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AMÉRICA LATINA

Ley de ciudadanía digital plantea un registro para todo tipo de trámites

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Los Tiempos-Wilson Aguilar

El Órgano Ejecutivo envió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para promover la “ciudadanía digital” con el objetivo de posibilitar la interacción entre las personas naturales y las entidades públicas en sus relaciones cotidianas y facilitar los trámites en línea, el control social, el uso de la firma digital, a través de medios digitales.

La medida planteada por la administración central permitirá que los ciudadanos con “un solo registro digital” puedan interactuar con todas las entidades que conforman el Estado.

“La ciudadanía digital consiste en el ejercicio de derechos y deberes a través del uso de tecnologías de información y comunicación en la interacción de las personas con las entidades públicas y privadas que presten servicios públicos delegados por el Estado”, señala el documento que se encuentra en la Cámara de Diputados.

Asimismo, establece que con la implementación de este proceso, ya no será necesaria la presencia de las personas y de la presentación física de documentación para respaldar el trámite o solicitud planteada ante determinada entidad pública o privada.

La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) es la encargada de desarrollar todos los actos procedimentales del registro para el acceso a la ciudadanía digital. Para acceder a este “estatus” se tienen que cumplir requisitos.

De acuerdo con el proyecto de ley, “las bolivianas y bolivianos, extranjeros residentes en Bolivia mayores de dieciocho (18) años de edad, mediante el registro ante las entidades responsables deberán obtener sus credenciales de ciudadanía digital, las cuales sólo podrán ser administradas por el interesado”.

Asimismo, establece que las instituciones que brindan servicios públicos están en la obligación de compartir los datos con la Agetic.

“Las instituciones públicas y privadas que presten servicios públicos deberán compartir datos e información que generen en el marco de la ciudadanía digital a los fines establecidos en la presente ley y en observancia a su normativa específica, a través de mecanismos de interoperabilidad”.

En la justificación del proyecto, el Ejecutivo refiere que el Decreto Supremo No 3251, de 12 de julio de 2017, aprueba el Plan de Implementación de Gobierno Electrónico y el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos, el objetivo del Gobierno Electrónico es modernizar y transparentar la gestión pública, otorgando servicios y atención de calidad a la ciudadanía, garantizando el derecho a la información, así como contribuir a la eficiencia y eficacia de los actos administrativos en los procesos internos del Gobierno, mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación y otras herramientas.

Validez jurídica

El documento, que está a la espera de su debate en el pleno de la Cámara Baja, sostiene que “todo acto que se realice mediante el ejercicio de la ciudadanía digital goza de plena validez jurídica”.

“Los documentos o solicitudes generados a través de ciudadanía digital o firmados digitalmente deben ser gestionados por todas las instituciones públicas y privadas que presten servicios públicos. El incumplimiento de esta disposición está sujeto a responsabilidad por la función pública; para el caso de instituciones privadas que presten servicios públicos, el ente que ejerza supervisión respecto a sus funciones deberá establecer los mecanismos pertinentes a fin de dar cumplimiento a esta norma”, refiere en el documento que se encuentra en la Asamblea.

Por otra parte, establece que “las solicitudes realizadas a través de la ciudadanía digital no requieren el uso de firma digital, con excepción de los actos de disposición de derechos”.

También define que “las instituciones públicas y privadas que presten servicios públicos delegados por el Estado podrán realizar notificaciones digitales previa conformidad de la o el administrado; el documento se tendrá por notificado el momento en que sea recibido en un buzón de notificaciones de la o el administrado”.

El director general de Registro Civil de Costa Rica, Luis Bolaños, refirió que todos los sistemas de consulta y trámites en línea son seguros, toda vez que el desarrollar trámites en línea no significa que la plataforma se quede con los datos, porque estos cruzan por líneas de manera que está encriptado y que se visualiza la información compartida en el entidad solicitante.

“En la ciudadanía inteligente, lo que se utilizan son sistemas seguros, sistemas que no te transfieren datos sino más bien te dan respuestas de si estás identificando bien a alguien, si la personas es o no es”, manifestó.

