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ANÁLISIS

Planes de banda ancha: ¿moda o instrumento de desarrollo?

Gonzalo Ruiz Díaz

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En 2013 la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)[1] publicó un reporte en el cual indicaba que 134 países miembros de dicha organización habían formulado algún instrumento de política (plan, estrategia, política pública) orientado a la promoción de la banda ancha. La cifra, que en la actualidad podría ser mayor, refleja la importancia que ha adquirido para los países el uso de la banda ancha y de las tecnologías de la información en el diseño de políticas públicas orientadas a diversidad de objetivos tales como la promoción de mejores servicios públicos al ciudadano, la mejora de la competitividad e innovación en sus economías, entre otros.

A pesar de esta proliferación de planes y agendas, cabe preguntarse si ello se ha traducido efectivamente en una mejora de las políticas públicas orientadas al desarrollo de la banda ancha. Según la UIT, los países que cuentan con un Plan de Banda Ancha (PBA) registran 2.5 y 7.4 por ciento adicional de penetración en banda ancha fija y móvil, respectivamente, lo cual indica que existe una relación positiva entre despliegue de infraestructura y contar con un PBA, aunque no permita demostrar necesariamente una relación de causalidad.

Salvo excepciones muy puntuales, en América Latina casi todos los países cuentan con un PBA. Muchos de ellos se circunscriben al ámbito de la banda ancha como es el caso de Argentina, Bolivia, Panamá o Perú [2]; mientras en otros casos las metas relacionadas a la banda ancha se incorporan dentro de un ámbito más amplio de objetivos y estrategias relacionadas con el objetivo de la digitalización (agendas o estrategias digitales), como es el caso de Brasil, Chile, Colombia, México, República Dominicana y Uruguay.

A continuación, destacamos algunas buenas prácticas recogidas por los PBA aprobados en países de la región y se señalan aspectos claves de los cuales dependerá que éstos puedan convertirse en una efectiva herramienta de desarrollo.

Aspectos clave y buenas prácticas

Según Horton (2012)[3], existen un conjunto de buenas prácticas asociadas tanto al proceso de formulación de los PBA, así como de su contenido. En cuanto a los primeros, es importante que el diseño y formulación de objetivos sea hecho mediante mecanismos participativos que involucren a los principales stakeholders, tanto del sector privado como público.

Para ello, el órgano responsable de la coordinación y de la formulación del PBA debe tener la visibilidad y liderazgo suficientes que no sólo le permita convocar a todas las partes interesadas, sino que también cuente con el apoyo decidido de las máximas autoridades. En América Latina los PBA, en la mayoría de países, han sido liderados por el Ministerio o Subsecretaría del sector respectivo. Este ente, además de contar con el respaldo político necesario en la fase de diseño, también debe estar en capacidad posteriormente de coordinar con las distintas instancias del Estado el reporte y cumplimiento de las metas comprometidas en el PBA.

Elaboración: el autor

 

Con respecto al contenido de los PBA, las metas deben ser realistas y cuantificables sobre la base de resultados medibles, en lo posible, por instituciones autónomas o independientes. Es recomendable que los planes se formulen por períodos no mayores de 5 años. Ello resulta crucial toda vez que el sector telecomunicaciones es altamente variable y sensible al ciclo de las tecnologías. En el caso de los países de la región, los plazos de los planes oscilan entre 3 a 5 años, y en muchos casos ya han pasado por uno o más ciclos de revisión.

En Colombia, por ejemplo, el Plan Vive Digital fue formulado por primera vez en octubre de 2010, para un horizonte de 2010-2014. El Plan fue evaluado en 2014 y a partir de dicha evaluación se han trazado nuevas metas para el período 2014-2018.

En el caso de Chile, el primer plan que data de los años noventa se denominó Chile hacia la sociedad de la Información 1999, luego del cual se formuló sucesivamente la Agenda Digital 2004-2006, la Estrategia Digital 2007-2012 hasta el plan vigente Agenda Digital 2020.

