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Estado y política digital

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Reforma –  Jorge Fernando Negrete P.
El Estado no solo es la corporación territorial dotada de un poder de mando originario (Heller, Herman), ni el ámbito espacial de validez de las normas jurídicas (Jellinek). El Estado es un complejo vital de orden jurídico, territorio, derechos fundamentales, órganos de gobierno y acción pública. En su concepto estático, el Estado se estructura en la Constitución; en su concepto dinámico es la base de la acción pública, de sus órganos y sus funciones, regula la vida social.

Hoy, este concepto ha evolucionado y hablamos de un Estado regulador en el cual, en contra de la tradición de separación de poderes, ahora operan órganos autónomos creados para atender áreas específicas, particularmente las derivadas de la coexistencia entre mercado y derechos fundamentales. Uno de ellos es el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El derecho de acceso a Internet, servicios de telecomunicaciones, banda ancha, Tecnologías de la Información y la Comunicación como un derecho fundamental, son un nuevo paradigma y oportunidad de bienestar.

La política pública que permite el despliegue de infraestructura, acceso a estos servicios y tecnologías, así como su uso y prestación de servicios vía internet se llama Política Pública Digital o, simplemente Política Digital.

El diseño de ella es competencia de diversos órganos de las administraciones públicas del Estado como el IFT, pero también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Estrategia Digital Nacional y otras secretarías más. ¿Son éstos los únicos órganos de la administración pública federal competentes para diseñar política pública? No.

Al ser un derecho fundamental el acceso a las TIC, la Internet y los servicios telecom, se vuelve indivisible, interdependiente y programático a otros derechos fundamentales como educación, salud, acceso a la cultura, seguridad… Y deben participar diversas secretarías en su diseño.

Durante muchos años hablamos de una primera generación de agendas digitales orientadas al despliegue de infraestructura y promover las habilidades digitales. Países como Brasil, Chile, Argentina, España y Colombia, entre otros, van en la tercera generación de agendas digitales y han incorporado nuevos servicios. Estas agendas digitales han evolucionado y ahora son sectoriales, especiales y en todos los niveles de gobierno.

Sectorial. Necesitamos agendas digitales por sector. Hay que hablar de economía digital, pero también de política digital para la educación, política digital para la salud, política digital para la inclusión financiera y la seguridad, entre otras.

En todos los niveles de gobierno. El mandato constitucional es claro. Gobierno federal, local y municipal deben diseñar política digital en la forma de agendas digitales. Buscar que los servicios que prestan se encuentren en línea y coordinarse verticalmente con el gobierno federal para facilitar el despliegue de infraestructura.

Especiales. Ciudades inteligentes, Internet de las cosas, 5G, Big Data e Inteligencia Artificial son algunas de las nuevas asignaturas en la prospección de políticas públicas. Hay que diseñar política pública para cada una de estas áreas. No hay ciudad inteligente sin agenda digital y México no cuenta con una sola ciudad con esta herramienta de planeación, prospección y de garantía mínima de derechos fundamentales.

Colombia y su departamento de planeación lanzaron en 2017 su Índice de Big Data en el Estado colombiano para el diseño de y evaluación de política pública. Brasil lanzó en octubre el primer plan para Internet de las cosas y para 5G se va a necesitar una revisión de la regulación del despliegue de fibra óptica, ya que necesitaremos hasta 10 veces más de la capacidad instalada.

Por ejemplo, en el despliegue de 5G en España, se prevé que impulsará una transformación de procesos productivos y gobierno. Los últimos estudios proyectan un negocio en 2026 de 64,700 millones de euros, de los cuales 24,300 millones vendrán por 5G. Los beneficios directos estimados en autos, salud, transporte, entre otras, crecerían hasta 62,500 millones de euros en 2025, según la Comisión Europea.

¿Tenemos un pensamiento digital como Estado? No. ¿Los candidatos a la Presidencia tienen una agenda visionaria? No la conozco. El pensamiento digital implica comprender los beneficios de la transformación disruptiva de la sociedad, con beneficios para la democracia, igualar oportunidades, volver más seguro y competitivo el país. Para eso se necesita la ambición del beneficio colectivo, repensar la inmovilidad del Estado y diseñar la política del siglo XXI. Y ésta es digital.

