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Uso de medios de pago electrónicos podría aumentar el PIB en un 2,8%

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Si Colombia logra que el uso de los medios de pago crezca al menos un 25 por ciento en el consumo de los hogares, su producto interno bruto (PIB) podría elevarse entre 1,77 y 2,89 por ciento, según cálculos de la industria financiera

Y es que aunque el país lleva poco más de cinco años en una carrera tecnológica que les permitirá a los usuarios mejores servicios financieros, el uso de esas nuevas tecnologías (fintech) sigue siendo bajo, mientras que la preferencia por el efectivo se mantiene en el otro extremo de la balanza, al punto de que nueve de cada diez transacciones se hacen hoy en dinero contante y sonante, sin tener en cuenta los altos costos que esto acarrea.

Consumidores de 100 grandes ciudades del mundo, entre las que se incluye Bogotá, gastan hoy en promedio 32 horas al año haciendo pagos en efectivo, tiempo que podría ser solo de 24 horas si se utilizaran los medios electrónicos, lo que a su vez les permitiría ahorrar unos 126 millones de dólares por año, señala el estudio ‘Ciudades sin efectivo’, contratado por Visa a la firma Roubini ThoughtLab.

En este se advierte que, una ciudad como Bogotá, que está centrada en el efectivo, podría obtener beneficios por 4.256 millones de dólares al año –casi el valor de la primera línea del metro–, un aumento de 9 puntos porcentuales del PIB, y se podrían generar 91.400 empleos si la gente optara más por los pagos electrónicos.

El problema, para algunos expertos consultados, es que la gente sigue muy apegada al efectivo por cuestiones culturales, de seguridad, impositivos y falta de educación financiera, lo que hace difícil reducir ese uso al 8,5 por ciento, como lo pretende el Gobierno este año, desde el 12 por ciento actual.

Margarita Ramírez, gerente de Medios de Pago y Canales Electrónicos del Banco AV Villas, dice que Colombia se mantiene a la vanguardia en desarrollos de aplicaciones y dispositivos para que las personas puedan hacer cada vez más transacciones electrónicas, pero que para que los ecosistemas de pagos cumplan con su objetivo se requiere que todos los actores que los integran, redes, entidades, gobierno, usuarios y comercios, estén conectados.

Y, posiblemente, ahí es donde radica uno de los mayores obstáculos, pues Colombia requiere que haya mayor aceptación de estos medios de pago en la economía, sobre todo en el comercio, donde existe resistencia por asuntos impositivos, de costos y de informalidad.

“Creo que lo que tenemos es una gran oportunidad en Colombia para crecer los medios de pago electrónicos, y venimos en este proceso”, sostiene Marcela Carrasco, presidenta de MasterCard para Colombia y Ecuador, quien advierte que el país tiene una penetración de medios de pago electrónicos sobre el consumo de hogares de apenas 13 por ciento, muy inferior al 30 por ciento de Brasil o el 50 de Estados Unidos, por lo que el camino por recorrer es bastante amplio.

Algo en lo que coincide Luis Fernando Sierra, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Credibanco, para quien si se quiere avanzar en esa dirección, el reto es lograr que pequeños comercios acepten esos medios de pago nuevos, aunque también se necesita trabajar en cuestiones de interoperabilidad y probar soluciones seguras, eficientes, rápidas y fáciles de entender para que los consumidores se acostumbren a utilizarlas en su día a día.La apuesta del sector financiero ha sido fuerte, pero hay quienes piensan que la estrategia de algunas entidades no ha sido tan agresiva como se esperaba.

PASO LENTO

“A algunos bancos les ha costado dar el paso al mundo digital, pero hoy todos cuentan con una solución para acercar más a sus clientes. Sin embargo, unos han decidido ofrecer un canal más informativo. Los que tienen un canal digital más productivo para que sus clientes adquieran servicios y productos vienen ganando mucho más terreno”, sostiene Carlos Castro, directivo de VeriTrans, firma de desarrollos financieros con presencia en Colombia.

Las fuentes consultadas coinciden en que la adopción y uso de esos medios de pagos electrónicos se hace cada vez más rápido en el país, pero que sus efectos sobre la reducción del efectivo tardará, cuando menos, unos cinco años más.

