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SPEI: los puntos claros

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Excélsior – Alicia Salgado

Desde 2013, en el Banco de México y en el país, se han llevado a cabo acciones que han permitido ir previendo acciones de ciberseguridad, pero la forma en que escala la tecnología de redes y los protocolos de enlace, suites, ruteadores, etc., esas estrategias deben revisarse y fortalecerse a la par.

Pero como le comenté desde el primero de mayo, la integridad del sistema de pagos no ha sido afectada. Las 9 instituciones que tienen contratado a LGEC, proveedor de enlaces al SPEI, están operando con normalidad a través del COA (en modo de comprobación) para validar los envíos que tardan entre 60 y 120 minutos en transferencias mayores a 50 mil pesos y, una vez que llegan verificadas las solicitudes al SPEI, se transfieren y depositan en segundos en las cuentas receptoras.

Además, de la revisión de la ruta del dinero desde las cuentas concentradoras de los bancos o instituciones no bancarias identificadas como “vulneradas” por la intrusión externa (Banorte, Inbursa, Banjército, CPM y casa de bolsa Kuspit), se ha recuperado una buena cantidad del dinero que no fue recolectado en las cuentas receptoras después de la dispersión.

El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, puntualizó que la suma extraída fue menor a 300 millones de pesos, mientras que el vicepresidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Robles y presidente de BBVA Bancomer, dijo ayer que eran como 100 millones por la recuperación señalada.

Por otra parte, aquéllos que pensaron que después del niño ahogado Banxico tapaba el pozo con la creación de una Dirección de Ciberseguridad se equivocaron, pues el gobernador Díaz de León, detalló que desde el 2013 el instituto central constituyó una gerencia de cibercrimen y tiene todo un protocolo en la materia para sus sistemas y para la supervisión de las instituciones financieras que funcionan en el sistema de pagos. Toda la información de los tres sistemas, el de pagos de bajo valor, alto valor y dólares, está disponible y es pública.

Pero dicen que a la autoridad financiera siempre le beneficia la ocasión y la falla más notable fue la de coordinación entre instituciones, no sólo de la ABM que preside Marcos Martínez, sino en todos los gremios financieros relevantes donde hay custodia de recursos captados (ahorro).

Por ello, y reconociendo el avance de la tecnología y la pronta entrada en vigor de la regulación Fintech, se está revisando el Protocolo de Coordinación entre autoridades, de autoridades con las instituciones y, entre instituciones.

La ciberseguridad es un tema sofisticado y complejo, no sólo por la vistosidad noticiosa de los ataques, sino por el creciente y cambiante universo de aplicativos y modelos Fintech, por lo que la revisión de estándares de seguridad, confiabilidad y de respuesta ante contingencias, será permanente, para que siempre sean los más robustos y claramente reflejados a los consumidores y usuarios.

Así, este Protocolo de Ciberseguridad, que trabaja el subsecretario de Hacienda, Miguel Messmacher y presidente de la CNBV, Bernardo González, en coordinación con Banxico, delinea acciones de comunicación y reacción en contingencia.  El modelo es preventivo y no es sancionatorio de ninguna institución ex ante.

Se espera que esté listo y firmado por los representantes de los gremios para el viernes próximo, y presenta la forma y ruta que deberán seguir todas las instituciones financieras para reaccionar cuando haya un evento técnico, un evento operativo, o la violación interna o externa de sistemas para intentar sacar dinero por medios tecnológicos.

Para ello cada gremio (comenzando por bancos) integrará un grupo de análisis al que todos tienen obligación de informar lo sucedido, sin que ello implique que se viola la secrecía bancaria o empresarial, y ese grupo debrá avisar a las autoridades de CNBV y Banxico, para que se atienda la contingencia sin que se afecte la continuidad operativa del sistema (que funciona como toda red, como efecto dominó).

Si se identifica que el problema es técnico u operativo se arregla con aviso al resto de las instituciones del gremio e intergremial, como ocurrió con el aplicativo de BBVA Bancomer para banca móvil o el problema del disco duro del servidor de Citibanamex que afectó la operación de sus tarjetas de débito.