Twitter @fernegretep

Miembro del Consejo Consultivo del IFT

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#LeyChayote y Telecomunicaciones Indígenas

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La Silla Rota – Aleida Calleja

Le comentaba en mi última colaboración que muy seguramente el PRI, junto con sus partidos satélites (PVEM y NA), aprobaría en la Cámara de Diputados una pésima ley a modo para regular la publicidad oficial que se otorga a manos llenas a medios afines al gobierno y con toda la perversa intencionalidad de acallar medios críticos, y así fue.

Desoyendo a organizaciones civiles, medios independientes, organismos autónomos como el INAI Y LA CNDH, los legisladores de estos partidos usaron su aplanadora el pasado 10 de abril para aprobar la Ley General de Comunicación Social que legaliza todas las malas prácticas en la materia, esto fue posible porque también un buen número de legisladores de la oposición casualmente no estuvieron presentes en la votación del pleno.

#LeyChayote

La ley es tan mala que ya ha sido bautizada como la #LeyChayote porque deja una amplia discrecionalidad para que la Secretaría de Gobernación pueda seguir manejando a su antojo los recursos públicos de la publicidad oficial, sin contar con ningún criterio de equidad, transparencia y rendición de cuentas, sin sanciones, sin participación ciudadana y sin utilidad pública alguna, en cambio sí legaliza la autopromoción de funcionarios y políticos con nuestro dinero. La ley se turnará ahora a la Cámara de Senadores que por un mínimo de dignidad deberían de cambiarla en su totalidad e integrar los estándares internacionales y las mejores prácticas en la materia mediante un proceso real de Parlamento Abierto con clara participación de la sociedad civil.

Hay quienes dicen que el gobierno de Peña Nieto y el PRI se están dando un balazo en el pie al dejar una ley que permitiría a un nuevo gobierno servirse con la cuchara grande para comprar medios a su antojo, pero creo personalmente que lo que están haciendo es dejar un marco legal que impida después fincarles responsabilidades porque hicieron todo conforme a la ley vigente, o sea están comprando impunidad.

La buena, pero no tan buena

En medio de tan mala noticia, la semana pasada por fin llegó una buena. Recordará usted que después de un largo proceso la asociación civil Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias obtuvieron un título de concesión para instalar una red de telefonía celular móvil para diversas comunidades de Chiapas, Veracruz, Guerrero, Puebla y Oaxaca, la red es gestionada y operada por las propias comunidades. Esta experiencia muestra cómo la organización comunitaria es capaz de dar respuesta a lo que el mercado ni el Estado han podido eficazmente ofrecer en los últimos años, facilitar conectividad a aquellas regiones tradicionalmente excluidas de los beneficios del desarrollo.

Este proyecto estuvo en riesgo de desaparecer porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se negó a otorgarles la exención del impuesto por el pago de derechos por el uso del espectro radioeléctrico y les impuso un monto como si fueran un operador comercial siendo que son una concesión sin fines de lucro, por lo que se ampararon.

Inicialmente el Segundo Juzgado de Distrito especializado les negó el amparo porque adujo que, si bien los quejosos tenían la razón, el IFT no tenía la facultad para interpretar el artículo 239 de la Ley Federal de Derechos para exentarles del pago, pero en  una revisión el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones le corrigió la plana al IFT y al Juzgado de Distrito y le otorgó el amparo a la asociación civil, reconociendo que en el caso estaban involucrados derechos de poblaciones y comunidades indígenas, quienes históricamente constituyen una categoría especial, y que por ello deben recibir por parte de todas las autoridades del Estado la protección más amplia, siempre acorde con los límites de las facultades de cada una ellas.

El Tribunal le dio la razón a los quejosos en el sentido de que la autoridad fue omisa en atender (y entender, digo yo) que el servicio que se le había concesionado, además de prestar los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, también se involucran servicios para la atención de la seguridad, la salud, la prevención y atención de accidentes, desastres y emergencias, por lo que es factible la exención del pago de acuerdo al artículo 239, párrafo quinto, de la Ley Federal de Derechos.