Un atributo deseable de un PBA es que éste sea comprehensivo y permita atacar aquellos cuellos de botella que afectan tanto la oferta como la demanda de los servicios vinculados a la banda ancha o el ecosistema digital, dependiendo de la amplitud de los planes. En el caso de los planes que ponen énfasis en la digitalización (agendas o estrategias digitales), se suelen abordar los cuatro ejes del ecosistema digital: infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios. Los aspectos de oferta se suelen concentrar en el primer y segundo ejes; mientras que los de demanda en los dos últimos.

Por el lado de la oferta, el PBA de Bolivia ha incluido explícitamente el desarrollo de un proyecto de red troncal de transporte mientras en el caso de Argentina se ha planteado extender fibra óptica desde las redes troncales hacia el hogar (FTTH).

Por otro lado, un número importante de países contempla metas asociadas a la implementación de mecanismos de compartición de infraestructura, reconociendo que ésta constituye una medida importante para el desarrollo de la oferta de servicios portadores. Por ejemplo, el Plan Nacional de Banda Ancha del Perú en 2010 proponía el uso de mecanismos de compartición de infraestructura no solo del sector telecomunicaciones sino con otros servicios públicos como energía y transporte. La idea fue recogida en 2012 en la Ley de Banda Ancha aprobada por el Congreso peruano.

Por el lado de la demanda, los planes suelen incluir actividades y metas asociadas a objetivos de alfabetización digital y creación de capacidades vinculadas al uso de las TIC. En estos últimos casos, la participación e involucramiento de los ministerios vinculados a la educación y cultura, así como a la ciencia y tecnología, resulta fundamental.

Por ejemplo, en el caso de la Estrategia Digital Nacional en México, los objetivos en materia de educación se articulan con los objetivos formulados en un Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, el cual contiene estrategias y acciones vinculadas con el uso de TIC para mejorar la calidad educativa y que involucra como entidad responsable a la Secretaría de Educación Pública.

Por otro lado, para facilitar la accesibilidad de los usuarios a las tecnologías de la información en algunos países como Ecuador, Brasil y Panamá, se han establecido reducciones o exoneraciones tributarias y arancelarias a la importación de equipos (celulares, tabletas y computadoras).

Igualmente, los PBA deben estar adecuadamente articulados y ser coherentes con otros instrumentos de gestión y objetivos de política pública. Un aspecto clave en el cual se requiere estrecha coordinación es el relacionado con las políticas de gobierno electrónico. En algunos países como Costa Rica éstas no sólo se han integrado dentro de los objetivos de su Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, sino que  con el fin de hacer mucho más eficiente dicha articulación, se ha creado dentro de la estructura orgánica del Viceministerio de Telecomunicaciones, un Departamento de Gobierno Electrónico cuyo objetivo principal es formular instrumentos de planificación, manteniendo un banco de información actualizado, así como monitoreando los avances registrados, para guiar de forma ordenada y articulada el desarrollo de políticas en ese campo.[4]

Un principio importante que se suele mencionar para el diseño de los PBA es el de neutralidad tecnológica, según el cual los objetivos y estrategias que tracen los países deben evitar orientar o sesgar las políticas hacia el uso de determinadas tecnologías.

Sin embargo, esto puede resultar difícil en contextos en los que los Estados busquen dar impulso a la innovación y a la rápida asimilación de tecnologías consolidadas a nivel internacional.

Por ejemplo, en la región muchos PBA se han planteado objetivos vinculados a la introducción de tecnologías 4G en el segmento móvil, haciendo referencia explícita a la utilización de ciertas bandas de espectro como las bandas AWS o de 700 MHz para fines como la mejora de la conectividad rural, la seguridad nacional o para la introducción de determinadas tecnologías como LTE.

