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ANÁLISIS

Chile en el Día de las telecomunicaciones: un acuerdo para cerrar la brecha digital iahora!

Rodrigo Ramírez Pino

Publicado

en

En Chile, los datos del sector de telecomunicaciones son elocuentes. Iniciamos este año 2018 con el informe de TheEconomist Intelligence Unit que instala a Chile entre los primeros 10 países del mundo con mejor inclusión a Internet. Netflix en su reporte indica a Chile como el país con el mejor índice de velocidad de Internet de la región.El CEO de UBER calificó a Chile como líder de la economía digital del Continente. Las cifras disponibles confirman esa posición: Chile, con 17 millones de habitantes, presenta 19,5 millones de accesos a Internet fijo y móvil; 105 accesos por 100 habitantes; el 84% de los accesos a Internet son móviles; ya hay 23 millones de teléfonos móviles, es decir 125 abonados por 100 habitantes; la velocidad promedio de Internet móvil es de 9.3 MBps;estamos alcanzado un consumo promedio per cápita de 5 Gigabyte; contamos con un 57% de penetración de TV de pago y cobertura prácticamente en todo el territorio nacional. En los últimos cuatro años se incorporó el 51% de la población que no accedía a Internet y en solo 40 meses de despliegue de la red 4G ya hay 11 millones de usuarios. Sólo en el año 2017 hubo más de 4.5 millones de nuevas conexiones y un aumento de la inversión a USD 1.566 millones. A este mundo se suma la TV abierta digital con sus primeras concesiones y la radio consolidándose como la institución más cercana y creíble para los chilenos.

Estos números positivos se deben a la consolidación de una política pública que ha fomentado la penetración, acceso y la cobertura; que ha permitido el desarrollo de un mercado con alta competencia, que ha puesto énfasis en la calidad del servicio y la experiencia del usuario, a la consolidación de una serie de derechos para construir una ciudadanía digital y la inyección conjunta de recursos públicos y privados para dichos propósitos.

Vaya que suena bien hasta aquí. Sin embargo, hay un dato de la realidad chilena más brutal, que es elocuente y es el que nos debe apremiar en este momento. Este alentador panorama tiene un punto negro. Hemos avanzado, pero algunos chilenos se están quedando atrás y muchos muy atrás. En Chile es patente la desigualdad digital. Un tercio de los ciudadanos gozan de los mejores frutos de la conectividad accediendo a velocidades de banda ancha de clase mundial, el otro tercio accede de manera precaria, mientras que el otro tercio vive desconectado. Si le agregamos vivir en el mundo rural, con ingresos bajos, ser mujer y ser adulto mayor, la disparidad es vergonzosa. No es posible que aún en Chile existan 838 escuelas y liceos sin acceso a Internet; 1800 recintos de salud rurales, entre consultorios y postas, que no tienen conectividad y 1342 localidades, asentamientos y villorrios aislados, de difícil acceso, que aún no conocen de la promesa de una sociedad hiperconectada. De verdad, no es posible, no es creíble que esto ocurra teniendo datos tan robustos. Así es, tenemos el Chile B, ciudadanos que recorren grandes distancias para llegar a una posta rural sin posibilidad de establecer ningún tipo de comunicación; lugares donde  nuestros niños llegan a su Escuela y no conocen que hay un mundo de conocimiento en la red a la que ellos no pueden acceder.

Todos hablamos de esta vergüenza, los que fuimos autoridad, los que son autoridad, en los foros, debates, balances, investigaciones, todos sin excepción nos encogimos de hombros y miramos el piso y con voz baja confirmamos que ‘hay que hacer algo’. Pues bien, la autoridad política actual tiene la oportunidad de hacer un alto y aprovechar este Día de las Telecomunicaciones2018 para convocar y construir un ACUERDO PAÍS, entre el Estado y el sector privado, de todo este ecosistema, para cerrar esta indignante brecha digital AHORA Estamos ante un asunto estratégico, nos referimos a una definición política clave, a un desafío colectivo, a una Causa, en un compromiso ante los chilenos por buscar YA soluciones diversas, creativas y pertinentes sin descanso, que en el corto plazo, logremos conectar a los desconectados. Sí solo en los próximos 12 meses conectáramos a todas las escuelas y liceos de Chile estaríamos ante un nuevo escenario. Quién no quisiera estar presente en esta maravillosa gesta?

