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Tarifas planas de datos: Yoigo abre la caja de Pandora

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Expansión – Ignacio del Castillo

El pasado 3 de abril, MásMóvil, el cuarto operador español de telecos abría la caja de Pandora: presentaba la primera tarifa plana de datos móviles en España. La nueva oferta, contratable inicialmente sólo hasta el 30 de junio (como medida de seguridad), incluye un acceso de fibra óptica de 50 megabits y llamadas y datos ilimitados en el móvil por 99 euros al mes. La oferta puede ser enriquecida con más velocidad en la fibra (300 megabits simétricos por 10 euros más al mes o 1 gigabit por 30 euros más al mes) y con hasta 3 más líneas móviles adicionales, cada una de ellas con voz y datos ilimitados por 9 euros al mes.

Un shock y una amenaza: El nuevo producto ha supuesto un shock para el conjunto del sector, que temía la llegada de este tipo de ofertas, aunque previsiblemente no esperaba que el primer cañonazo en esta guerra procediese de las baterías de MásMóvil. Sin embargo, las tarifas planas de datos se van generalizando en Europa y EEUU y Asia, así que, algo así era previsible tarde o temprano, a pesar de que todos son conscientes de que las consecuencias de estas iniciativas para las cuentas de resultados de los operadores pueden acabar siendo muy peligrosas.

La amenaza para la cuenta de resultados de las telecos de la “planificación” (de tarifa plana) de los datos viene por dos flancos: el primero es una posible saturación de la capacidad de las redes. Si eso ocurriese, los operadores se verían obligados a invertir más, aunque, de rebote,  podrían anticipar la llegada del 5G a España, procurando instalar lo antes posibles los desarrollos y aprovechas las nuevas y abundantes frecuencias que se van a licitar en las bandas de 3,6 a 3,8 GHz. El 5G, como es sabido, es decenas de veces más capaz de transportar datos que las redes 4G. Pero eso también implicaría nuevos esfuerzos inversores.

La dificultad de diferenciarse. Sin embargo, el problema principal es de otra índole. Si la tarifa de MásMóvil tiene mucho éxito, el resto de los operadores tendrá que responder de una forma u otra. Y aunque se resistan y adopten modelos de aproximación al concepto de tarifa plana que les permitan dar rodeos antes de caer de lleno en él -como ha ocurrido con el caso de Vodafone y sus tarifas Pass, que es un intento inteligente y polémico de ponerse la venda antes que la herida, con aproximaciones parciales y por categorías de servicios al concepto de tarifa plana- al final tendrán que acabar claudicando y sacando algo parecido a lo que ha lanzado MásMóvil. ¿Cuál es el peligro, se preguntarán, si partimos de una base de precio de 100 euros para una simple oferta convergente con una sola línea móvil y sin contenidos ni otros servicios auxiliares? Si a eso se le suman televisión y segundas líneas móviles ¿no es un precio de base estupendo para crecer a partir de ahí?, ¿no supondría, en realidad, una oportunidad para aumentar la facturación media mensual (average revenue per account o arpa).

Bueno, quizá ocurriese algo así inicialmente. Pero en realidad se habrían puesto las bases para un potencial desastre. Porque si Movistar, Orange, Vodafone y MásMóvil lanzan, cada uno de ellos, una tarifa plana ilimitada de todo (voz y datos), el verdadero problema va a residir en diferenciar una oferta de otra. Cuando ya no hay letra pequeña, ni ningún matiz, lo difícil para los operadores es buscar el elemento que haga diferente y más atractiva su oferta que la del rival.

Quizá alguno intentase diferenciarse por los contenidos, pero con el auge de las ofertas OTT de HBO, Netflix y compañía, que están disponibles para todos los clientes de todos los operadores, esa diferenciación por contenidos sería cada vez más difícil. El fútbol, a estos precios, podría ser una diferenciación, si alguno de los que están más convencidos de su inviabilidad, como es el caso de Vodafone, renunciasen. Pero sería poco probable ver a Telefónica disponer en exclusiva del fútbol teniendo que asumir el enorme coste global de los derechos españoles y europeos.

