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Estado y política digital

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Reforma –  Jorge Fernando Negrete P.
El Estado no solo es la corporación territorial dotada de un poder de mando originario (Heller, Herman), ni el ámbito espacial de validez de las normas jurídicas (Jellinek). El Estado es un complejo vital de orden jurídico, territorio, derechos fundamentales, órganos de gobierno y acción pública. En su concepto estático, el Estado se estructura en la Constitución; en su concepto dinámico es la base de la acción pública, de sus órganos y sus funciones, regula la vida social.

Hoy, este concepto ha evolucionado y hablamos de un Estado regulador en el cual, en contra de la tradición de separación de poderes, ahora operan órganos autónomos creados para atender áreas específicas, particularmente las derivadas de la coexistencia entre mercado y derechos fundamentales. Uno de ellos es el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El derecho de acceso a Internet, servicios de telecomunicaciones, banda ancha, Tecnologías de la Información y la Comunicación como un derecho fundamental, son un nuevo paradigma y oportunidad de bienestar.

La política pública que permite el despliegue de infraestructura, acceso a estos servicios y tecnologías, así como su uso y prestación de servicios vía internet se llama Política Pública Digital o, simplemente Política Digital.

El diseño de ella es competencia de diversos órganos de las administraciones públicas del Estado como el IFT, pero también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Estrategia Digital Nacional y otras secretarías más. ¿Son éstos los únicos órganos de la administración pública federal competentes para diseñar política pública? No.

Al ser un derecho fundamental el acceso a las TIC, la Internet y los servicios telecom, se vuelve indivisible, interdependiente y programático a otros derechos fundamentales como educación, salud, acceso a la cultura, seguridad… Y deben participar diversas secretarías en su diseño.

Durante muchos años hablamos de una primera generación de agendas digitales orientadas al despliegue de infraestructura y promover las habilidades digitales. Países como Brasil, Chile, Argentina, España y Colombia, entre otros, van en la tercera generación de agendas digitales y han incorporado nuevos servicios. Estas agendas digitales han evolucionado y ahora son sectoriales, especiales y en todos los niveles de gobierno.

Sectorial. Necesitamos agendas digitales por sector. Hay que hablar de economía digital, pero también de política digital para la educación, política digital para la salud, política digital para la inclusión financiera y la seguridad, entre otras.

En todos los niveles de gobierno. El mandato constitucional es claro. Gobierno federal, local y municipal deben diseñar política digital en la forma de agendas digitales. Buscar que los servicios que prestan se encuentren en línea y coordinarse verticalmente con el gobierno federal para facilitar el despliegue de infraestructura.

Especiales. Ciudades inteligentes, Internet de las cosas, 5G, Big Data e Inteligencia Artificial son algunas de las nuevas asignaturas en la prospección de políticas públicas. Hay que diseñar política pública para cada una de estas áreas. No hay ciudad inteligente sin agenda digital y México no cuenta con una sola ciudad con esta herramienta de planeación, prospección y de garantía mínima de derechos fundamentales.

Colombia y su departamento de planeación lanzaron en 2017 su Índice de Big Data en el Estado colombiano para el diseño de y evaluación de política pública. Brasil lanzó en octubre el primer plan para Internet de las cosas y para 5G se va a necesitar una revisión de la regulación del despliegue de fibra óptica, ya que necesitaremos hasta 10 veces más de la capacidad instalada.

Por ejemplo, en el despliegue de 5G en España, se prevé que impulsará una transformación de procesos productivos y gobierno. Los últimos estudios proyectan un negocio en 2026 de 64,700 millones de euros, de los cuales 24,300 millones vendrán por 5G. Los beneficios directos estimados en autos, salud, transporte, entre otras, crecerían hasta 62,500 millones de euros en 2025, según la Comisión Europea.

¿Tenemos un pensamiento digital como Estado? No. ¿Los candidatos a la Presidencia tienen una agenda visionaria? No la conozco. El pensamiento digital implica comprender los beneficios de la transformación disruptiva de la sociedad, con beneficios para la democracia, igualar oportunidades, volver más seguro y competitivo el país. Para eso se necesita la ambición del beneficio colectivo, repensar la inmovilidad del Estado y diseñar la política del siglo XXI. Y ésta es digital.

