunidades para los jóvenes, fomentar el desarrollo de soluciones TIC innovadoras y fomentar una comunidad de empresarios y mentores;
  • reconocer que las tecnologías emergentes también requieren medidas para continuar desarrollando las habilidades digitales de las personas no sólo como consumidores sino también como ciudadanos;
  • y definir los mecanismos de respuesta apropiados ante amenazas y ciberataques, incluido el servicio de alerta temprana y el establecimiento de equipos de respuesta de emergencia cibernética (CERT) para mejorar la confianza del consumidor en la economía digital y proteger las inversiones ya existentes (redes, sistemas, aplicaciones y contenido).

Los reguladores también reconocieron la necesidad de un marco normativo favorable a la inversión para apoyar la transformación digital. Diseñar una visión de políticas a largo plazo para garantizar la previsibilidad y la certeza regulatoria que se necesita para promover los modelos de negocios e inversión y ofrecer conectividad para todos los casos de uso.

Asimismo, el documento final de la GSR-18 destaca que las medidas y los intercambios proactivos con todos los actores de la cadena de valor del sector (startups, centros de competencia, fabricantes, operadores y usuarios) son clave para impulsar el ecosistema digital emergente.

Las políticas de TIC y los marcos normativos deben estar actualizados, ser flexibles, estar basados en incentivos y estar orientados al mercado para apoyar la transformación digital en todos los sectores y regiones geográficas.

Las herramientas y medidas reguladoras de TIC de colaboración de próxima generación son la nueva frontera para los reguladores y los responsables de la formulación de políticas, ya que trabajan para maximizar la oportunidad que ofrece la transformación digital.

También durante el GSR-18 se celebró una reunión de Directores Regulatorios del Sector Privado junto con la primera reunión del Grupo Asesor de la Industria para Asuntos de Desarrollo (IAGDI). Fue diseñado para facilitar el debate y el intercambio de información sobre las tecnologías digitales emergentes.

La reunión de IAGDI, moderada por Bocar Ba, director Ejecutivo del Consejo de Telecomunicaciones SAMENA y Presidente de la Reunión de Directores Reguladores del Sector Privado, pidió medidas para facilitar el acceso a la conectividad de manera sostenible, fomentando la inclusión, permitiendo un amplio despliegue de infraestructura, impulsando la adopción de banda ancha y creando un entorno donde la innovación puede florecer.

GSR-18 también organizó una reunión de asociaciones reguladoras, presidida por Johannes Gungl, CEO de la Autoridad Reguladora de Radiodifusión y Telecomunicaciones de Austria (RTR) y Presidente del Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (BEREC).

En la reunión, los delegados tuvieron la oportunidad de compartir información con colegas reguladores de diferentes asociaciones reguladoras regionales y otras organizaciones, y discutir posibles áreas de intercambio de información con un enfoque particular en el intercambio de infraestructura.

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TELECOM

Claro lleva a Subtel a la justicia: presenta recurso de protección y pide orden de no innovar

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La Tercera, Sandra Burgos

Finalmente Claro Chile, la compañía controlada por el magnate mexicano Carlos Slim, decidió iniciar acciones legales. Hoy interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago, un recurso de protección en contra de la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi Masías, “por haber emitido -en forma ilegal y arbitraria- la Resolución Exenta N° 1.289 de 19 de junio de 2018”, señala el escrito.

Esta resolución es la que congeló el uso de la banda 3,5 GHz para las empresas Claro, Entel, GTD (Telsur), Movistar, y VTR.

El escrito señala que el recurso persigue “obtener la protección urgente de los derechos y garantías constitucionales de Claro frente a las graves infracciones cometidas por la Subsecretaria al emitir la Resolución Exenta Nº 1.289, con la cual pretende, entre otras cosas, suspender las concesiones y autorizaciones vigentes otorgadas a nuestra representada para prestar servicios en la banda de frecuencias 3.400 – 3.800 MHz (“Banda 3.5 GHz”) y de las que esta parte es titular desde hace más de 10 años”.

A juicio de la compañía, se trata de un acto manifiestamente ilegal y arbitrario “que priva, perturba y amenaza gravemente los derechos y garantías constitucionales de Claro, específicamente aquellos consagrados en el artículo 19 N°s 2º, 3º (inciso 5), 21º, 22º y 24º de la Constitución”.

Argumentaciones

La compañía controlada por Carlos Slim, contrató hace unos días la asesoría de Pellegrini y Cía, firma liderada por Julio Pellegrini, para que analizara los pasos a seguir en Chile. En ese contexto es que definieron no esperar más e iniciar las acciones legales en contra de la Subtel.

En su presentación, la firma entrega una serie de argumentaciones para solicitar el recurso de protección que paralice la decisión de Subtel.

En primer lugar señala que la resolución fue dictada por un órgano que no es competente para modificar o alterar las concesiones de telecomunicaciones. “El acto fue emitido por la Subsecretaria y no por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, que es la única autoridad competente y autorizada por la ley para otorgar, modificar y extinguir las concesiones de servicios de telecomunicaciones. Así lo establecen los artículos 8 a 23 de la Ley General de Telecomunicaciones (“LGT”)”, señala la presentación.