Otros, quizá, intentasen poner en valor sus mejores infraestructuras, pero sería un vano esfuerzo. La propia Telefónica, es la única que tiene una red verdaderamente diferencial, ya que su fibra llega a 20 millones de hogares por los 12 millones que tiene Orange. Y disfrutar de fibra frente al ADSL sí que es una diferencia por la que merece la pena cambiar de operador sin dudarlo. Pero su red tiene que alquilarse a los demás, por lo que esa ventaja diferencial se difumina.

Mirando al otro gran servicio, el móvil, ¿disponer de una red móvil más rápida o algo más tupida permitiría a algún operador lograr mantener o atraer a una parte significativa del mercado? No parece muy probable, a no ser que esa red fuera muy considerablemente mejor o más rápida o que las redes de los rivales tuvieran una calidad muy deficiente, algo que no ocurre.

Ni siquiera Vodafone, que durante bastante tiempo ha disfrutado de una red de 4G sustancialmente más potente que la de sus rivales en España, sobre todo en velocidad, gracias a las inversiones de su programa Sprint, ha logrado convertir esa superioridad de red en una gran diferencia a la hora de captar más clientes, porque esas ventajas son de muy difícil apreciación por parte de la inmensa mayoría de los usuarios.

Entonces, si se generalizasen las tarifas planas de voz y datos, las propuestas de los operadores serían idénticas y la competencia sólo tendría una forma de expresarse clara y perceptible por el cliente masivo: bajando precios. Y esa situación llevaría a la temida espiral de precios a la baja, que sabemos como empieza pero no como termina.

Pero no adelantemos acontecimientos, porque, hasta el momento, la contestación de los tres grandes operadores (Movistar, Orange y Vodafone) al anuncio del 3 de abril había sido el silencio.

La respuestita de Vodafone. Pero el pasado viernes 13 de abril, diez días exactos después del anuncio de MásMóvil, Vodafone movió ficha: lanzó Superpass, una agrupación de sus principales ofertas Vodafone Pass, que consisten en dar una tarifa plana de datos sólo para un tipo de tráfico concreto (puede ser video, música, mapas, redes sociales y mensajería). Este Superpass agrupa en un sólo paquete que cuesta 14 euros al mes, los que ya existían para video (con un precio de 8 euros), música (3 euros) y mapas (3 euros). Es decir, el agrupamiento no supone ninguna ventaja de precio, sino más bien de facilidad de contratación. Pero como en buena parte de las tarifas medias y altas de Vodafone ya incluyen, adicionalmente, tarifas planas de redes sociales (Social Pass) y de mensajería (Chat Pass), la realidad es que con la contratación de SuperPass se cubre la mayor parte de los consumos de datos de un usuario, por lo que, en la práctica, casi equivale a una tarifa plana.

Así, y escogiendo un ejemplo de comparación facilitado por la propia operadora, si se opta por una tarifa Vodafone One (de fijo y móvil) con fibra de 50 megabits y un móvil con llamadas ilimitadas y 20 gigas de datos, que ya incluye los Pass  para mensajería y redes sociales (que cuesta 81 euros) y se le suman los 14 euros de Superpass, el cliente tiene algo muy parecido a una tarifa plana de datos por 95 euros al mes -cuatro euros menos que la de MásMóvil– y, además, incluye también televisión.

Igualmente, si se opta por una solución sólo móvil, se puede lograr algo muy parecido a una tarifa plana de datos con un servicio sólo móvil -algo que en MásMóvil no está disponible, ya que sólo se puede contratar junto con la fibra- por 53 euros al mes.

Clima competitivo. Pero quizá lo más importante de la respuesta de Vodafone a MásMóvil no es la oferta concreta -muy limitada en su alcance-, sino al clima competitivo que se ha trasladado oficiosamente al comunicarla y que podría verbalizarse como algo equivalente a un “hasta aquí hemos llegado”. La filial del grupo británico ha querido dejar clara su determinación de mantener siempre sus tarifas competitivas respecto a las de cualquiera. Y eso se puede interpretar como que, si hace falta lanzar una oferta ilimitada de datos, se hará. O sea que esto de las tarifas planas, está empezando a calentarse.

Del wait and see de Movistar… En cuanto a los otros rivales, en el caso de Telefónica se ha optado prudentemente por un “esperar y ver” para comprobar el nivel de éxito comercial que logra la nueva tarifa de MásMóvil. Y es que en el líder del mercado creen que, a 99 euros al mes, si puede captar a algunos heavy users, pero no va a tener una acogida muy masiva.