Paralelamente, Chile avanza en su desarrollo digital, pero cómo seguimos liderando? Primero, dejar de utilizar el gerundio del presente continuo en voz pasiva ‘estamos pensando’ y asumir la ‘decisión activa y decidida de aplicar una agenda innovadora, creativa y osada, con una visión estratégica al 2030, con medidas a corto, mediano y largo plazo, con el propósito que Chile sea un actor relevante en la economía digital global, en la transformación digitaldel sector público y privado, en el desarrollo de un plan de capital humano 4.0, en la promoción de derechos de nueva generación; en un plan de uso espectro a futuro sin barreras ni obstáculos en el acceso; en el despliegue del Plan Nacional de Infraestructura fija de alta capacidad; en favorecer los usos productivos de Internet, aspirar en un corto plazo a un Estado completamente móvil, materializar una nueva topología y arquitectura de redes, garantizar un despliegue sustentable y sostenido de antenas, torres y estaciones base; fijar roaming nacional interempresasobligatorio en cada localidad beneficiada por concursos de asignación de espectro; evaluar y mejorar el mecanismo de las contraprestaciones; elaborar modelos asertivos de inversión y de asociación público privado, elaborar indicadores de la sociedad digital chilena, son algunas de las urgencias conocidas.

Los que participamos de este ecosistema no podemos observar estos desafíos desde la vereda de enfrente, muy por el contrario, tenemos la obligación de involucrarnos, apoyar, sugerir y colaborar con la autoridad, de romper con los prejuicios inconducentes y alinearnos con la tarea país. Aquí ganamos todos. Como nunca, todos, sin exclusión, estamos convencidos para que la nueva revolución 4.0 no nos golpee en la cara sin darnos cuenta, y evitar que cuando reaccionemos ya sea muy tarde.

Este humilde llamado a construir una agenda corta para cerrar la brecha digital es una convocatoria a la acción, ypropone una propuesta concreta: constituir una Comisión Ad Hoc para llevar adelante esta tarea, que fije por donde partimos, con un calendario con objetivos, alcances y metas, defina las capacidades, recursos disponibles y responsabilidades, en la que debe haber una participación activa y de liderazgo del actual Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Social, SUBTEL, Educación y Salud; el Parlamento a través de la Comisión de Desafíos de Futuro; el sector privado con un representante de cada una de las empresas de telecomunicaciones operadoras de red y prestadoras de servicios de Internet; el mundo de las organizaciones mediante la Fundación País Digital y la Academia con la representación de las Universidades. Fácil, liviano, sin burocracia, enfocada en los resultados.

Se puede! Como nunca el actual gobierno está ante una oportunidad única e histórica. Nos encuentra a todos en la misma sintonía. Existe la voluntad y la convicción por sacar adelante esta tarea ética de la inclusión digital de todos las chilenas y chilenos como un asunto determinante para la equidad y la ampliación de oportunidades, y, con esto, la llegada del desarrollo, el crecimiento económico y el bienestar social a cada rincón de nuestro país.

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ANÁLISIS

La Comisión Europea quiere un Android más abierto: ¿avance o retroceso?

Efrén Páez

Publicado

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Un juicio histórico contra Microsoft dio mayores opciones al usuario, pero podría no dar los mismos resultados contra Google.

La Comisión Europea impuso una multa de 4.34 mil millones de euros contra Google, acusada de prácticas ilegales para fortalecer la dominancia de su servicio de búsqueda. Google, por su parte, negó las acusaciones y considera que su manejo del sistema Android ha creado incluso más y mejores opciones para los consumidores, fabricantes y desarrolladores.

La CE acusó a Google de abusar de su poder de mercado mediante diversas prácticas, tales como obligar a los fabricantes a preinstalar su aplicación de búsqueda y navegador a cambio de acceder a su tienda de aplicaciones; hacer pagos a fabricantes para obligarlos a instalar de manera exclusiva sus aplicaciones; y evitar la instalación de aplicaciones de Google en versiones alternativas de Android.