Los usuarios de estas aplicaciones ya se cuentan por millones en el país, dicen, pero la parte difícil está en la base de la pirámide poblacional, que es en donde toca el trabajo fuerte de las entidades.

Germán Rodríguez, director de desarrollo comercial de BBVA, dice que los resultados se están dando, pero no tan rápido como se quisiera. “Desde el 2013, en Colombia se duplicó el número de usuarios de banca digital; hoy suman 3 millones, según la encuesta de Calidad de Vida del 2017. La penetración aún es baja, pero va en ascenso”.

LOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS

Juan Gonzalo Tobón, gerente de Transformación del Negocio de Pago de Bancolombia, dice que los bancos deben crear nuevos modelos de negocios para llegar a toda la población. “Hay que crear estímulos que permitan la formalización de los comercios para que estos adopten los pagos electrónicos”.

Johathan Malagón, vicepresidente de la Asobancaria, explica que junto con otros actores del mercado desarrollan el Plan F. Se habilitó un sitio web para el pago de impuestos nacionales, distritales y aduaneros. También se han implementado peajes y planillas electrónicas, cuentas maestras y pensiones para bajar el uso del efectivo.

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AMÉRICA LATINA

Retraso de Aresep afectaría telecomunicaciones

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Diario Extra, Lic. Antonio Alexandre García

Nuevamente la Aresep (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos) y su regulador Roberto Jiménez Gómez y Junta Directiva (Sonia Muñoz Tuk, Edgard Gutiérrez López y Pablo Sauma Fiatt) podrían afectar a la industria de las telecomunicaciones. A menos de seis meses de que a D. Manuel Ruiz, superintendente de la Sutel (Superintendencia de Telecomunicaciones), y al suplente Jaime Herrera, de la misma entidad, se les venza el periodo de sus plazas el 5 de enero próximo, Aresep todavía no ha abierto el concurso para la sustitución o renombramiento de dichos miembros.

Peor aún: por la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) y sus reglamentos, el Consejo de la Sutel, órgano regulador de la industria de telecomunicaciones, únicamente puede sesionar si cuenta con por lo menos 2 de sus 3 miembros. Como en este caso vence el plazo de ejercicio de funciones de un miembro propietario y del único miembro suplemente, si no hay un nombramiento de estos puestos antes del 5 de enero, la Sutel únicamente podría sesionar si los 2 miembros que siguen (doña Hannia Vega y don Gilbert Camacho) están presentes en las sesiones del Consejo.

No pueden asistir a congresos o reuniones internacionales si hay sesiones, tampoco pueden tomar vacaciones y ni siquiera se pueden enfermar (¡!) puesto que con eso se paralizarían las decisiones en una industria, la de telecomunicaciones, que ya hoy representa el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica, al cumplirse apenas 10 años de la Ley General de Telecomunicaciones, que abrió el mercado de esos servicios en el país.

Se estiman 12 mil empleos directos en Telecom y siguen en crecimiento. Ya somos los líderes en penetración de telefonía móvil en toda Latinoamérica.

Ya fuimos testigos de actitudes que han rayado al absurdo cuando en la elección de doña Hannia Vega, cuando ya había una “terna” entre las más de 30 aspirantes al puesto, terna esta que incluía la experta exviceministra de Telecomunicaciones Hannia Vega, y después de un largo proceso de concurso, se le ocurrió a Aresep repetirlo, por excusas que nunca han sido aclaradas y que por dicha no prosperó.

Doña Hannia fue ratificada en la Asamblea Legislativa y hoy preside Sutel.

Lo mismo pasó en el nombramiento de D. Gilbert Camacho, quien aplicaba a la renovación de su puesto (en Sutel se puede ser nombrado únicamente por 2 periodos) y Aresep no reconocía atestados obvios del candidato, puesto que era superintendente de Sutel, y tuvo que volver a pasar por un largo proceso que, a mi juicio, hubiera podido ser mucho más corto de parte de Aresep.