De hecho, en la historia reciente de las telecos españolas han pasado cosas parecidas. Cuando en marzo de 2015, Yoigo lanzó la primera tarifa Sinfín, con 20 gigas de datos, sus rivales no contestaron inmediatamente y sólo fueron subiendo, muy paulatinamente los bonos de datos de sus ofertas de forma que han llegado a cantidades como 20 gigas bastantes años después.

…Al “me forro igual” de Orange. El caso de Orange es diferente al de Vodafone y al de Movistar, puesto que sus urgencias, incluso en caso de éxito de la tarifa de MásMóvil, serían menores. La razón es que Orange es el gran mayorista de red de MásMóvil tanto en red fija como en la móvil, por lo que una buena parte del éxito del cuarto operador revertiría directamente en el ebitda de Orange vía más ingresos mayoristas.

Los riesgos para MásMóvil. Lo que en cualquier caso parece claro es que MásMóvil ha tomado una decisión que supone un riesgo para ella por varias razones. La primera es ese coste mayorista que se puede disparar. La red de Yoigo llega al 85% de la población. O sea que hay un 15% de la población que cuando usa Yoigo no usa su red, sino la de Orange. Y el resto de los clientes cuando se desplazan a zonas donde no hay cobertura Yoigo. Pero, además, muchísimos clientes de Yoigo, cuando están en zonas de cobertura de Yoigo, están usando, sin saberlo, la red de Orange. La razón es por las frecuencias. Yoigo usa para el 4G sus frecuencias de 1.800 MHz, las más bajas que tiene. Pero Orange usa las de 1.800 MHz y además las de 800 MHz, que penetran mucho mejor en el interior de los edificios. Así, se produce el caso de que cuando se usa Yoigo dentro de casa en muchas ciudades, puede ocurrir que se esté usando, en realidad, la red de Orange. Y eso significa que una parte importante del tráfico de Yoigo -mucha más de la que le correspondería por su cobertura- corre por las redes de Orange. Hace unos años, ese porcentaje de tráfico que se cursaba fuera de la red era de casi el 50%. Ahora ha bajado, según dicen en MásMóvil, pero podría estar alrededor del 30%. Y eso significa mucho dinero en pagos mayoristas a Orange.

El peligro de los datos. Sobre todo, si el consumo de estos clientes de tarifa infinita se dispara. Las cuentas que se hacen en MásMóvil apuntan a que en los países avanzados donde hay tarifas ilimitadas, como EE.UU., el consumo medio no supera los 40 gigabytes al mes. Para España esperan algo menos, entre 20 y 30 gigabytes al mes, y eso, al parecer, está dentro de sus números. Siempre existirá el usuario enganchado a Netflix que les gaste 100 gigabytes al mes y con ese perderán bastante dinero, pero mientras no se generalice no hay problema. Además, por si las moscas se han dejado una válvula de seguridad: pueden matar la tarifa el 30 de junio.

Es verdad que siempre es difícil acabar con una tarifa tan icónica y mediática como ésta, que entre sus principales objetivos tiene dotar de notoriedad a la marca Yoigo. Pero si eso ocurriese, tendría una ventaja para los operadores: sería como una vacuna o un aviso a navegantes porque uno de los operadores ya lo habría probado y habría constatado que por el uso que se le da en nuestro país, no es posible aún una tarifa plana de datos.

El crecimiento ‘tutelado’ de MásMóvil. Pero el de disparar la factura que habría que pagar a Orange no es el único riesgo. Hay otro menos evidente: provocar la ira de sus rivales. Hay que tener en cuenta que, de una forma u otra, el crecimiento de MásMóvil es, en realidad un crecimiento tutelado. Es decir, crece mucho, pero todavía crece porque sus rivales, de cierta forma, le dejan. Si los tres grandes focalizasen mucho más sus recursos al mercado del bajo coste y lanzasen ofertas más baratas y ampliamente apoyadas por sus millonarios presupuestos de marketing, sin duda las cifras de crecimiento de MásMóvil sufrirían. Y si el crecimiento de clientes frenase, el idilio bursátil de MásMóvil (que hoy cotiza a 114 euros) podría desplomarse. Los casi 2.300 millones de capitalización suponen aproximadamente valorar en 10 veces el ebitda previsto para 2018, que es una valoración muy alta, pero compatible con una compañía que crece mucho, pero si el impulso comercial se para…

En cuanto a lo de provocar la ira, muchos creerán que las compañías tienden a comportarse racionalmente. Pero en realidad las compañías están dirigidas por personas y esas personas pueden llegar a tener reacciones del tipo “estos se van a enterar de lo que vale un peine”.

