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La regulación de Internet, el próximo desafío legal

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El País – Mathías da Silva

Era un choque esperable en el último panel del segundo día de las Jornadas Nacionales de Telecomunicaciones. El tema era “Regulación de los servicios de comunicación audiovisual” y los oponentes (dentro de un panel más extenso) eran la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) —gremial que nuclea a las radios y canales de televisión privados— que rechaza la ley de Medios, y el profesor universitario Gabriel Kaplún —que presidió el Comité Técnico Consultivo que fijó los criterios para elaborar la ley—.

Pero, para sorpresa del auditorio, y pese a las duras críticas al texto regulatorio que emitió por videoconferencia el abogado de Andebu, Juan Andrés Lerena, la pelea no fue tal.

“La Ley de Medios está de espalda a las nuevas tecnologías y no regula los contenidos de plataformas” como Internet, por lo que “se da un trato discriminatorio” a los diferentes medios ya que mientras los tradicionales (como la radio y la televisión) “son fuertemente controlados por el Estado y están sometidos a gravámenes (como un canon por el uso de las ondas radioeléctricas)” los otros no, planteó Lerena.

Consultado por El País, Kaplún respondió que “por decisión del gobierno que la presentó y del Parlamento que la votó, la ley prefirió no meterse todavía con la regulación de Internet”, algo que no comparte ya que coincide con Andebu en “que se debe avanzar en eso”.

Igualmente, aclaró que no es una normativa “que está de espalda” al mundo porque “en Estados Unidos recién con el caso de Facebook (la filtración de datos) se empezó a discutir (regular los contenidos de Internet) y en Europa entra una nueva normativa en octubre, entonces no estamos rezagados”.

Para la gremial de broadcasters el texto legal que se aprobó a fines de 2014 y se reglamentó meses atrás, genera “beneficios y perjuicios” para los actores de la comunicación. Lerena mencionó ejemplos prácticos donde los medios tradicionales se ven perjudicados.

Uno es el mínimo de 30% de producción nacional para los canales y de música uruguaya para las radios, que puede hacer que una audiencia especifica “migre” hacia otras plataformas —por ejemplo oyentes de una emisora de rock en inglés que se pasarán a una online o a Spotify—. Para Kaplún es atendible esto e indicó que la nueva normativa europea empieza a “exigir a Netflix un mínimo de catalogo nacional o de producción generada en el país, manteniendo el mismo criterio de cuotas” para el sector de nuevas tecnologías. “Uruguay no tiene esto pero tendremos que avanzar hacia ese lugar”, dijo el profesor.

Lerena también presentó el caso del límite de publicidad que establece la ley de Medios (un máximo de 15 minutos de mensajes publicitarios por hora de transmisión), que sostuvo atenta contra “el único ingreso de los medios” y con el que deben hacer frente a los contenidos nacionales que la propia norma los obliga a producir. “Esas inversiones (de los auspiciantes) que no se harán irán a otras plataformas”, remarcó.

Otro punto de discrepancia de Andebu es el límite a la propiedad de los medios, ya que no se permite que un mismo grupo económico tenga más de tres licencias. Esto “obstaculiza el crecimiento, mientras por ejemplo las redes sociales no paran de crecer”, dijo Lerena.

Aquí sí hubo diferencias con Kaplún: “Los límites (de la norma uruguaya) surgen de la legislación internacional, es lo que pasó en Europa y EE.UU. donde hay fuertes normas de limitación a la concentración en el sector tradicional de medios y me parece imprescindible porque esto tiene que ver con la libertad de expresión”, expresó. Aunque sí coincidió con Andebu en que se debe regular también estos aspectos de Internet, ya que por ejemplo “Google y Facebook son monopólicos en sus áreas”.