El objetivo último que se ha perseguido en los PBA aprobados por los países en este campo, es garantizar el uso eficiente del espectro y que ello se traduzca en servicios a disposición de los usuarios. Ejemplo de ello es el caso del Plan Uruguay Digital, donde se traza como objetivo “optimizar el uso del espectro radioeléctrico nacional y disponer de nuevas bandas con el fin de facilitar el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones”.

En cuanto al rol del regulador, en aquellos países en los cuales existe una agencia autónoma, los PBA deben respetar dicha independencia y, a la vez, coordinar esfuerzos tendientes a la consecución de los objetivos de los PBA. Sin duda, la participación de los reguladores resulta fundamental, por lo cual se debe involucrar a dichas agencias desde la gestación misma del PBA hasta su implementación.

Un caso interesante es el de Estados Unidos, cuyo Plan Nacional de Banda Ancha fue aprobado por el Congreso en 2009 y fue encargado a la Federal Communications Commission (FCC) para su implementación. Desde entonces, la FCC ha venido conduciendo los procesos de formulación de metas y planes, a la vez que coordina la elaboración de reportes de avance que son presentados periódicamente al Congreso.

Existen muchos otros objetivos en distintos ámbitos de las políticas públicas que merecen atención y que han venido siendo abordados en los PBA. Temas como el uso de las TIC para impulsar el uso eficiente de la energía, para fortalecer la seguridad ciudadana, para mejorar el nivel de vida de las minorías y personas con discapacidad, forman parte de un amplio abanico de objetivos que por razones de espacio no es posible desarrollar en este artículo.

¿Y los resultados?

El solo proceso de formulación de un PBA puede generar resultados positivos al permitir contar con diagnósticos y líneas de base adecuadas, así como convocar y movilizar un conjunto de actores importantes cuyas decisiones pueden influir en el desempeño del sector TIC. Sin embargo, todo este esfuerzo debe juzgarse en función de sus resultados.

La comparación no es fácil. Los países de la región muestran altos niveles de heterogeneidad en sus indicadores de banda ancha. Buena parte de dicha variabilidad se explica por factores propios de cada país, como la complejidad de su geografía, las características de su demografía y su economía. Los retos son diferentes en magnitud y naturaleza, por lo que las generalizaciones pueden resultar peligrosas. En ese sentido, los resultados de los PBA deben medirse exclusivamente en función al grado de cumplimiento de las metas trazadas por cada país.

En aquellos países en los que ya se han hecho evaluaciones de PBA como Colombia y Chile, los niveles de cumplimiento han sido bastante alentadores. En el caso del resto de los países, que aún no culminan su horizonte de planeamiento, el grado de cumplimiento de los PBA aún está por verse.

 

[1] ITU (2013) Planning for Progress. Why National Broadband Plans Matter?

http://www.broadbandcommission.org/documents/reportNBP2013.pdf

[2] En el caso del Perí, en noviembre de 2017 se publicaron para comentarios un nuevo proyecto de Politica Nacional de Banda Ancha y Tecnologías de la Información (TIC).

[3] Horton (2012), “Setting National Broadband Policies, Strategies and Plans”, en ITU “Trends in

Telecommunication Reform 2012”, ITU, Geneva.

[4] Viceministerio de Comunicaciones (2013), “Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2015-2021: Costa Rica, una Sociedad Conectada”, octubre, www.micit.go.cr.

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¿Cuál es el verdadero valor de la nube para los negocios?

María Rosas Casillas

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Hoy nos enfrentamos a una economía diversificada, donde los mercados y audiencias se multiplican con necesidades cada vez más específicas y donde la digitalización ha gestado una oferta competitiva que crece rápidamente tratando de atender estas nuevas demandas. Según un estudio que realizó el Instituto de Valores de Negocio de IBM, para 2020, el 90 por ciento de los modelos de negocios van a necesitar estar en la nube para ser competitivos y afrontar los retos que impondrá la economía digital. 