“En Costa Rica existe un sistema de verificación de identidad, un notario contrata el sistema, entonces, usted llega a casarse y le pone la huella digital y le sale el dato, tendrá la posibilidad de guardar el documento, para guardarlo en el archivo de referencia”, acotó.

 

NORMA DE TRANSFERENCIA DE DATOS

La semana pasada, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que modificará la Ley del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) vigente y permitirá que el Servicio General de Identificación Personal (Segip) otorgue acceso a datos personales, contenidos en su base de datos, al Servicio de Registro Cívico (Sereci) y a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).

El proyecto de ley pasó a una comisión de la Cámara de Senadores para su análisis y posterior aprobación.

 

PARTICIPACIÓN, ACCESO Y GESTIONES

De acuerdo con el proyecto de ley de “Ciudad Digital”, se permite a las personas que cuentan con este estatus de ciudadano digital realizar por medios digitales, ante entidades públicas y privadas que presten servicios públicos delegados por el Estado, de manera segura, confiable e ininterrumpida, las siguientes acciones:

  • – Iniciar y gestionar trámites hasta su conclusión de acuerdo a normativa vigente.
  • – Acceder a servicios de la administración pública y privada que presten servicios públicos.
  • – Formar parte de espacios de participación y control social y acceder a la información que brinde el Estado de acuerdo a la normativa que rige dichas materias, entre otros.

También se especifica que, en el caso de los trámites o servicios que tengan un costo, los pagos podrán realizarse a través de medios digitales.

 

CADA INSTITUCIÓN CORRERÁ CON GASTOS DE INSTALACIÓN

El proyecto de ley establece que la implementación de ciudadanía digital en las instituciones públicas será financiada al interior de su presupuesto institucional y no comprometerá recursos adicionales al Tesoro General de la Nación (TGN).

Una vez promulgada y publicada la futura Ley de Ciudadanía Digital, la Agetic tendrá 60 días para establecer los lineamientos y estándares técnicos a ser adoptados para la implementación de ciudadanía digital y la notificación electrónica.

Asimismo, refiere que las instituciones públicas del nivel central del Estado generarán mecanismos que garanticen la implementación práctica y el acceso a la ciudadanía digital, en el plazo máximo de un año a partir de la fecha en la que la Agetic publique los lineamientos y estándares técnicos a ser adoptados para la implementación de ciudadanía digital, esto mediante una reglamentación.

 

EL OBJETIVO ES QUE NO SE TENGA NADA EN FÍSICO

El director general de Registro Civil de Costa Rica, Luis Bolaños, en su visita a Bolivia, refirió que el sistema en una ciudad inteligente con usuarios con ciudadanía inteligente ya no se requerirá portar documentos de identificación, toda vez que los datos ya se encuentran en un sistema.

“Una persona que se identifique en el sistema no necesita el plástico, de la cédula de identidad, estamos yendo a esas cosas, ésta es la identificación del futuro, en millones de personas y los sistemas están siendo tan seguros que no permiten que los datos salgan nada más los verifican”, indicó.

Bolaños, una vez más, señaló que el sistema digital inteligente no presenta riesgos para los ciudadanos sino, por el contrario, más beneficios. “Lo que se utilizan son sistemas seguros, sistemas que no te transfieren datos sino más bien te dan respuestas específicas”.

 

OPINIÓN

Jorge Oswaldo Troyao. Pdte. Consejo Latinoamericano y del Aribe de Registro Civil, identidad y Estadísticas Vitales (Clarciev)

“No se debe tener miedo a estos procesos”

Estos procesos de digitalización son un reto de la sociedad, toda vez que van desde la huella digital para identificación en línea hasta la firma digital.

Para mí, el intercambio de datos es natural porque ahora la tecnología y los protocolos de confidencialidad son eficientes y no va a haber fuga de información como de datos. No se debe tener miedo de la implementación de estos procesos tecnológicos.

Les cuento que pasa, todos los países vamos hacia allá porque es complicado que el registro civil esté en un lado y el registro de identificación en otro, además de desarrollar trámites en línea, para lo que es fundamental la validación de la identidad de una persona.