La destrucción mutua asegurada. La razón por la que en MásMóvil están más o menos tranquilos frente a la hipótesis de que sus rivales se enfaden en serio es que, siempre, siempre, en una hipótesis de guerra de precios declarada en España, Movistar, Orange y Vodafone destruirán mucho más valor y capitalización en sí mismos de la que le harán perder a MásMóvil. Aqui se aplica el concepto de “destrucción mutua asegurada” vigente ante el peligro de una guerra nuclear entre EEUU y la URSS durante la guerra fría. Porque, ¿cuánto podría costar en la capitalización de 42.000 millones de euros de Telefónica el que se declarase una guerra de precios en España, su principal mercado y su principal fuente de caja? Sólo con que cayera un 10%, supondría casi el doble de todo el valor bursátil de MásMóvil.

De hecho, esa es la razón por la cual ese “crecimiento tutelado” de MásMóvil continua y previsiblemente continuará de forma aterradoramente inexorable para los rivales del challenger. Porque para hacer verdadero daño al cuarto operador, los tres grandes se tendrían que pegar un tiro en el pie. Pero un tiro muy gordo.

Bandera blanca preventiva. Y de todas formas, MásMóvil se ha tomado la molestia de mandar claros mensajes a sus rivales de que, aunque se haya pintado la cara con pinturas de guerra, el show es más para las cámaras que otra cosa y no ha empezado a blandir el tomahawk. El día 2 de abril, que muy significativamente era la víspera de anunciar la tarifa plana, MásMóvil subía sus tarifas, aunque sin mucho ruido.

En realidad, las suben a su estilo, es decir, ofreciendo nuevas tarifas, con más datos, pero más caras, a los nuevos clientes. A diferencia de sus rivales, no obligan a los clientes a asumir las subidas de precios, y éstos pueden mantenerse en los precios antiguos, pero siguen siendo su versión de “más por más”. Así, en sólo móvil pasaron de llamadas ilimitadas y 2 Gb de datos por 16,90 a 3Gb por 19,90, o sea 3 euros más. Y de 4 Gb por 19,90 a 5 Gb por 21,90, 2 euros más. Lo mismo pasó en las ofertas convergentes: en vez de una fibra de 50 megabits y 4 Gb de datos en el móvil por 39,89 euros, se pasaba a 3 Gb en el móvil por el mismo precio; y para llegar a 5 Gb en el móvil ahora hay que subir hasta 41,89 euros, dos euros más.

En resumen, Yoigo ha abierto la caja de Pandora, de las tarifas planas de datos pero con cuidadín, a 99 euros y sólo con convergencia. Nada de ofertas muy agresivas de sólo móvil. No quiere una guerra abierta y lo demuestra subiendo sus tarifas en MásMóvil. Pero el que no quiera una guerra no significa que no la pueda acabar desencadenando, porque a veces, las cosas simplemente ocurren aunque nadie las quiera. Ahora bien, si eso pasa, es lógico pensar que quienes van a destruir más valor son aquellos que más valen, o sea, los tres grandes. Entonces, a lo mejor, con la leche ya derramada, algunos se arrepienten de haber ayudado al challenger a crecer a cambio de muy jugosos crecimientos de ingresos mayoristas.

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Las licitaciones públicas y su impacto en la competencia

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La Silla Rota – Ma. Elena Estavillo

Las adquisiciones de bienes y servicios por parte del gobierno siempre reciben gran atención, principalmente porque involucran un gasto cuantioso de recursos públicos. Por la misma razón deben ser transparentes, objetivas y eficientes.

Precisamente en razón de los objetivos de transparencia, objetividad y eficiencia, es que en los procesos de contratación pública se ha buscado utilizar la licitación como regla general, ya que este mecanismo permite reproducir las condiciones que existirían en un mercado competitivo para que los oferentes se esfuercen para proveer los bienes y servicios con menores precios y mayor calidad.

