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ANÁLISIS

Órgano convergente en Colombia: ¿destructor o constructor de contenidos audiovisuales?

Sadi Contreras Fuset

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El mismo día en que escribo esta nota se archivó en el Congreso de la República de Colombia el Proyecto de Ley 174 de 2018 que buscaba la creación de un regulador independiente denominado “órgano convergente”, que fusione las autoridades encargadas de la regulación en materia TIC, mercados y contenidos audiovisuales, es decir, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV).

La intención, justificación, necesidad y prescripción de las normas actuales en la materia soportaba perfectamente la iniciativa del gobierno que inicialmente presentó un texto concertado en varias mesas de trabajo desarrolladas con los agentes del sector en varias regiones del país.

Pero aparecieron los congresistas que tienden a defender intereses particulares por encima de los generales y, en este caso, los digitales, que se sobreponen a las economías cambiantes en este mundo alterno, lleno de transformaciones en los comportamientos de consumo TIC y con miles de variantes en la producción de contenidos tanto digitales como audiovisuales, en una maraña de plataformas que dejan de ser importantes para el consumidor, el cual demuestra su preferencia por escoger los contenidos de su interés por encima de la plataforma tecnológica que los transporte.

Pero este comportamiento del mercado no es comprendido por algunos legisladores que prefieren ir en contra de la corriente y acomodar un texto para que se convierta en norma legal sólo priorizando el interés de unos pocos empresarios TIC que se empeñan en convencer a los gobiernos (que, a propósito, poco entienden de los cambios tecnológicos y menos aún de los consumidores) que las plataformas (Internet, TV por cable, TV satelital, IPTV…) aún son el objetivo a defender, cuando día a día se corrobora que lo que interesa al ciudadano son los contenidos, sin importar cuál plataforma sea la que los transporta. De hecho, es claro que el consumidor desea tener acceso a todas las plataformas para poder escoger cuál usar para tener el contenido deseado.

El Proyecto de Ley 174 en su concepción tiene la mejor intención de unificar las labores regulatorias de varias entidades del Estado que se han convertido en paquidérmicas por la confusión de competencias y el perfil de profesionales que, en muchos casos, serían seguramente excelentes ministros de educación, economía, justicia o magistrados de altas cortes, pero que para ejercer la administración en la promoción, desarrollo y financiación de políticas o proyectos en materia de contenidos audiovisuales, acorde a las nuevas culturas de consumo, no se comportan con las necesidades del sector. Sólo terminan frenando los procesos de crecimiento y avance coherente a la calidad en la producción de contenidos globales.

Y es que, como queda claro, las plataformas tecnológicas pasaron hace rato a segundo plano y los reyes, hoy y mañana, son los contenidos. Y los contenidos debemos entenderlos como de dos tipos: contenidos TIC y contenidos audiovisuales.

“Órgano convergente sí, pero así no”, fue la premisa que tuvieron que liderar los agentes del sector de la producción de contenidos audiovisuales cuando descubrieron que para la ponencia en la Cámara de Representantes en segundo debate, el texto había sido modificado con base en una propuesta que le reducía los recursos que recibe el Fondo para el desarrollo de la TV, por las compensaciones que deben cancelar los sistemas de TV por cable y satélite para la promoción de la TV pública.

Adicionalmente, y según palabras del Ministro TIC, Juan Sebastián Rozo, los profesionales encargados en el nuevo órgano regulador de administrar el fondo para contenidos audiovisuales serían economistas, abogados, ingenieros y otros doctos en temas que no tienen ninguna relación con la producción audiovisual y los medios de comunicación en materia de contenidos.

No se entiende quién es más terco con estas indelicadezas: el gobierno que aún piensa en la burocracia política disfrazada de académica, el Congreso que antes de visionar el desarrollo de un país soportado en la economía digital se dedica a favorecer intereses particulares, o los mismos empresarios del sector TIC que creen que defendiendo sus plataformas para que el crecimiento de la competencia en infraestructuras no les afecte los ingresos para lograr subsistir amparados en una Ley, y no por ofertar contenidos de calidad que atraigan al mercado nacional e internacional.

Se requiere de dicha Ley que cree el Órgano Regulador Convergente, se requiere que este órgano unifique el desarrollo normativo para el sector TIC, pero también se requiere que al interior de ese órgano se independicen las decisiones técnicas, de infraestructura, de ingeniería de las decisiones que apuntan a la promoción, desarrollo y financiación de los contenidos audiovisuales, así como las que tengan que ver con el estudio y comportamiento del mercado audiovisual.