En los últimos años la nube ha revolucionado y potencializado los negocios por sus múltiples beneficios: eliminar los altos costos que conllevaba comprar hardware y software para almacenar grandes cantidades de datos; la gran escalabilidad, es decir, atraviesa fronteras y la información en la nube puede ser utilizada en cualquier latitud. Asimismo, ha mitigado el tiempo que antes se invertía en almacenar y distribuir información y brinda confianza y seguridad al permitir recuperar información con mayor facilidad.

Pero va más allá de eso, hoy en día, la nube está mejorando y permitiendo la innovación como nunca antes, porque es sólo ahora que la nube proporciona a la Inteligencia Artificial y el aprendizaje automatizado análisis de data con bajo costo, almacenamiento virtualmente infinito y procesamiento de datos a alta velocidad.

En este contexto, la forma como las empresas están constituidas en la actualidad puede verse mejorada de manera exponencial si las cargas de trabajo se trasladaran a la nube. Y es que con servicios que dan un gran impulso a las corporaciones como Inteligencia Artificial, blockchain y análisis de datos, la nube necesita de un trato especial enfocado a las empresas, desde un grado de seguridad empresarial para mantener toda la información clasificada, hasta la apertura de portabilidad de datos y aplicaciones que sean compatibles con entornos en ella.

A este modelo se le conoce como Nube Híbrida y, según un estudio, 98 por ciento de las organizaciones planean pasar del cloud al multicloud híbrido dentro de tres años.

Quizá todo este proceso se escuche abrumador, pero en realidad su implementación no es el mayor reto al que nos enfrentamos. Una vez implementado, la unificación y el manejo de varios proveedores de nube puede llegar a ser muy complejo, incluso para empresas que tienen un proceso avanzado en términos de transformación digital.

Es por lo anterior que IBM lanzó nuevas herramientas y servicios de nube híbrida diseñados para ayudar a las empresas a explorar fácilmente las complejidades de este nuevo panorama y de una manera más sencilla, migrar, integrar y administrar aplicaciones y cargas de trabajo con todo lo necesario para que pueda existir tanto en una nube pública o privada.

Con esto, no sólo rompemos las barreras en cuanto a la posibilidad de integrar Inteligencia Artificial a las empresas, al permitir el uso de diferentes servicios de nube a través de la plataforma IBM Cloud Private for Data, sino que aquellas compañías que cuenten con sus finanzas, datos de sus consumidores e inventario en diferentes nubes tendrán todo integrado en un solo lugar que, además, es bastante ameno en su interfaz de uso.

Esto sólo se traduce en beneficios para las compañías, pues si sumamos las capacidades de la Inteligencia Artificial en la nube, los beneficios se triplican ya que las ventas pueden aumentar y los gastos se pueden reducir significativamente.

Es evidente que hoy cobra relevancia la interoperabilidad entre nubes, incluso las que provienen de diferentes compañías, para así promover sistemas abiertos, fáciles de implementar y seguros que generen confianza en la tecnología. Así pues, apostar por la apertura beneficia a las compañías en su proceso de transformación digital, facilita la creación de aplicaciones y plataformas, reduce costos y le da un verdadero valor a los negocios.  

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América Latina y la guerra 4.0

Rodrigo Ramírez Pino

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La disputa comercial entre Estados Unidos y China ha revelado una nueva derivada de la tensión entre ambas potencias: la guerra 4.0 o la lucha por la hegemonía tecnológica del siglo XXI. Su primera batalla es quién obtiene el dominio tecnológico en el despliegue de las redes y servicios 5G.

La administración Trump puso en el centro de su ataque a Huawei, partiendo con la detención en Canadá de su directora financiera, acusando a la compañía de robo tecnológico y generando la sospecha global de espionaje y del mal uso de la información que haría la empresa China.