Pero volvamos al absurdo: faltan menos de seis meses para que D. Manuel Ruiz (quien ya ha sido presidente de Sutel en este primer periodo de su ejercicio) y el suplente Jaime Herrera dejen sus funciones. ¿Qué espera Aresep para arrancar con el concurso?

El concurso es efectuado en etapas, que incluyen desde atestados y exámenes de conocimiento de la materia de regulación y telecomunicaciones, además de entrevistas con la Junta Directiva hasta que finalmente (sin contar el eventual sesgo político muy frecuente en nuestras instituciones y que ojalá no pase esta vez en Aresep), la JD de ese órgano presenta a la Asamblea Legislativa un nombre indicado al puesto (en este caso dos indicados, uno como miembro superintendente y otro para la suplencia), y de ahí esperar que las y los diputados decidan si aceptan la sugerencia o le piden otra opción a Aresep.

Y tienen un plazo de 30 días calendario para esa decisión. Y perdón, no es que el presidente de Aresep o la Junta Directiva laboren ad honorem.

Aquí dejo pendiente (voy a investigar) el sueldo completo del presidente de Aresep Roberto Jiménez Gómez y demás beneficios que recibe (vehículo, viáticos, pluses, etc.) Dice la propia página web de Aresep: “Los miembros de la Junta Directiva devengarán, por cada sesión a la que asistan, dietas correspondientes al diez por ciento (10%) del salario base del Contralor General de la República. No podrán remunerarse más de tres sesiones por semana”. (Artículo 54, Ley 7.593).

A trabajar entonces, porque la industria de telecomunicaciones no puede parar y será su responsabilidad si para el 5 de enero del 2019 no se habrán efectuado los nombramientos que ya sabemos estarán pendientes.

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AMÉRICA LATINA

Internexa propone modificar propuesta de adenda a Red Dorsal

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El Comercio-Marcela Mendoza Riofrío

Internexa, proveedor de transporte de datos de origen colombiano que compite con Azteca, pidió formalmente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que reconsidere la adenda al contrato de la Red Dorsal.

La empresa de capital colombiano informó que han remitido al MTC una carta con sus comentarios sobre la propuesta de adenda al contrato suscrito entre MTC y Azteca, operador de los 13,5  km de fibra optica de la red dorsal.

Como se recordará, en el citado contrato se establece que Azteca cobre una tarifa fija de US$23 más I.G.V. por mega transportado, lo cual resulta caro en el mercado, pues los otros operadores cobran menos (US$15 en promedio). La adenda propone cambiar el cobro por una tarifa flexible con un tope máximo de US$23.

Internexa considera que, si se aprueba la citada adenda, Azteca no competiría en iguales condiciones que los privados porque recibiría un subsidio por parte del Estado peruano. Por lo tanto, estaría afectando la libre competencia e iría contra lo que dispone la Constitución.

“Si se le otorga a Azteca el mecanismo de flexibilidad tarifaria en zonas con competencia, ello iría en detrimento de los demás operadores, ocasionando que no puedan competir en iguales condiciones y trayendo como consecuencia negativa la posible salida del mercado de dichos operadores afectados; lo que a su vez, generaría que Azteca termine siendo el único operador del servicio portador a nivel nacional”, señalaron.

Es por esta razón que Internexa propone al MTC que, si va a establecer flexibilidad tarifaria, sea en las zonas rurales o alejadas en donde se necesita Internet pero no hay oferta ni competencia privada. De esta manera -indica- el Estado cumpliría su rol subsidiario.

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Ley de emprendimientos propone plataformas de micro financiamiento colectivo

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El Observador

En la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados se están discutiendo dos proyectos de ley de promoción de emprendimientos presentados el año pasado. Uno, diseñado por el presidente de Endeavor, Andrés Cerisola y presentado por el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi. El otro fue presentado en Comisión por el diputado del Frente Amplio, Walter De León.

