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Brasil afirma que asociación con Viasat en satélite de defensa no es un riesgo

La responsabilidad de Viasat en la asociación se restringe a la instalación y mantenimiento de la infraestructura

Itzel Carreño

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El gobierno de Brasil considera que la asociación firmada por Telebras y la empresa estadounidense Viasat en el Satélite Geoestacionario de Defensa y Comunicaciones Estratégicas (SGDC), no representa un riesgo a la soberanía nacional, de acuerdo con un comunicado emitido por los ministerios de Defensa y Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones (MCTIC).

Los ministerios expresaron su posición después de que Viasat manifestara su inconformidad frente a la resolución del Tribunal Regional Federal para la 1ª Región, que negó la petición del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) para mantener el contrato entre Telebras y la empresa estadounidense.

El SGDC fue concebido para atender las estrategias de defensa nacional y proyectos sociales, como el Gobierno Electrónico-Servicio de Atención al Ciudadano (Gesac), Educación Conectada, además del programa Internet para Todos.

El comunicado afirma que tanto el control y como la operación del satélite siguen bajo la responsabilidad de Telebras y del Ministerio de Defensa.

“El satélite fue dividido en dos bandas: la banda X, de uso exclusivamente militar; y la banda Ka, que atiende lo social. Son sistemas totalmente independientes, y no hay ningún intercambio de datos e información entre ellos, además de que Viasat o cualquier otra empresa no tenga acceso, en cualquier hipótesis, a las contraseñas de control del SGDC” escriben los ministerios.

Asimismo, aseguran la responsabilidad de Viasat en la asociación que se restringe a la instalación y mantenimiento de las antenas en el país. Se hace hincapié en que la explotación comercial de la banda Ka del SGDC no transfiere la propiedad ni modifica la gobernanza del proyecto SGDC.

El acuerdo de asociación está sustentado en el artículo 28 de la Ley Nº13.303/2016, que atiende las políticas públicas en interés del interés colectivo, en este caso la expansión del acceso a Internet de banda ancha.

El Ministerio de Defensa y el MCTIC concluyeron que la operatividad plena del SGDC fortalecerá aún más la soberanía nacional, además de traer grandes beneficios sociales y económicos a Brasil.

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Colombia crea la Comisión Intersectorial para el Desarrollo de la Economía Digital

Carolina Valdovinos

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El gobierno colombiano recibirá la orientación de la Comisión Intersectorial para el Desarrollo de la Economía Digital, debido a la creciente importancia que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) representan hoy en día para el desarrollo y consolidación del país en la economía digital.

Esta comisión está presidida por el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) e integrada por los Ministros de Comercio, Turismo, Educación e Industria, entre otros.

El objetivo de esta comisión es servir como mediador y consultor tanto para el gobierno colombiano como para el pueblo a través del diálogo, coordinación y articulación para la ejecución de las actividades socioeconómicas habilitadas por las TIC; también podrá recomendar la formulación y ejecución de políticas, planes, proyectos o propuestas que sirvan de soporte a los organismos y entidades competentes en cada sector.

A través de esta instancia, el gobierno colombiano tendrá la oportunidad de abordar temas relacionados con economía colaborativa, los cambios de las tecnologías emergentes y su impacto en los negocios tradicionales, los derechos de autor, régimen laboral, tributario y de impuestos.

De igual forma, se estudiarán temas relevantes como protección de datos de los usuarios digitales y transferencia de datos personales.

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Multan a Altice con 125 millones de euros

Mediatelecom

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La Comisión Europea (CE) impuso una multa de 124.5 millones de euros a Altice por implementar la adquisición de la operadora PT Portugal antes de recibir autorización oficial, aunque la decisión del regulador de aclarar el trato sigue en pie.

En un comunicado, la CE comentó que Altice le hizo saber en febrero de 2015 sus intenciones por adquirir a la empresa portuguesa y el acuerdo fue aprobado el 20 de abril de ese mismo año, condicionado a los recursos provenientes de los negocios que tenía la empresa holandesa en Portugal, en ese momento.

Sin embargo, el regulador concluyó que Altice implementó la adquisición antes de que fuese aprobada y notificada a las autoridades europeas, incumpliendo así las normas que obligan a informar de las fusiones a la Comisión y a no llevarlas a cabo hasta que ésta las apruebe.

La Comisión afirma que Altice aplicó medidas del acuerdo de compra para ejercer “influencia decisiva sobre PT Portugal, otorgando derechos de veto sobre decisiones comunes”.

Dio instrucciones a la empresa sobre una campaña de mercadotecnia y recibió información comercial sobre la compañía, sin contar con un acuerdo de confidencialidad. A pesar de estos hechos, la decisión de sancionar a Altice no afecta la decisión de la Comisión de autorizar el trato de adquisición de 2015.

Controles

La multa de 124.5 millones de euros se basa en disposiciones del Reglamento Comunitario de Concentraciones, que permite a la Comisión imponer multas de hasta 10 por ciento del volumen de negocio agregado, a aquellas empresas que ignoran deliberada o negligentemente las obligaciones de notificación o suspensión y que no esperan a tener la aprobación.

“Las empresas que se lanzan a la acción e implementan fusiones antes de la notificación o la autorización, quebrantan la eficacia del sistema de control de fusiones”, dijo Margrethe Vestager, comisaria de competencia de la CE.

Altice también recibió una multa de 80 millones de euros por parte de la Autoridad de Competencia Francesa por prácticas similares, relacionadas con la adquisición de SFR y Virgin Mobile en 2014.

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ZTE presentará pruebas contra prohibición de ventas en EUA

Mediatelecom

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ZTE anunció que “está realizando comunicaciones activas con las partes pertinentes y buscando una solución” a la prohibición de exportación interpuesta por el gobierno estadounidense. El Departamento de Comercio de Estados Unidos aceptará pruebas adicionales de la compañía sobre el caso.

La prohibición tendrá una duración de siete años, por el incumplimiento de ZTE a las medidas disciplinarias tomadas contra los empleados involucrados en las ventas y envío de equipos a Irán y Corea del Norte en tiempos de sanción, violando los términos del acuerdo.

Si bien no se permite un proceso de apelación al procedimiento, un alto funcionario de ZTE comentó a The Wall Street Journal que el Departamento de Comercio había aceptado la petición para presentar más información y recibirán evidencia a través de procedimientos informales, lo antes posible.

Sin embargo, “no creemos que la suspensión” de las sanciones sea apropiada, dijo el funcionario.

No está claro qué evidencia adicional presentará el fabricante asiático, ni existe comentario alguno sobre el impacto que dicha prohibición generará en sus negocios.

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