El Consejo de Comunicación aún sin presupuesto: “estamos fritos”

El docente universitario e investigador Gabriel Kaplún dijo que es primordial asignar “los recursos para que funcione” el nuevo Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), organismo que se encargará de aplicar la ley de Medios y sobre el que aún no hay acuerdo en el Parlamento para su integración. “El año pasado se calculó en US$ 3 millones sin gastar nada de más, un presupuesto súper austero para que el CCA funcione y esa plata no está en el Presupuesto Nacional y me pregunto si estará en la Rendición de Cuentas, sino estamos fritos y el CCA arranca solo con los sueldos y así no puede funcionar”, manifestó. También mencionó que en un panel en la mañana una representante de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) aclaró que esta dependencia no traspasará recursos al CCA.

Otro aspecto al que hizo mención Kaplún fue que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) “no asumió la defensoría del público” en materia de medios, ya que casi “no hubo actuaciones” de fiscalización en ese sentido.

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Retraso de Aresep afectaría telecomunicaciones

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Diario Extra, Lic. Antonio Alexandre García

Nuevamente la Aresep (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos) y su regulador Roberto Jiménez Gómez y Junta Directiva (Sonia Muñoz Tuk, Edgard Gutiérrez López y Pablo Sauma Fiatt) podrían afectar a la industria de las telecomunicaciones. A menos de seis meses de que a D. Manuel Ruiz, superintendente de la Sutel (Superintendencia de Telecomunicaciones), y al suplente Jaime Herrera, de la misma entidad, se les venza el periodo de sus plazas el 5 de enero próximo, Aresep todavía no ha abierto el concurso para la sustitución o renombramiento de dichos miembros.

Peor aún: por la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) y sus reglamentos, el Consejo de la Sutel, órgano regulador de la industria de telecomunicaciones, únicamente puede sesionar si cuenta con por lo menos 2 de sus 3 miembros. Como en este caso vence el plazo de ejercicio de funciones de un miembro propietario y del único miembro suplemente, si no hay un nombramiento de estos puestos antes del 5 de enero, la Sutel únicamente podría sesionar si los 2 miembros que siguen (doña Hannia Vega y don Gilbert Camacho) están presentes en las sesiones del Consejo.

No pueden asistir a congresos o reuniones internacionales si hay sesiones, tampoco pueden tomar vacaciones y ni siquiera se pueden enfermar (¡!) puesto que con eso se paralizarían las decisiones en una industria, la de telecomunicaciones, que ya hoy representa el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica, al cumplirse apenas 10 años de la Ley General de Telecomunicaciones, que abrió el mercado de esos servicios en el país.

Se estiman 12 mil empleos directos en Telecom y siguen en crecimiento. Ya somos los líderes en penetración de telefonía móvil en toda Latinoamérica.

Ya fuimos testigos de actitudes que han rayado al absurdo cuando en la elección de doña Hannia Vega, cuando ya había una “terna” entre las más de 30 aspirantes al puesto, terna esta que incluía la experta exviceministra de Telecomunicaciones Hannia Vega, y después de un largo proceso de concurso, se le ocurrió a Aresep repetirlo, por excusas que nunca han sido aclaradas y que por dicha no prosperó.

Doña Hannia fue ratificada en la Asamblea Legislativa y hoy preside Sutel.

Lo mismo pasó en el nombramiento de D. Gilbert Camacho, quien aplicaba a la renovación de su puesto (en Sutel se puede ser nombrado únicamente por 2 periodos) y Aresep no reconocía atestados obvios del candidato, puesto que era superintendente de Sutel, y tuvo que volver a pasar por un largo proceso que, a mi juicio, hubiera podido ser mucho más corto de parte de Aresep.

Pero volvamos al absurdo: faltan menos de seis meses para que D. Manuel Ruiz (quien ya ha sido presidente de Sutel en este primer periodo de su ejercicio) y el suplente Jaime Herrera dejen sus funciones. ¿Qué espera Aresep para arrancar con el concurso?

