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Senado aprobó ley de protección de datos personales en Chile

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FayerWayer -Diego Basterrica

La Sala aprobó las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, con lo que la moción de protección de datos personales puede ser ley.

El proyecto para convertir en ley la protección de datos personales está lista para convertirse en realidad, luego de que el Senado aprobara este martes 15 de mayo por unanimidad (41 votos a favor) las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, por lo que ahora resta la comunicación al Ejecutivo del gobierno del presidente Sebastián Piñera para que la norma sea promulgada.

El proyecto de reforma constitucional, fue iniciado por los senadores Felipe Harboe, Pedro Araya y Ricardo Lagos Weber, y por los exsenadores Hernán Larraín y Eugenio Tuma, y tiene por objeto elevar a rango constitucional el derecho de todas las personas a que sus datos personales se encuentren debidamente protegidos, por lo que se modifica el N° 4, del artículo 19 del Texto Constitucional, que asegura “el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia” en el siguiente sentido:

4º.- El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley;”

Senado Chile

A juicio de los senadores que intervinieron durante la sesión –Felipe Harboe, Víctor Pérez Varela,  Kenneth Pugh, Guido Girardi, Francisco Huenchumilla, Juan Pablo Letelier, Juan Antonio Coloma, Alfonso De Urresti, Álvaro Elizalde, Alejandro Guillier, Ricardo Lagos Weber, José Miguel Insulza y Rodrigo Galilea– se avanza acorde a los tiempos modernos, a la realidad internacional y además de considera una antigua recomendación de la OCDE.

Fuente: Senado.cl

ANEXO

PROYECTO DE LEY

PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

Título Preliminar

Disposiciones generales

Artículo 1º.- El tratamiento de los datos de carácter  personal en registros o bancos de datos por organismos públicos o por particulares se sujetará a las disposiciones de esta ley, con excepción del que se efectúe en ejercicio de las libertades de emitir opinión y de informar, el que se regulará por la ley a que se refiere el artículo 19, N° 12, de la Constitución Política.

Toda persona puede efectuar el tratamiento de datos personales, siempre que lo haga de manera concordante con esta ley y para finalidades permitidas por el ordenamiento jurídico. En todo caso deberá respetar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares de los datos y de las facultades que esta ley les reconoce.

Artículo 2°.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:
a) Almacenamiento de datos, la conservación o custodia de datos en un registro o banco de datos.
b) Bloqueo de datos, la suspensión temporal de cualquier operación de tratamiento de los datos almacenados.
c) Comunicación o transmisión de datos, dar a conocer de cualquier forma los datos de carácter personal a personas distintas del titular, sean determinadas o indeterminadas.
d) Dato caduco, el que ha perdido actualidad por disposición de la ley, por el cumplimiento de la condición o la expiración del plazo señalado para su vigencia o, si no hubiese norma expresa, por el cambio de los hechos o circunstancias que consigna.
e) Dato estadístico, el dato que, en su origen, o como consecuencia de su tratamiento, no puede ser asociado a un titular identificado o identificable.
f) Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables.
g) Datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.
h) Eliminación o cancelación de datos, la destrucción de datos almacenados en registros o bancos de datos, cualquiera fuere el procedimiento empleado para ello.
i) Fuentes accesibles al público, los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes.
j) Modificación de datos, todo cambio en el contenido de los datos almacenados en registros o bancos de datos.
k) Organismos públicos, las autoridades, órganos del Estado y organismos, descritos y regulados por la Constitución Política de la República, y los comprendidos en el inciso segundo del artículo 1º de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
l) Procedimiento de disociación de datos, todo tratamiento de datos personales de manera que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona determinada o determinable.
m) Registro o banco de datos, el conjunto organizado de datos de carácter personal, sea automatizado o no y cualquiera sea la forma o modalidad de su creación u organización, que permita relacionar los datos entre sí, así como realizar todo tipo de tratamiento de datos.
n) Responsable del registro o banco de datos, la persona natural o jurídica privada, o el respectivo organismo público, a quien compete las decisiones relacionadas con el tratamiento de los datos de carácter personal.
ñ) Titular de los datos, la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal.
o) Tratamiento de datos, cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar datos de carácter personal, o utilizarlos en cualquier otra forma.