La sentencia, que vale la pena leer, determina a la omisión  del IFT de regir su actuación bajo el principio pro persona, contemplado en el artículo 1 de la constitución, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas y la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y le recuerda al instituto que se encuentra facultado para conceder la exención (pues había afirmado que no podía hacerla por ley) por ser un órgano público autónomo e independiente cuya función es regular, promocionar y supervisar el uso del espectro radioeléctrico y que tiene la facultad de interpretar dicho artículo utilizando un control difuso de la Constitución.

Con su actuación, el IFT obliga a las comunidades indígenas a tributar de la misma manera que lo hace un operador con concesión comercial, cuya finalidad es obtener un lucro a través del uso del espectro radioeléctrico con lo cual el regulador viola los derechos de las comunidades a recibir servicios de telecomunicaciones, a adquirir, operar y administrar medios de comunicación en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas, reconocidos en los artículos 1°, 2° y 7° de la Constitución.

En consecuencia, el Tribunal ordenó al IFT a emitir una nueva resolución de manera fundada y motivada con una interpretación pro persona y privilegiando los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de acceder a las telecomunicaciones en condiciones de no discriminación, y mediante la adopción de medidas que llevaran a asegurar su diversidad cultural en dichos medios, pero la nueva resolución simplemente hace oídos sordos de los términos de la sentencia judicial y en lugar de exentar a la asociación civil le reduce el monto del pago a unos 200 mil pesos bajo el argumento de que son una organización que tiene autorización de la Secretaría de Hacienda como donataria autorizada, sin tomar en cuenta la más alta protección porque otorga sus servicios a comunidades indígenas.

Una puerta peligrosa

La resolución abre una puerta peligrosa, ya que permitirá que cualquier organización donataria autorizada pueda tener una exención de pago de derechos sin importar su naturaleza, como por ejemplo la Fundación Azteca o la Fundación Slim que podrán pedir autorizaciones de uso de espectro para eventos como la Fórmula 1 sin que tengan que pagar los derechos por el uso de espectro. Bajo este criterio el IFT estaría en desacato con los criterios del Tribunal que explícitamente ordena tomar como uno de los criterios de la nueva resolución la más amplia protección de la que deben de gozar los pueblos indígenas de acuerdo a los preceptos constitucionales, por ello Telecomunicaciones Comunitarias Indígenas interpondrán un incidente de indebida ejecución de la sentencia, con toda razón.

El desempeño del regulador para con las poblaciones más vulnerables del país deja mucho que desear, pero eso seguirá sucediendo mientras no tenga costos políticos que pagar ¿o usted qué opina?

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Reforma de Telecom impide bloqueos legales

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La Crónica de Hoy – Julio Brito

No cabe duda que la reforma de telecomunicaciones transformó radicalmente la forma en que América Móvil puede hacer frente a las resoluciones del regulador. A diferencia de antes, cuando cualquier resolución de la extinta Cofetel que Telmex o Telcel consideraran que afectaba su habilidad para imponer su voluntad a los demás operadores y a los usuarios de servicios de telecom en México era frenada o bloqueada de inmediato en tribunales, la de separación funcional de Telmex que el Ifetel le impuso recientemente a ese operador, le ha representado un enorme desafío a ese poderoso grupo, entre otras razones, porque no hay forma de que pueda frenar la instrumentación de la resolución, al menos hasta que concluya el litigio que ya presentó Telmex.

Ante ese escenario, Telmex ha optado por la presión política. Concretamente a través del sindicato de telefonistas que ha encabezado Francisco Hernández Juárez desde hace un poco más de 40 años. Es decir, al ver muy difícil poder combatir por la vía legal la decisión adoptada por el regulador, el preponderante busca aprovechar el contexto electoral por el que atraviesa México en estos meses, para asustar al gobierno federal con la amenaza de huelga de los telefonistas. La cuestión es que justo por esa razón se le otorgó esa fortaleza por la vía de la autonomía constitucional al regulador, para aislarlo de las presiones políticas.