Licitación

Sin embargo, este resultado sólo es posible cuando existe una competencia genuina donde los competidores actúan de forma independiente y reciben el mismo trato por parte de la autoridad contratante. Para ello, es necesario proteger la competencia durante la licitación mediante reglas que no impidan indebidamente la entrada de competidores, como puede ocurrir cuando se define un plazo muy corto para acreditar los requisitos y presentar propuestas; revisar estrictamente los posibles vínculos entre los interesados en participar; además de vigilar el comportamiento de los licitantes y los resultados obtenidos para detectar cualquier indicio de una colusión.

Generalmente, el objetivo más visible que se persigue en estos procesos es la eficiencia, es decir, lograr el menor costo para el gobierno o, de forma equivalente, obtener los mayores beneficios directos de la contratación, con un presupuesto dado. Para valuar ese fin, la atención se centra en los montos asignados y las cantidades obtenidas, lo que en ocasiones conduce a que se pase por alto que las compras públicas tienen otros impactos que van más allá de los bienes o servicios contratados y del fin concreto que se busca satisfacer en ese momento. Por su magnitud, las adquisiciones gubernamentales pueden incidir en la dinámica de los mercados y en las condiciones generales de competencia.

En algunos casos, la venta de productos y servicios al gobierno requiere cierta especialización y diferenciación que incluso llega a perfilar segmentos separados que pueden configurar mercados por sí mismos. Debido a su especialización, estos mercados se integran con pocos participantes por lo que las condiciones de competencia suelen ser precarias.

Beneficios

Además de buscar un resultado que genere beneficios directos y de corto plazo al Estado es importante asegurar que la contratación no impacte negativamente la eficiencia en los mercados, lo que puede ocurrir cuando se generan barreras para que ciertas empresas puedan competir por las compras gubernamentales, ya sea por introducir requisitos innecesarios a la licitación o por asignar directamente sin acudir a un proceso competitivo. Esto resulta cuanto más delicado, cuando la empresa beneficiada resulta ser el agente económico dominante en el mercado.

Por todas estas consideraciones, preocupa que se siga encontrando razones diversas para evitar la realización de licitaciones en la asignación de contratos de bienes y servicios, o que se hagan procesos apresurados, con restricciones y requisitos que terminan por excluir competidores viables.

En el campo de los servicios de telecomunicaciones se han dado casos recientes que merecen atención, como la licitación del Consejo de la Judicatura Federal en los últimos días del año, sujeta a plazos muy cortos en cada una de las etapas. Otro ejemplo es el contrato otorgado por la Agencia Digital de Innovación Pública de la CDMX de forma directa, sin licitación.

En estos casos, como en otros, existen fundamentos y justificaciones particulares que pudieran explicar en abstracto las restricciones que disminuyen la concurrencia o la excepción al principio de licitación pública, pero lamentablemente el razonamiento no considera los posibles efectos de largo plazo en las condiciones de competencia de los mercados que, al final del día, terminarán por empeorar las condiciones ofrecidas al Estado en procesos de adquisición presentes y futuros.

Si se trata de encontrar ahorros y mejores condiciones, es fundamental entender que estos no pueden venir más que del funcionamiento competitivo del mercado, que es el mecanismo que asegura la mejora continua, disminución de costos e innovación de forma dinámica, es decir, a lo largo del tiempo.

Ahorros

Siempre es posible obtener mejoras estáticas en un proceso de negociación particular, digamos, al negociar un contrato que se asignará de forma directa con un solo proveedor, pero cualquier negociador sabe que, si el punto de partida es desfavorable o no se cuenta con otras alternativas, las ganancias posibles estarán acotadas.

Así, cuando el gobierno de la CDMX habla de los ahorros obtenidos al asignar directamente un contrato, podemos entenderlos quizá respecto del contrato anterior o del punto de partida de la negociación, pero sería difícil sustentar un ahorro respecto de lo que hubiera podido ofrecer otro proveedor bajo el principio de competencia y máxima concurrencia en una licitación. En ese campo sólo estaríamos especulando.