“La decisión de la Comisión concluye que estos tres tipos de abuso forman parte de una estrategia general de Google para cimentar su dominio en la búsqueda general de Internet, en un momento en que la importancia de Internet móvil crecía significativamente”, señala la Comisión en un comunicado.

Evidentemente, Google no comparte la visión de la CE y considera que el control sobre el sistema Android le ha permitido generar un sano ecosistema. “Android ha creado más opciones para todos, no menos”, dijo por su parte el portavoz de Google, Al Verney. “Un ecosistema vibrante, una innovación rápida y precios más bajos son los sellos clásicos de una competencia sólida. Apelaremos la decisión de la comisión”.

Aunque aún es difícil determinar si Google logrará apelar la decisión, o cuáles serán los efectos sobre el futuro de Internet en caso de mantenerse firme la sentencia, la historia tecnológica tiene un caso emblemático que, con ciertas diferencias, puede ayudar a conocer las consecuencias del caso.

Precedentes y similitudes

Hace exactamente 20 años, el 8 de mayo de 1998, el Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos presentaba una demanda en contra de Microsoft, a la que acusaba de prácticas anticompetitivas al buscar extender el poder monopólico que tenía a través de Windows hacia su propio navegador web Internet Explorer.

El DoJ encontró suficiente evidencia, además de un Bill Gates poco cooperativo, para determinar que Microsoft había abusado de su poder de mercado para evitar el crecimiento de la competencia en nuevos mercados como el de navegadores web, donde Netscape había sido la principal víctima.

Aunque polémico hoy y en su momento, se considera que el caso antimonopolio contra Microsoft fue un punto de inflexión que permitió el desarrollo de Internet, garantizar un ecosistema libre y la razón por la cual nuevos titanes como Google y Facebook lograron ocupar el lugar que en algún momento ocupó Microsoft.

En 2007, Microsoft enfrentó también una demanda de la CE luego de una acusación hecha por Sun Microsystems por sus prácticas de licenciamiento, que resultó en la obligación de Microsoft de abrir cierta información de sus productos para servidores, así como comercializar una versión de Windows sin su reproductor de medios Windows Media Player.

En general, existen importantes similitudes en el caso actual de Google contra lo que en su momento se determinó en contra de Microsoft, tales como las prácticas de ventas atadas o las prácticas para mantener el uso exclusivo sobre cierto software. Sin embargo, también existen importantes diferencias que podrían jugar a favor de Google.

En el caso contra Google, la CE señala en un comunicado que “las prácticas de Google han negado a los motores de búsqueda rivales la posibilidad de competir en función de los méritos. Las prácticas vinculantes garantizaron la preinstalación del motor de búsqueda y el navegador de Google en prácticamente todos los dispositivos Android de Google, y los pagos de exclusividad redujeron fuertemente el incentivo para preinstalar motores de búsqueda competitivos”.

En su momento, el DoJ encontró evidencia contundente a través de correos y memos del equipo interno de Microsoft sobre prácticas que la compañía implementaba con el propósito específico de limitar la competencia en el naciente mercado de los navegadores web.

Aunque aún no se liberan los documentos de la sentencia de la CE, no parece haber una evidencia similar. Adicionalmente, se puede considerar que tres principales competidores en el terreno de navegadores móviles como Firefox de Mozilla, Opera y Edge de Microsoft están disponibles a través de la Play Store para Android. Asimismo, se pueden instalar barras de búsqueda alternativas, incluida la independiente DuckDuckGo y Bing de Microsoft. Es decir, existen alternativas para los consumidores a los servicios propios de Google.

Sin embargo, la opinión de la CE es que la oferta de opciones no es eficiente, cuando al usuario se le ofrecen aplicaciones preinstaladas y pocos incentivos para la búsqueda de alternativas.

“Es probable que los usuarios que encuentran aplicaciones de búsqueda y navegador preinstaladas en sus dispositivos se apeguen a estas aplicaciones. Por ejemplo, la Comisión ha encontrado evidencia de que la aplicación Google Search se usa de forma consistente más en dispositivos Android, donde está preinstalada, que en dispositivos con Windows Mobile, donde los usuarios deben descargarla. Esto también muestra que los usuarios no descargan aplicaciones competidoras en números que puedan compensar la ventaja comercial significativa derivada de la preinstalación”, considera la CE.