Hasta ahora, un par de países, que hace rato quedaron en la periferia del desarrollo de las plataformas tecnológicas, han recogido las sugerencias de Estados Unidos y han vetado a la compañía, bloqueado su participación en el mercado interno y han ido eliminando sus componentes de la red de comunicación móvil.

Lo cierto que aún no se conoce evidencia de esas acusaciones y Huawei sigue avanzando como referente del desarrollo de la arquitectura digital global.

Lo que esconden estas acusaciones es un enfrentamiento tecnológico de nueva generación, donde Occidente corre el riesgo de perder el liderazgo histórico de la innovación y el predominio del desarrollo de tecnologías, cediendo esta supremacía a manos de nuevos desafiantes y actores emergentes, en especial de China, que pasó de ser el paraíso de la copia y de la mala imitación a un gigante tecnológico mundial.

El país de Asia Oriental definió que su futuro dependía, en parte, del desarrollo de sectores claves de la economía y, para ello, y por su independencia, debía aplicar una alta tecnología para modernizar su base manufacturera, la robótica, la biogenética, los vehículos alimentados por nuevas energías, la aeronáutica espacial, la Inteligencia Artificial, la tecnología de la información, las redes de infraestructura.

En esta misma dirección avanza Corea e India. Las plataformas supranacionales Google, Amazon, Facebook y Apple lo saben hace rato.

La supremacía por liderar la revolución digital tiene en 5G su primera gran batalla emblemática. En el imaginario se instaló que quien primero conquiste esta nueva generación tecnológica tendrá el dominio y control del nervio central de la fábrica del futuro, de la industria inteligente, de la Inteligencia Artificial, Internet de las cosas; la salud digital, ciberseguridad, el control de las ciudades inteligentes, la movilidad y la energía.

El flujo del tránsito, el despliegue de nueva infraestructura, la conectividad masiva de dispositivos, sensores y artefactos y la gestión del transporte urbano; la llave maestra de la economía digital, la creación de nuevos empleos y la atracción de los fondos de inversión, el poder de la sustitución de los bienes y servicios tradicionales por sus equivalentes digitales. 

En medio de esta tensión geotecnológica, América Latina estará obligada a tomar partido y no debe dejarse intimidar. Mientras un par de países promueven el veto, el bloqueo, la restricción y la hegemonía tecnológica, nuestra región debe ser el referente de la neutralidad tecnológica, la igualdad de concurrencia de operadores, fabricantes, integradores, proveedores, agregadores, beneficiarse de esa oferta y generar las condiciones para que ocurra esa competencia.

La región debe aprovechar el contexto y construir una visión digital latinoamericana propia e independiente, que exprese el qué, cómo y dónde queremos estar en esta revolución digital, avanzar en el espacio digital común, de un mercado regional compartido, en la integración de los países para promover desarrollo, seguridad y confianza.

América Latina debe jugar un papel en la nueva gobernanza para la era digital, para ello debe tomárselo seriamente, mejorar las capacidades técnicas, ajustar los marcos regulatorios y construir una arquitectura legal que promueva la participación satisfactoria de cada país en este nuevo ecosistema. 

El proteccionismo no es un valor ni un aporte para el progreso de las naciones del continente. América Latina sabe quién termina pagando los costos de una guerra ajena, sabe quién termina recibiendo tecnologías de segunda mano, cerradas y amarradas a proveedores únicos.

América Latina sabe lo que implica que el ecosistema 5G llegue dividido a conquistar este territorio. Sabemos que significa retraso, marginación y exclusión.