Twitter @fernegretep

Miembro del Consejo Consultivo del IFT

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Nuevas expectativas

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La Razón – Eduardo Ruíz Vega

Muy lejos parecen haber quedado los juicios iniciales de los medios tradicionales, tanto de señal abierta como de paga, respecto a la capacidad competitiva de los servicios de distribución de contenidos en línea, conocidos como OTT (over the top).

El gigante indiscutible de los OTT, Netflix, sigue dando evidencias de su capacidad disruptiva en el mercado de los contenidos audiovisuales.  De acuerdo con especialistas, esta empresa, que nació como un servicio de renta de DVDs a domicilio, se ha transformado en la plataforma favorita en línea en el consumo de películas, series y documentales, en buena parte del mundo.

Netflix ha demostrado una innegable capacidad para adaptarse a los retos que el mercado le va planteando. Desde hace tiempo, sus ejecutivos entendieron que para seguir creciendo, la empresa debía ingresar al complejo mundo de la producción de contenidos (o bien, de adquisición de contenidos en forma exclusiva, que se comercializan bajo su marca). Durante 2018, de acuerdo con proyecciones divulgadas por la revista británica The Economist, Netflix planea invertir entre 12 y 13 mil millones de dólares en contenidos “propios”.

El presupuesto para producción y adquisición de contenidos de Netflix es gigantesco: supera la cifra de inversión proyectada de cualquier estudio cinematográfico, o bien, de cualquier compañía de televisión para contenidos diferentes a los eventos deportivos.  Con esta inversión, Netflix planea poner a disposición de sus suscriptores más de 80 películas, mientras que el estudio más significativo de Hollywood, Warner Brothers, estrenará en las salas cinematográficas poco más de 20 largometrajes.  Adicionalmente, el gigante tecnológico buscará incluir en su repositorio digital alrededor de 700 programas televisivos, de diversos géneros, como dramas, comedias, documentales y contenidos para la niñez.

Uno de los aspectos que se atribuyen al éxito y crecimiento sostenido de Netflix, además del éxito inusitado alcanzado por alguna de sus producciones, como la serie House of Cards, radica en la comodidad que el servicio bajo demanda representa en la experiencia del usuario o suscriptor.  A través de esta modalidad de servicio, el suscriptor no está sujeto a horarios específicos para consumir los contenidos que le interesan.  También, respecto a la mayor parte de títulos que se ofrecen, no es necesario esperar semana a semana para continuar con la historia que siguen los ávidos televidentes.

La influencia en el mercado de este gigante, y en menor medida de servicios similares, como Amazon Prime Video, está cambiando las reglas de estos negocios.  A partir de esta nueva realidad, muchos explican operaciones como la adquisición de Time Warner por parte de AT&T; la nueva estrategia de Rupert Murdoch para deshacerse de buena parte del negocio de la Twenty Century Fox y los planes de Disney para entrar de lleno a las plataformas OTT.

Existen, no obstante, factores de riesgo presentes en este nuevo paradigma. El precio de la acción de Netflix, por ejemplo, ha probado ser extremadamente sensible al cumplimiento de sus proyecciones en el crecimiento de su base de suscriptores. Al revelarse que la empresa no logró sumar 6.2 millones de nuevos clientes durante el segundo trimestre de este año (alcanzó 5.2 millones), el precio de su acción se desplomó en alrededor de 14%.

Un crecimiento sostenido y agresivo de los suscriptores de OTT no depende exclusivamente de su oferta de contenidos.  La ausencia de cargas regulatorias y la disponibilidad de banda ancha para acceder a sus plataformas, ambos factores que no dependen de estas empresas, juegan un rol importante.  Por ello, si bien es cierto que las OTT encabezadas por Netflix han superado cualquier expectativa, también lo es que a medida que avance el tiempo, se observarán ajustes importantes en la conformación de este mercado.

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La relación Ejecutivo y regulador

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Milenio – Javier Orozo

Desde la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) como órgano constitucional autónomo se sentó una relación institucional de respeto y apoyo a éste por parte del Ejecutivo y el Poder Legislativo.

En ese contexto, el Congreso aseguró un presupuesto público acorde con los retos que se le impusieron y dio seguimiento a través de comparecencias y revisión de informes, y el Ejecutivo se centró en la conectividad, el desarrollo de proyectos de banda ancha, como red compartida, red troncal y materia satelital.

Ante una nueva administración pública federal es conveniente analizar cómo será la relación entre el Ejecutivo y el Instituto Federal Electoral.