Si es interno o externo realizado por hackers o personal por medios tecnológicos, tienen que avisar a autoridades y, tipificar el uso de la tecnología para la realización del fraude, la que se dará a conocer al resto de las entidades para que se protejan de manera que un miembro vulnerado no implique un sistema vulnerado.

Una vez que se tipifica, el banco tiene que realizar un análisis forense en el que deben participar las autoridades de investigación de delitos financieros y cibernéticos.

Con esto se evita que los bancos no reporten a sus pares y a las autoridades lo que les está sucediendo, y se quita el oscurantismo del siglo XX.

Por último, habrá grupos de respuesta de autoridades coordinados con los involucrados para alinear el trabajo, y se obligará a cada institución a constituir un comité exprofeso para emitir los mensajes al público, el que deberá estar integrado por una persona operativa, el jurídico y el oficial de comunicación.

Los protocolos serán obligatorios para los 50 bancos comerciales, las 44 sofipos, las 157 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y las 89 uniones de crédito, las 36 casas de bolsa 26, el Indeval, los switches de pago, las dos bolsas y todas las asociaciones gremiales y, propongo que hasta las Fintech se sumen, ¿o no?

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Narcos mexicanos

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Proceso – Florence Toussaint

La nueva temporada de Narcos: México, la serie deNetflix ahora dedicada a exponer la formación del primer “sindicato” nacionalde traficantes de estupefacientes, coincide con el juicio a Joaquín GuzmánLoera, El Chapo, en Estados Unidos.

Ningún elemento le falta al espectáculo judicial: los testigos han implicado en el tráfico a ex presidentes, funcionarios, la policía y el ejército del país. Tenemos a todos los actores necesarios: el narcotraficante, su guapa esposa, los defensores, el fiscal, y los que no están físicamente presentes son nombrados. Pese a únicamente mostrar imágenes dibujadas, la imaginación completa un cuadro descrito en palabras.

La serie inicia con la formación del cártel de Guadalajara, la siembra de marihuana sin semilla –creación de Caro Quintero en el desierto mediante riego–, la cosecha realizada por campesinos. Estos son llevados en autobuses al campo, se tapan la cara con una capucha para que no sepan distinguir hacia dónde los dirigen.

Mientras tanto en la ciudad el capo Felix Gallardo organiza el negocio. Soborna gobernadores, miembros del senado, policías federales. Se establece la llegada de Kiki Camarena, estadunidense miembro de la DEA, quien trabaja en una oficina establecida en México con permiso oficial para colaborar en el combate a los narcos. Aparecen los contubernios de esa corporación con el gobierno de nuestro país para hacer como que buscan, y realmente dejar pasar. Los dos grandes héroes, antagónicos, son Camarena y Gallardo.  

El crimen, la delincuencia individual u organizada ha sido motivo de novelas, películas, series. Los protagonistas, pese a ser violentos, crueles, transgresores adquieren mediante su elevación a personas valientes, arrojadas, capaces de organizar una empresa complicada, de manejar huestes de socios y trabajadores, de engañar al fisco, burlar a la policía, el carácter de héroes de una cultura machista.

En series como la comentada, se borran las fronteras entre ficción y realidad.  Se hace la observación de que estamos ante personajes fingidos, y cualquier relación con los reales es pura casualidad.  Pero los nombres de los traficantes son verdaderos, la actividad que llevaron a cabo también. En cambio los funcionarios implicados se mantienen en el anonimato tras apelativos ficticios.

Narcos: México no nos dice nada nuevo.  Grabada en inglés, con subtítulos en español, la traducción resulta excesiva: “se afina la guitarra”, “sonido de suspiro”, “susurro ininteligible”,,, como si esos ruidos fueran diferentes en distintos idiomas.

Si acaso la factura aporta novedades: una cuidada fotografía, actuaciones correctas, los sets verosímiles, buena edición. 


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Importancia de la apropiación social de las TIC

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La Crónica de Hoy – Sergio Carrera Riva Palacio

Vivimos una época marcada por el acelerado cambio tecnológico. La convergencia de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) han resultado un vehículo facilitador del intercambio de ideas, pero también un poderoso motor de la transformación económica y social. La innovación en los dispositivos móviles y la caída relativa de los precios de los servicios de telecomunicaciones han favorecido la adopción de esas tecnologías.