Artículo 3°.- En toda recolección de datos personales que se realice a través de encuestas, estudios de mercado o sondeos de opinión pública u otros instrumentos semejantes, sin perjuicio de los demás derechos y obligaciones que esta ley regula, se deberá informar a las personas del carácter obligatorio o facultativo de las respuestas y el propósito para el cual se está solicitando la información. La comunicación de sus resultados debe omitir las señas que puedan permitir la identificación de las personas consultadas.
El titular puede oponerse a la utilización de sus datos personales con fines de publicidad, investigación de mercado o encuestas de opinión.

Título I

De la utilización de datos personales

Artículo 4°.- El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello. La persona que autoriza debe ser debidamente informada respecto del propósito del almacenamiento de sus datos personales y su posible comunicación al público.

La autorización debe constar por escrito. La autorización puede ser revocada, aunque sin efecto retroactivo, lo que también deberá hacerse por escrito. No requiere autorización el tratamiento de datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes accesibles al público, cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial, se contengan en listados relativos a una categoría de
personas que se limiten a indicar antecedentes tales como la pertenencia del individuo a ese grupo, su profesión o actividad, sus títulos educativos, dirección o fecha de nacimiento, o sean necesarios para comunicaciones comerciales de respuesta directa o comercialización o venta directa de bienes o servicios.

Tampoco requerirá de esta autorización el tratamiento de datos personales que realicen personas jurídicas privadas para el uso exclusivo suyo, de sus asociados y de las entidades a que están afiliadas, con fines estadísticos, de tarificación u otros de beneficio general de aquéllos.

Artículo 5º.- El responsable del registro o banco de datos personales podrá establecer un procedimiento automatizado de transmisión, siempre que se cautelen los derechos de los titulares y la transmisión guarde relación con las tareas y finalidades de los organismos participantes.
Frente a un requerimiento de datos personales mediante una red electrónica, deberá dejarse constancia de:
a) La individualización del requirente;
b) El motivo y el propósito del requerimiento, y
c) El tipo de datos que se transmiten.
La admisibilidad del requerimiento será evaluada por el responsable del banco de datos que lo recibe, pero la responsabilidad por dicha petición será de quien la haga.

El receptor sólo puede utilizar los datos personales para los fines que motivaron la transmisión.
No se aplicará este artículo cuando se trate de datos personales accesibles al público en general.
Esta disposición tampoco es aplicable cuando se transmiten datos personales a organizaciones internacionales en cumplimiento de lo dispuesto en los tratados y convenios vigentes.

Artículo 6°.- Los datos personales deberán ser eliminados o cancelados cuando su almacenamiento carezca de fundamento legal o cuando hayan caducado.
Han de ser modificados cuando sean erróneos, inexactos, equívocos o incompletos.
Se bloquearán los datos personales cuya exactitud no pueda ser establecida o cuya vigencia sea dudosa y respecto de los cuales no corresponda la cancelación.
El responsable del banco de datos personales procederá a la eliminación, modificación o bloqueo de los datos, en su caso, sin necesidad de requerimiento del titular.

Artículo 7°.- Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo.

Artículo 8°.- En el caso de que el tratamiento de datos personales se efectúe por mandato, se aplicarán las reglas generales.
El mandato deberá ser otorgado por escrito, dejando especial constancia de las condiciones de la utilización de los datos.
El mandatario deberá respetar esas estipulaciones en el cumplimiento de su encargo.