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Cuba ingresa más de 12.5 millones de CUC por la venta de paquetes 3G en el primer mes

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CiberCuba,

El Gobierno de Cuba ha ingresado más de 12.5 millones de CUC en solo un mes por la venta de los paquetes de datos móviles o 3G, según cálculos hechos por CiberCuba y contrastados por el proyecto Inventario a partir de cifras hechas públicas en el periódico estatal Granma

Según las cifras dadas en el II Taller Nacional de Informatización y Ciberseguridad Territorial, el monopolio de las comunicaciones en Cuba –ETECSA– vendió 1.374.781 paquetes de datos móviles, en los cuales no se incluyen la bolsa de correo.

ETECSA ha ingresado solo con los paquetes de 3G exactamente 12.554.338 CUC del 6 de diciembre de 2018 al 7 de enero de este año. La cifra podría ser muy superior por la bolsa de correo, que no se ha tenido en cuenta en este cálculo.

Esta opción es la segunda más contratada en Cuba, pero los 50MB solo permiten acceder al correo Nauta. ETECSA vendió 608.260 bolsas de correos, exactamente los CUC que se han desembolsado por este servicio que cuesta 1 CUC. 

En cuanto a las tarifas de 3G en el móvil, según Granma el más vendido ha sido el paquete de 600 MB por unos 7 CUC. Teniendo en cuenta que vendieron 759.294, el monto recaudado sería de 5.315.058 CUC.

Pese a los altos precios de este servicio para cualquier cubano, la tarifa de 1 GB por 10 CUC fue vendida 533.490 veces en un mes, lo que equivaldría a 5.334.900 CUC.

Donde sí se notó que los precios de ETECSA no van acorde con lo que cobra cualquier cubano fue en las tarifas con más gigas.

El paquete de 3G de 2.5 Gb bajó de las seis cifras y solo fue vendido 55.553 ese primer mes. Como cuesta 20 CUC ETECSA ingresó poco más de un millón, 1.111.060 CUC.

El menos vendido fue el de 4GB porque cuesta exactamente el salario medio de los cubanos, 30 CUC.

El monopolio de las comunicaciones vendió solo 26.444 de estos paquetes, unos 793.320 CUC más a las arcas del gobierno cubano.

Hasta el momento las autoridades no han dado la cifra exacta recaudada, pero si tenemos en cuenta los 12.554.338 CUC ingresados por el 3G y los 608.260 CUC por la bolsa de correo, en total serían 13.162.598 CUC en solo un mes.

Según ha comentado un usuario en Twitter identificado como LimeLimon221, si se suman los “millones que hacen con el saldo y las conexiones a internet de Nauta Hogar y parques wifi podríamos tener 4G LTE y lo que quisiéramos”.

Desde la llegada del 3G a los celulares en Cuba más de 1,8 millones de usuarios se han conectado a Internet desde su móvil, dijo esta semana un funcionario del partido único en el país (PCC).

La pretendida campaña de transparencia del Gobierno de Miguel Díaz-Canel  todavía no lleva a las autoridades cubanas a publicar las cifras de ingresos y gastos de organismos estatales como se hace en portales de otros países.

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La app MUV inicia sus operaciones en la Perla del Sur

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MUV, la aplicación paraguaya de intermediación de transporte, empezó a funcionar en Encarnación y ya suma más de 20 conductores. La Perla del Sur es una localidad bastante concurrida en los meses de verano, por lo que la demanda de viajes será importante.

“Queremos estar presentes no solo durante el mes del carnaval, sino ya de manera definitiva en Encarnación. Por eso estaremos con nuestro puesto de comando en la Copetrol, sobre avenida Caballero, todos los fines de semana y por todo febrero”, indicó Ximena Duré, cofundadora de MUV.

Acotó que se estarán haciendo revisiones vehiculares y capacitaciones tributarias para sumar a los muvers (conductores) locales, a fin de acceder a una oportunidad para lograr ingresos extras manejando sus tiempos.