Decisión frágil

Pero críticos de la decisión de la Comisión apuntan a la existencia de Bixby, un asistente desarrollado por Samsung, preinstalado en sus propios dispositivos como evidencia de que existirían opciones para los consumidores dentro del ecosistema Android.

Asimismo, Amazon ha desarrollado su propia versión de Android conocida como Fire OS, donde ofrece servicios propietarios con aplicaciones como Prime Video o Alexa, así como su propia tienda de aplicaciones.

La Comisión señala, sin embargo, que se ha encontrado evidencia de que las prácticas de Google han limitado la capacidad de fabricantes de dispositivos para considerar la instalación de otras alternativas a la versión de Android comercializada por Google, conocidas como “forks” (bifurcación), como es el caso de Fire OS.

Uno de los objetivos de Google en el desarrollo de Android incluye prevenir la aparición de múltiples versiones o bifurcaciones del sistema operativo que fragmenten tanto el ecosistema hasta el riesgo de limitar la interoperabilidad, incrementar el costo de desarrollo de aplicaciones o dañar la experiencia que puedan encontrar los usuarios a través de dispositivos Android.

Una de las prácticas de Google para evitar una fragmentación excesiva es penalizar dispositivos “incompatibles”, cuyo software o hardware se alejan demasiado de una serie predeterminada de especificaciones. Cuando este es el caso, Google puede negarse a licenciar sus aplicaciones propietarias (sobre todo Play Store).

De hecho, a partir del pasado marzo de 2018, Google impuso límites al uso de sus aplicaciones en dispositivos Android no certificados, incluidas versiones chinas del sistema o Fire OS. En caso de que la fecha de compilación de la imagen del sistema Android se encuentre después del 16 de marzo de 2018, las aplicaciones de Google no funcionarán.

Google justifica dichas prácticas como parte de sus esfuerzos por ofrecer una mayor seguridad y una experiencia uniforme dentro del ecosistema. Por ejemplo, la compañía ha emprendido un programa de certificación con algunos fabricantes, conocido como Android Enterprise, para informar a los usuarios sobre cuáles dispositivos recibirán los más recientes parches de seguridad por al menos sus primeros tres años desde su lanzamiento, con marcas como Samsung, Motorola, Huawei o Nokia, entre otras.

En busca de la competencia perdida

Al prohibir a Google de atar sus aplicaciones al programa de certificación, la CE buscaría la aparición de nuevas alternativas de Android a la única distribuida gratuitamente por Google. Irónicamente, esta decisión podría derivar en mayores costos de cambio para los usuarios, ya que cada fabricante podría optar por su propia versión de Android, incompatible con el resto de competidores.

Aunque Google ha señalado también que la condición de preinstalar sus aplicaciones de búsqueda y navegador web son necesarias para permitirle la monetización del sistema y, por lo tanto, el continuo desarrollo de sus características. Sin embargo, la CE desestimó dicho argumento al considerar que la compañía obtiene suficientes ingresos a partir de las ventas en la Play Store, además de múltiples datos para la venta de publicidad.

En 2016, cuando Oracle acusó a Google de haber utilizado Java sin permiso para el desarrollo de Android, fue revelado que Google habría generado 31 mil millones de dólares en ingresos por el sistema y 22 mil millones de dólares en beneficios. Aunque son cifras nada despreciables, en comparación Apple obtuvo ingresos por 51.6 mil millones de dólares por las ventas del iPhone tan solo en el cuarto trimestre de 2016.

Margrethe Vestager, comisaria de competencia de la CE, ha sido una de las más duras críticas del poder de mercado que poseen los actuales gigantes tecnológicos, y está convencida de que las medidas impuestas a Google favorecerán el crecimiento del ecosistema Android.

“Aquí tenemos una decisión que es muy clara, que permitirá a los fabricantes de dispositivos móviles tener una opción. Eso nos permitirá a nosotros como consumidores también tener una opción. De eso se trata la competencia”, señaló en conferencia de prensa, según reportan medios locales.