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Tarifas planas de datos: Yoigo abre la caja de Pandora

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Expansión – Ignacio del Castillo

El pasado 3 de abril, MásMóvil, el cuarto operador español de telecos abría la caja de Pandora: presentaba la primera tarifa plana de datos móviles en España. La nueva oferta, contratable inicialmente sólo hasta el 30 de junio (como medida de seguridad), incluye un acceso de fibra óptica de 50 megabits y llamadas y datos ilimitados en el móvil por 99 euros al mes. La oferta puede ser enriquecida con más velocidad en la fibra (300 megabits simétricos por 10 euros más al mes o 1 gigabit por 30 euros más al mes) y con hasta 3 más líneas móviles adicionales, cada una de ellas con voz y datos ilimitados por 9 euros al mes.

Un shock y una amenaza: El nuevo producto ha supuesto un shock para el conjunto del sector, que temía la llegada de este tipo de ofertas, aunque previsiblemente no esperaba que el primer cañonazo en esta guerra procediese de las baterías de MásMóvil. Sin embargo, las tarifas planas de datos se van generalizando en Europa y EEUU y Asia, así que, algo así era previsible tarde o temprano, a pesar de que todos son conscientes de que las consecuencias de estas iniciativas para las cuentas de resultados de los operadores pueden acabar siendo muy peligrosas.

La amenaza para la cuenta de resultados de las telecos de la “planificación” (de tarifa plana) de los datos viene por dos flancos: el primero es una posible saturación de la capacidad de las redes. Si eso ocurriese, los operadores se verían obligados a invertir más, aunque, de rebote,  podrían anticipar la llegada del 5G a España, procurando instalar lo antes posibles los desarrollos y aprovechas las nuevas y abundantes frecuencias que se van a licitar en las bandas de 3,6 a 3,8 GHz. El 5G, como es sabido, es decenas de veces más capaz de transportar datos que las redes 4G. Pero eso también implicaría nuevos esfuerzos inversores.

La dificultad de diferenciarse. Sin embargo, el problema principal es de otra índole. Si la tarifa de MásMóvil tiene mucho éxito, el resto de los operadores tendrá que responder de una forma u otra. Y aunque se resistan y adopten modelos de aproximación al concepto de tarifa plana que les permitan dar rodeos antes de caer de lleno en él -como ha ocurrido con el caso de Vodafone y sus tarifas Pass, que es un intento inteligente y polémico de ponerse la venda antes que la herida, con aproximaciones parciales y por categorías de servicios al concepto de tarifa plana- al final tendrán que acabar claudicando y sacando algo parecido a lo que ha lanzado MásMóvil. ¿Cuál es el peligro, se preguntarán, si partimos de una base de precio de 100 euros para una simple oferta convergente con una sola línea móvil y sin contenidos ni otros servicios auxiliares? Si a eso se le suman televisión y segundas líneas móviles ¿no es un precio de base estupendo para crecer a partir de ahí?, ¿no supondría, en realidad, una oportunidad para aumentar la facturación media mensual (average revenue per account o arpa).

Bueno, quizá ocurriese algo así inicialmente. Pero en realidad se habrían puesto las bases para un potencial desastre. Porque si Movistar, Orange, Vodafone y MásMóvil lanzan, cada uno de ellos, una tarifa plana ilimitada de todo (voz y datos), el verdadero problema va a residir en diferenciar una oferta de otra. Cuando ya no hay letra pequeña, ni ningún matiz, lo difícil para los operadores es buscar el elemento que haga diferente y más atractiva su oferta que la del rival.

Quizá alguno intentase diferenciarse por los contenidos, pero con el auge de las ofertas OTT de HBO, Netflix y compañía, que están disponibles para todos los clientes de todos los operadores, esa diferenciación por contenidos sería cada vez más difícil. El fútbol, a estos precios, podría ser una diferenciación, si alguno de los que están más convencidos de su inviabilidad, como es el caso de Vodafone, renunciasen. Pero sería poco probable ver a Telefónica disponer en exclusiva del fútbol teniendo que asumir el enorme coste global de los derechos españoles y europeos.

