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Decreto y proyecto de ley para eliminar trámites

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El Telégrafo

Al menos dos normativas y la voluntad expresada por las autoridades del país dan la esperanza para que la tramitología dentro del sector público mejore en los próximos años. Por un lado, el Decreto Ejecutivo 372 enviado el 19 de abril declara como política de Estado la mejora y regulatoria y la simplificación administrativa y de trámites, no solo para incrementar la eficiencia de los sectores económicos, sino para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.  Desde la expedición de dicho decreto, corre un plazo de 60 días para que el Ministerio de Telecomunicaciones establezca una plataforma informática que contendrá el Registro Único de Trámites y Regulaciones. 60 días después, todas las entidades de la administración pública central y entidades que dependen de la Función Ejecutiva deberán incluir en la plataforma la información de cada uno de sus trámites. Mientras tanto, luego de 90 días, contados a partir del 19 de abril, el Comité de Simplificación de Trámites Interinstitucionales, conformado por el titular de la Secretaría General de la Presidencia o delegado y las máximas autoridades de Senplades, Trabajo y Telecomunicaciones, emitirá las normas técnicas para regular el proceso de simplificación de trámites. Por otro lado, la semana pasada se realizó el primer debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de Optimización y Eficiencia de Trámites, el 24 de abril en la Asamblea Nacional. El ponente del proyecto y presidente de la Comisión de Régimen Económico, Pabel Muñoz, explicó que el objetivo de la ley es simplificar y eliminar un conjunto de trabas burocráticas que impiden el movimiento de los ciudadanos en sus actividades comunes y los emprendedores. El panorama al que ataca la ley es a 1.934 gestiones dentro de la Función Ejecutiva contabilizados hasta mayo de 2017. En promedio, para cada trámite se solicitan 9,3 requisitos y ocupan a 7,35 funcionarios cada uno. Actualmente, el 20% de los trámites se efectúan en un tiempo de entre cero y cuatro horas. Una vez aprobada esta ley, según Muñoz las entidades deberán justificar la existencia de sus gestiones en el plazo de 180 días, caso contrario se suprimirán. El consentimiento de nuevos trámites estará a cargo del Ministerio de Telecomunicaciones, la ley va para todas las funciones del Estado y a los gobiernos autónomos descentralizados. La disminución de la tramitología va acompañada de un buen trato al ciudadano, Muñoz agregó que “hay que trabajar en la cultura de servicio tanto en el sector público y privado. Con la ley fomentamos una cultura de buen trato”. Entre las entidades que han mejorado se encuentra el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae). Fátima Flores, subdirectora de Normativa de esta entidad manifestó que la Ventanilla Única Ecuatoriana, es una herramienta que facilita la autorización de certificados para la importación y exportación de bienes. Por otra parte está el registro en línea y la no presencia de las personas con discapacidad para importar vehículos adaptados a sus necesidades.  En un diálogo con El TELÉGRAFO, la ministra de Industrias, Eva García, dijo que la simplificación de trámites es fundamental para fomentar la productividad y la competitividad, por ello formará parte de la hoja de ruta de la política pública a aplicarse en la zona de la frontera norte, especialmente de Esmeraldas. La secretaria de Estado se ha reunido con el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) y la Subsecretaría de Calidad para revisar procesos y ver la evolución de las acciones que se han ejecutado para facilitar la producción. Señaló que hay prácticas que se deben corregir como trámites duplicados que deben hacerse en diferentes instituciones para la obtención de permisos o registros. “Se debe avanzar aún en la simplificación de trámites para las calificaciones de calidad para la exportación y por ello tenemos ya una agenda para reunirnos en el próximo comité que convoque la Vicepresidencia”, destacó la ministra García. Empresarios identifican obstáculos Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), entre los trámites relacionados con la actividad industrial, destacó la obtención del registro sanitario, donde hay protocolos de verificación atados a subjetividades y divergencia de criterios entre inspectores. Solo en lo que respecta a normativas de calidad y revisiones técnicas, pueden encontrarse trámites que involucran al Mipro, INEN, Arcsa y Superintendencia de Control de Poder de Mercado, (como ente auditor de productos que ya fueron sometidos a revisión). El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Juan Carlos Díaz-Granados dijo que se necesitan instituciones inclusivas no extractivas, “en Ecuador tenemos instituciones que quieren succionar los recursos de la ciudadanía y evitan que el comercio fluya libremente”. Señaló que las normas que dicta el Mipro y el INEN son muy difíciles de cumplir. (I)

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AMÉRICA LATINA

Designan nuevo presidente de Claro Dominicana

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elCaribe

La empresa de telecomunicaciones Claro anunció que América Móvil ha promovido a Oscar Peña como presidente de Claro Centroamérica, responsable de los mercados de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá y Costa Rica. Rogelio Viesca Arrache fue nombrado para dirigir la operación de Claro en República Dominicana, con efectividad el 16 de septiembre del presente año.

Viesca Arrache cuenta con 25 años de experiencia en telecomunicaciones y ha ocupado importantes  posiciones dentro de la corporación. Fue director de operaciones de Claro Brasil, presidente ejecutivo y CEO de Ecuador y Argentina, con responsabilidad directa de Paraguay y Uruguay. Actualmente se desempeña en Telcel México como director Regional Golfo y Sur. Su formación académica es en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones de la Universidad Iberoamericana de México, con postgrado en Finanzas y Marketing.

