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¿Se acerca la prórroga de concesiones de TV?

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Sin Embargo – Gabriel Sosa Plata

Con base en lo que establece la ley, este año Televisa y Televisión Azteca deberán solicitar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la prórroga de sus concesiones, que vencen el 31 de diciembre de 2021.

No es un asunto menor, ya que el pago (contraprestaciones) que deben hacer para obtener la prórroga de cada uno de los canales, suma cantidades multimillonarias, si se considera el valor del espectro alcanzado en las licitaciones de frecuencias de televisión de 2015 y 2017.

Por eso, durante la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión, el todavía presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), Edgar Pereda, exigió que se revise el pago de contraprestaciones por las concesiones de radio y televisión, ya que éstas son altas y son un freno a la competencia.

“En fechas recientes -dijo el empresario- han existido actualizaciones no justificadas e intentos de tomar valores de mercado que fue lo que se pagó en las nuevas licitaciones. Consideramos que el valor de mercado no es lo que se paga por una nueva concesión, sino debe haber otros aspectos a tomar en cuenta, como la población económicamente activa de la región y, sobre todo, considerar cuántos competidores hay en la zona a servir”.

Grupos radiofónicos ya pagaron las prórrogas de decenas de concesiones. En algunos casos las cifras son, efectivamente, elevadas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, Grupo Siete pagó hace un par de años casi 22 millones de pesos por la prórroga de una sola estación, la XHFO-FM (Red FM 92.1). No obstante, faltan cientos de concesiones por prorrogar, muchas de ellas en ciudades como la México, Guadalajara y Monterrey, donde el valor de MHz por habitante es mucho más alto que en poblaciones de menor tamaño.

En el caso de Televisa y Televisión Azteca, prácticamente todas sus concesiones vencen el 31 de diciembre de 2021. Será la primera vez que pagarán contraprestaciones por este acto administrativo. Los refrendos anteriores (ahora prórrogas) los obtuvieron con base en el acuerdo de política de televisión digital terrestre, publicado por el gobierno de Vicente Fox, el 2 de julio de 2004. En esa ocasión obtuvieron sus refrendos por 17 años, a cambio del compromiso de digitalizar sus transmisiones y el pago de los derechos correspondientes (nada comparables con las contraprestaciones que vienen).

En el 2006 vino la “ley Televisa” que en la práctica otorgaba refrendos automáticos, luego la acción de inconstitucionalidad promovida por 47 senadores y la sentencia de la Suprema Corte en 2007, en la que se dejó claro el papel del Estado en la regulación del sector y en particular de sus facultades para establecer contraprestaciones por el uso y explotación de frecuencias del espectro radioeléctrico. A partir de aquella reforma de 2006, ya no hubo prórrogas gratuitas. Esta obligación quedó ratificada en la reforma constitucional de telecomunicaciones 2013 y la ley secundaria de 2014.

El IFT, supongo, ya debe tener los cálculos de las contraprestaciones de los más de 400 concesiones de televisión de uso comercial que están por vencer. Para ello, papel fundamental juega la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual, de acuerdo con la ley, emite opinión no vinculante sobre los montos a cobrar por las prórrogas, con base en una fórmula que considera los resultados de la más reciente licitación pública de canales de televisión y la población de la zona de cobertura de cada concesión.

Para tener una idea de lo que puede pagarse, tomemos de ejemplo lo ocurrido con el canal 5 (XHSDD-TDT), ubicado en Sabinas, Coahuila, concesionado a Telesistemas de Coahuila, S.A. de C.V. En 2015, el IFT resolvió para su prórroga la cantidad de 4,174,557.00 (cuatro millones ciento setenta y cuatro mil quinientos cincuenta y siete pesos).

A dicha cifra llegó al tomar de referencia la licitación de canales de televisión (IFT-1), en la que resultó ganadora la empresa Cadena Tres, S.A. de C.V. que ofertó mil 808 millones de pesos por una concesión con una vigencia de 20 años de una cadena nacional de 6 MHz que equivalen a un pago de 2.835 pesos por MHz por habitante. En el ejemplo que citamos, esta última cantidad fue multiplicada por el total de habitantes que cubre el canal en Sabinas, esto es, 245 mil 445 personas, lo que dio un total de 695 mil 837 pesos (cifras cerradas) por MHz. Como cada canal tiene seis MHz, el resultado final se obtiene al multiplicarse por seis.