En la decisión tampoco se estaría contemplado el ahorro que es posible propiciar de forma dinámica para futuras adquisiciones, impulsando un mercado de compras públicas más competitivo donde concurran libremente otros proveedores que tengan la oportunidad de desarrollar soluciones innovadoras, con menores precios y mayor calidad, destinadas específicamente para las necesidades gubernamentales.

No se trata de colocarnos en una disyuntiva entre los objetivos sustantivos de las entidades públicas y el de proteger la competencia. Este último no es un fin por sí mismo, sino un poderoso instrumento para asegurar que los recursos de la sociedad -públicos y privados-se usen de la mejor forma, generar los productos y servicios que necesitamos a los menores precios y procurar que los beneficios de los mercados se distribuyan de manera justa.

En el mediano y largo plazos, sólo la preservación de la competencia asegura la innovación, eficiencia y mejores precios para el sector público y los ciudadanos.

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Altán Redes da la bienvenida a nueva red troncal

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Excélsior – Maricarmen Cortés

ALTÁN Redes, que preside Bernardo Sepúlveda, y opera la Red Compartida, aseguró que le da la bienvenida a la Red Troncal que será licitada para incrementar la conectividad en el país, y a cualquier esfuerzo público o privado en el sector de telecomunicaciones que tenga como objetivo cerrar la brecha digital en México.

Añade que la naturaleza y objetivos de la Red Troncal y la Red Compartida son diferentes y no habrá competencia porque la Compartida está enfocada a desplegar un servicio inalámbrico y móvil de telecomunicaciones mientras que la Red Troncal estará enfocada a proporcionar servicio cableado fijo.

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Telefonistas al grito de ¡No Separación Funcional!

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El Heraldo de México – Gonzalo Rojon

Hasta hace unos años, los consumidores mexicanos tenían acceso a servicios de telecomunicaciones a precios, entre los más elevados del mundo.

Resultado de este escenario, en el año 2013 arrancó un proceso de transformación institucional y regulatoria que estableció mecanismos de promoción de competencia. Entre ellas, la aplicación de medidas asimétricas a jugadores que, como lo hizo América Móvil (Telmex/Telcel) en México, han demostrado su capacidad para imponer condiciones de mercado, como altos precios y baja calidad del servicio, en detrimento del bienestar de los consumidores.

Su aplicación ha logrado balancear, escasamente, el terreno competitivo entre los operadores de telecomunicaciones, pero con identificadas ganancias en términos de precios e inversiones.

Sin embargo, la ganancia de unos es pérdida para otros. Esto es especialmente cierto para América Móvil, grupo que vio disminuidos sus ingresos ante su dificultad para cobrar tarifas excesivas y ejecutar estrategias comerciales destinadas a estrangular a sus competidores.

Bajo este contexto, el sexto aplazamiento de la huelga nacional por parte del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) del pasado 16 de enero constituye una etapa más de una estrategia de amedrentamiento regulatorio por parte del preponderante.

Ello, con el objetivo de retornar a las condiciones de mercado que le permitían disfrutar de niveles de rentabilidad mayores incluso a las de sus propias filiales en el extranjero.

No es la primera vez en que un mecanismo de este tipo se ponen en marcha para ejercer presión sobre las instituciones y la regulación que no le resulta favorable. Además de las ocasiones anteriores en las que la amenaza de paro ha sido convocada, basta recordar también las opiniones iterativas vertidas por telefonistas sobre la consulta pública de separación funcional en 2016 donde, a modo de bots, más de 91 por ciento de las opiniones correspondían a comentarios masivos firmados por trabajadores de este operador.

En su más reciente edición, el emplazamiento a huelga en contra de la separación funcional de la división mayorista de Telmex y Telnor funge como una extensión del plazo para una negociación que se perfila peligrosamente en contra de los intereses de los consumidores mexicanos y de lo dictaminado por el órgano regulador autónomo.

Si bien la comisión de trabajo entre diferentes órganos de gobierno y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana está imposibilitada legalmente a decidir algo contrario a lo estipulado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), este ejercicio coercitivo frente al gobierno no puede ser ignorado. Más aún, cualquier ejercicio de diálogo de esta naturaleza debe ser siempre acompañado por la industria en su conjunto, pues su desarrollo futuro es el que está en juego.

Recordemos que, como ya se ha demostrado, la competencia es la clave para incrementar la disponibilidad de servicios y la conectividad, especialmente en la base de la pirámide social.

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