Esto sólo se logra manteniendo dentro del nuevo órgano regulador una comisión de expertos para los primeros y una gerencia especial colegiada, compuesta por expertos en el sector audiovisual, que se encargue de los contenidos y el comportamiento del mercado.

No es hora de inventar sobre lo inventado, señores congresistas. No imaginamos unos abogados, economistas o ingenieros decidiendo cómo, cuáles o qué producción audiovisual debe o no ser financiada o promocionada con los recursos del fondo de contenidos; como tampoco imaginamos unos comunicadores, productores o realizadores audiovisuales decidiendo qué infraestructura técnica, equipos tecnológicos o qué estándar digital de vídeo es el adecuado para disiparse en el espectro.

Con relación a los recursos, es necesario primero tener claras las alternativas para reemplazar las fuentes que en la actualidad financian los contenidos audiovisuales públicos y de producción independiente. Cuando eso esté claro será posible iniciar el ciclo de reducciones a los esquemas privados de distribución de señal en las diferentes plataformas.

Un modelo económico no puede cambiarse de un día para otro por un simple pupitrazo que termina afectando al consumidor final de manera abrupta y sesgada.

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Operadores europeos de acceso abierto y mayoristas forman nueva alianza para acelerar despliegue de redes de fibra

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Los presidentes y directores generales de los principales operadores de acceso completo y mayorista de fibra completa europeos, CityFibre (Reino Unido), Deutsche Glasfaser (Alemania), Open Fiber (Italia), Gagnaveita Reykjavikur (Islandia) y SIRO (Irlanda), se reunieron en Roma en presencia de Johannes Gungl, presidente del BEREC (Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas) y de Erzsebet Fitori, director General de FTTH Council Europe, para debatir sobre el futuro del mercado de las telecomunicaciones y explorar oportunidades para acelerar el despliegue y la adopción de infraestructura de fibra en toda Europa.

Los operadores al por mayor sólo son especialistas en redes de fibra que, en ausencia de un brazo minorista, invierten únicamente en nuevas redes de fibra de acceso abierto de alta velocidad en beneficio de todos los proveedores de servicios.

Este es un modelo comercial probado que ahora está experimentando un crecimiento significativo en Europa, especialmente para el despliegue de Fiber To The Home (FTTH) y Fiber To The Building (FTTB). Millones de hogares y negocios se beneficiarán de la implementación de redes de fibra total transformadoras, lo que generará importantes beneficios económicos para el sector digital europeo.

Relevante: Operadores europeos mayoristas de fibra completa forman alianza

El nuevo Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (EECC) alienta explícitamente a los operadores mayoristas únicamente brindándoles un régimen regulador específico y ligero, ya que, naturalmente, proporcionan acceso a múltiples proveedores de servicios de telecomunicaciones sin discriminación ni abusos. Por esta razón, el modelo de sólo al por mayor es el vehículo ideal para el despliegue de redes de muy alta capacidad, según lo previsto por el Código, así como un facilitador de servicios innovadores como Internet de las cosas (IOT) y 5G.

Dado el alto costo de construir nuevas redes FTTH / FTTB, el modelo de venta al por mayor es el mejor enfoque para lograr una implementación de infraestructura de fibra completa a gran escala, ya que agrega demanda de muchos proveedores de servicios que se benefician de la conectividad a prueba de muy alta capacidad para el futuro. Dependiendo de las condiciones del mercado, los operadores independientes de acceso abierto pueden facilitar el mismo objetivo.

Las compañías que se reúnen en Roma han acordado crear una alianza para compartir las mejores prácticas y promover los beneficios y las ventajas de la fibra completa sólo para mayoristas, que ofrecen una infraestructura de fibra completa de manera mucho más eficiente que los operadores incumbentes integrados verticalmente.

La alianza funcionará para garantizar que los gobiernos, los organismos reguladores y los inversores financieros entiendan debidamente estos beneficios, y para promover el conocimiento de estas redes de fibra independientes entre los proveedores de servicios y los operadores móviles.

La alianza también cree que tiene un papel en educar e informar al consumidor europeo sobre cuáles son las redes genuinas de muy alta capacidad y desafía el uso indebido de la palabra “Fiber” en la comercialización de servicios de banda ancha que se entregan en redes heredadas basadas en cobre.