En perspectiva, el juicio del gobierno estadounidense contra Microsoft derivó efectivamente en nuevos beneficios para los usuarios y para el ecosistema, a través de la implementación de medidas que permitieron precisamente la aparición de opciones como el navegador Chrome de Google o el libre desarrollo de páginas como Facebook y Amazon.

Aunque las prácticas impulsadas por Google podrían estar justificadas para garantizar un desarrollo más eficiente del ecosistema, aún es una incógnita si las medidas de la CE podrían ser efectivas para garantizar la existencia en el futuro de Android y, sobre todo, de otros sistemas operativos.

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ANÁLISIS

Las telecomunicaciones después del tsunami ”López Obrador”

Servando Vargas

Publicado

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Hace ya media década de la promulgación de la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Indudablemente, hay varios aspectos destacables como la creación de 50 millones de conexiones de banda ancha móvil en los primeros cuatro años de la reforma, de acuerdo a la OCDE, la caída de los precios de telefonía móvil y el aumento de los ingresos del sector 16 por ciento.(1)

Al respecto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) expresó en su momento que el estudio de la OCDE evidencia que los resultados han sido extraordinarios. No obstante, hay todavía algunos pendientes tales como la Red Compartida y la Red Troncal, entre otros temas.

La victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador el pasado primero de julio podría darle un nuevo giro al mercado, pero habrá que revisar algunos aspectos de las iniciativas en materia de telecomunicaciones del equipo del futuro gobierno. Muy recientemente, el asesor virtual del presidente electo, Abel Hibert, ha señalado que el fondo de cobertura universal, la eliminación del IEPS, así como el costo y administración del espectro son temas que se discutirán durante el periodo de transición entre el equipo saliente y el equipo entrante.(2)

En el largo plazo, el Proyecto de Nación de Morena, en especial las páginas 286-291,(3) que incluye su visión para las telecomunicaciones en México, manifiesta que el objetivo principal en cuanto al sector es “ampliar la cobertura de banda ancha para zonas marginadas en México a bajos precios, para incorporar estas regiones a las tecnologías de información y telecomunicaciones y elevar su nivel de vida”.

El Proyecto de Nación de Morena busca en especial dar mayor cobertura de banda ancha, enfocándose en los estados que corresponden a las “regiones 8 PCS (Veracruz-Llave, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala) y 5 PCS (Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Campeche), poniendo en marcha un Fondo de Cobertura Social de Banda Ancha”.

Como puede observarse, lo expresado por Abel Hibert en cuanto al fondo de cobertura universal y el objetivo del Proyecto de Nación de Morena, coinciden. En este contexto habrá que manifestar que el tema de cobertura es de vital importancia para el sector, pero primordialmente para el desarrollo del país.

El Proyecto de Nación de Morena manifiesta las siguientes etapas para lograr su objetivo principal:

  • El primer paso será hacer un inventario a nivel de localidad o Área Geoestadística Básica  (AGEB) para identificar aquellas áreas geográficas que no tienen ningún o acceso limitado a los servicios de telecomunicaciones.
  • El segundo paso será identificar el espectro en bandas móviles en estas regiones que no estén siendo utilizadas por los concesionarios a nivel AGEB.
  • El tercer paso, indica que para acceder a estas bandas se les hará́ una propuesta a los concesionarios para que subarrienden al costo que tienen que pagar el derecho de aprovechamiento por MHz en dicha región y/o otorgar concesiones sobre el espectro radioeléctrico para uso público o social.
  • El cuarto paso, otorgar concesiones sociales para que las comunidades y Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) lleven servicios tanto de voz como de alta velocidad a zonas del país con baja cobertura.
  • Quinto paso: otorgar apoyo técnico, de asesoría financiera y regulatorio para el despliegue de la red y el otorgamiento de los aparatos telefónicos.
  • Sexto paso: una vez desplegada, inventariar y aprovechar los recursos de la Red Compartida para impulsar la conectividad de banda ancha en zonas no favorecidas a través de proyectos sustentables.
  • Séptimo paso: crear un Fondo de Cobertura Social de Banda Ancha. Este fondo de cobertura se utilizará para complementar las inversiones que va a realizar el sector privado en regiones donde los operadores actuales no están actualmente proporcionando el servicio.