En la licitación del año pasado, la contraprestación mínima de MHz por habitante fue un poco mayor, pero suponiendo que se mantuviera un valor de 2.835 pesos por MHz por habitante, tan sólo en la Ciudad de México, por sus cuatro canales (2, 4, 5 y 9), Televisa tendría que pagar no menos de ¡mil 360 millones de pesos! (más de 340 millones de pesos por canal). Reitero: solo en la Ciudad de México, con una cobertura de más 20 millones de personas ubicadas en la capital del país, municipios del Estado de México y poblaciones de otros estados de la República. Si el mismo ejercicio hacemos en cada uno de los más de 220 canales de Televisa y los 180 de Televisión Azteca, distribuidos en todo el territorio nacional, la cifra resultante es estratosférica.

¿MODIFICARÁN LA FÓRMULA?

En entrevista para Reforma (2 de mayo 2018), el presidente del IFT, Gabriel Contreras, recordó que el pago de las prórrogas de concesiones está basado en una fórmula que data de 2008 y que también en ésta se basaron para definir los valores de las nuevas frecuencias licitadas el año pasado.

Sin embargo, aseguró al reportero Alejandro González, con base en la manifestación del mercado, podrían modificar la fórmula para definir la contraprestación para futuras licitaciones.

“Lo que hemos visto también es que sigue habiendo un apetito por la radio y en la última licitación se asignaron más concesiones comerciales. Esto ofrece nuevos valores de referencia y el IFT está obligado a considerarlos, pero también debemos considerar que en otras localidades no se asignaron porque no hubo apetito por estaciones comerciales y esto obliga por supuesto a la autoridad a considerar repensar esta fórmula hacia el futuro. Ya lo pagado, pagado”, afirmó.

El presidente del IFT no se refirió específicamente al procedimiento de prórroga de cientos de canales de televisión, pero es un asunto latente y a la vez delicado en la industria. “Repensar” fue palabra utilizada.

La opinión de la SHCP también será determinante si se decide modificar la fórmula. La duda es si la emitirá el gobierno de Enrique Peña Nieto o corresponderá al gobierno que entre el primero de diciembre de este año. Por la actividad político-electoral que hemos tenido en las últimas semanas y la cobertura periodística a las diferentes campañas, da la impresión que la bola quedará en la siguiente administración, pero hasta ahora no hay información pública al respecto.

Uno de los objetivos de la reforma estructural en materia de telecomunicaciones fue crear un órgano regulador, con autonomía constitucional, el IFT, alejado de los intereses sexenales, políticos y electorales. Sin embargo, como dijo Javier Corral, cuando era senador y se dictaminaba la nueva ley de telecomunicaciones, se dejó el “chipote” del gobierno para opinar en materia de concesiones y contraprestaciones económicas de las licitaciones y las prórrogas. El gobierno, como se aprecia, conserva un importante as bajo la manga en su relación con esta industria.

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COLUMNISTAS

No hay seguridad digital con pensamiento analógico

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La Silla Rota – Ma. Elenea Estavillo

¿Han visto alguna película donde el protagonistavuelve a vivir la misma situación una y otra vez sin poder escapar de un cicloque recomienza sin fin?

Yo experimenté una situación parecida hace poco, que pudo haber continuado ad infinitum, pero terminó relativamente pronto por cansancio, desánimo y por sucumbir a mi costo de oportunidad pues tengo muchas actividades qué priorizar antes de consumirme en el laberinto de la burocracia privada (que no le pide nada a la pública).

Les cuento

Durante el Buen Fin encontré una oferta muy atractiva por un artículo que había estado buscando y que sólo estaba disponible en las ventas por internet de un establecimiento comercial bastante conocido.

Realicé la compra usando la tarjeta de crédito que tengo desde hace muchos años con el establecimiento, verificando que se había hecho correctamente, para lo cual recibí un número de folio. Al día siguiente, busqué en el portal el status del pedido para saber cuántos días debía esperar para la entrega, y me encontré con la extraña noticia de que la compra había sido cancelada.

Sin entender qué había pasado, me resigné a hacer de nuevo la compra, pero me llevé la sorpresa de que mi tarjeta había sido bloqueada, como suele ser en estos casos, “por su seguridad”. Allí mismo se indicaba un teléfono de servicio donde me debían ayudar a resolver este problema y entender qué estaba pasando.