Previamente, la firma hizo su incursión en San Bernardino hace dos semanas. Allí ya se realizaron cerca de 200 viajes y, como promoción, una camioneta ploteada lleva en forma gratuita a 11 personas desde Asunción. La vuelta se efectúa los domingos.

Duré comentó que se contabilizan aproximadamente 30 muvers en la zona (incluyendo las ciudades de Areguá, Ypacaraí y Caacupé), pero con toda la demanda que se tiene en esta época es difícil dar abasto.

En Asunción, la plataforma lleva poco más de seis meses operativa y ya cuenta con alrededor de 100.000 usuarios y 1.000 choferes. Los taxistas quisieron evitar su funcionamiento, pero la Justicia terminó respaldando a MUV.

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Uber, WOM, AFP y gremios pesqueros lideraron el lobby directo en el Congreso el año pasado

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La Tercera – C. Cabello/M.Marusic

De un total de 3.322 audiencias registradas en 2018, 2.442 fueron concretadas por diputados. Las modificaciones a la Ley de Pesca acapararon la atención de las empresas del sector, la Ley Uber se robó el trono en la Cámara y la reforma previsional reunió a las AFP con parlamentarios de todos los sectores.


Un total de 3.322 reuniones registraron los parlamentarios en la plataforma de lobby en 2018. De ellas, 2.442 fueron materializadas por diputados, y 880 por senadores. Pulso analizó la información relativa a qué sectores, empresas y gremios, y con qué motivo, solicitaron audiencia durante todo el año pasado.

Las industrias que por lejos lideraron son transporte, pensiones y pesca.

¿Pero cuáles fueron las compañías más activas? Contabilizando sólo las audiencias de diputados, 52 tienen relación directa con un tema puntual del sector transportes: el proyecto de ley que regula las plataformas de transporte remunerado de pasajeros, también llamada Ley Uber.

De hecho, Uber sostuvo 23 reuniones con diputados de todos los partidos. Pero mientras el proyecto se discute en el Congreso, las asociaciones de taxistas no se han quedado atrás. También se han juntado en varias audiencias con los parlamentarios, y solo en la Cámara registran más de 20 reuniones.

WOM es otra de las empresas que encabeza el listado publicado en el portal de la Ley de Lobby, registrando cuatro audiencias en el Senado y 10 en la Cámara Baja. Eso sí, los motivos son diversos, donde algunas de las reuniones fueron para la “presentación protocolar de la empresa”, “fomento de la libre competencia en el mercado de las telecomunicaciones”, “plantear problemática sobre el futuro de las telecomunicaciones”, dice el registro.

Energía es otra industria con fuerte presencia en las audiencias publicadas, principalmente con empresas que llegan a presentar algún proyecto nuevo. En este caso, la Compañía General de Electricidad (CGE) fue quien más solicitó encuentros. Aunque en el Senado sumó reuniones con solo tres miembros, en la Cámara registró más de 45 audiencias con diputados. Según consta en el registro de visitas, en algunos casos para presentar el plan de invierno o el plan de inversión regional, y de relacionamiento con autoridades, comunidad, e instituciones.

gremios mueven sus fichas . En un año marcado por la reforma previsional, la industria de las AFP no se quedó atrás y asistió a 21 reuniones, donde 14 fueron con diputados y siete con senadores. AFP Cuprum fue la más activa, con nueve reuniones en total, pero también asistió a audiencias Provida, Habitat, AFP Uno, y la propia Asociación de AFP.

Otro gremio protagonista fue el pesquero, sobre todo en la Cámara. Por ejemplo, La Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) anotó seis audiencias, la Federación de Pescadores Artesanales (Fedepes) 21 reuniones, y Sonapesca sostuvo 10 citas. El principal motivo fue la ley de pesca y la ley de modernización de Sernapesca.

Pero también numerosas otras asociaciones llegaron hasta dependencias del Congreso a manifestar su preocupación por temas del sector.

La Cámara Chilena de la Construcción también marcó presencia en el Congreso, registrando 13 reuniones en la Cámara y cinco en el Senado. ¿Los temas abarcados? Proyectos regionales, vivienda, infraestructura y déficit habitacional.P

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