El concurso es efectuado en etapas, que incluyen desde atestados y exámenes de conocimiento de la materia de regulación y telecomunicaciones, además de entrevistas con la Junta Directiva hasta que finalmente (sin contar el eventual sesgo político muy frecuente en nuestras instituciones y que ojalá no pase esta vez en Aresep), la JD de ese órgano presenta a la Asamblea Legislativa un nombre indicado al puesto (en este caso dos indicados, uno como miembro superintendente y otro para la suplencia), y de ahí esperar que las y los diputados decidan si aceptan la sugerencia o le piden otra opción a Aresep.

Y tienen un plazo de 30 días calendario para esa decisión. Y perdón, no es que el presidente de Aresep o la Junta Directiva laboren ad honorem.

Aquí dejo pendiente (voy a investigar) el sueldo completo del presidente de Aresep Roberto Jiménez Gómez y demás beneficios que recibe (vehículo, viáticos, pluses, etc.) Dice la propia página web de Aresep: “Los miembros de la Junta Directiva devengarán, por cada sesión a la que asistan, dietas correspondientes al diez por ciento (10%) del salario base del Contralor General de la República. No podrán remunerarse más de tres sesiones por semana”. (Artículo 54, Ley 7.593).

A trabajar entonces, porque la industria de telecomunicaciones no puede parar y será su responsabilidad si para el 5 de enero del 2019 no se habrán efectuado los nombramientos que ya sabemos estarán pendientes.

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Internexa propone modificar propuesta de adenda a Red Dorsal

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El Comercio-Marcela Mendoza Riofrío

Internexa, proveedor de transporte de datos de origen colombiano que compite con Azteca, pidió formalmente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que reconsidere la adenda al contrato de la Red Dorsal.

La empresa de capital colombiano informó que han remitido al MTC una carta con sus comentarios sobre la propuesta de adenda al contrato suscrito entre MTC y Azteca, operador de los 13,5  km de fibra optica de la red dorsal.

Como se recordará, en el citado contrato se establece que Azteca cobre una tarifa fija de US$23 más I.G.V. por mega transportado, lo cual resulta caro en el mercado, pues los otros operadores cobran menos (US$15 en promedio). La adenda propone cambiar el cobro por una tarifa flexible con un tope máximo de US$23.

Internexa considera que, si se aprueba la citada adenda, Azteca no competiría en iguales condiciones que los privados porque recibiría un subsidio por parte del Estado peruano. Por lo tanto, estaría afectando la libre competencia e iría contra lo que dispone la Constitución.

“Si se le otorga a Azteca el mecanismo de flexibilidad tarifaria en zonas con competencia, ello iría en detrimento de los demás operadores, ocasionando que no puedan competir en iguales condiciones y trayendo como consecuencia negativa la posible salida del mercado de dichos operadores afectados; lo que a su vez, generaría que Azteca termine siendo el único operador del servicio portador a nivel nacional”, señalaron.

Es por esta razón que Internexa propone al MTC que, si va a establecer flexibilidad tarifaria, sea en las zonas rurales o alejadas en donde se necesita Internet pero no hay oferta ni competencia privada. De esta manera -indica- el Estado cumpliría su rol subsidiario.

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Ley de emprendimientos propone plataformas de micro financiamiento colectivo

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El Observador

En la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados se están discutiendo dos proyectos de ley de promoción de emprendimientos presentados el año pasado. Uno, diseñado por el presidente de Endeavor, Andrés Cerisola y presentado por el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi. El otro fue presentado en Comisión por el diputado del Frente Amplio, Walter De León.