Aunque uno es mas extenso que el otro en cantidad de artículos, ambos tienen un mismo propósito: fomentar el emprendendurismo en Uruguay y brindar las mejores condiciones para que emprendedores puedan abrir una empresa en poco tiempo y mejorar los mecanismos de inversión.
El diputado Goñi dijo a El Observador que hay “predisposición de todos los partidos a aprobar una ley de emprendimientos”, que se espera que finalice su tratamiento en el Parlamento antes del día del emprendimiento el tercer jueves de noviembre. A la comisión fueron invitados integrantes de instituciones de apoyo a emprendedores y organismos estatales para intercambiar puntos de vista sobre la temática.
Una de las herramientas para emprendedores que plantean los proyectos es la habilitación del micro financiamiento colectivo -o crowdfunding-. “Es un mecanismo que facilita el acceso al financiamiento, que es una de las grandes restricciones de los emprendedores”, sostuvo Goñi. Este mecanismo permite que cualquier persona que quiere invertir pequeños montos en varios proyectos -hasta US$ 10.000 por año-, puedan, a través de una plataforma tecnológica, concretar esa financiación.
Por otra parte, cada emprendimiento podrá recibir un monto máximo de US$ 1 millón a través del micro financiamiento.

“Hay varios países del mundo en los que se aplica este mecanismo. A veces en cuestión de horas se consiguen montos importantes, sin intermediación bancaria”, añadió el diputado.

La idea es promover la creación de este tipo de plataformas que nuclean variedad de emprendimientos, con y sin fines de lucro. Dos representantes del Banco Central del Uruguay (BCU) concurrieron a la Comisión y coincidieron con la creación de estas plataformas para cofinanciar emprendimientos. “El emprendedor debe aclarar que es una inversión de riesgo, contar los detalles del proyecto y después se acuerda cuál será la forma de retribución al inversor que colaboró con un monto pequeño”, indicó.

El proyecto incluye límites estrictos de montos, la promoción de una regulación adicional para las plataformas de micro financiamiento colectivo (en especial en la prevención y control del riesgo de fraude), y advertencias concretas que dejen a salvo toda responsabilidad del Estado por los eventuales resultados de las inversiones.

Al ser inversiones por montos bajos, esta actividad no implica la regulación del BCU.

Otro de los puntos que se busca fomentar es el acceso al capital semilla, que actualmente es aportado por el Estado a través de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). “Hay que fomentar la figura del inversor ángel, que invierte grandes montos de dinero en las primeras etapas del emrpendimiento. La idea es generar incentivos fiscales para quienes aporten capital semilla”, dijo Goñi.

Una empresa en 24 horas

Al igual que lo establecido en la ley de emprendedores aprobada en Argentina en abril de 2017, el proyecto de ley que busca su aprobación en el Parlamento uruguayo genera la figura jurídica de la Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), que tiene las ventajas de una sociedad anónima, como la incorporación de capital, pero con un costo de creación menor y mayor “flexibilidad y autonomía de los sus socios”.

“La empresa se puede crear vía web, con formularios prontos para que el emprendedor, sin mucho conocimiento legal, pueda elegir los estatutos, inscribirse y en 24 horas tener la sociedad”.

Dentro de las flexibilidades de la SAS, las actas de directorio pueden establecerse vía WhatsApp u otra plataforma digital.

La SAS se ha implementado en varios países de América y Europa. Goñi citó el ejemplo de Colombia, que desde la implementación de esta figura jurídica hace ocho años, se han creado 500.000 emprendimientos.

Como antecedente a esta iniciativa que se está discutiendo en el Parlamento, hay un proyecto de ley de 2012 que no prosperó, y que había sido impulsado por el entonces senador socialista Daniel Martínez.

Debate en curso

La Fundación da Vinci, que apoya a emprendedores con la incubación de sus proyectos y otras herramientas, realizará actividades para estimular el debate y recibir aportes en el camino de la posible aprobación de la ley de emprendedurismo. El director de la fundación, Sergio Delgado, será quien lidere estas actividades.

El próximo jueves 26 julio, se realizará una reunión con miembros de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y representantes de las organizaciones integrantes de la Red de Apoyo a Futuros Empresarios (RAFE), que funciona bajo la administración ANDE.

En tanto, el martes 31 julio habrá un panel con empresarios y emprendedores en Salto, coorganizado con Centro Comercial e Industrial de Salto.

 

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