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AMÉRICA LATINA

Lanzan un concurso para promover el acceso a Internet en localidades del interior

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Télam

El Ministerio de Modernización, a través de Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), lanzó un nuevo concurso de aportes no reembolsables, por un total de 900 millones de pesos, para promover el acceso a Internet en localidades de hasta 5 mil habitantes, lo que permitirá potenciar a pymes y cooperativas.

El ministerio precisó que se nanciará hasta un 80 por ciento de la inversión presentada, contemplando el nanciamiento de los componentes de red como el equipamiento de las mismas, por un máximo de 3 millones de pesos por localidad y hasta 30 millones para todas las iniciativas que son objeto de proyecto.

“Con el Plan Federal de Internet llegamos con bra óptica nacional a 454 localidades de todo el país. Queremos que todos los argentinos puedan acceder a Internet de calidad así haya nacido en Lago Escondido o en Capital Federal”, dijo Andrés Ibarra, ministro de Modernizaci

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AMÉRICA LATINA

Telecomunicaciones: inversiones superarán los US$ 1,000 millones en 2019

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Andina

Las inversiones privadas en telecomunicaciones superarán los 1,000 millones de dólares el próximo año, impulsadas por los concursos de las bandas de 5G, proyectó hoy la viceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa.

Estamos preparándonos para el 5G y para ello debemos tener listas las carreteras digitales, esas frecuencias que ahora están desordenadas y deben ordenarse”, indicó.
En tal sentido, dijo que el proyecto de reordenamiento de frecuencias ya está por aprobarse, por lo que han recibido felicitaciones a nivel internacional debido a esta iniciativa.
Asimismo, señaló que, a fin de evitar cualquier especulación, en febrero de este año el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso la reserva de las altas frecuencias (destinadas para 5G), para concurso público.
También se estableció que toda frecuencia, incluida las de provincias, será otorgada por concurso público.
 

Ley de Telecomunicaciones

De otro lado, Nakagawa dijo que no es conveniente tocar la Ley de Telecomunicaciones ahora, debido a que genera un ambiente de estabilidad para las inversiones.
“La Ley de Telecomunicaciones ha funcionado bien, los logros son tangibles. Tenemos un clima de estabilidad, elevados niveles de competencia y tenemos inversiones por 1,000 millones de dólares anuales, en promedio”, explicó.
Asimismo, enfatizó que la mejor regulación es la no regulación, porque esa es la forma en la que el Internet se ha desarrollado.
En este sentido, afirmó que no es conveniente cambiar la referida legislación que data de 1993.
“Debemos concentrarnos en las distorsiones que hay en la Ley de Banda Ancha que necesita un análisis de organismos internacionales, para proponer lo que sea correcto y técnicamente sostenible”, dijo.
Para ello, explicó que se ha solicitado la asesoría del Banco Mundial y del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), a fin de mejorar la conectividad digital.
Asimismo, indicó que la modificación de la Ley de Banda Ancha debe estar en la agenda tanto parlamentaria como del sector.
“Aquí se han detectado problemas porque no hay la suficiente demanda y no se están llenando los ductos de la fibra óptica como se había previsto”, afirmó.

Fitel

De otro lado, dijo que hay un proyecto de Decreto Supremo en la Presidencial del Consejo de Ministros (PCM) para que el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (Fitel) que ahora depende del MTC pase a depender del viceministerio de Comunicaciones.
“El proyecto está listo para su aprobación, con lo que cual Fitel se convertirá en Pronatel. Con ello tendrá un director ejecutivo que permitirá una labor más eficiente” señaló.
Explicó que, además dentro de sus funciones no solamente verá los proyectos financiados con el Fitel, sino también comprenderá todos los proyectos que financia el Estado para llegar a las zonas donde no tienen los servicios.
“Con ello se logrará ampliar el beneficio a la población. Hay muchos peruanos que no están conectados por lo que tenemos que llegar con unas soluciones tecnológicas inteligentes”, manifestó.

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AMÉRICA LATINA

El gobierno local apuesta a los “smart contracts”

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El Nuevo Día – Dennis Costa

A pesar de los vaivenes y la fase bajista en el mercado que actualmente enfrentan las criptomonedas, entre ellas el bitcoin, el gobierno local todavía mantiene sus expectativas en el blockchain, la tecnología que sirve de base a las divisas digitales, para ayudar a impulsar la recuperación económica y fiscal de Puerto Rico.