Aunque uno es mas extenso que el otro en cantidad de artículos, ambos tienen un mismo propósito: fomentar el emprendendurismo en Uruguay y brindar las mejores condiciones para que emprendedores puedan abrir una empresa en poco tiempo y mejorar los mecanismos de inversión.
El diputado Goñi dijo a El Observador que hay “predisposición de todos los partidos a aprobar una ley de emprendimientos”, que se espera que finalice su tratamiento en el Parlamento antes del día del emprendimiento el tercer jueves de noviembre. A la comisión fueron invitados integrantes de instituciones de apoyo a emprendedores y organismos estatales para intercambiar puntos de vista sobre la temática.
Una de las herramientas para emprendedores que plantean los proyectos es la habilitación del micro financiamiento colectivo -o crowdfunding-. “Es un mecanismo que facilita el acceso al financiamiento, que es una de las grandes restricciones de los emprendedores”, sostuvo Goñi. Este mecanismo permite que cualquier persona que quiere invertir pequeños montos en varios proyectos -hasta US$ 10.000 por año-, puedan, a través de una plataforma tecnológica, concretar esa financiación.
Por otra parte, cada emprendimiento podrá recibir un monto máximo de US$ 1 millón a través del micro financiamiento.

“Hay varios países del mundo en los que se aplica este mecanismo. A veces en cuestión de horas se consiguen montos importantes, sin intermediación bancaria”, añadió el diputado.

La idea es promover la creación de este tipo de plataformas que nuclean variedad de emprendimientos, con y sin fines de lucro. Dos representantes del Banco Central del Uruguay (BCU) concurrieron a la Comisión y coincidieron con la creación de estas plataformas para cofinanciar emprendimientos. “El emprendedor debe aclarar que es una inversión de riesgo, contar los detalles del proyecto y después se acuerda cuál será la forma de retribución al inversor que colaboró con un monto pequeño”, indicó.

El proyecto incluye límites estrictos de montos, la promoción de una regulación adicional para las plataformas de micro financiamiento colectivo (en especial en la prevención y control del riesgo de fraude), y advertencias concretas que dejen a salvo toda responsabilidad del Estado por los eventuales resultados de las inversiones.

Al ser inversiones por montos bajos, esta actividad no implica la regulación del BCU.

Otro de los puntos que se busca fomentar es el acceso al capital semilla, que actualmente es aportado por el Estado a través de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). “Hay que fomentar la figura del inversor ángel, que invierte grandes montos de dinero en las primeras etapas del emrpendimiento. La idea es generar incentivos fiscales para quienes aporten capital semilla”, dijo Goñi.

Una empresa en 24 horas

Al igual que lo establecido en la ley de emprendedores aprobada en Argentina en abril de 2017, el proyecto de ley que busca su aprobación en el Parlamento uruguayo genera la figura jurídica de la Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), que tiene las ventajas de una sociedad anónima, como la incorporación de capital, pero con un costo de creación menor y mayor “flexibilidad y autonomía de los sus socios”.

“La empresa se puede crear vía web, con formularios prontos para que el emprendedor, sin mucho conocimiento legal, pueda elegir los estatutos, inscribirse y en 24 horas tener la sociedad”.

Dentro de las flexibilidades de la SAS, las actas de directorio pueden establecerse vía WhatsApp u otra plataforma digital.

La SAS se ha implementado en varios países de América y Europa. Goñi citó el ejemplo de Colombia, que desde la implementación de esta figura jurídica hace ocho años, se han creado 500.000 emprendimientos.

Como antecedente a esta iniciativa que se está discutiendo en el Parlamento, hay un proyecto de ley de 2012 que no prosperó, y que había sido impulsado por el entonces senador socialista Daniel Martínez.

Debate en curso

La Fundación da Vinci, que apoya a emprendedores con la incubación de sus proyectos y otras herramientas, realizará actividades para estimular el debate y recibir aportes en el camino de la posible aprobación de la ley de emprendedurismo. El director de la fundación, Sergio Delgado, será quien lidere estas actividades.

El próximo jueves 26 julio, se realizará una reunión con miembros de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y representantes de las organizaciones integrantes de la Red de Apoyo a Futuros Empresarios (RAFE), que funciona bajo la administración ANDE.

En tanto, el martes 31 julio habrá un panel con empresarios y emprendedores en Salto, coorganizado con Centro Comercial e Industrial de Salto.

 

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