En México, la velocidad de adopción de las TIC se ha multiplicado a grado tal que, de acuerdo con información del INEGI para 2017, en el 51% de los hogares se cuenta con conexión de internet y 45% de los mismos tiene computadora1. En cuanto a la penetración de las tecnologías en dispositivos móviles, se tiene que el 72% de la población de seis años o más utiliza el teléfono celular. De esta proporción, ocho de cada diez disponen de un dispositivo de los llamados inteligentes con los que tienen la posibilidad de conectarse a internet2.

Es cierto que durante los últimos 20 años la penetración de internet en México ha crecido en más de 30 veces; sin embargo, en las economías más avanzadas, el crecimiento fue superior a 60 veces en este mismo periodo.

Un caso paradigmático en el proceso de adopción de las TIC es el de Corea del Sur, que implantó desde la década de los 90 un programa de conectividad universal que ha ido creciendo con el apoyo del Estado para llevar banda ancha de calidad a todos los hogares.

A pesar de su notable a avance, preocupa la presencia de una brecha digital dura —falta de acceso a las redes de telecomunicaciones—, así como la presencia de una brecha de apropiación derivada de la falta de desarrollo de habilidades digitales para tomar ventaja de las oportunidades que ofrece la red.

El reto fundamental no es el acceso en sí mismo, sino la oportunidad de transformar las condiciones de vida de las personas, particularmente de las que viven en condiciones de pobreza, así como las oportunidades de mejora en la productividad y competitividad de los negocios, especialmente los de menor tamaño.

El avance de las TIC está permitiendo al mismo tiempo facilitar el rediseño de los servicios públicos, un proceso que es conocido como transformación digital. Se trata de poner al centro las necesidades de la gente y reordenar todas las actividades que realizan las instituciones públicas y sus proveedores para permitir una mejora tangible en la calidad, oportunidad y cobertura de dichos servicios públicos.

Consideremos algunos ejemplos:

A través de utilizar como punto de contacto una aplicación móvil, es posible dar seguimiento y atención a enfermos con padecimientos crónico-degenerativos a través de un dispositivo móvil. Para hacerlo, no bastan las TIC, sino deben involucrarse otros conocimientos derivados de especialidades como la inteligencia artificial, el diseño de sensores, las matemáticas, el aprendizaje de máquinas, la nanotecnología, la biotecnología, etcétera.

La utilización de las TIC para atender integralmente el acceso a programas de apoyo sin requerir de bancarización, de forma tal que sea posible solicitar, aprobar, entregar y ejercer los beneficios derivados de subsidios o créditos sin interrumpir las actividades diarias de las personas beneficiarias de dichos apoyos que hasta ahora deben trasladarse a hacer gestiones a oficinas públicas.

La utilización de dispositivos móviles para que las pequeñas empresas se vinculen a las cadenas de suministro y obtengan los beneficios de compras consolidadas sin perder su independencia económica.

La nueva administración ha planteado como proyecto prioritario una cobertura de acceso libre a internet en plazas públicas, centros de salud y escuelas de todo el país. Con seguridad, este proyecto ayudará a complementar las condiciones de acceso que permitan mostrar la utilidad pública de que todos estemos conectados, pero, sobre todo, ofrecerá la posibilidad de abrir una vía alternativa para hacer efectivos los derechos consignados en nuestra Constitución Política relativos a salud, educación, seguridad e información pública, entre otros.

Deberá tenerse en cuenta que uno de los retos tecnológicos más importantes dentro de ese servicio abierto de internet está asociado al ancho de banda para que, a través de esas conexiones, sea posible gestionar y recibir servicios públicos transformados en función de la conveniencia y transparencia para la población.

La tendencia mundial nos muestra que las personas se apropian de estas tecnologías en función del valor que les conceden para su vida diaria; acceder en casa o en sitios públicos debe ser una alta prioridad no sólo por las bondades que hemos descrito, sino también porque representan la oportunidad de hacer más eficiente la gestión de los servicios que ofrece el gobierno, además de que generan ahorros en el presupuesto que actualmente se tiene destinado a la vez que ofrecen la posibilidad de ampliar la calidad y cobertura con dichos ahorros. Es, pues, una vía para democratizar el acceso a los servicios públicos.