Artículo 9°.- Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público.
En todo caso, la información debe ser exacta, actualizada y responder con veracidad a la situación real del titular de los datos.
Prohíbese la realización de todo tipo de predicciones o evaluaciones de riesgo comercial que no estén basadas únicamente en información objetiva relativa a las morosidades o protestos de las personas naturales o jurídicas de las cuales se informa. La infracción a esta prohibición obligará a la eliminación inmediata de dicha información por parte del responsable de la base de datos y dará lugar a la indemnización de perjuicios que corresponda.

Ley 20521
Art. UNICO
D.O. 23.07.2011

Artículo 10.- No pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares.

Artículo 11.- El responsable de los registros o bases donde se almacenen datos personales con posterioridad a su recolección deberá cuidar de ellos con la debida diligencia, haciéndose responsable de los daños.

 

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Retraso de Aresep afectaría telecomunicaciones

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Publicado

en

Diario Extra, Lic. Antonio Alexandre García

Nuevamente la Aresep (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos) y su regulador Roberto Jiménez Gómez y Junta Directiva (Sonia Muñoz Tuk, Edgard Gutiérrez López y Pablo Sauma Fiatt) podrían afectar a la industria de las telecomunicaciones. A menos de seis meses de que a D. Manuel Ruiz, superintendente de la Sutel (Superintendencia de Telecomunicaciones), y al suplente Jaime Herrera, de la misma entidad, se les venza el periodo de sus plazas el 5 de enero próximo, Aresep todavía no ha abierto el concurso para la sustitución o renombramiento de dichos miembros.

Peor aún: por la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) y sus reglamentos, el Consejo de la Sutel, órgano regulador de la industria de telecomunicaciones, únicamente puede sesionar si cuenta con por lo menos 2 de sus 3 miembros. Como en este caso vence el plazo de ejercicio de funciones de un miembro propietario y del único miembro suplemente, si no hay un nombramiento de estos puestos antes del 5 de enero, la Sutel únicamente podría sesionar si los 2 miembros que siguen (doña Hannia Vega y don Gilbert Camacho) están presentes en las sesiones del Consejo.

No pueden asistir a congresos o reuniones internacionales si hay sesiones, tampoco pueden tomar vacaciones y ni siquiera se pueden enfermar (¡!) puesto que con eso se paralizarían las decisiones en una industria, la de telecomunicaciones, que ya hoy representa el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica, al cumplirse apenas 10 años de la Ley General de Telecomunicaciones, que abrió el mercado de esos servicios en el país.

Se estiman 12 mil empleos directos en Telecom y siguen en crecimiento. Ya somos los líderes en penetración de telefonía móvil en toda Latinoamérica.

Ya fuimos testigos de actitudes que han rayado al absurdo cuando en la elección de doña Hannia Vega, cuando ya había una “terna” entre las más de 30 aspirantes al puesto, terna esta que incluía la experta exviceministra de Telecomunicaciones Hannia Vega, y después de un largo proceso de concurso, se le ocurrió a Aresep repetirlo, por excusas que nunca han sido aclaradas y que por dicha no prosperó.

Doña Hannia fue ratificada en la Asamblea Legislativa y hoy preside Sutel.

Lo mismo pasó en el nombramiento de D. Gilbert Camacho, quien aplicaba a la renovación de su puesto (en Sutel se puede ser nombrado únicamente por 2 periodos) y Aresep no reconocía atestados obvios del candidato, puesto que era superintendente de Sutel, y tuvo que volver a pasar por un largo proceso que, a mi juicio, hubiera podido ser mucho más corto de parte de Aresep.

Pero volvamos al absurdo: faltan menos de seis meses para que D. Manuel Ruiz (quien ya ha sido presidente de Sutel en este primer periodo de su ejercicio) y el suplente Jaime Herrera dejen sus funciones. ¿Qué espera Aresep para arrancar con el concurso?

