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El Indotel obligado a cobrar efectivo 30MHz en licitación

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Listin Diario

Por un monto mínimo de $30 millones, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) licita hoy miércoles un total de 30 MHz del espectro radioeléctrico nacional, en una operación que pone a prueba la idoneidad del organismo rector de las comunicaciones del país y que definirá las reglas de juego entre los principales actores del sector.

Media docena de oferentes de capital netamente nacional participan en la licitación de los 30 MHz y cuyo primer tramo, la apertura de sobres con las propuestas técnicas ya fue ejecutada, el 16 de abril pasado, y adjudicada a la empresa Trilogy Dominicana, que opera la marca Viva.

La atención de los agentes relacionados con el mundo de las telecomunicaciones del país -sistemas de telefonía fija y movil, internet, televisión por cable, etc- se centra en las exigencias que debe aplicar Indotel en el cumplimiento de las obligaciones que se contraen al entrar con un nuevo segment del exclusivo rango de banda ancha, del cual las dos principales empresas que operan en la nación, Claro-Codetel y Altice, despliegan multimillonarias inversiones en expansión y modernización del espectro de las telecomunicaciones.

Y es que debido a experiencias anteriores con el acceso del suplidor Trilogy al sector de las telecomunicaciones, se advierte que de ganar la licitación de los 30 MHz debe pagar en efectivo y en un plazo de 60 días los $30 millones de dólares mínimos que cuesta esa franja de banda ancha. En el 2011, cuando se licitaron otros 60 MHz el Estado recibió poco más de $70 millones de dólares por dicha adjudicación en el espectro radioeléctrico.

O sea, que una vez adjudicada oficialmente la ganancia de la licitación, corren los plazos para el pago del monto el cual, de acuerdo a los términos, no puede cubierto con adjudicaciones de deudas con el Estado, intercambios con otros instrumentos de negocio o con acumulación de deuda para ser extendida en plazos fuera de lo establecido: el primero el 9 de junio y el segundo el 9 de julio de este año, o sea a partir de cinco días después de la apertura de los sobres de propuestas económicas , este miércoles 2 de mayo, cuando se anunciará la adjudicación del ganador y tras lo cual comienzan a correr los plazos de pago: el 50 por ciento a 30 días y los restantes 30 días después.

ste proceso de adjudicación de ancho de banda en el espectro de las radiotelecomunicaciones nacional se inició en el 2011 cuando en una licitación las empresas Codetel, hoy Claro-Codetel, y Orange, hoy Altice, ganaron 60 MHz, ocasión en que fueron dejadas desiertas la asignación de los 30 MHz que ahora se licitan.

El 15 de noviembre de 2017, Indotel convocó a una nueva ronda de licitación con un cronograma muy estricto y restricciones para la participación de empresas extranjeras, una decisión que causó un gran revuelo en el sector, llegando el tema a las más altas alturas del gobierno y que fueron parte del detonante del escándalo que había sacudido al órgno rector, tras los intentos de boicotear la fusión de las empresas Tricom, de capital local, y Orange, de capital francés, ambas adquiridas en negociaciones por separado con anunciados planes de fusión por la francesa Altice.

Este escándalo provocó extrañas divisiones de criterio en la cúpula ejecutiva de Indotel, con duras posiciones encontradas en su Consejo de Dirección, donde por un lado parecía se bloqueaba el desarrollo de la inversión extranjera en el mundo de las telecomunicaciones, mientras se abría paso a propuestas de inversiones con amplias desigualdades de condiciones lo que ponía en serios peligros el desarrollo del sector y eventuales denuncias de violaciones a la seguridad juridical, elemento vital para la inversión extranjera.