Pero en ese número de teléfono no atendía nadie, así que después de muchos intentos tuve que desplazarme en persona al establecimiento. Allí me explicaron que la compra había sido cancelada porque su mecanismo de control de riesgos indica que deben hacer una llamada telefónica -aunque no en el momento de la compra sino en un plazo indeterminado (horas o días después)- y, como nadie contestó el teléfono cuando tuvieron a bien hacer la llamada, cancelaron la compra y, además, por si fuera poco, bloquearon la tarjeta.

Intenté adquirir el artículo directamente en el establecimiento, pero no fue posible porque la oferta estaba disponible exclusivamente para ventas por internet, así que me pidieron hacerlo de nuevo.

De regreso a casa, recomencé el proceso

Esta vez, al hacer la compra, tuve el cuidado de señalar mi número celular para asegurar que pudiera atender la llamada de confirmación. Pasó todo el resto de día sin llamada. Transcurrió el siguiente día también sin llamada. Al tercer día, que era de trabajo, sonó el teléfono fijo de casa mientras yo no estaba y contestó mi esposo. Confirmó que la compra la había hecho yo, pero le señalaron que no podían validarla de esta forma y que yo en persona tenía que contestar. Insistió en que entonces me llamaran al celular, pero no aceptaron hacerlo. Al final, logró el compromiso de que volvieran a hablar al teléfono de casa entre 5 y 6 de la tarde de ese día.

Ajusté mi agenda del día para poder estar en casa esperando la llamada y allí estuve, esperando inútilmente porque nunca llegó. Alrededor de las 6:30 revisé el status de mi compra y vi que seguía vigente. Para evitar que volviera a cancelarse, llamé al teléfono de atención a clientes y, bueno, después de varios minutos de grabaciones y transferencias a distintas áreas, me comunicaron con la oficina de control de riesgos. Allí finalmente estuvieron dispuestos a intentar ayudarme. Pero antes, procedieron a hacerme un cuestionamiento sobre aspectos de mis finanzas personales que no podía resolver de memoria, así que pasaron largos minutos mientras yo iba buscando documentos bancarios, de créditos contratados, contestando sobre fechas, montos y otros detalles.

Cuando por fin estuvieron satisfechos de que, efectivamente, se trataba de mí, pudieron proceder a revisar el status de mi compra y… ¡oh sorpresa! en el transcurso del interrogatorio nuevamente había sido cancelada. Para no dejar las cosas así, también habían bloqueado mi tarjeta.

Como, después de todo, estaba hablando con el área de control de riesgos, me ofrecieron hacer otras preguntas para desbloquear mi tarjeta. Pero de allí a recuperar la compra hecha, era otra historia. Por otro lado, no era posible intentar una vez más hacer la compra, porque el Buen Fin había expirado y ya no estaba vigente la promoción.

La persona que me atendió terminó por recomendarme que mejor no volviera a hacer compras por internet y que usara el servicio telefónico.

Toda la experiencia me hizo recordar que hacía muchos meses intenté pagar mi cuenta por internet con el resultado de que me bloquearon mi tarjeta y tuve que acudir en persona a la tienda a pagar y a desbloquear. En esa ocasión me había prometido no volver a usar esa plataforma de comercio electrónico.

Poder contar toda esta anécdota ha sido una catarsis deliciosa, pero mi intención no es quedarme allí.

Mercado digital

En México hacemos todavía un uso limitado del comercio y los pagos electrónicos, por lo que dejamos de aprovechar muchas de sus ventajas. En el índice de comercio electrónico B2C que mide la UNCTAD, nuestro país ocupó el lugar 90 de 144 países en 2017.

Hay diversas explicaciones detrás de ello relacionadas, entre otras, con: la baja bancarización de la población; la penetración de los servicios de internet; la seguridad y privacidad de las redes; la alfabetización digital de la población; y la aplicación de garantías legales en las transacciones electrónicas.

Cuando hablamos de alfabetización digital, generalmente pensamos en la necesidad de que sean los consumidores o quizá las empresas pequeñas quienes se capaciten en el uso de las nuevas tecnologías y en cómo aprovecharlas en su beneficio. Pero la realidad es que se requiere alfabetización digital en las empresas de todos los tamaños, en los distintos niveles de gobierno, las instituciones académicas y sociales. Por cierto, el establecimiento del que he estado hablando es una empresa grande, con décadas de existencia que cotiza en bolsa. No son unos improvisados.