Otros, quizá, intentasen poner en valor sus mejores infraestructuras, pero sería un vano esfuerzo. La propia Telefónica, es la única que tiene una red verdaderamente diferencial, ya que su fibra llega a 20 millones de hogares por los 12 millones que tiene Orange. Y disfrutar de fibra frente al ADSL sí que es una diferencia por la que merece la pena cambiar de operador sin dudarlo. Pero su red tiene que alquilarse a los demás, por lo que esa ventaja diferencial se difumina.

Mirando al otro gran servicio, el móvil, ¿disponer de una red móvil más rápida o algo más tupida permitiría a algún operador lograr mantener o atraer a una parte significativa del mercado? No parece muy probable, a no ser que esa red fuera muy considerablemente mejor o más rápida o que las redes de los rivales tuvieran una calidad muy deficiente, algo que no ocurre.

Ni siquiera Vodafone, que durante bastante tiempo ha disfrutado de una red de 4G sustancialmente más potente que la de sus rivales en España, sobre todo en velocidad, gracias a las inversiones de su programa Sprint, ha logrado convertir esa superioridad de red en una gran diferencia a la hora de captar más clientes, porque esas ventajas son de muy difícil apreciación por parte de la inmensa mayoría de los usuarios.

Entonces, si se generalizasen las tarifas planas de voz y datos, las propuestas de los operadores serían idénticas y la competencia sólo tendría una forma de expresarse clara y perceptible por el cliente masivo: bajando precios. Y esa situación llevaría a la temida espiral de precios a la baja, que sabemos como empieza pero no como termina.

Pero no adelantemos acontecimientos, porque, hasta el momento, la contestación de los tres grandes operadores (Movistar, Orange y Vodafone) al anuncio del 3 de abril había sido el silencio.

La respuestita de Vodafone. Pero el pasado viernes 13 de abril, diez días exactos después del anuncio de MásMóvil, Vodafone movió ficha: lanzó Superpass, una agrupación de sus principales ofertas Vodafone Pass, que consisten en dar una tarifa plana de datos sólo para un tipo de tráfico concreto (puede ser video, música, mapas, redes sociales y mensajería). Este Superpass agrupa en un sólo paquete que cuesta 14 euros al mes, los que ya existían para video (con un precio de 8 euros), música (3 euros) y mapas (3 euros). Es decir, el agrupamiento no supone ninguna ventaja de precio, sino más bien de facilidad de contratación. Pero como en buena parte de las tarifas medias y altas de Vodafone ya incluyen, adicionalmente, tarifas planas de redes sociales (Social Pass) y de mensajería (Chat Pass), la realidad es que con la contratación de SuperPass se cubre la mayor parte de los consumos de datos de un usuario, por lo que, en la práctica, casi equivale a una tarifa plana.

Así, y escogiendo un ejemplo de comparación facilitado por la propia operadora, si se opta por una tarifa Vodafone One (de fijo y móvil) con fibra de 50 megabits y un móvil con llamadas ilimitadas y 20 gigas de datos, que ya incluye los Pass  para mensajería y redes sociales (que cuesta 81 euros) y se le suman los 14 euros de Superpass, el cliente tiene algo muy parecido a una tarifa plana de datos por 95 euros al mes -cuatro euros menos que la de MásMóvil– y, además, incluye también televisión.

Igualmente, si se opta por una solución sólo móvil, se puede lograr algo muy parecido a una tarifa plana de datos con un servicio sólo móvil -algo que en MásMóvil no está disponible, ya que sólo se puede contratar junto con la fibra- por 53 euros al mes.

Clima competitivo. Pero quizá lo más importante de la respuesta de Vodafone a MásMóvil no es la oferta concreta -muy limitada en su alcance-, sino al clima competitivo que se ha trasladado oficiosamente al comunicarla y que podría verbalizarse como algo equivalente a un “hasta aquí hemos llegado”. La filial del grupo británico ha querido dejar clara su determinación de mantener siempre sus tarifas competitivas respecto a las de cualquiera. Y eso se puede interpretar como que, si hace falta lanzar una oferta ilimitada de datos, se hará. O sea que esto de las tarifas planas, está empezando a calentarse.