El tema desembocó en el cambio operado en la dirección de Indotel, a donde pasó a dirigir la presidencia del organismo el abogado Luis Henry Molina quien, con órdenes y respaldo expresos de las altas instancias del poder rápidamente restableció el control de las posiciones en favor de los intereses del Estado, las garantías de las inversiones de los actos del sistema y de beneficio para los usuarios, con reglas de juego claras en favor de la expansión, modernización y garantías de los servicios de telecomunicaciones en el país.

Los $30 millones por los 30 MHz licitados, surge de las experiencias de lo pagado por Codetel y Orange en la licitación del 2011: Codetel pagó en la ocasión poco más de un millón de dólares por cada MHz de ancho de banda, mientras Orange pagó $30 millones por los 20 MHz que adquirió.

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AMÉRICA LATINA

Retraso de Aresep afectaría telecomunicaciones

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en

Diario Extra, Lic. Antonio Alexandre García

Nuevamente la Aresep (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos) y su regulador Roberto Jiménez Gómez y Junta Directiva (Sonia Muñoz Tuk, Edgard Gutiérrez López y Pablo Sauma Fiatt) podrían afectar a la industria de las telecomunicaciones. A menos de seis meses de que a D. Manuel Ruiz, superintendente de la Sutel (Superintendencia de Telecomunicaciones), y al suplente Jaime Herrera, de la misma entidad, se les venza el periodo de sus plazas el 5 de enero próximo, Aresep todavía no ha abierto el concurso para la sustitución o renombramiento de dichos miembros.

Peor aún: por la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) y sus reglamentos, el Consejo de la Sutel, órgano regulador de la industria de telecomunicaciones, únicamente puede sesionar si cuenta con por lo menos 2 de sus 3 miembros. Como en este caso vence el plazo de ejercicio de funciones de un miembro propietario y del único miembro suplemente, si no hay un nombramiento de estos puestos antes del 5 de enero, la Sutel únicamente podría sesionar si los 2 miembros que siguen (doña Hannia Vega y don Gilbert Camacho) están presentes en las sesiones del Consejo.

No pueden asistir a congresos o reuniones internacionales si hay sesiones, tampoco pueden tomar vacaciones y ni siquiera se pueden enfermar (¡!) puesto que con eso se paralizarían las decisiones en una industria, la de telecomunicaciones, que ya hoy representa el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica, al cumplirse apenas 10 años de la Ley General de Telecomunicaciones, que abrió el mercado de esos servicios en el país.

Se estiman 12 mil empleos directos en Telecom y siguen en crecimiento. Ya somos los líderes en penetración de telefonía móvil en toda Latinoamérica.

Ya fuimos testigos de actitudes que han rayado al absurdo cuando en la elección de doña Hannia Vega, cuando ya había una “terna” entre las más de 30 aspirantes al puesto, terna esta que incluía la experta exviceministra de Telecomunicaciones Hannia Vega, y después de un largo proceso de concurso, se le ocurrió a Aresep repetirlo, por excusas que nunca han sido aclaradas y que por dicha no prosperó.

Doña Hannia fue ratificada en la Asamblea Legislativa y hoy preside Sutel.

Lo mismo pasó en el nombramiento de D. Gilbert Camacho, quien aplicaba a la renovación de su puesto (en Sutel se puede ser nombrado únicamente por 2 periodos) y Aresep no reconocía atestados obvios del candidato, puesto que era superintendente de Sutel, y tuvo que volver a pasar por un largo proceso que, a mi juicio, hubiera podido ser mucho más corto de parte de Aresep.

Pero volvamos al absurdo: faltan menos de seis meses para que D. Manuel Ruiz (quien ya ha sido presidente de Sutel en este primer periodo de su ejercicio) y el suplente Jaime Herrera dejen sus funciones. ¿Qué espera Aresep para arrancar con el concurso?

