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Estado y política digital

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Reforma –  Jorge Fernando Negrete P.
El Estado no solo es la corporación territorial dotada de un poder de mando originario (Heller, Herman), ni el ámbito espacial de validez de las normas jurídicas (Jellinek). El Estado es un complejo vital de orden jurídico, territorio, derechos fundamentales, órganos de gobierno y acción pública. En su concepto estático, el Estado se estructura en la Constitución; en su concepto dinámico es la base de la acción pública, de sus órganos y sus funciones, regula la vida social.

Hoy, este concepto ha evolucionado y hablamos de un Estado regulador en el cual, en contra de la tradición de separación de poderes, ahora operan órganos autónomos creados para atender áreas específicas, particularmente las derivadas de la coexistencia entre mercado y derechos fundamentales. Uno de ellos es el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El derecho de acceso a Internet, servicios de telecomunicaciones, banda ancha, Tecnologías de la Información y la Comunicación como un derecho fundamental, son un nuevo paradigma y oportunidad de bienestar.

La política pública que permite el despliegue de infraestructura, acceso a estos servicios y tecnologías, así como su uso y prestación de servicios vía internet se llama Política Pública Digital o, simplemente Política Digital.

El diseño de ella es competencia de diversos órganos de las administraciones públicas del Estado como el IFT, pero también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Estrategia Digital Nacional y otras secretarías más. ¿Son éstos los únicos órganos de la administración pública federal competentes para diseñar política pública? No.

Al ser un derecho fundamental el acceso a las TIC, la Internet y los servicios telecom, se vuelve indivisible, interdependiente y programático a otros derechos fundamentales como educación, salud, acceso a la cultura, seguridad… Y deben participar diversas secretarías en su diseño.

Durante muchos años hablamos de una primera generación de agendas digitales orientadas al despliegue de infraestructura y promover las habilidades digitales. Países como Brasil, Chile, Argentina, España y Colombia, entre otros, van en la tercera generación de agendas digitales y han incorporado nuevos servicios. Estas agendas digitales han evolucionado y ahora son sectoriales, especiales y en todos los niveles de gobierno.

Sectorial. Necesitamos agendas digitales por sector. Hay que hablar de economía digital, pero también de política digital para la educación, política digital para la salud, política digital para la inclusión financiera y la seguridad, entre otras.

En todos los niveles de gobierno. El mandato constitucional es claro. Gobierno federal, local y municipal deben diseñar política digital en la forma de agendas digitales. Buscar que los servicios que prestan se encuentren en línea y coordinarse verticalmente con el gobierno federal para facilitar el despliegue de infraestructura.

Especiales. Ciudades inteligentes, Internet de las cosas, 5G, Big Data e Inteligencia Artificial son algunas de las nuevas asignaturas en la prospección de políticas públicas. Hay que diseñar política pública para cada una de estas áreas. No hay ciudad inteligente sin agenda digital y México no cuenta con una sola ciudad con esta herramienta de planeación, prospección y de garantía mínima de derechos fundamentales.

Colombia y su departamento de planeación lanzaron en 2017 su Índice de Big Data en el Estado colombiano para el diseño de y evaluación de política pública. Brasil lanzó en octubre el primer plan para Internet de las cosas y para 5G se va a necesitar una revisión de la regulación del despliegue de fibra óptica, ya que necesitaremos hasta 10 veces más de la capacidad instalada.

Por ejemplo, en el despliegue de 5G en España, se prevé que impulsará una transformación de procesos productivos y gobierno. Los últimos estudios proyectan un negocio en 2026 de 64,700 millones de euros, de los cuales 24,300 millones vendrán por 5G. Los beneficios directos estimados en autos, salud, transporte, entre otras, crecerían hasta 62,500 millones de euros en 2025, según la Comisión Europea.

¿Tenemos un pensamiento digital como Estado? No. ¿Los candidatos a la Presidencia tienen una agenda visionaria? No la conozco. El pensamiento digital implica comprender los beneficios de la transformación disruptiva de la sociedad, con beneficios para la democracia, igualar oportunidades, volver más seguro y competitivo el país. Para eso se necesita la ambición del beneficio colectivo, repensar la inmovilidad del Estado y diseñar la política del siglo XXI. Y ésta es digital.