La transformación digital no pasa sólo por adquirir equipamiento informático o crear un área específica dentro de la empresa para manejar las TIC, sino que se precisa una revolución del pensamiento, los procesos y los enfoques de forma transversal en toda la organización para lograr una verdadera digitalización.

Procesos

La seguridad y la privacidad son factores esenciales para incentivar un uso más intensivo del comercio electrónico, pero para que sean eficaces y ayuden al resto de la organización a lograr sus propósitos, deben diseñarse como parte integrante del proceso entendido en un sentido amplio y no como un módulo separado con su propia lógica y objetivos.

Dicho de otra forma, no se puede tener una organización digital asentada en bases analógicas. Por eso resulta incongruente e ineficaz tener dentro de una misma institución, un área que adapta todos sus procesos sobre plataforma de internet, mientras otras que dan servicio a la primera, siguen usando herramientas tradicionales como el teléfono fijo y los formatos de papel.

La digitalización exige una reingeniería de todos los procesos de la organización, donde cada eslabón aproveche las ventajas de la tecnología bajo una misma visión. Para ello hay que dar un salto decidido y coordinado hacia el futuro, dejando atrás sin titubeos la nostalgia analógica.

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La cuarta transformación de la radio

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Sin Embargo – Gabriel Sosa Plata

A la par de la importante transición política que vivimos en México, se llevan a cabo cambios de programas, conductores y de líneas editoriales en medios de comunicación. En el caso de la radio, las decisiones han sido notables e inesperadas, luego de un sexenio de censura y autocensura, en el que, salvo excepciones, Peña Nieto y su Gobierno tuvieron un trato periodístico acrítico, complaciente, zalamero.

Primero fue la reincorporación, en octubre, de la periodista Carmen Aristegui, a quien Grupo Radio Centro (GRC), de la familia Aguirre, le abrió las puertas para la transmisión de su noticiario matutino Aristegui Noticias. Un mes después, el reconocido periodista de la revista Proceso, Jenaro Villamil, autor de diversos libros críticos sobre Peña Nieto, fue invitado a conducir un noticiario vespertino, Villamil Informa, en el grupo Radiodifusoras Asociadas (RASA), propiedad de la familia Laris. El primero de diciembre, Víctor Trujillo y su personaje Brozo se integró a la estación Aire Libre, del empresario Eduardo Henkel.

Hace algunos días, trascendió que otro destacado periodista del periódico La Jornada, Julio Hernández López, también tendrá, en enero, un programa de noticias y análisis en Radio Centro 97.7, de GRC, donde ya se transmite el noticiario de Carmen Aristegui.

La llegada de “Julio Astillero”, como también se le conoce, se anunció días después de que el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer a través de Twitter que su programa “Sin anestesia” salía del aire de otra de las emisoras de GRC, Universal Stereo. Ayer, en la misma red social, Julio precisó que la invitación para integrarse al grupo radiofónico es anterior a lo ocurrido con el periodista de Televisa.

Loret de Mola, a su vez, vuelve a W Radio, en el espacio vespertino que dejó vacante su compañera de Televisa, Ana Francisca Vega, por lo que no dejará de tener una presencia en la radio, además de la que ya tiene en el canal de televisión de mayor cobertura y audiencia en el país.

Estos reacomodos y otros que muy probablemente se concretarán en los próximos meses son consecuencia de los resultados electorales. He sostenido que si el PRI hubiese continuado en el poder, difícilmente se habrían abierto las puertas de la radio comercial e incluso de la radio pública a quienes no dejaron de denunciar la corrupción en el Gobierno de Peña Nieto y los gobernadores de su partido político. Aristegui, Villamil, “Julio Astillero” y otros colegas formaban parte de ese grupo de “periodistas indeseables” para los responsables de manejar las riendas del país en la administración anterior.

Ahora estamos en un escenario distinto. Críticos del peñismo, que apoyaban directa o indirectamente a López Obrador, son bienvenidos en los medios tradicionales. Esta apertura se ha interpretado como un acto que busca complacer a los nuevos gobernantes. Los papeles, en su opinión, se han invertido y esto explica la salida de periodistas que no simpatizaban con López Obrador, pero apoyaban por conveniencia, por convicción o por presiones comerciales (publicidad gubernamental) a los gobiernos de Peña Nieto, de Calderón y de Fox.