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ANÁLISIS

La calidad institucional: un aspecto capital para cerrar la brecha digital

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La calidad de las instituciones públicas, la seguridad jurídica y la confianza son aspectos esenciales para que las empresas puedan invertir con una mirada de largo plazo. Ello es relevante en todos los sectores de la economía, pero en las telecomunicaciones es aún más crucial, ya que, a diferencia de otros sectores, los montos de inversión son considerablemente cuantiosos, los despliegues de redes suelen ser irreversibles, y el horizonte temporal para el retorno de las inversiones es especialmente largo.

Es por ello que a la hora de invertir las empresas de telecomunicaciones son especialmente sensibles a las condiciones del entorno. No solamente a las características e intensidad regulatoria, sino también a aspectos tan elementales como el respeto de los derechos adquiridos, la independencia judicial, la ausencia de arbitrariedad en decisiones gubernamentales, la transparencia y la efectividad del marco legal para resolver disputas o para que los afectados puedan recurrir determinadas políticas o regulaciones si entienden que su legalidad es dudosa.

Existen diversos indicadores que pueden servir para tomar la temperatura del clima de negocios en un país. A modo de ejemplo, el World Economic Forum (WEF) cuenta con un amplio relevamiento de datos que utiliza para la construcción de su Índice de Competitividad Global, que se basa en buena medida en entrevistas a ejecutivos de empresas.

Los indicadores del WEF que destaco son los referidos a Derechos de propiedad, Independencia judicial, Confianza en los políticos, Favoritismos en decisiones de los gobiernos, Eficiencia del marco legal para resolución de disputas, Transparencia en la elaboración de políticas públicas, Fortaleza en la protección de inversores y Eficiencia para recurrir políticas y regulaciones en caso de que los afectados entiendan que su legalidad es dudosa.

En todos los casos, los puntajes van de 1 a 7 (de peor situación a mejor para el clima de inversión), con excepción de la protección de inversores en cuyo caso la escala es de 1 a 10.

El análisis de los indicadores del WEF sugiere que lamentablemente, América Latina no se encuentra bien ubicada a nivel global en cuanto a los mencionados indicadores, como se puede apreciar en los siguientes gráficos. En prácticamente todos los casos, los ejecutivos latinoamericanos califican a sus instituciones y políticos con puntajes que la sitúan como la última región renqueada, con excepción del indicador de protección al inversor, en la que supera -levemente- a África Subsahariana y al Medio Oriente y Norte de África.

 

Figura 1. Ranking regional de variables vinculadas a la calidad institucional

Fuente: elaboración propia con base en datos de WEF de 2017.

 

Esta situación es muy preocupante y afecta a toda la economía regional. Como decía, el sector de las telecomunicaciones es muy sensible a este tipo de factores, como vemos en el siguiente gráfico que relaciona, para una amplia muestra de países del mundo, los niveles de inversión en telecomunicaciones (CAPEX) per cápita, con cada uno de los mencionados indicadores que hacen la calidad institucional, junto con la regresión lineal que vincula a cada par de variables.

 

Figura 2. Relación CAPEX per cápita en telecom e indicadores de calidad institucional

Fuente: elaboración propia con base en datos de WEF y UIT de 2015.

 

Los resultados son contundentes, en la medida que la relación es siempre positiva. En otras palabras, el sector de las telecomunicaciones invierte más por habitante en aquellos países donde hay mayor respeto a la propiedad, o mayor independencia judicial, mayor confianza en los políticos, menores niveles de favoritismo en decisiones de gobiernos, marcos legales más eficientes para resolver disputas o recurrir normas de dudosa legalidad, mayor nivel de transparencia, o mayor protección a los inversores.

El análisis conjunto de los gráficos reportados evidencia a las claras que las inversiones para el cierre de la brecha digital necesitan de un entorno favorable. Y que América Latina tiene todavía mucho camino por recorrer.

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Back to the future: OCDE digital

Jorge Fernando Negrete P.

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Colombia representa una de las más provocadoras formas de dialogar cuando de política digital se trata. Habla con pasión y argumentos. Los encuentros provocados por el sector telecom en Bogotá, Cartagena o Medellín, han sido un espacio privilegiado para mirar dentro del complejo universo digital y debatir el deber ser de la nueva regulación y de la política pública; entre lo audaz y lo responsable; entre lo oportuno y lo visionario, entre posible y deseable. He sostenido que hay en Colombia un inevitable liderazgo en el pensamiento digital que se ha vuelto epidémico en toda américa latina. Frecuentemente su apasionado discurso nos ha hecho sonrojar por obsequiar rumbo a nuestras dudas. Cuando faltaba imaginación, nos compartía su realismo mágico; cuando había que ser audaces, apoyaba nuestras decisiones. Sin embargo, hay un dialogo que está pendiente al interior de su propia realidad: el dialogo con uno mismo. En la intimidad de la palabra conversada con nuestro yo, uno se habla con franqueza y puede quedar aislado, ahogado en el pensamiento propio, sin poder actuar. Colombia debe dialogar intensamente consigo misma, sobre su deuda digital, sobre el nuevo rumbo que debe seguir.