Asimismo, la compañía de telecomunicaciones argumenta que la resolución fue dictada sin que se hubiese seguido el procedimiento que establece la ley, vulnerando los artículos 6º, 7º y 19 N° 3 inciso 5 de la Constitución. “En efecto, la recurrida ordenó –por sí y ante sí– la suspensión indefinida de los servicios, omitiendo derechamente el procedimiento de cargos que debió haber aplicado si estimaba que existía alguna infracción en el uso de la concesión por parte de Claro. Así lo establece el artículo 36 A de la LGT” indica el escrito.

La firma agrega que también no procede la Subsecretaria haya ordenado restringir y suspender la concesión de Claro mediante una simple Resolución Exenta, ya que el único instrumento válido para establecer las condiciones de acceso, operación y explotación de una concesión es un Decreto Supremo, que además debe haber pasado por el proceso de toma de razón ante la Contraloría General de la República (artículos 8 y 15 de la LGT).

Argumenta el recurso que la resolución exenta es ilegal y arbitraria “porque impuso una sanción que no está establecida en la ley, al punto que ordenó a Claro suspender indefinidamente todos los servicios cuyo funcionamiento se encontraba autorizado en la Banda 3.5 GHz. En efecto, la LGT sólo autoriza para decretar una suspensión en casos sumamente excepcionales y siempre por un plazo o período limitado”.

Agrega la presentación que la resolución de Subtel carece de fundamentos jurídicos y fácticos, y que es insuficiente en cuanto a sus motivaciones. En la propia Resolución Exenta se reconoce que la suspensión sería para que la autoridad pueda “estudiar” el uso eficiente de la banda en concordancia a los usos internacionales. En este sentido, más allá que no existe incumplimiento ni infracción alguna de Claro que justifique semejantes sanciones, lo cierto es que las excusas esgrimidas por la propia subsecretaria dejan en evidencia que la Resolución Exenta carece del más mínimo fundamento jurídico y fáctico”, asevera Claro.

Añade la compañía que la resolución de Subtel es desproporcionada, que se trata de medidas innecesarias y completamente desmedidas para la finalidad de “estudio” que ha tenido en vista. “Si su objetivo es simplemente “estudiar” el uso eficiente de la banda en concordancia a los usos internacionales, no se entiende cómo podría ser razonable y proporcionado que –con dicho propósito– se impida a Claro operar y explotar sus servicios en la Banda 3.5 GHz”.

Uno de los argumentos más fuertes que expone Claro es que la resolución priva, perturba y amenaza importantes derechos y garantías fundamentales que la Constitución le asegura. Además, agrega que la subsecretaria no tiene competencia para disponer la suspensión indefinida de la operación de la Banda 3.5 GHz, menos a través de una simple resolución exenta, que fue dictada sin que se siguiera el procedimiento establecido en la ley.

Los representantes de Claro señalan que se vio vulnerado el derecho de propiedad de Claro, así como también su garantía constitucional a desarrollar libremente cualquier actividad económica, consagrados en el artículo 19 Nº 21 y 24. Asimismo, argumentan que impacta las inversiones que ha realizado la compañía y aquellas que se estaban materializando a futuro.

También la firma saca a relucir el derecho a no sufrir discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. Ante ello indica que la resolución de Subtel deja a Claro en una situación mucho más gravosa que sus competidores que no operan ni explotan servicios de telecomunicaciones en la Banda 3.5 GHz.

Con las argumentaciones presentadas, Claro solicita a la Corte de Apelaciones que deje sin efecto la Resolución Exenta Nº 1.289, así como todo acto de la autoridad que tenga por causa o fundamento dicha resolución. También pide que se ordene a la Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, inhibirse de desconocer los derechos adquiridos de Claro Comunicaciones S.A. y de Claro Infraestructura 171 S.A. en sus respectivas concesiones y autorizaciones para operar y explotar la Banda 3.5 GHz; y se le impida a la recurrida realizar actos que entorpezcan sus derechos a operarla y explotarla. Para todo ello, se solicita al tribunal de alzada que dictamine una orden de no innovar.

Otras acciones legales

En el mismo recurso Claro dejó entrever que esta no será la única accione legal que realizará. Señala que el recurso se interpone “sin perjuicio y haciendo reserva expresa de todos los derechos, acciones e intereses que pudiere tener nuestra representada, así como sus accionistas directos e indirectos de conformidad con el derecho internacional, incluyendo, sin limitación, las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos”, asevera.

Agrega además que “nada de lo manifestado en este escrito podrá ser interpretado como una invocación o ejercicio, en esta sede, de dichos derechos, acciones o intereses, ni como una limitación o renuncia a los mismos, que quedan expresamente reservados a todos los efectos”, advierte.

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MUNDIAL

La ONU convoca a panel sobre cooperación digital

Elizabeth Salazar

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Las Naciones Unidas (ONU) convocaron a un panel independiente con la finalidad de abordar cuestiones de cooperación digital.

El panel está compuesto por 22 miembros del gobierno, el sector privado, ciencia y de la sociedad civil, dirigido por Melinda Gates y Jack Ma, fundador de Alibaba.

El panel tendrá dos reuniones, una en septiembre de 2018 y otra en enero de 2019, hará una consulta regional en Asia y otra en África.

Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, espera que el panel identifique vacíos en la colaboración digital y sugiera alternativas para optimizar la cooperación.

Además de generar conciencia sobre el impacto de la tecnología digital en la sociedad y la economía, se busca generar un debate público sobre cómo garantizar un futuro digital seguro e inclusivo para todos, sin dejar de lado los derechos humanos pertinentes.

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