El concurso es efectuado en etapas, que incluyen desde atestados y exámenes de conocimiento de la materia de regulación y telecomunicaciones, además de entrevistas con la Junta Directiva hasta que finalmente (sin contar el eventual sesgo político muy frecuente en nuestras instituciones y que ojalá no pase esta vez en Aresep), la JD de ese órgano presenta a la Asamblea Legislativa un nombre indicado al puesto (en este caso dos indicados, uno como miembro superintendente y otro para la suplencia), y de ahí esperar que las y los diputados decidan si aceptan la sugerencia o le piden otra opción a Aresep.

Y tienen un plazo de 30 días calendario para esa decisión. Y perdón, no es que el presidente de Aresep o la Junta Directiva laboren ad honorem.

Aquí dejo pendiente (voy a investigar) el sueldo completo del presidente de Aresep Roberto Jiménez Gómez y demás beneficios que recibe (vehículo, viáticos, pluses, etc.) Dice la propia página web de Aresep: “Los miembros de la Junta Directiva devengarán, por cada sesión a la que asistan, dietas correspondientes al diez por ciento (10%) del salario base del Contralor General de la República. No podrán remunerarse más de tres sesiones por semana”. (Artículo 54, Ley 7.593).

A trabajar entonces, porque la industria de telecomunicaciones no puede parar y será su responsabilidad si para el 5 de enero del 2019 no se habrán efectuado los nombramientos que ya sabemos estarán pendientes.

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Internexa propone modificar propuesta de adenda a Red Dorsal

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Publicado

en

El Comercio-Marcela Mendoza Riofrío

Internexa, proveedor de transporte de datos de origen colombiano que compite con Azteca, pidió formalmente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que reconsidere la adenda al contrato de la Red Dorsal.

La empresa de capital colombiano informó que han remitido al MTC una carta con sus comentarios sobre la propuesta de adenda al contrato suscrito entre MTC y Azteca, operador de los 13,5  km de fibra optica de la red dorsal.

Como se recordará, en el citado contrato se establece que Azteca cobre una tarifa fija de US$23 más I.G.V. por mega transportado, lo cual resulta caro en el mercado, pues los otros operadores cobran menos (US$15 en promedio). La adenda propone cambiar el cobro por una tarifa flexible con un tope máximo de US$23.

Internexa considera que, si se aprueba la citada adenda, Azteca no competiría en iguales condiciones que los privados porque recibiría un subsidio por parte del Estado peruano. Por lo tanto, estaría afectando la libre competencia e iría contra lo que dispone la Constitución.

“Si se le otorga a Azteca el mecanismo de flexibilidad tarifaria en zonas con competencia, ello iría en detrimento de los demás operadores, ocasionando que no puedan competir en iguales condiciones y trayendo como consecuencia negativa la posible salida del mercado de dichos operadores afectados; lo que a su vez, generaría que Azteca termine siendo el único operador del servicio portador a nivel nacional”, señalaron.

Es por esta razón que Internexa propone al MTC que, si va a establecer flexibilidad tarifaria, sea en las zonas rurales o alejadas en donde se necesita Internet pero no hay oferta ni competencia privada. De esta manera -indica- el Estado cumpliría su rol subsidiario.

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Ley de emprendimientos propone plataformas de micro financiamiento colectivo

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en

El Observador

En la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados se están discutiendo dos proyectos de ley de promoción de emprendimientos presentados el año pasado. Uno, diseñado por el presidente de Endeavor, Andrés Cerisola y presentado por el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi. El otro fue presentado en Comisión por el diputado del Frente Amplio, Walter De León.