El concurso es efectuado en etapas, que incluyen desde atestados y exámenes de conocimiento de la materia de regulación y telecomunicaciones, además de entrevistas con la Junta Directiva hasta que finalmente (sin contar el eventual sesgo político muy frecuente en nuestras instituciones y que ojalá no pase esta vez en Aresep), la JD de ese órgano presenta a la Asamblea Legislativa un nombre indicado al puesto (en este caso dos indicados, uno como miembro superintendente y otro para la suplencia), y de ahí esperar que las y los diputados decidan si aceptan la sugerencia o le piden otra opción a Aresep.

Y tienen un plazo de 30 días calendario para esa decisión. Y perdón, no es que el presidente de Aresep o la Junta Directiva laboren ad honorem.

Aquí dejo pendiente (voy a investigar) el sueldo completo del presidente de Aresep Roberto Jiménez Gómez y demás beneficios que recibe (vehículo, viáticos, pluses, etc.) Dice la propia página web de Aresep: “Los miembros de la Junta Directiva devengarán, por cada sesión a la que asistan, dietas correspondientes al diez por ciento (10%) del salario base del Contralor General de la República. No podrán remunerarse más de tres sesiones por semana”. (Artículo 54, Ley 7.593).

A trabajar entonces, porque la industria de telecomunicaciones no puede parar y será su responsabilidad si para el 5 de enero del 2019 no se habrán efectuado los nombramientos que ya sabemos estarán pendientes.

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AMÉRICA LATINA

Internexa propone modificar propuesta de adenda a Red Dorsal

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El Comercio-Marcela Mendoza Riofrío

Internexa, proveedor de transporte de datos de origen colombiano que compite con Azteca, pidió formalmente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que reconsidere la adenda al contrato de la Red Dorsal.

La empresa de capital colombiano informó que han remitido al MTC una carta con sus comentarios sobre la propuesta de adenda al contrato suscrito entre MTC y Azteca, operador de los 13,5  km de fibra optica de la red dorsal.

Como se recordará, en el citado contrato se establece que Azteca cobre una tarifa fija de US$23 más I.G.V. por mega transportado, lo cual resulta caro en el mercado, pues los otros operadores cobran menos (US$15 en promedio). La adenda propone cambiar el cobro por una tarifa flexible con un tope máximo de US$23.

Internexa considera que, si se aprueba la citada adenda, Azteca no competiría en iguales condiciones que los privados porque recibiría un subsidio por parte del Estado peruano. Por lo tanto, estaría afectando la libre competencia e iría contra lo que dispone la Constitución.

“Si se le otorga a Azteca el mecanismo de flexibilidad tarifaria en zonas con competencia, ello iría en detrimento de los demás operadores, ocasionando que no puedan competir en iguales condiciones y trayendo como consecuencia negativa la posible salida del mercado de dichos operadores afectados; lo que a su vez, generaría que Azteca termine siendo el único operador del servicio portador a nivel nacional”, señalaron.

Es por esta razón que Internexa propone al MTC que, si va a establecer flexibilidad tarifaria, sea en las zonas rurales o alejadas en donde se necesita Internet pero no hay oferta ni competencia privada. De esta manera -indica- el Estado cumpliría su rol subsidiario.

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Ley de emprendimientos propone plataformas de micro financiamiento colectivo

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El Observador

En la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados se están discutiendo dos proyectos de ley de promoción de emprendimientos presentados el año pasado. Uno, diseñado por el presidente de Endeavor, Andrés Cerisola y presentado por el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi. El otro fue presentado en Comisión por el diputado del Frente Amplio, Walter De León.