El último punto expresado en el Proyecto de Nación de Morena manifiesta que el objetivo de esta inversión publica adicional es apoyar la formación de empresas sociales que reciban una concesión social para dar servicios de telecomunicaciones, principalmente de Internet de banda ancha.

Estas empresas podrán utilizar los recursos de red que pondrá́ a disposición la Red Compartida para reducir costos y pueden tener participación de los concesionarios actuales.

La idea principal expresada en el párrafo anterior es que sean las mismas comunidades, a través de las concesiones sociales y con el apoyo técnico y regulatorio del Estado y/o concesionarios, puedan levantar la infraestructura para llevar servicios a estas comunidades.

El Proyecto de Nación de Morena busca en especial dar mayor cobertura de banda ancha

El modelo de negocio para estos concesionarios estaría basado en un cobro por minuto y por Mb para la recuperación de costos más un margen para mantenimiento y expansión de la red, en donde las comunidades se organicen como cooperativas en las que cada usuario abone una cuota mensual fija, que se establecerá en función de los gastos de mantenimiento del servicio, y una cantidad variable en función de las llamadas a teléfonos fuera de la red local.

En el escenario anterior, habrá que revisar varios aspectos del Proyecto de Nación de Morena en materia de telecomunicaciones ya que, por una parte, no manifiesta el número total de población atendida, los tiempos, ni especifica a detalle la inversión total requerida por parte del gobierno, los futuros concesionarios y los operadores que subarrienden infraestructura. El proyecto es muy claro en el ¿qué? y en el ¿dónde?, pero sólo esboza el ¿cómo? y el ¿cuánto? Sobre el ¿cuándo?, no establece fechas.

Por otra parte, el Proyecto de Nación de Morena tampoco expresa nada referente a la Red Troncal. Pareciera que este importante proyecto derivado de la reforma del sector en 2013 no existiera o que no tiene ningún sentido su puesta en marcha.

Otro aspecto que deja dudas es el hecho de que el tema de cobertura es el único punto a abordar en el sector dentro del Proyecto de Nación de Morena.

Aunque este proyecto es definitivamente plausible, deja un vacío enorme en otras áreas. De las recomendaciones de la OCDE agrupadas en cuatro rubros tales como competencia, mejora de condiciones de mercado, marco legal e implementación de políticas nacionales, el Proyecto de Nación de Morena sólo toma en cuenta el último punto.

Lo expresado por Abel Hibert aborda algunas otras de las recomendaciones de la OCDE, pero de manera muy somera. Sin lugar a dudas, la eliminación de IEPS es un tema que la industria ha sugerido en varias ocasiones, y suprimirlo sería como entrar con el pie derecho en el sector para el nuevo gobierno. La administración del espectro es otro tema que sin dudas necesita revisarse. Ambos puntos fueron sugeridos por la OCDE el año pasado.

No obstante lo anterior, habrá que recordar que en 2012 la OCDE propuso 31 recomendaciones al regulador mexicano, de las cuales fueron implementadas por completo 28 de ellas. El resultado fue muy positivo para el mercado de telecomunicaciones de México.

En este sentido, habrá que agregar que hay todavía varios aspectos que no se han abordado o carecen de importancia para la futura administración. Por ejemplo, ¿qué hay sobre el tema de convergencia? Recordemos que una de las sugerencias de la OCDE fue permitirle a Telmex ofrecer servicios de televisión restringida; sin embargo, este tema no ha sido esbozado por el futuro equipo que gobernará la nación a partir del primero de diciembre de 2018.

 

  1. https://www.mediatelecom.com.mx/2017/09/06/recomendaciones-de-la-ocde-marcan-nuevos-desafios-para-las-telecom-en-mexico/
  2. http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/proyectos-telecom-iniciaran-en-breve-preve-abel-hibert
  3. https://drive.google.com/file/d/11B0aNBuVpHB7GDVXhCKdYvVKw7D7Ta-x/view

 

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Gobierno estadounidense presenta apelación contra fusión AT&T-Time Warner

Efrén Páez

Publicado

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El Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos presentó una apelación contra la aprobación del tribunal federal para la adquisición de Time Warner por parte de AT&T. La compra de Time Warner por 85 mil millones de dólares había sido aprobada el pasado 15 de junio sin condiciones.