Aunque uno es mas extenso que el otro en cantidad de artículos, ambos tienen un mismo propósito: fomentar el emprendendurismo en Uruguay y brindar las mejores condiciones para que emprendedores puedan abrir una empresa en poco tiempo y mejorar los mecanismos de inversión.
El diputado Goñi dijo a El Observador que hay “predisposición de todos los partidos a aprobar una ley de emprendimientos”, que se espera que finalice su tratamiento en el Parlamento antes del día del emprendimiento el tercer jueves de noviembre. A la comisión fueron invitados integrantes de instituciones de apoyo a emprendedores y organismos estatales para intercambiar puntos de vista sobre la temática.
Una de las herramientas para emprendedores que plantean los proyectos es la habilitación del micro financiamiento colectivo -o crowdfunding-. “Es un mecanismo que facilita el acceso al financiamiento, que es una de las grandes restricciones de los emprendedores”, sostuvo Goñi. Este mecanismo permite que cualquier persona que quiere invertir pequeños montos en varios proyectos -hasta US$ 10.000 por año-, puedan, a través de una plataforma tecnológica, concretar esa financiación.
Por otra parte, cada emprendimiento podrá recibir un monto máximo de US$ 1 millón a través del micro financiamiento.

“Hay varios países del mundo en los que se aplica este mecanismo. A veces en cuestión de horas se consiguen montos importantes, sin intermediación bancaria”, añadió el diputado.

La idea es promover la creación de este tipo de plataformas que nuclean variedad de emprendimientos, con y sin fines de lucro. Dos representantes del Banco Central del Uruguay (BCU) concurrieron a la Comisión y coincidieron con la creación de estas plataformas para cofinanciar emprendimientos. “El emprendedor debe aclarar que es una inversión de riesgo, contar los detalles del proyecto y después se acuerda cuál será la forma de retribución al inversor que colaboró con un monto pequeño”, indicó.

El proyecto incluye límites estrictos de montos, la promoción de una regulación adicional para las plataformas de micro financiamiento colectivo (en especial en la prevención y control del riesgo de fraude), y advertencias concretas que dejen a salvo toda responsabilidad del Estado por los eventuales resultados de las inversiones.

Al ser inversiones por montos bajos, esta actividad no implica la regulación del BCU.

Otro de los puntos que se busca fomentar es el acceso al capital semilla, que actualmente es aportado por el Estado a través de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). “Hay que fomentar la figura del inversor ángel, que invierte grandes montos de dinero en las primeras etapas del emrpendimiento. La idea es generar incentivos fiscales para quienes aporten capital semilla”, dijo Goñi.

Una empresa en 24 horas

Al igual que lo establecido en la ley de emprendedores aprobada en Argentina en abril de 2017, el proyecto de ley que busca su aprobación en el Parlamento uruguayo genera la figura jurídica de la Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), que tiene las ventajas de una sociedad anónima, como la incorporación de capital, pero con un costo de creación menor y mayor “flexibilidad y autonomía de los sus socios”.

“La empresa se puede crear vía web, con formularios prontos para que el emprendedor, sin mucho conocimiento legal, pueda elegir los estatutos, inscribirse y en 24 horas tener la sociedad”.

Dentro de las flexibilidades de la SAS, las actas de directorio pueden establecerse vía WhatsApp u otra plataforma digital.

La SAS se ha implementado en varios países de América y Europa. Goñi citó el ejemplo de Colombia, que desde la implementación de esta figura jurídica hace ocho años, se han creado 500.000 emprendimientos.

Como antecedente a esta iniciativa que se está discutiendo en el Parlamento, hay un proyecto de ley de 2012 que no prosperó, y que había sido impulsado por el entonces senador socialista Daniel Martínez.

Debate en curso

La Fundación da Vinci, que apoya a emprendedores con la incubación de sus proyectos y otras herramientas, realizará actividades para estimular el debate y recibir aportes en el camino de la posible aprobación de la ley de emprendedurismo. El director de la fundación, Sergio Delgado, será quien lidere estas actividades.

El próximo jueves 26 julio, se realizará una reunión con miembros de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y representantes de las organizaciones integrantes de la Red de Apoyo a Futuros Empresarios (RAFE), que funciona bajo la administración ANDE.

En tanto, el martes 31 julio habrá un panel con empresarios y emprendedores en Salto, coorganizado con Centro Comercial e Industrial de Salto.

 

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