El uso o el aprovechamiento de las capacidades científicas y tecnológicas de nuestro país en centros públicos de investigación como el INFOTEC, Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información, representa una oportunidad para alcanzar más rápido las metas que se han comprometido.

1
INEGI (s.f). Disponibilidad y uso de TIC. Disponible en https://www.inegi.org.mx/temas/ticshogares/.

2
INEGI (2018, 20 de febrero). Comunicado de Prensa Núm. 105/18. “En méxico 71.3 millones de usuarios de internet y 17.4 millones de hogares con conexión a este servicio: ENDUTIH 2017”. Disponible en http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/OtrTemEcon/ENDUTIH2018_02.pdf

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Impuestos para el internet

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El Universal – Octavio Islas

Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente delgobierno en España, ha impulsado una iniciativa, (la llamada tasa Google), que pretende gravar, en la Unión Europea, en tres actividades concretas a lasgrandes compañías de internet: publicidad, servicios de intermediación y losdatos que se generan a partir de la información proporcionada por los usuarios.

Los grandes jugadores de internet han realizado una costosa campaña de publicidad, además del cabildeo necesario para impedir que prospere tal iniciativa. En sus  argumentos destacan que el proyecto “socavaría” la cooperación internacional y provocaría fuga de inversiones tecnológicas.

Los grandes jugadores de internet y los organismos que han creado para la defensa de sus intereses, mantienen un amplio sistema de privilegios fiscales.

A mediados  de noviembre, el embajador de Estados Unidos en España, Duke Buchan, dio a conocer sus objeciones a la iniciativa de Sánchez, recomendando  retirarla hasta que exista consenso en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que agrupa a los 36 países más  industrializados del mundo. La OCDE presentará sus primeras propuestas en 2019, y las propuestas finales en 2020.

Debemos tener presente que, en materia de asuntos fiscales, la aprobación de los 28 estados de la UE resulta indispensable. 

Algunos gobiernos en la UE (Dinamarca, Chipre, Irlanda y Suecia, por ejemplo) temen posibles represalias de las grandes empresas de internet. Por ello han rechazado la iniciativa del gobierno español.

Esta semana, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) rechazó el impuesto digital propuesto por España. Por tal motivo, los gobiernos de Alemania y Francia han optado por presentar una versión light, limitada a fiscalizar el sector de la publicidad en línea.

La propuesta francoalemana contempla gravar 3% los ingresos de las multinacionales tecnológicas  con una  facturación que supere los 750 millones de euros. 

Los gobiernos de Alemania y Francia desean que su propuesta sea aprobada antes de marzo de 2019, y conseguir que entre en vigor el primero de enero de 2021. Si la OCDE impulsa nuevas disposiciones fiscales, la UE anularía el acuerdo.

Vale la pena tener presente que en México, en octubre, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) propuso una iniciativa de ley con proyecto de decreto para obligar al pago de impuestos a las empresas de servicios digitales. 

La agitada agenda que implicó el cambio de gobierno, inevitablemente relegó el tema, el cual necesariamente debe ser retomado por la nueva administración

Los organismos que representan los intereses de los grandes jugadores de la industria de Internet y las telecomunicaciones objetaron la iniciativa  afirmando que en México el ecosistema digital aún no está consolidado. Sin embargo, de acuerdo con cifras de la Asociación de Internet.MX, el comercio electrónico creció 28% en el último año. 

Si el comercio electrónico en México pudo registrar tal crecimiento, como destaca la Asociación de Internet.MX, ¿qué impide que los grandes jugadores de internet paguen impuestos, tal como lo hacen, o deberían hacerlo, todos los contribuyentes?  Además, el gravamen podría ser etiquetado para ser destinado al efectivo desarrollo del ecosistema digital “que tanto demanda el país”.

Los grandes jugadores de la industria de  internet, no desean pagar impuestos, ni en la Unión Europea ni en México. Disponen de organismos a su servicio que, en el mejor de los casos, afirman la prioridad de intereses sectoriales sobre el interés nacional. 

Resulta indispensable afirmar también la prioridad de lo político sobre lo económico en el imaginario de la economía digital.

https://www.eluniversal.com.mx/sites/default/files/styles/f23-147x151/public/autores/opinion/octavio_islas.jpg?itok=tWZn9tN7

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