En un breve Aviso de Apelación presentado el 12 de julio, el DoJ notificó al Tribunal de Distrito que tiene la intención de presentar el caso al Tribunal de Apelaciones contra el fallo que permitiría a AT&T planear la adquisición de Time Warner.

El gobierno de Estados Unidos tenía hasta el 12 de agosto para ponderar una apelación. El gobierno aún no presenta los motivos sobre los que se presentaría la apelación.

En el primer juicio, el gobierno estadounidense había argumentado que la fusión provocaría el alza de precios y un comportamiento anticompetitivo de la compañía al restringir el acceso a contenido, argumentos que fueron desechados por el juez al considerarlos especulación.

En un comunicado, David McAtee, abogado general de AT&T, se dijo “sorprendido” por la apelación, al considerar que el fallo original del tribunal “difícilmente podría haber sido más exhaustivo, basado en hechos y bien razonado”.

La compañía había comenzado ya las tareas de integración del negocio con Time Warner, aunque es posible que necesite mantener la compañía separada.

CNN, una compañía de Warner Media, informó que el CEO de AT&T, Randall Stephenson, dijo que la compañía no estaba “preocupada” por la apelación.

Fox Business informó anteriormente que el Departamento de Justicia estaba planeando una apelación, pero se encontró con la resistencia del Procurador General, quien debe firmar en tales casos. Las fuentes de la emisora ​​dijeron que el DoJ busca mostrar una postura más fuerte contra las fusiones verticales, donde los distribuidores de TV de paga se fusionan con las compañías de medios, una situación que el DoJ cree que lleva a precios más altos.

En su momento, el DoJ había afirmado ante el juez que “AT&T/DirecTV obstaculizarían a sus rivales al obligarlos a pagar cientos de millones de dólares más por año para las redes de Time Warner, y utilizaría su mayor poder para desacelerar la transición de la industria a nuevos y emocionantes modelos de distribución de video que ofrecen una mayor variedad para los consumidores”. Agregó que “la fusión propuesta daría como resultado menos ofertas innovadoras y facturas más altas para las familias estadounidenses”.

A principios de julio, después de la aprobación a la transacción, trascendió en medios estadounidenses que AT&T había anunciado un alza en los precios de su servicio de streaming DirecTV Now por hasta 5 dólares para nuevos suscriptores o acorde a la factura actual de los existentes.

Durante el primer juicio, AT&T había afirmado que la fusión “le permitiría la reducción de precios”, a la vez “que no tendría incentivos para restringir la distribución de su contenido” en otras redes.

La fusión había sido cuestionada anteriormente por el presidente Donald Trump, que había señalado que la fusión representaba “demasiada concentración de poder en manos de muy pocos”, en medio de las constantes acusaciones en contra de CNN al supuestamente distribuir “fake news”.

AT&T había buscado obtener pruebas relevantes sobre la posible influencia de la Casa Blanca en la decisión del DoJ por detener la fusión.

Esta apelación podría traer nuevas consecuencias en los procesos de evaluación de fusiones y adquisiciones en el sector de medios y telecomunicaciones, donde T-Mobile y Sprint buscan la fusión de sus operaciones, mientras que Disney y Comcast se enfrentaron en una guerra de apuestas para adquirir los activos de Fox. Sprint y T-Mobile también fueron duramente cuestionados durante una presentación ante el Congreso estadounidense sobre el riesgo del alza de precios ante la potencial fusión de sus operaciones.

Si el Departamento de Justicia ganara la apelación, el Procurador General de los Estados Unidos podría llevar el caso a la Suprema Corte, alineados hoy en su mayoría del lado conservador y al gobierno de Trump.

Sin embargo, el sitio The Hollywood Report descubrió en un documento de divulgación que John Roberts Jr, uno de los jueces en jefe de la Suprema Corte, todavía posee acciones de Time Warner.

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