Del wait and see de Movistar… En cuanto a los otros rivales, en el caso de Telefónica se ha optado prudentemente por un “esperar y ver” para comprobar el nivel de éxito comercial que logra la nueva tarifa de MásMóvil. Y es que en el líder del mercado creen que, a 99 euros al mes, si puede captar a algunos heavy users, pero no va a tener una acogida muy masiva.

De hecho, en la historia reciente de las telecos españolas han pasado cosas parecidas. Cuando en marzo de 2015, Yoigo lanzó la primera tarifa Sinfín, con 20 gigas de datos, sus rivales no contestaron inmediatamente y sólo fueron subiendo, muy paulatinamente los bonos de datos de sus ofertas de forma que han llegado a cantidades como 20 gigas bastantes años después.

…Al “me forro igual” de Orange. El caso de Orange es diferente al de Vodafone y al de Movistar, puesto que sus urgencias, incluso en caso de éxito de la tarifa de MásMóvil, serían menores. La razón es que Orange es el gran mayorista de red de MásMóvil tanto en red fija como en la móvil, por lo que una buena parte del éxito del cuarto operador revertiría directamente en el ebitda de Orange vía más ingresos mayoristas.

Los riesgos para MásMóvil. Lo que en cualquier caso parece claro es que MásMóvil ha tomado una decisión que supone un riesgo para ella por varias razones. La primera es ese coste mayorista que se puede disparar. La red de Yoigo llega al 85% de la población. O sea que hay un 15% de la población que cuando usa Yoigo no usa su red, sino la de Orange. Y el resto de los clientes cuando se desplazan a zonas donde no hay cobertura Yoigo. Pero, además, muchísimos clientes de Yoigo, cuando están en zonas de cobertura de Yoigo, están usando, sin saberlo, la red de Orange. La razón es por las frecuencias. Yoigo usa para el 4G sus frecuencias de 1.800 MHz, las más bajas que tiene. Pero Orange usa las de 1.800 MHz y además las de 800 MHz, que penetran mucho mejor en el interior de los edificios. Así, se produce el caso de que cuando se usa Yoigo dentro de casa en muchas ciudades, puede ocurrir que se esté usando, en realidad, la red de Orange. Y eso significa que una parte importante del tráfico de Yoigo -mucha más de la que le correspondería por su cobertura- corre por las redes de Orange. Hace unos años, ese porcentaje de tráfico que se cursaba fuera de la red era de casi el 50%. Ahora ha bajado, según dicen en MásMóvil, pero podría estar alrededor del 30%. Y eso significa mucho dinero en pagos mayoristas a Orange.

El peligro de los datos. Sobre todo, si el consumo de estos clientes de tarifa infinita se dispara. Las cuentas que se hacen en MásMóvil apuntan a que en los países avanzados donde hay tarifas ilimitadas, como EE.UU., el consumo medio no supera los 40 gigabytes al mes. Para España esperan algo menos, entre 20 y 30 gigabytes al mes, y eso, al parecer, está dentro de sus números. Siempre existirá el usuario enganchado a Netflix que les gaste 100 gigabytes al mes y con ese perderán bastante dinero, pero mientras no se generalice no hay problema. Además, por si las moscas se han dejado una válvula de seguridad: pueden matar la tarifa el 30 de junio.

Es verdad que siempre es difícil acabar con una tarifa tan icónica y mediática como ésta, que entre sus principales objetivos tiene dotar de notoriedad a la marca Yoigo. Pero si eso ocurriese, tendría una ventaja para los operadores: sería como una vacuna o un aviso a navegantes porque uno de los operadores ya lo habría probado y habría constatado que por el uso que se le da en nuestro país, no es posible aún una tarifa plana de datos.