Sin ambages. Colombia debe acompañar su discurso visionario de política pública, con uno de reconfiguración regulatoria para reactivar la inversión. Colombia cuenta con un escenario único en América Latina. Es el país en la región con más empresas públicas asociadas con privadas o que actúan de forma independiente. Esto es delicado, ya que las empresas digitales son globales y se están consolidando para generar más economías de escala. Las empresas públicas, por el contrario, no son globales, carecen de economías de escala, tienen gastos fijos desproporcionados y su capacidad de innovación es mínima derivado de su regulación corporativa. Por otra parte, la reversión de activos, único caso en América Latina, secuestró la inversión de los dos principales operadores telecom: Movistar y Claro, cuando menos por dos o tres años. Esto precipitó la caída de la inversión en el sector a niveles de escándalo. El documento de la OCDE-Telecom, ya advertía de este problema hace 5 años “la incertidumbre sobre esta compensación económica (reversión) podría desincentivar las inversiones de los operadores, por lo que debe evitarse”. Así de claro.

Una espiral peligrosa. Distintas administraciones públicas, la nacional y municipal de Bogotá y Medellín, empiezan a ver cumplida la promesa de conflicto. Casi todas las empresas telecom del mundo se están transformando y han perdido valor. Las empresas públicas empiezan a comprender esto. La consultora internacional Oliver Wyman, señala que la venta de Une podría ser la única solución para la crisis que vive la municipalidad de Medellin. La fusión de Une-Tigo, no está generando los resultados esperados y existe la posibilidad de que el municipio capitalice en un futuro esta sociedad. El riesgo que la consultora identifica es grande por una posible pérdida de valor de la compañía, el problema es que esta reflexión, es exactamente la misma para ETB y el 32.4% de acciones que tiene el gobierno nacional en Telefónica. En el caso de Telefónica, ni siquiera su empresa matriz quiere hacer la compra y ETB ha perdido valor a una velocidad extraordinaria. Hay una enorme cantidad de empresas de cable y Televisión por asignatura, incluso en la modalidad de comunitario, que pasarán por esta misma realidad si no se consolidan.

El aviso y la solución. Todo esto fue diagnosticado y la medicina propuesta hace 5 años. El 11 de diciembre de 2013, Colombia recibió el Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones. En este documento, la OCDE señaló y propuso recomendaciones. Aquí algunas:

  1. La CRC “sólo puede desempeñar un rol decisivo si se convierte en un organismo con plena independencia del gobierno” “Los comisionados de la CRC son nombrados por gobierno de la nación”
  2. El MINTIC “no establece una separación efectiva entre la regulación y la formulación de política de telecomunicaciones”
  3. La CRC y la ANTV deben fusionarse y crear un regulador convergente.
  4. La Agencia Nacional del Espectro, debe fusionarse con la CRC.
  5. Las autoridades colombianas no deben obstaculizar las tendencias de consolidación en las telecomunicaciones.
  6. Señaló el conflicto entre regular, hacer política pública e invertir en empresas telecom al mismo tiempo.
  7. Señaló lo impropio de asociarse a empresas públicas telecom.
  8. Señaló que es injustificable la regulación de tarifas asimétricas en empresas que no son nuevas en el mercado, porque favorece sus ineficiencias.

Colombia no está sola en el proceso de imaginar una nueva ruta para desplegar infraestructura. Europa está repensando su histórico modelo de compartición a partir del éxito de España, que a 5 años de su nueva ley de telecomunicaciones, ha concentrado el equivalente, a toda la inversión de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia juntas, solo en España. La reconstrucción del sistema institucional y competitivo telecom de Colombia, es una oportunidad apasionante que recibe, Silvia Constain, la nueva titular, de uno de las más respetadas instituciones digitales de América Latina: el MINTIC.

Colombia juega en el pensamiento digital como ganador, con visión robusta de largo aliento. Si acompaña su visión con las decisiones estratégicas correctas, su dialogo íntimo consolidará el generoso liderazgo que nos ha obsequiado desde hace más de 10 años.

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