Desde la entrada de América Móvil en el año 2006, Claro Dominicana ha evidenciado un proceso de crecimiento y transformación con importantes innovaciones tecnológicas, así como un decidido enfoque hacia el servicio al cliente. Esto le ha garantizado el liderazgo y la preferencia del mercado en todas las líneas de negocio: fijos, datos, móviles y televisión de paga.

La empresa reafirma su compromiso de continuar con  un sostenido programa de inversiones para contribuir al desarrollo del país, a la calidad de vida de los dominicanos y al fortalecimiento del sector de las telecomunicaciones.

Sobre América Móvil

América Móvil, compañía líder de servicios de comunicación en América Latina y una de las más grandes del mundo en términos de suscriptores proporcionales y valor de capitalización en el mercado, con operaciones en 25 países de América y Europa. Al 31 de marzo de 2018, América Móvil contaba con 362 millones de líneas de acceso, que incluyen 279 millones de suscriptores móviles y 83 millones de unidades generadoras de ingreso fijas (telefonía fija, banda ancha y televisión de paga).

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AMÉRICA LATINA

Servicio del SRI en red

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El Mercurio

El Servicio de Rentas Internas (SRI) ha puesto a disposición de los contribuyentes la posibilidad de realizar y enviar las declaraciones de impuestos por medio de la internet.

La ventaja de utilizar este medio para cumplir con las obligaciones tributarias es que el sistema se encuentra disponible las 24 horas del día los 365 días del año y las declaraciones enviadas se las puede consultar por este mismo medio.

Adicionalmente, la declaración podrá ser realizada desde el primer día del mes y el pago se lo podrá hacer hasta la fecha del vencimiento, eliminando los problemas de digitación de las declaraciones hechas en papel.

Capacitaciones

Para acceder a este servicio es necesario que obtenga el DIMM formularios, el cual puede solicitarlo en cualquier oficina del SRI a nivel nacional o descargarlo en el “clic”, ingresando al portal web oficial del Servicio.

Además, para obtener mayor información es clave el tema capacitaciones tributarias, según Armando Lana, director zonal 6 del SRI. Detalló que en lo que va de 2018, la administración tributaria ha cumplido con más de 646 capacitaciones, lo que permitió beneficiar a más de 13.200 ciudadanos en las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. (ACR)-(I)

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AMÉRICA LATINA

$ 11.498 millones, tope a primeros interesados en acciones de Coltel

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El Tiempo

El Gobierno acaba de fijar las condiciones en que venderá el 32,5 por ciento que tiene en la empresa Telefónica, que controla a Colombiana de Telecomunicaciones (Coltel), participación con la que espera conseguir unos 2,3 billones de pesos.

Esta es la segunda mayor venta de activos de la nación de los últimos cuatro años, después del 57,6 por ciento que tenía en Isagén, por el cual recibió 6,48 billones de pesos del fondo canadiense Brookfield (2015).

“Si tomamos un periodo más amplio, la segunda (venta) pudo ser el 11 por ciento de Ecopetrol. El proceso lo estamos haciendo directamente en Hacienda. Cisa lleva las enajenaciones de participaciones menores al 10 por ciento”, según confirmó Camilo Barco, director general de Participación Estatal en el Ministerio de Hacienda.

La reglas de juego para la participación de los inversionistas interesados quedaron consignadas en el decreto 1215, expedido el pasado 12 de julio por el Ministerio de Hacienda.

Cada una de las 1.108’269.271 acciones que la nación tiene en esa compañía cuesta 2.075 pesos, por lo que el paquete completo le representará ingresos adicionales de 2,3 billones de pesos.

Tal como lo establece la Ley 226 de 1995, los primeros beneficiarios de la oferta accionaria serán los empleados y exempleados de Coltel o las firmas en que esta tenga participación.

También, los sindicatos y federaciones de sindicatos, fondos de empleados, fondos mutuos de inversión, fondos de pensiones y cesantías, entidades cooperativas, cajas de compensación familiar y, en general, entidades del sector solidario debidamente constituidas y reconocidas por las leyes colombianas.

Así las cosas, en esta primera etapa de venta, los interesados solo podrán adquirir hasta un máximo de 5’541.347 acciones, para lo cual tendrían que alistar unos 11.948 millones de pesos, según lo estipulado en el mencionado decreto.

Ese paquete de acciones representa apenas una participación del 0,5 por ciento de Coltel.

En el decreto expedido por Hacienda no se menciona una fecha precisa para el inicio de la primera etapa de enajenación de dicha participación de la nación en Coltel.
Sin embargo, advierte que una vez una o varias instituciones establezcan líneas de crédito o condiciones de pago para financiar la adquisición de las acciones, estas serán ofrecidas.

La venta hace parte del ‘Plan de enajenación anual global para la vigencia 2018’, presentado al Congreso de la República a finales de febrero pasado.

Además, el documento Conpes 3927 de 2018 establece que “(…) no es recomendable para la nación mantener participaciones minoritarias (…) y, en consecuencia, señala que el Gobierno debe priorizar la desinversión de aquellas sociedades con participación del Gobierno Nacional inferior al 50 por ciento”.

Entre los argumentos para la venta de esas participaciones minoritarias que la nación tiene en distintas empresas figura el hecho de que esas propiedades, en vez de generarle rentabilidad a la bolsa pública, le causan gastos y encarte, en la medida en que muchas no están entre los objetivos estatales.

Según la estatal Central de Inversiones (Cisa), la nación tenía en el 2016 acciones en 109 empresas, pero luego de algunas ventas adelantadas el año pasado, hoy solo quedan 106, muchas de estas con participación no mayoritaria.

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