Twitter @fernegretep

Miembro del Consejo Consultivo del IFT

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¿Y qué pasaría si le dicen adiós a AMLO?

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Excélsior – Alicia Salgado

¿Quiénes osarían pensar en esa posibilidad?, se preguntará usted. La respuesta es: las empresas de telefonía móvil con excepción de América Móvil, que dirige Daniel Hajj, pues con la carga impositiva directa e indirecta que tienen y, sobre todo, las obligaciones de pago de espectro que tienen para el año que entra, les aseguran otro año de resultados con pérdidas.

La única manera de ganar dinero es tener 65 millones de clientes en México o te resignas a perder 27 mil millones de pesos como AT&T México, que dirige Kelly King, o especulas entre quedarte o irte porque apenas ganas dinero después de 20 años de mantener la inversión en México como en el caso de Telefónica.

Telefónica de Carlos Morales, por ejemplo, ha tenido un lapso de 5 años donde el trabajo de administración y eficiencia, le han permitido mantener un rango de inversión de 4,500 millones de pesos, como el 12% de sus ingresos, pero el año que entra, entre el pago para renovar la banda de 1900 MHz que compró con Pegaso hace 20 años, el pago de la banda de 2,500 de la licitación de este año y los derechos anuales, simplemente, regresarán a acompañar a AT&T en acumulación de pérdidas.

Y mire, me atrevo a asegurarle que los tres operadores (incluyendo América Móvil), consideran que el precio del espectro es muy alto, sino también los operadores punto a punto como Maxcom, Axtel y Megacable, porque el gran problema que enfrenta la industria con la política de recaudación, no se incentiva la expansión de redes a zonas de menor penetración, dado que al estar indexado el pago del espectro a la inflación y tomar en cuenta referentes de precios de países con mayor ingreso per cápita y mejor distribución del ingreso, provocan una permanente concentración en mercado y para clientes de mayor poder adquisitivo.

Creo que, en especial, Gerardo Esquivel, quien será subsecretario de Egresos, será muy sensible a la ecuación, pues el presidente electo, López Obrador, ha mencionado su compromiso por lograr una cobertura de la red de internet de última generación en todas las zonas del país, especialmente las urbano marginales, y aunque la Red Compartida abre la posibilidad de alcanzarlo, para esta última será un problema si no logra comercializar sus servicios de mayoreo con operadores como los arriba mencionados.

¿Qué se plantea? Que se revise el método de indexar el derecho que se paga por el espectro a la inflación, considerando la realidad del sector. Sólo ayer, el IFT, que preside Gabriel Contreras, dio a conocer que para el 2013 (año de la reforma constitucional de telecomunicaciones), se cursaban en la red 35 mil millones de minutos, para el segundo trimestre de 2018, alcanzó casi los 75 mil millones de minutos, es decir, un crecimiento promedio anual de 51.6 por ciento.

“Es relevante mencionar que de 2015 a 2016, el tráfico se incrementó 1.6 veces, posiblemente como resultado de la caída de los precios de telefonía móvil, así como de la mayor competencia entre los operadores observada después de la entrada de AT&T y los operadores móviles virtuales (OMV), lo que incrementó la oferta de servicios para los usuarios”, dice el IFT.

Piense el detalle. Según el INPC reportado por el Inegi y consignado en julio pasado por el IFT, los precios de los servicios de comunicaciones —entre los que se encuentran la telefonía fija y móvil y el internet fijo—, mantienen por 25 quincenas consecutivas su tendencia a la baja.

Si los precios bajan en el sector, ¿por qué se mantiene como referente para el cobro del derecho la indexación al índice general? La carga fiscal derivada del uso del espectro se estima en 25% del total de los ingresos anuales de los operadores, y si suma el IEPS, el IVA y todo lo demás, es cercana al 46 por ciento.