El crecimiento ‘tutelado’ de MásMóvil. Pero el de disparar la factura que habría que pagar a Orange no es el único riesgo. Hay otro menos evidente: provocar la ira de sus rivales. Hay que tener en cuenta que, de una forma u otra, el crecimiento de MásMóvil es, en realidad un crecimiento tutelado. Es decir, crece mucho, pero todavía crece porque sus rivales, de cierta forma, le dejan. Si los tres grandes focalizasen mucho más sus recursos al mercado del bajo coste y lanzasen ofertas más baratas y ampliamente apoyadas por sus millonarios presupuestos de marketing, sin duda las cifras de crecimiento de MásMóvil sufrirían. Y si el crecimiento de clientes frenase, el idilio bursátil de MásMóvil (que hoy cotiza a 114 euros) podría desplomarse. Los casi 2.300 millones de capitalización suponen aproximadamente valorar en 10 veces el ebitda previsto para 2018, que es una valoración muy alta, pero compatible con una compañía que crece mucho, pero si el impulso comercial se para…

En cuanto a lo de provocar la ira, muchos creerán que las compañías tienden a comportarse racionalmente. Pero en realidad las compañías están dirigidas por personas y esas personas pueden llegar a tener reacciones del tipo “estos se van a enterar de lo que vale un peine”.

La destrucción mutua asegurada. La razón por la que en MásMóvil están más o menos tranquilos frente a la hipótesis de que sus rivales se enfaden en serio es que, siempre, siempre, en una hipótesis de guerra de precios declarada en España, Movistar, Orange y Vodafone destruirán mucho más valor y capitalización en sí mismos de la que le harán perder a MásMóvil. Aqui se aplica el concepto de “destrucción mutua asegurada” vigente ante el peligro de una guerra nuclear entre EEUU y la URSS durante la guerra fría. Porque, ¿cuánto podría costar en la capitalización de 42.000 millones de euros de Telefónica el que se declarase una guerra de precios en España, su principal mercado y su principal fuente de caja? Sólo con que cayera un 10%, supondría casi el doble de todo el valor bursátil de MásMóvil.

De hecho, esa es la razón por la cual ese “crecimiento tutelado” de MásMóvil continua y previsiblemente continuará de forma aterradoramente inexorable para los rivales del challenger. Porque para hacer verdadero daño al cuarto operador, los tres grandes se tendrían que pegar un tiro en el pie. Pero un tiro muy gordo.

Bandera blanca preventiva. Y de todas formas, MásMóvil se ha tomado la molestia de mandar claros mensajes a sus rivales de que, aunque se haya pintado la cara con pinturas de guerra, el show es más para las cámaras que otra cosa y no ha empezado a blandir el tomahawk. El día 2 de abril, que muy significativamente era la víspera de anunciar la tarifa plana, MásMóvil subía sus tarifas, aunque sin mucho ruido.

En realidad, las suben a su estilo, es decir, ofreciendo nuevas tarifas, con más datos, pero más caras, a los nuevos clientes. A diferencia de sus rivales, no obligan a los clientes a asumir las subidas de precios, y éstos pueden mantenerse en los precios antiguos, pero siguen siendo su versión de “más por más”. Así, en sólo móvil pasaron de llamadas ilimitadas y 2 Gb de datos por 16,90 a 3Gb por 19,90, o sea 3 euros más. Y de 4 Gb por 19,90 a 5 Gb por 21,90, 2 euros más. Lo mismo pasó en las ofertas convergentes: en vez de una fibra de 50 megabits y 4 Gb de datos en el móvil por 39,89 euros, se pasaba a 3 Gb en el móvil por el mismo precio; y para llegar a 5 Gb en el móvil ahora hay que subir hasta 41,89 euros, dos euros más.

En resumen, Yoigo ha abierto la caja de Pandora, de las tarifas planas de datos pero con cuidadín, a 99 euros y sólo con convergencia. Nada de ofertas muy agresivas de sólo móvil. No quiere una guerra abierta y lo demuestra subiendo sus tarifas en MásMóvil. Pero el que no quiera una guerra no significa que no la pueda acabar desencadenando, porque a veces, las cosas simplemente ocurren aunque nadie las quiera. Ahora bien, si eso pasa, es lógico pensar que quienes van a destruir más valor son aquellos que más valen, o sea, los tres grandes. Entonces, a lo mejor, con la leche ya derramada, algunos se arrepienten de haber ayudado al challenger a crecer a cambio de muy jugosos crecimientos de ingresos mayoristas.

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