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Disney–Fox y la televisión restringida en México

Ramiro Tovar

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Alrededor del caso Disney–Fox se ha generado una discusión que omite varios aspectos fundamentales que, de considerarse, disminuirían las especulaciones e interpretaciones entre el coro de columnistas y editorialistas en los medios. Tales aspectos son los siguientes, a consideración de quien suscribe:

  1. Que es una transacción con causas de origen y efectos globales que responde a la evolución de la estructura de los mercados de propiedad, desarrollo y producción, comercialización y distribución de contenidos, en respuesta a las actuales y futuras plataformas digitales. En particular, en respuesta al advenimiento de competidores basados en servicios OTT (Over-the-top) como Amazon y Netflix. Disney tendrá un portafolio de contenidos que incluirán desde X-Men, Avatar, Toy Story, Mickey Mouse, hasta Marvel, National Geographic, Star Wars y el archivo legendario de películas de la 21th Century Fox. La rivalidad a no perder de vista es Disney vs. Comcast (que adquirió NBC Universal) e incluso con AT&T que adquirió Time Warner.
  2. Que cualquier condicionamiento que se imponga a la transacción de referencia debe de subordinarse a los tratados internacionales, en este caso todavía el TLCAN y en el corto plazo con USMCA o T-MEC, recientemente negociado, y que deberá ser ratificado por los congresos de los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, en fecha próxima.
  3. Que en México no hay convergencia plena. La regulación ha protegido al operador que concentra el mercado. Históricamente, ha existido un obstáculo a la competencia en televisión restringida que es singular respecto de cualquier otra jurisdicción nacional. Adicionalmente, esta plataforma de distribución basada en cable coaxial se encuentra protegida de la competencia potencial que le representaría la más extensa red de telecomunicaciones (DSL-FTTH) existente, Telmex, que sin duda ejercería presión competitiva que se traduciría en mejor oferta, más contenidos y menores precios (la TV de paga es el único servicio de telecomunicaciones que en lugar de bajar precios, sistemáticamente van a la alza) en beneficio de los usuarios.
  4. Que hasta la entrada de filiales de canales deportivos de productores no integrados a concesionarios de televisión en el país (Claro Sports, Fox Sports, ESPN), diferentes a los integrados a los contenidos producidos por Grupo Televisa, la competencia por la adquisición y transmisión de tales eventos en exclusiva era inexistente.  La posición dominante de tal agente económico en la operación de sistemas de cable en el país y la integración de canales deportivos, propiedad y exclusividad de eventos y clubes deportivos, son parte de su todavía persistente poder de mercado en televisión de paga y factor determinante en su poder de negociación en dos ámbitos: 1) nacional, frente a operadores independientes de sistemas de televisión restringida (cable o satelital) al proveerles de contenidos en términos y condiciones no competitivos y 2) respecto de los proveedores de contenidos extranjeros que contrata en exclusiva, en ambos casos, los menos favorecidos son los operadores independientes que tienen que pagar sobreprecios por esos contenidos que Televisa tiene en exclusividad.

La resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) respeto al caso Disney-Fox muestra una aplicación limitada de los criterios de competencia económica de la legislación nacional respecto de la consistencia con lo resuelto por otras autoridades en la materia en el resto del mundo.

La transacción de referencia ha sido aprobada en todo el mundo, sujeta a algunas condiciones, tanto en Estados Unidos como en Europa, China e India. Tales condiciones se han limitado a la desincorporación de la trasmisión de eventos deportivos locales o de relaciones contractuales como agentes de distribución de películas como proveedores en el mercado de exhibidores de cine como en el caso de México.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene que pronunciarse sobre los efectos de esta operación en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.

Sin embargo, ni Disney ni Fox son concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones o concesionarios de sistemas de radiodifusión, ni son accionistas en alguno de ellos, por lo que el IFT no podrá ir más allá de lo que la Cofece ha resuelto aplicando los criterios de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) respecto al análisis con fines preventivos de las adquisiciones o fusiones entre agentes económicos.

El IFT, adicionalmente, podría actuar respecto de sus facultades asociadas a “derechos de las audiencias”, pero para ello no requiere, ni podría, resolver medidas tales como condicionar la transacción a desincorporación de activos o imponer ciertas restricciones contractuales en sus relaciones con concesionarios de telecomunicaciones o radiodifusión.