Ni la matriz de AT&T ni la de Telefónica, quieren invertir más de lo que lo han hecho este sexenio, más aún, en el caso de Telefónica, la matriz podría tomar alternativas para ampliar su capital asociándose en una porción accionaria con un tercero, pero tendría que ver un incentivo claro para hacerlo y, mientras el 90% del valor del espectro lo fije el Congreso año con año en el presupuesto anual, resultará muy difícil seguir operando en un entorno de muy reducido margen y muy alta demanda de inversión. Sólo el año que viene tendrá que pagar ocho mil millones de pesos por el espectro.

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Capital humano en Telecomunicaciones

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El Economista – Ernesto Piedras

El capital humano ha sido identificado como la principal fuente de crecimiento económico de las naciones, por su impacto en la productividad. De hecho, en la Ciencia Económica se ha demostrado que es causa y consecuencia del desarrollo integral.

En el campo de las telecomunicaciones, el perfil del capital humano oscila entre:

a) la ingeniería por los requerimientos técnicos que esta industria demanda;

b) el jurídico y regulatorio por la naturaleza de los recursos empleados (aproximados a la noción de bienes públicos) y por el carácter fundamental del acceso a servicios;

c) así como el económico, por la compleja configuración de este mercado que originalmente han surgido en lo general con una configuración monopolística (como en todos los sectores de infraestructura), así como por su aproximación a escenarios de competencia o concentración.

¿Qué tan abundante es este recurso del capital humano en este sector convergente? En ocasiones el sector ha padecido la falta de respeto de responsables carentes de experiencia y robusta formación académica.

En el lado privado de las empresas de infraestructura y operación, ha abundado y se ha acumulado de manera más continua este recurso, el humano, fundamental en su función de producción.

¿Existe una crisis de talento para la continua operación de este sector, fundamental para el cumplimiento del mandato constitucional de la conectividad?

No, definitivamente no, pero se podría avecinar.

Una primera buena noticia ha sido el anuncio anticipado de la participación de gente con formación académica y experiencia profesional como Abel Hibert. Más recientemente el prenombramiento de Salma Jalife, quien encabezará desde el 1 de diciembre la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la SCT, y de otras figuras al frente de instancias de gobierno. Ellos, sabemos, cuentan con la capacidad, experiencia y el nivel profesional que se requiere para abonar al desarrollo de este sector.

Pero todos los eslabones son importantes en una cadena. Nada ha sido mencionado aún acerca del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), pieza fundamental en el orgullo gubernamental. A la fecha ha sido incubado y nutrido por un experimentado profesional de la gestión pública, Fernando Borjón, para llevar adelante la entidad de acompañamiento, apoyo y supervisión del desarrollo de la Red Pública Compartida (RPC), proyecto de expansión que aspira a contribuir al acceso, conectividad y su consecuente, universalización entre los mexicanos. Designación o ratificación ahí, debe tener demostrados los recursos y solvencia tanto para la continuidad de operaciones comerciales de la RPC y el cumplimiento de hitos de cobertura conforme al calendario de despliegue establecido.

En general, es digno de agradecimiento el anuncio anticipado de los nombres de aquellos que serán responsables de la política pública sectorial que, en términos convergentes, pesa más de 6% del PIB y cuyos servicios permean hoy ya, a casi la totalidad de nuestra operación social y económica.

La función de producción del sector requiere de la inyección de nueva tecnología, que avanza a ritmo de vértigo, así como de inversiones para compensar el déficit de capital que padecemos. También, por supuesto, de un marco legal y regulatorio, así como de su aplicación oportuna y efectiva. Pero sin el componente del óptimo capital humano, la impericia en la operación pública y privada pondría en riesgo la provisión eficiente de estos servicios para la totalidad de la población y del aparato productivo nacional.

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Roku evitará alentar piratería

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La Crónica de Hoy – Julio Brito

REGRESAN. Luego de que un Tribunal Federal Colegiado en Materia Civil aceptara las propuestas de Roku para distribuir sus equipos en México, Cablevisión indicó que finalmente la empresa pionera en el streaming, que dirige Stephen Kay se comprometió a tomar medidas antipiratería.

Por su parte Roku consideró como una victoria la anulación de la prohibición de la venta de sus equipos en México, la cual espera se reanude las siguientes semanas.

 

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