Suena lógico, pero la situación es más compleja. La mayoría de los periodistas y comentaristas de la radio que han sido muy críticos de López Obrador, como candidato y ahora como Presidente de México, siguen al aire. La diferencia es que ahora tendrán que compartir micrófonos con periodistas y comentaristas que no tuvieron las mismas oportunidades de hablar en la radio, justo por denunciar la corrupción de los gobiernos del PRI, del PAN o bien porque coincidían con las posiciones de López Obrador. De igual manera, los que antaño marcaron distancia con Peña Nieto, podrían seguir siendo distantes con el nuevo presidente, como lo han demostrado varios de los periodistas mencionados.

POLÍTICA Y TECNOLOGÍA

El contexto político favorece una cuarta transformación de la radio, en la que se está en posibilidades de ejercer una mayor libertad de expresión, con periodistas cercanos o alejados y críticos de López Obrador o del presidencialismo, con usuarios de redes sociales que participan e interactúan con quienes producen contenidos en la radio y en general en los medios de comunicación tradicionales, con el uso de aplicaciones y diversos recursos audiovisuales, como las transmisiones en tiempo real en Youtube o Facebook, para ampliar las posibilidades de la comunicación e información, así como por el nacimiento y expansión de la radio digital (HD Radio).

La primera transformación de la radio fue con el nacimiento de la XEW y la expansión del medio como industria en la llamada época de oro; la segunda transformación vino con el desarrollo de la FM, el uso masivo del disco y la creación de las “rocolas” de 100 mil watts en los años sesenta y setenta, con reducidas posibilidades para el periodismo crítico e independiente; la tercera transformación se forjó en los años ochenta con el “boom” de los noticiarios de larga duración, con José Gutiérrez Vivó como uno de sus principales exponentes, la paulatina apertura del medio a los partidos de oposición y el inicio de proyectos juveniles como Rock 101.

La cuarta transformación se ha postergado. Si bien la radio ha sido impactada por la revolución tecnológica y por la transición democrática de los años noventa y del nuevo siglo, no se habían generado las condiciones óptimas para un cambio de mayor magnitud que representara una nueva época porque continuaban los viejos mecanismos de censura y de reglas no escritas. A mi parecer ahora sí es posible, pese a quienes consideran que México regresa a los años setenta.

El recorte del gasto en la publicidad gubernamental, la decisión política del nuevo Gobierno de no intervenir en las líneas editoriales de los medios de comunicación, las diferencias ideológicas y políticas de empresarios de la radio -creados bajo el cobijo del PRI- con el Gobierno de AMLO y su partido Morena, la obligación de producir contenidos atractivos y noticiarios con mayor credibilidad para atraer nuevas fuentes de financiamiento (ya no sólo del Gobierno) y conservar a las audiencias, así como la necesidad de ser competitivos y mantenerse como una opción en el complejo ecosistema mediático, multiplataforma, son factores clave para la nueva época de la radio.

Los enroques, contrataciones, salidas y llegadas de conductores y periodistas en la radio, junto con el inicio de transmisiones de estaciones de nuevos jugadores, como Aire Libre, son un elemento de la transformación que podría concretarse. Está ocurriendo en algunas emisoras comerciales y así deberá suceder en la radio pública. De ahí la importancia de tener una buena política pública que dignifique a los medios públicos y los coloque como actores fundamentales en el Estado democrático que todos debemos construir. Por ello, es inaceptable, como se pretendió, dotar a la Secretaría de Gobernación de la facultad para proveer el servicio de radiodifusión pública. La radio pública también debe ocupar un papel protagónico en la cuarta transformación.

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Nuevos gobiernos: de definiciones al suspenso digital

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Reforma – Jorge Fernando Negrete

Mientras el Gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador realiza anuncios estratégicos de acuerdo a su agenda política, suceden cosas relevantes en el universo digital.

Se prepara el mundo para la llegada de la tecnología más disruptiva de todos los tiempos: 5G. Cisco presentó sus previsiones de tráfico de Internet fijo y móvil global (VNI) y Ericsson su Mobility Report.

Estados Unidos comenzó la licitación de espectro para 5G, en una embestida para superar los extraordinarios avances de China, Japón y Corea del Sur junto con la empresa Huawei. Esto permitirá que sus empresas Verizon, AT&T, T-Mobile y Sprint planeen el despliegue de infraestructura, en asociación con Ericsson, Nokia y Samsung. Con estas empresas se han celebrado algunos de los contratos más grandes en la historia de las telecomunicaciones norteamericanas para garantizar la entrega de esta tecnología a los operadores.