Por el momento, en razón de los anuncios del próximo equipo presidencial, hay expectación ante la posibilidad de que el órgano regulador sufra una reducción presupuestal en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019, lo que puede afectar proyectos.

Si bien los temas presupuestales y de remuneración de servidores públicos no constituyen el fondo de los temas de telecomunicaciones y radiodifusión, sin duda que estos tópicos administrativos pueden
impactar en la operación y funcionamiento del órgano regulador, por lo que aún menos contribuye que “expertos” especulen en el sentido de aumentarle atribuciones al Instituto Federal Electoral en fomento de política social o mayores controles sobre medios de comunicación.

Aunado a lo anterior, no hay que perder de vista que al próximo Ejecutivo le corresponderá enviar al Senado (donde tiene mayoría simple) la propuesta de cuatro nuevos comisionados, de un pleno de siete.

Interferencias

Ya nadie recuerda —ni lo desea— los 58 millones de spots que pasaron durante el proceso comicial, pero cabe traer a colación que en días pasados el Tribunal Electoral resolvió multar al Partido Acción Nacional (PAN) por el mal uso de la pauta (tiempos gratuitos) al incluir
en un spot una parte de una pieza informativa de Foro Tv (Televisa).

Lo anterior lo razonó la instancia judicial como “una afectación en su libertad e independencia como medio periodístico, al no referir en el spot el contexto original, y produce confusión al electorado al exponer propaganda electoral con un soporte noticioso, sin hacer un uso adecuado del logo de Foro Tv”.

Es un gran precedente para los medios de comunicación, ya que en ocasiones los partidos o los propios políticos descontextualizan su información, al utilizar aquellas partes que les favorezcan o en su caso, lleguen a afectar a sus adversarios, cuando la información del medio no va en ese sentido. Sin duda un buen freno y respeto a la libertad de expresión.

 

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Roku inhabilita canales pirata

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Milenio – J. Jesús Rangel

La gente ama a Roku porque puede ver el contenido que quiere en su televisión. Su crecimiento anual al primer trimestre es de 47 por ciento y su software ya está integrado en una de cada cuatro pantallas de smart tv en Estados Unidos, incluso en las modernas 4K”.

Matthew Anderson, chief marketing officer de Roku, afirmó también que tienen confianza de que en breve un juez le dará la razón a la empresa de que su plataforma de streaming no favorece la piratería, como acusó Cablevisión, para que las tiendas departamentales puedan vender otra vez el pequeño aparato como lo hacían hasta junio de 2017.

Por cierto, en el informe financiero del segundo trimestre de este año, presentado el 10 de julio, Cablevisión reportó una utilidad neta de 152 millones de pesos, una baja de 44.3 por ciento respecto al mismo trimestre de 2017, y señaló como factor de riesgo a la piratería de los servicios en tv restringida que afectan “de forma adversa” las operaciones.

En ese periodo Roku dejó de venderse, pero quienes lo compraron con anterioridad a la orden judicial, recibieron los servicios normales. “Desde su origen, hemos combatido la piratería en nuestra plataforma.

“En el último año fortalecimos estrategias y recursos tecnológicos para detectar, detener y eliminar canales de streaming que violan políticas antipiratería, así como canales pirata que se hacen pasar como legítimos”.

En México, de acuerdo con Anderson, 92 por ciento de las horas de transmisión en la plataforma de Roku, con datos a junio pasado, provino de canales streaming que no exhiben vínculos potenciales con entidades pirata; en Estados Unidos es 99.5 por ciento.

“Para evitar contenidos ilegales, usamos innovaciones como la ‘ciencia de datos y el machine learning’, que incluso descubren entidades pirata que tratan de disfrazarse como organizaciones legítimas y cancelan cuentas del desarrollador que incumple los términos de servicio”.

También inhabilitó sitios web y perfiles de redes sociales que se apropiaron ilegalmente de la marca para engañar a los consumidores.

En Estados Unidos el canal Univision Now, de Grupo Televisa, está dentro de la plataforma Roku, al igual que Telemundo. En México están Blim, Cinépolis, Claro Video, Netflix y otros porque “confían en Roku a sabiendas de que tiene contenidos a elegir para pagar o gratis.

“En México queremos terreno parejo para que el consumidor decida la mejor opción. La decisión la tiene un juez federal y no uno local”.

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