Este caso una es clara evidencia del conflicto competencial y de la incertidumbre que puede generar la existencia de ambos órganos autónomos reguladores en materia de competencia.

La salida a lo que implica esta operación no es el artículo 5º de la LFCE que establece que sólo una entidad, entre la Cofece y el IFT, tendrá competencia en un caso que conozca una u otra, y que serán los Tribunales Colegiados de Circuito Especializados en Materia de Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, los que fijarán a cuál le corresponde el caso, pues las facultades y atribuciones de una y otro son distintas.

Por ejemplo, la Cofece es competente y se ha pronunciado respecto de esta operación en los mercados de: a) distribución de películas para salas de cine; b) licenciamiento de contenidos y música para entretenimiento en el hogar para su adquisición y descarga directa; c) entretenimiento en vivo; d) licenciamientos de derechos de propiedad intelectual para libros, revistas, videojuegos, entre otros, pero no así para los efectos de la operación en las  redes de telecomunicaciones.

Por otra parte, en los eventos deportivos, Fox Sports es una alternativa a los canales de televisión restringida de tal género de contenidos pero que están integrados al mayor operador de sistemas de cable del país.

La existencia de contenidos deportivos de producción independiente ha incrementado la variedad y la diversidad de opiniones alrededor de tales eventos. Desincorporar la cobertura de eventos deportivos nacionales producidos por Fox significaría una regresión en la competencia y, por lo tanto, pérdida de variedad en dicho segmento de contenidos.

Al respecto, el Presidente López Obrador expresó: “lo que más me preocupa es que se cobre por ver el futbol, no es mi deporte favorito, pero sí mucha gente ve el futbol, no vaya a suceder de que se dé una autorización que afecte a los consumidores, a los aficionados del futbol”… ”Si afectan al futbol pues no, que se revise este asunto, que se discuta, que se debata; sí son organismos autónomos, pero no son infalibles, no son como el castillo de la pureza, que se vea qué están haciendo y todos tenemos derecho a conocerlo”.

Con tal preocupación en la mira, la operación Disney–Fox puede aumentar su poder de negociación como proveedores de contenidos frente al dominio de operadores de cable como Grupo Televisa, que han ejercido poder sustancial de facto en la distribución y transmisión de eventos deportivos por sus canales abiertos y restringidos, lo que ha derivado en tratamientos diferenciados entre los sistemas de cable integrados e independientes y la persistencia de rentas supra competitivas en el servicio de televisión restringida. Con ello, ha apalancado mayores márgenes dado que el aumento real en las tarifas aplicadas a sus suscriptores es menor que el incremento real en la adquisición de contenidos y programación de entidades nacionales independientes y extrajeras, como son Disney y Fox.

Si el objetivo es menores precios en televisión restringida, incluidos eventos deportivos, y programación exclusiva, se debe antes eliminar la añeja barrera a la entrada a la convergencia de servicios (triple play), permitiendo la concurrencia a todas las redes de telecomunicaciones basadas en cualquier tipo de plataforma tecnológica (DSL, FTTH, móvil, satelital o híbridas).

Tal es el obstáculo de relevancia, antes que esperar resoluciones que favorezcan la posición negociadora de los protegidos por dicha barrera a la entrada desde principios de los años noventa, y que han estado explotando la excepción del artículo 9º transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, respecto al debido proceso de análisis de competencia en sus adquisiciones de sistemas de cable por todo el territorio nacional.

No desviemos la mirada de donde existe realmente un impedimento a la competencia: la permanencia de privilegios injustificados a quienes pueden ofrecer triple play y quienes no; así como tampoco respecto a que la competencia global se dirige al streaming o servicios OTT, por lo que la convergencia de servicios para todas las redes es una condición necesaria.

Sin duda, la solución en México es la tan dilatada pero tan necesaria como anhelada convergencia plena, antes que cualquier otra.

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