Cisco proyecta que para 2022, el 94% de la población de Norteamérica (Canadá y EUA) será usuario de Internet. El tráfico de video será el 79% del tráfico de la red. La banda ancha móvil tendrá una velocidad promedio de 94 Mbps y el Wi-Fi de 84 Mbps.

Esto es una historia distinta para América Latina, donde se encuentra México, ya que 69 de la población tendrá Internet, 82% del tráfico de la red será video, 28 Mbps será la velocidad de la banda ancha móvil y 17 Mbps la velocidad promedio de Wi-Fi.

Según Ericsson, en América Latina la tecnología LTE se convirtió en la tecnología dominante en 2018, representando 42 por ciento de todas las suscripciones y se proyecta que LTE represente tres cuartas partes de todas las suscripciones en 2024. Las primeras implementaciones de 5G serán posibles en la banda de 3.5 GHz durante 2019 en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y se anticipa que México será el primer país de la región en desplegar 5G, con un mayor pronóstico de captación de suscripciones a partir de 2020.

Las proyecciones son alentadoras, pero hay un problema. México es Norteamérica, y si los indicadores en esa región son superiores a América Latina, México queda en desventaja. El negocio del video y la televisión serán presionados aún más por los enormes anchos de banda y se generarán nuevos modelos de negocio, los mismos suponen una generación de adquisiciones y consolidaciones en México. Es inevitable la venta de empresas y su fusión con otras.

Pero en todo caso, el tema más delicado es nuevamente el uso de la tecnología por el gobierno y el financiamiento para la cobertura. Sobre esta última, el gobierno actual va a buscar generar cobertura en áreas rurales y generar justicia digital, cueste lo que cueste.

Si el gobierno de Peña Nieto fue el de la competencia digital, el de AMLO será el de la cobertura y para ello se necesita una revisión de las medidas regulatorias que liberen el potencial de inversión de los operadores.

No tengo duda, este gobierno tiene prisa por demostrar su eficiencia en el proceso de proteger a los pobres. Toda la regulación de ahora en adelante debe ser pensada obsesivamente en la cobertura y en la viabilidad financiera del modelo. El sistema actual de penalizar la inversión en áreas rurales debe revisarse de forma integral. Las condiciones de competencia efectiva en México son superiores a diversos mercados en América Latina y liberan valor a los usuarios como ningún sistema de competencia en la región en la región. Más vale que regulación y política pública se coordinen y anticipen con este objetivo, antes que el gobierno federal decida actuar compulsivamente.

Política digital. No quiero pensar que se puede superar la falta de resultados de la gestión de Alejandra Lagunes al frente de la pasada Estrategia Digital Nacional. Me inquieta el perturbador silencio de la Estrategia Digital Nacional actual, que contrasta con la eficiencia de acciones de otras áreas del Gobierno actual. Pero me entusiasma el arrebatado mensaje digital de dos gobernadores que recién tomaron posesión: Claudia Sheinbaum y Enrique Alfaro en la Ciudad de México y Jalisco, respectivamente, ambos definiéndose como Ciudad y Gobierno Innovador. Sheinbaum creando 300 puntos de innovación denominados PILARES, donde habrá al menos una Ciberescuela que permitirá culminar con un nuevo modelo educativo: primaria y secundaria. Enrique Alfaro anunciando que va a hacer “la mayor inversión en infraestructura, conectividad y equipamiento en la historia de Jalisco, para que todas las escuelas del estado tengan condiciones de operación dignas”.

Sheinbaum anuncia un programa de regulación que implica el uso de GPS conectado a un sistema central en todo el transporte concesionado y el uso de semáforos inteligentes. Alfaro propone la democratización de las capacidades tecnológicas para los pequeños y medianos empresarios y anuncia el transito del modelo de innovación disperso a un Estado de ciencia y tecnología aplicada. “Vamos a garantizar Internet de alta velocidad en todos los municipios de Jalisco. Vamos a consolidarnos como la capital de la innovación.”

Ambos anuncian entidades específicas para diseñar política digital. En la Ciudad de México la Agencia de Innovación Digital, y en Jalisco la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y la unidad de transformación digital. ¿Eso es todo? No, falta lo más importante, la hoja de ruta, la visión estratégica estructurada: la Agenda Digital.

Director de Grupo Mediatelecom

Twitter: @fernegretep

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