Dentro de ese marco, el Banco de Desarrollo Económico (BDE) y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio llevaron a cabo ayer el simposio “Blockchain y otras tecnologías disruptivas”, con el fin de mostrar las ventajas competitivas de la transformación digital a la clase empresarial de la isla.

Durante el evento, los llamados contratos inteligentes o “smart contracts” ocuparon un rol protagónico. Los mismos son, en esencia, programas estrechamente asociados al blockchain, capaces de automatizar procesos que envuelven varios participantes y requieren un mecanismo de validación entre los participantes. En este ámbito, la tecnología promete transformar los procesos gubernamentales hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas, indicó el presidente del BDE, Luis Burdiel Agudo, en entrevista con Negocios. “Con tantas situaciones que han ocurrido con los contratos de gobierno, los ‘smart contracts’ te permiten saber al momento cuándo los fondos no están siendo usados debidamente, y no tres años más tarde después que se hace una auditoría”, dijo el funcionario. “Habrá gente que no lo querrá implementar, pero todo aquel que desee mayor transparencia y confianza en los procesos de gobierno estará a bordo”.

Al presente, el BDE está en la fase de análisis para determinar cuándo y dónde sería mejor implementar la tecnología. “Esto va a empezar en la empresa privada, para el gobierno va a tardar un poco más, pero los ‘smart contracts’ es lo primero que se va a implementar de todas las aplicaciones disponibles a partir del blockchain”, añadió Burdiel.

El simposio sobre el blockchain se realizó con la colaboración de Dictum Abogados, una firma legal y de consultoría con sede en Madrid, España, y con presencia en el resto de Europa y en Hong Kong; Dictum Futurae, una división de la firma enfocada en temas tecnológicos, y la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital (Fifed), una organización con sede en España.

Las charlas estuvieron a cargo de Vicente García Gil, presidente de Fifed; Ricardo Palomo Zurdo, catedrático de Economía Financiera de la Universidad de CEU San Pablo, en Madrid; Juan Carlos Rodríguez, presidente de Dictum Hong Kong; José Juan Mora, cofundador y principal oficial de tecnología de Kolokium Blockchain, una empresa con sede en Madrid; Montserrat Melguizo Rodríguez, analista de gestión y nuevas tecnologías en Dictum Futurae, y Aurelio Gurrea Chalé, presidente de Dictum Abogados. En sus respectivos turnos, los participantes enfatizaron los usos potenciales del blockchain en diversas industrias con el fin de proveer sistemas más seguros, descentralizados y sin intermediarios.

No obstante, los conferenciantes minimizaron la mención de las criptomonedas, las cuales han acaparado la mayoría de la atención dirigida a la tecnología del blockchain, pero que a la misma vez han sido objeto de suspicacia por el carácter altamente especulativo de las mismas.

El exjuex de la corte de quiebra federal y presidente de Dictum Puerto Rico, Geraldo Carlo Altieri, hizo referencia al ambiente de regulación y restricciones que permea, mencionando acciones recientes por parte de la Comisión de Bolsa y Valores y el Servicio de Rentas Internas federal. Sin embargo, otras movidas apuntan a la legitimización de las criptomonedas. Tal es el caso de Fidelity, la respetada proveedora de servicios financieros, quien recientemente lanzó una plataforma de intercambio y almacenamiento de divisas digitales, dirigida principalmente a los fondos de cobertura, destacó Altieri.

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AMÉRICA LATINA

Se aprueba ley contra decodificación ilegal de TV satelital

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Diario Financiero 

Por mayoría de 17 votos a favor y una abstención, el Senado despachó a ley el proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para establecer sanciones a la decodificación ilegal de televisión satelital de pago.

El texto tiene por objeto avanzar en la protección de la propiedad intelectual y los derechos de autor, sancionando a quienes lucren ilícitamente mediante la comercialización indebida de instrumentos o programas que permitan decodificar señales, sin la correspondiente autorización. Durante el debate, los legisladores destacaron que la moción permite cumplir con los estándares y compromisos internacionales, evitando el “pirateo”.

Las multas irán desde las 10 UTM ($ 481.600) a 1.000 UTM ($48.160.000) al que sin la autorización del distribuidor legal, comercialice o distribuya una señal de servicios limitados de televisión adecuadamente protegida. También se incluirá a quien preste los servicios de instalación de estos dispositivos ilegales y, en caso de reincidencia, para cualquiera de los casos nombrados anteriormente, se podrá sancionar con una multa de 20 UTM a 2.000 UTM.

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