Aunque uno es mas extenso que el otro en cantidad de artículos, ambos tienen un mismo propósito: fomentar el emprendendurismo en Uruguay y brindar las mejores condiciones para que emprendedores puedan abrir una empresa en poco tiempo y mejorar los mecanismos de inversión.
El diputado Goñi dijo a El Observador que hay “predisposición de todos los partidos a aprobar una ley de emprendimientos”, que se espera que finalice su tratamiento en el Parlamento antes del día del emprendimiento el tercer jueves de noviembre. A la comisión fueron invitados integrantes de instituciones de apoyo a emprendedores y organismos estatales para intercambiar puntos de vista sobre la temática.
Una de las herramientas para emprendedores que plantean los proyectos es la habilitación del micro financiamiento colectivo -o crowdfunding-. “Es un mecanismo que facilita el acceso al financiamiento, que es una de las grandes restricciones de los emprendedores”, sostuvo Goñi. Este mecanismo permite que cualquier persona que quiere invertir pequeños montos en varios proyectos -hasta US$ 10.000 por año-, puedan, a través de una plataforma tecnológica, concretar esa financiación.
Por otra parte, cada emprendimiento podrá recibir un monto máximo de US$ 1 millón a través del micro financiamiento.

“Hay varios países del mundo en los que se aplica este mecanismo. A veces en cuestión de horas se consiguen montos importantes, sin intermediación bancaria”, añadió el diputado.

La idea es promover la creación de este tipo de plataformas que nuclean variedad de emprendimientos, con y sin fines de lucro. Dos representantes del Banco Central del Uruguay (BCU) concurrieron a la Comisión y coincidieron con la creación de estas plataformas para cofinanciar emprendimientos. “El emprendedor debe aclarar que es una inversión de riesgo, contar los detalles del proyecto y después se acuerda cuál será la forma de retribución al inversor que colaboró con un monto pequeño”, indicó.

El proyecto incluye límites estrictos de montos, la promoción de una regulación adicional para las plataformas de micro financiamiento colectivo (en especial en la prevención y control del riesgo de fraude), y advertencias concretas que dejen a salvo toda responsabilidad del Estado por los eventuales resultados de las inversiones.

Al ser inversiones por montos bajos, esta actividad no implica la regulación del BCU.

Otro de los puntos que se busca fomentar es el acceso al capital semilla, que actualmente es aportado por el Estado a través de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). “Hay que fomentar la figura del inversor ángel, que invierte grandes montos de dinero en las primeras etapas del emrpendimiento. La idea es generar incentivos fiscales para quienes aporten capital semilla”, dijo Goñi.

Una empresa en 24 horas

Al igual que lo establecido en la ley de emprendedores aprobada en Argentina en abril de 2017, el proyecto de ley que busca su aprobación en el Parlamento uruguayo genera la figura jurídica de la Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), que tiene las ventajas de una sociedad anónima, como la incorporación de capital, pero con un costo de creación menor y mayor “flexibilidad y autonomía de los sus socios”.

“La empresa se puede crear vía web, con formularios prontos para que el emprendedor, sin mucho conocimiento legal, pueda elegir los estatutos, inscribirse y en 24 horas tener la sociedad”.

Dentro de las flexibilidades de la SAS, las actas de directorio pueden establecerse vía WhatsApp u otra plataforma digital.

La SAS se ha implementado en varios países de América y Europa. Goñi citó el ejemplo de Colombia, que desde la implementación de esta figura jurídica hace ocho años, se han creado 500.000 emprendimientos.

Como antecedente a esta iniciativa que se está discutiendo en el Parlamento, hay un proyecto de ley de 2012 que no prosperó, y que había sido impulsado por el entonces senador socialista Daniel Martínez.

Debate en curso

La Fundación da Vinci, que apoya a emprendedores con la incubación de sus proyectos y otras herramientas, realizará actividades para estimular el debate y recibir aportes en el camino de la posible aprobación de la ley de emprendedurismo. El director de la fundación, Sergio Delgado, será quien lidere estas actividades.

El próximo jueves 26 julio, se realizará una reunión con miembros de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y representantes de las organizaciones integrantes de la Red de Apoyo a Futuros Empresarios (RAFE), que funciona bajo la administración ANDE.

En tanto, el martes 31 julio habrá un panel con empresarios y emprendedores en Salto, coorganizado con Centro Comercial e Industrial de Salto.

 

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